“Cuando usted advierta que para producir necesita obtener autorización de quienes no producen nada; cuando compruebe que el dinero fluye hacia quienes trafican no con bienes, sino con favores; cuando perciba que muchos se hacen ricos a través del soborno y a través de influencias más que por su trabajo, y que las leyes no lo protegen contra ellos, sino, por el contrario son ellos los que están protegidos contra usted; cuando repare que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un autosacrificio, entonces podrá, afirmar sin temor a equivocarse, que la sociedad, de la que usted forma parte, está condenada.” Ayn Rand.
Apenas han transcurrido dos meses del tercer aniversario del intento de golpe de estado en Cataluña que, no hay que olvidar que se produjo con la complicidad de PP, PSOE y Ciudadanos. Apenas se han cumplido tres años de la ignominiosa, infame traición a España y a los españoles por parte del PP, con el felón Mariano Rajoy al frente, de común acuerdo con el PSOE y Ciudadanos, el tripartito socialdemócrata que se hacía llamar “bloque constitucionalista”.
Tres años después, el Tribunal Supremo de España ha tenido que corregir la tomadura de pelo, la burla cruel de la Generalidad de Cataluña y revocar el tercer grado penitenciario concedido por el departamento de justicia del gobierno regional catalán a los 9 golpistas, condenados por delito de sedición sucedido el día 1º de octubre de 2017. Las reacciones de algunos miembros del gobierno frente-populista PSOE-Podemos han sido las esperadas: afirman sin rodeos que la decisión del Tribunal Supremo es un acto de venganza y, para más INRI, le niegan legitimidad para tomar tal decisión… Tanto Pedro Sánchez como Pablo Iglesias tienen un interés especial en que los separatistas catalanes estén cuanto antes en la calle, pues su permanencia en el poder depende de que esos mismos separatistas los apoyen, como han hecho en los últimos días en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado…
Bien, retrocedamos a hace tres años: Sólo el Rey Felipe VI se salió del guion. El Rey se dirigió a la nación, a través de la televisión para exhortar, para emplazar a los “poderes del Estado” a acabar con la “deslealtad inadmisible” de la Generalitat de Cataluña.
El Rey habló de la situación de gravedad extrema, de emergencia nacional a la que nos habían llevado quienes quieren romper España en el nordeste, habló de la situación de emergencia a la que se había llegado por el intento secesionista, y obviamente dio la voz de alarma, la alerta, y pidió a gritos que se adoptaran medidas excepcionales para remediarlo. Tampoco hay que olvidar a los miles, cientos de miles, millones de españoles que se percataron de que la Patria estaba (y sigue estando) en peligro de muerte, y salieron a la calle en varias ocasiones para defenderla y, para dejar bien claro, para los que aún no se hubieran enterado que, no estaban dispuestos a renunciar a lo que consideran incuestionable.
En un intento de calmar la furia y la indignación de la mayoría del pueblo español, los tres partidos decidieron aplicar “de aquella manera”, el artículo 155 de la Constitución, para que todo siguiera igual. Hasta tal extremo llegó la felonía que, acabaron convocando elecciones regionales, dos meses después, sin desalojar a los separatistas de las instituciones y sin ilegalizar a los partidos golpistas… Por supuesto, había que ser un imbécil para no vaticinar que los golpistas volverían a salir triunfantes en las elecciones de diciembre de hace tres años.
Tres años después, cuando las cosas se han acabado agravando, como era de esperar, primero debido a la inacción del gobierno de Rajoy, después por la complicidad del gobierno frente-populista presidido por Sánchez; y España se ha acabado metiendo en una especie de torbellino autodestructivo.
En esta España nuestra en la que, generalmente los españoles poseen desmemoria selectiva, votan a políticos golfos y luego no se hacen responsables de sus votos, es bueno recordar que, un buen gobierno es el que aplica el principio de “mínima intervención”, el que menos se entromete en los asuntos particulares de los ciudadanos.
Las funciones propias de un gobierno se dividen en tres grandes categorías, todas ellas relacionadas con el uso de la fuerza física y la protección de los derechos del individuo: la policía para defender a los ciudadanos de los criminales, las fuerzas armadas para protegerlos de invasores foráneos, los tribunales de justicia para solucionar las disputas entre ellos de acuerdo con leyes objetivas. El propósito –único- de la ley y del gobierno debe ser la protección de los derechos del individuo.
En España los diversos gobiernos acostumbran a no tener en cuenta que la Constitución debe de ser un freno impuesto al gobierno y no un freno impuesto a los individuos particulares. Los diversos gobiernos no suelen tener en cuenta que la Constitución no prescribe, no determina y mucho menos ordena, la conducta de los individuos sino la del gobierno. Los diversos gobiernos suelen ignorar que la Constitución no es una carta de privilegios para quienes forman parte del poder ejecutivo, sino una carta de derechos para la protección de los ciudadanos contra el poder del gobierno.
En España se ha llegado a tal situación que, son muchos los gobernantes, y políticos en general, que conciben el gobierno no como un ente protector de los derechos de los españoles, sino que se han convertido en sus más peligrosos violadores; en lugar de defender la libertad, están estableciendo situaciones de esclavitud; en lugar de proteger a los ciudadanos decentes de aquellos que inician el uso de la violencia física, es en muchas ocasiones el gobierno quien la ejerce, y aplica la coerción de cualquier manera y en cualquier cuestión que se le antoje; están creando una perversa situación, una situación letal, de incertidumbre y miedo mediante leyes cuya interpretación está supeditada a la decisión arbitraria de burócratas circunstanciales; en lugar de proteger a las personas de los daños que puedan experimentar debido a conductas caprichosas, el gobierno es el que se arroga el poder de hacer valer sus caprichos sin límites, de manera que nos estamos acercando rápidamente a una situación en la que el gobierno se halla en libertad de hacer lo que le plazca, mientras que los ciudadanos sólo pueden actuar si el gobierno les da permiso.
La actual España es equiparable -aunque las cosas han ido a mucho peor- a cuando el nefasto José Luis Rodríguez Zapatero disolvió las Cortes y convocó elecciones generales…
Fueron entonces muchos los que creyeron que, el populismo-progresismo estaba dando sus últimos coletazos, y que el Partido Popular que, acabó ganando las Elecciones Generales, iba a emprender una profunda regeneración, e incluso de un periodo “reconstituyente”…
Sin embargo, no tuvo que transcurrir mucho tiempo para que el Partido Popular –con Mariano Rajoy al frente- acabara defraudando a la mayoría de los españoles que el 20 N de 2011 «votaron cambio»; el partido que entonces encabezaba Mariano Rajoy (y hoy lidera Pablo Casado), prometió una profundísima regeneración que iría más allá de pequeñas y temerosas reformas; el Partido Popular nunca dijo durante aquella campaña electoral que, se limitaría a apuntalar el sistema sin ir a la raíz de los problemas. Mariano Rajoy nos dijo que se debía de intervenir a la manera del “cirujano de hierro” del que nos hablaba Joaquín Costa en “Oligarquía y Caciquismo como forma de Gobierno en España”.
Mariano Rajoy prometió que su Gobierno tendría como principal objetivo poner a España en el camino de lograr un desarrollo sólido y perdurable (“sostenible” lo llaman ahora), prometió también, recuperar la sensatez y actuar en sintonía con los intereses de la gente corriente, y por supuesto promover la salud de las instituciones “democráticas”, y evitar/erradicar situaciones de dependencia asistencial, de clientelismo-servilismo, “estómagos agradecidos”, servidumbres más o menos voluntarias.
También prometió Mariano Rajoy emprender acciones para acabar con la situación de absoluto desprecio hacia el orden legal que se viene practicando en España desde hace ya demasiado tiempo, por parte de quienes nos mal-gobiernan, que consideran que la ley es apenas un traje que se ajusta a su gusto y medida.
Durante la campaña electoral de noviembre de 2011 el Partido Popular prometió que el nuevo Gobierno dejaría de usar de forma arbitraria el presupuesto, no despreciaría de ningún modo la legalidad vigente, no boicotearía la seguridad jurídica, no espantaría las inversiones sino que las recibiría con los brazos abiertos, se abriría al comercio exterior y no distorsionaría las estadísticas para engañar a los españoles.
Mariano Rajoy auguró que su Gobierno nos pondría en el camino de un mayor nivel de bienestar y de un mayor crecimiento,.. y que, sería un gobierno “previsible” que, acabaría infundiendo más confianza.
El Partido Popular durante la campaña electoral no paró de hablar de recuperar o implantar “la excelencia” en determinadas facetas de la vida; sin embargo, nunca predicó con el ejemplo. Y tampoco emprendió acciones para rescatar a quienes a lo largo de varias décadas han sido expulsados o han desertado y han decidido no implicarse en «política», debido al proceso que tan acertadamente describía Joaquín Costa hace ya más de un siglo: “en el régimen caciquil los más capaces y los mejor preparados son apartados, es la postergación sistemática, equivalente a eliminación de los elementos superiores de la sociedad, tan completa y absoluta, que el país ni siquiera sabe si existen; es el gobierno y dirección de los mejores por los peores… España es una meritocracia a la inversa. El régimen selecciona a los peores y prescinde de los mejores individuos, de las personas componentes de la sociedad española. En el régimen caciquil oligárquico sólo triunfan los peores…”
Quienes entonces, hace una década, pensábamos (y seguimos pensando) que España está necesitada de una política quirúrgica de urgencia, nos preguntábamos si se atrevería Mariano Rajoy a convertirse en el “cirujano de hierro” que España necesita… Lamentablemente el tiempo acabó demostrando que no era “el cirujano” a quien deseaban quienes votaron al Partido Popular el 20N de 2011
No está de más resaltar que los que ahora pretenden convencernos de que son los únicos que pretenden realizar la cirugía de urgencia de la que está necesitada España, y me refiero a los dirigentes de VOX, entonces estaban en el PP, y callaban, silbaban y miraban para otro lado, mientras recibían ingentes cantidades de dinero en forma de subvenciones o accediendo a cargos públicos, amadrinados o apadrinados por los oligarcas del PP.
Es necesario, imprescindible, un profundo cambio que, lleve a cabo el mandato constitucional, pues, este régimen caciquil que adopta una forma de monarquía parlamentaria, en vez de subordinarse los elegidos a los electores, son éstos –los electores- los que están sometidos a los elegidos. En la actual España caciquil, los oligarcas se reparten el país por áreas de influencia política. Cada oligarca disfruta de su correspondiente feudo-taifa -ahora denominas Autonomías- los oligarcas se agrupan en asociaciones o “bolsas de empleo” llamadas partidos políticos y hacen como que deliberan en las Cortes. Los grupos políticos no responden más que a intereses pasajeros y provisionales, personales y particulares de grupos de interés (lobbies, o grupos de presión se denominan hoy). Y, por otro lado, el parlamento no representa a la nación.
La única alternativa al actual régimen de falso parlamentarismo, es el régimen constitucional de separación de poderes del Estado.
El caciquismo y la oligarquía como forma de gobierno, afectan también, ¡cómo no! a la Administración de Justicia, consiguiendo así una justicia corrupta y llena de parcialidades y partidismos caciquiles.
En la actual partitocracia ningún partido posee una estructura y un funcionamiento democráticos. Son órganos subvencionados, del Estado de partidos, y están fuera del control de los ciudadanos. La corrupción se ha instalado como forma de gobierno en España.
El actual régimen se podría afirmar sin exageración que es un Estado corrupto. No es posible someter a ninguna clase de castigo electoral a los gobernantes corruptos. Existe una especie de servidumbre voluntaria del electorado. El sistema electoral proporciona coartadas e impunidad a los partidos. Los oligarcas y caciques se sirven de los partidos para tener presencia en el gobierno, en el Congreso de los Diputados, en el poder judicial, en los gobiernos regionales, en las diputaciones provinciales, en los cabildos insulares, en los ayuntamientos…. Esta oligarquía posee en torno a sí organizaciones satélites: asociaciones, oenegés., sindicatos, etc. Las subvenciones estatales cuidadosamente concedidas impiden cualquier tentación de independencia y de “ataque” al régimen.
Generalmente, en las elecciones nada se decide. Los programas de los partidos se parecen cada vez más, apenas se diferencian unos de otros, y por tanto las elecciones no responden a la voluntad popular. Las elecciones adquieren cada vez más un creciente carácter plebiscitario y se convierten en un acto de adhesión inquebrantable al régimen.
Hablar de voluntad popular es retórica vacía e incluso cínica, es una burla cruel que, expresa el dominio absoluto de los partidos sobre las instituciones y la sociedad.
Los partidos, representantes del régimen oligárquico-caciquil, poseen (todos sin excepción) un grupo de “notables”, al que nadie ha elegido, que es el que se encarga de designar a los candidatos, y a continuación, invitan a los españoles a que elijan entran las diversas listas (de gente a la que los electores no conocen, ni siquiera el nombre y apellido)… y de ese modo se reparten el poder institucional del Estado, así como sus territorios, siguiendo cuotas electorales.
Por supuesto, el régimen caciquil-oligárquico ha corrompido, también, a la función pública.
En este paripé de régimen parlamentario, las Cortes, el Congreso y el Senado, ejercen casi de convidados de piedra. Las principales decisiones las adoptan los jefes de los partidos en reuniones secretas (asesorados por los diversos grupos de presión) y en negociaciones al margen del parlamento. Una vez concluidos los acuerdos, el parlamento escenifica el acuerdo con una votación previamente pactada.
El parlamento es por tanto una “cámara de manifestación”, de puesta en escena, puro teatro…, no una cámara de reunión ni de debate.
El partido gobernante controla el poder legislativo y el ejecutivo, y el poder judicial a través del Consejo General del Poder Judicial y mediante el Tribunal Constitucional. En España no existe división de poderes.
Pues sí, ha llegado la hora de hablar de Decencia y de defensa de la Nación Española
Hay que empezar por vencer, de una vez por todas, el miedo a afirmar que España es una realidad histórica; una entidad, verdadera, cierta, incuestionable; e impedir que la anti-España niegue lo evidente, y lo que es peor, consiga salirse con la suya, y acabar “matándola”.
Somos muchos los españoles que no tememos complejos, no pedimos perdón ni nos avergonzamos de decir alto y claro que para que España salga de su actual situación de postración, tiene que ser liberada de que quienes pretenden destruirla; somos muchos los que pensamos que esta tarea pasa por desbaratar el llamado “Estado de las Autonomías” y re-centralizar todas las competencias que, fueron transferidas en las últimas décadas a los gobiernos regionales, especialmente lo que concierne a la enseñanza, la sanidad y la justicia.
Recuperar la Unidad de España pasa necesariamente por recuperar el Estado Unitario, recuperar la Soberanía política y económica y crear una sola oficina de contratos y compras de bienes y servicios (eliminando las 17 oficinas de las 17 taifas regionales y limitando la capacidad de contratación y compra de los ayuntamientos y diputaciones, y siempre bajo la supervisión de la oficina central) pues ese es el único camino que conduce a hincarle el diente al principal problema que ocupa y preocupa a los españoles: la corrupción, que no solo es material, o política, también ha derivado en corrupción moral y eso es lo más preocupante sin lugar a dudas.
La recuperación de la Unidad de España exige también regenerar la Justicia, lo cual pasa porque se implante, también, una estricta separación de poderes y que todos los españoles, independientemente de su nacimiento, vecindad, sexo, u otra circunstancia personal volvamos a ser iguales en derechos y obligaciones, iguales ante la ley.
Somos muchos, cada vez más, los que afirmamos que España es una realidad plural, debido a los individuos, a las clases sociales, y a los grupos que la integran, y que todos esos ingredientes son enriquecedores. Los españoles somos tal cual somos, con nuestros defectos y nuestras virtudes, con nuestras riquezas y nuestras carencias, con todo lo que hemos sido capaces de lograr y con todo lo que aún nos queda por conseguir.
Si, España es una rica realidad plural de la que debemos sentir orgullo; la “España en Común” de Picasso y de Velázquez, de Dalí y de Goya, de Tapies y de Soroya, la de Buñuel, Ortega y Gasset, Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, Cervantes, Machado (los dos Machados), García Lorca, Severo Ochoa, el Valle de Arán, la Serranía de Cuenca, la Sierra Morena, la Sierra de Gredos, el Teide y el monte Perdido, la Peña de Francia, el Ebro, el Guadiana, o el Tajo, la Catedral-Mezquita de Córdoba, la Alhambra de Granada, la Catedral de Burgos, el Miguelete de Valencia o la Catedral de Santiago de Compostela, las Cortes de Cádiz (y ¡Viva la Pepa!), las guerras carlistas, la Primera República, y la restauración monárquica, y la Dictadura del General Primo de Rivera, y la Segunda República, y la Guerra incivil, y la Dictadura del General Franco…. Y por supuesto, también la Conquista de América,… la jota, las sevillanas, la muñeira, y la sardana, y el “pan tumaca”, y la tortilla de patatas, el gazpacho, la paella, el pisto manchego, las corridas de toros, Manolete, y “El Cordobés”, y los empalaos de la Vera, las procesiones de Semana Santa, el Betis y el Sevilla, el Atleti, el Real Madrid, el Valencia, el Celta, el Sporting y el Barça, y la selección nacional de fútbol, y la RENFE, y la Telefónica, y … y el cierzo y la tramontana… todo ello y mucho más, es España; a pesar de que para la izquierda española (y para la derecha boba y los asiduos tertulianos de las diversas televisiones, y hasta para el “hombre del tiempo”) es solamente “estepaís” o como mucho “el Estado Español“.
Defender la Nación Española, desde la sensatez y la decencia también significa elevación de la autoestima y la autoeficacia, y del logro de la excelencia moral y en todos los ámbitos de la vida.
Los partidos socialdemócratas y comunistas, con el apoyo entusiasta de separatistas y filoetarras, después de años de reabrir heridas, aprovechando la ignorancia de muchos de nuestros ciudadanos, y de sembrar odio en nombre de una sectaria Memoria Histórica (ahora lo llaman «memoria democrática»), adoctrinando en los centros de estudio y remachando en las televisiones, han logrado que incluso los más jóvenes asocien la unidad y la grandeza de España a las tinieblas de un pasado carca, rancio, autoritario, opresor y fascista. Y, “casualmente” una gran parte de esos ideólogos resentidos, antifranquistas sobrevenidos, que se identifican, más de 80 años después, con los perdedores de la Guerra Civil, son descendientes, hijos y nietos de significados dirigentes del franquismo.
Hablar de Defensa de la Nación Española es hablar de liberar a España de la situación de sojuzgamiento, de servidumbres indeseables a las que está sometida España, y lo estamos todos los españoles; es hablar de que los españoles cojamos las riendas de nuestros destinos, de nuestras vidas, sin tutelas de clase alguna, como personas adultas, que optan, deciden, actúan y se hacen responsables de sus actos.
Para que España sea una Nación Libre es imprescindible acabar con las múltiples formas de clientelismo, parasitismo, y etc. existentes en todos los ámbitos del régimen oligárquico-caciquil, y darle prioridad a la capacidad y el mérito, frente a la mediocridad reinante; y por supuesto, acabar con los aforamientos y con las jugosas subvenciones que reciben los partidos, sindicatos y “oenegés” diversas procedentes del erario público, del dinero que sale de los bolsillos de los contribuyentes.
Sí, es hora de sentirnos orgullosos, afortunados de ser españoles, de manifestar claramente que, no estamos dispuestos a consentir que unos cuantos, con el apoyo de la izquierda, los separatistas y filoetarras ( y de parte de la derecha boba), destruyan lo que nos legaron nuestros mayores, nuestros ancestros. Sí, es hora de alzar la voz, gritar muy alto que, no vamos a consentir que destruyan la patria común de todos los españoles…
Hay que gritar, gritar… de forma ensordecedora, hasta que el Jefe del Estado cumpla con su misión constitucional de ser garante de la unidad y la soberanía de España, hasta que el jefe del Estado deje de ser un poder teórico, qué asuma la jefatura de nuestro Ejército, y se ponga al frente de la imprescindible regeneración-quirúrgica que España necesita con urgencia extrema; hasta que el rey emprenda acciones políticas libertadora, pedagógica y económica para hacer de los españoles una nación moderna, digna sucesora de aquella que se labró, se construyó a fuerza de paciencia y de genio, a lo largo de los siglos.
Hace aproximadamente una semana, 73 altos mandos del Ejército Español, ya retirados, por razón de edad, dirigieron una carta pública a Su Majestad el Rey Felipe VI, alertándolo que estamos ante una situación de absoluta “emergencia nacional”, y le solicitaban que interviniera (a la vez que le indicaban que contarían siempre con su apoyo a la hora de defender la Nación Española)… los 73 mandos del Ejercito de España -en la reserva- a los que se han ido sumando más y más buenos patriotas, solicitaban al Rey de España que emprendiera un “golpe de timón”, un cambio de rumbo, sin complejos, frente al desbarajuste que sufre la nación española, un caos de tal magnitud que cada día es más necesaria, urgentísima, una profunda –radical- respuesta democrática, una política regeneracionista, dejando a un lado insensateces, indecisiones o actitudes timoratas… y la petición que dirigían a Su Majestad Felipe VI afirmaban que sería enormemente aplaudida y apoyada por la mayoría de la población española.
Sin duda alguna, España necesita que el Jefe del Estado ejerza de Rey, e intervenga frente al desatino, al delirio constante en el que ha caído la política española y la amenaza a la que se enfrenta España como Nación, Sin duda alguna, España necesita que Su Majestad, Felipe VI intervenga para salvaguardar los derechos y las libertades, y lo poco que aún queda del Estado de Derecho.
Sin duda alguna, Su Majestad, Felipe VI debería tomar las riendas y nombrar, previa disolución de las Cortes, un gobierno provisional, de “hombres sabios y buenos” (y “mujeres sabias y buenas” que haberlas también las hay), que ponga en marcha un plan de choque, para regenerar España, y que lo lleve a la práctica, sin aplazamientos, con seriedad y sin temores de clase alguna; un proyecto concreto y claro, y con visión de futuro y de durabilidad.
De no hacerlo, además, Felipe VI estará favoreciendo el advenimiento de una nueva República.
Es urgente un plan de choque, con la valentía suficiente y la altura de miras que exigen los terribles momentos por los que actualmente atraviesa nuestra Patria…la única esperanza que le queda a España es que un grupo de “hombres sabios y buenos” que, desaloje de las instituciones a la pandilla de bandidos que nos mal-gobiernan, y que conduzca a España a un periodo realmente constituyente, de ruptura con las formas caciquiles y oligárquicas como forma de gobierno, y acabemos finalmente homologándonos con los regímenes políticos más avanzados y las naciones más prósperas de nuestro entorno cultural, político, económico.
Estamos asistiendo a la crisis política, institucional y económica (además de la crisis de salud pública) más profunda desde la «Transición»… Frente a tal deriva, somos muchos los ciudadanos españoles que estamos dispuestos a defender nuestra libertad, que estamos decididos a alzar la bandera de una España unida y democrática, garantía de la única paz y estabilidad admisibles. Y hacemos un llamamiento a impulsar un movimiento ciudadano -una gran coalición patriótica- que alerte a la totalidad de la población y lleve al restablecimiento de la legalidad constitucional. En las manos de todos está impedir un nuevo fracaso histórico de nuestra convivencia.
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