El sindicato Manos Limpias, que ha provocado la imputación de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, ha presentado un informe a la Fiscalía Europea donde acusa a la Guardia Civil de ocultarle «datos relevantes» al magistrado Juan Carlos Peinado. El Debate ha tenido acceso al documento, en el que se sostiene que los agentes han eludido «una notable connivencia» entre el funcionario que valoró las cartas de recomendación que hizo la mujer de Sánchez y el empresario Carlos Barrabés, beneficiado con un amplio reguero de contratos públicos desde que visitó el Palacio de La Moncloa.
El informe que ha presentado Miguel Bernad tiene varios puntos. En el primero de ellos, el escrito argumenta que los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) que han redactado el primer informe sobre las actividades de la mujer de Sánchez no le han explicado al juez que los pliegos de los contratos no exigen que los licitadores tengan que presentar cartas de recomendación. A pesar de ello, a Barrabés se le aceptaron y se valoraron en su favor como un mérito más. El segundo punto sostiene que los agentes también obvian que «el funcionario Luis Prieto Cuerdo decide valorar las cartas al alza elevando a Innova Next (la consultora con la que Barrabés se presentaba a las licitaciones) a la puntuación más alta».
Se trata del trabajador público que incluyó el escrito de la mujer de Sánchez en la oferta que la consultora llevó a cabo. El sindicato pide también al Ministerio Público de Europa que investigue «cómo es posible que Begoña Gómez recomiende por escrito a Barrabés si, en teoría, él nunca ha trabajado para ella». El documento también especifica «la existencia de una argucia para eliminar competidores a Innova Next» que se le atribuye al funcionario al tener la capacidad de sacar del concurso a empresas en una fase embrionaria en base a criterios subjetivos que no están explicados.De esta manera, el funcionario, a quien Manos Limpias atribuye la posibilidad de «estar en connivencia» con el empresario, eliminó a una treintena de ofertas en los tres expedientes adjudicados a Barrabés, que suman más de 10 millones de euros, por no alcanzar el umbral mínimo subjetivo de cinco puntos, un baremo que estableció el funcionario «a su propio y único criterio». «Hubiera sido más fácil redactar un pliego de prescripciones técnicas con requisitos técnicos mínimos para que todas ofertas fueran aceptadas», sostiene el informe. Salvo Barrabés, ninguna de las empresas que licitaron presentaron cartas de recomendación como consecuencia de no estar exigidas en los pliegos, por lo que fueron valoradas a la baja y quedando muchas de ellas excluidas.
El escrito también sostiene que «cuando la mesa de contratación aprueba la eliminación de esa treintena de ofertas el funcionario que ha elaborado el informe de exclusión no asiste al acto público». Este dato, para Manos Limpias, es de «una enorme gravedad en el que no repara sorprendentemente la UCO». Y añaden que «es como si no quisiera aparecer por si algún día salta el escándalo». La declaración del funcionario Prieto Cuerdo está en el aire desde que Europa asumiera el caso y, en estos momentos, se desconoce si va a tener que comparecer en sede judicial. El próximo viernes, la mujer de Sánchez volverá a los juzgados de Plaza de Castilla para declarar ante el juez Peinado.
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