Marruecos, España y la inmigración ilegal: una visión global del problema

Rubén Pulido

En la actualidad y sobre todo desde hace al menos un par de años, la mayoría de la inmigración ilegal que ingresa en territorio español proviene desde Marruecos. Así lo evidencian estadísticas de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras del Cuerpo Nacional de Policía de España. En sus últimos análisis, no publicados por el gobierno español, queda probado que más del 70 por ciento de la inmigración ilegal en España proviene desde territorios controlados por las autoridades del Reino de Marruecos.

De esta forma, la mayoría de la inmigración ilegal que llega a costas españolas, proviene desde áreas del norte de Marruecos muy concretas (zona de Cabo Espartel o área de la Bahía de Alhucemas). Y también hay un alto volumen de entradas ilegales que sitúan su punto de origen en el litoral marroquí más unido al Sahara. Es decir, ciudades como Safí, Agadir, Tan-Tan, Tarfaya o áreas del Sahara Occidental como Cabo Bojador, El Aaiún o Dajla, son el lugar de inicio de la mayoría de la inmigración ilegal que ingresa en las Islas Canarias.

Esto último, es sin lugar a dudas un problema que tampoco podemos ignorar, ya que tras una permanencia temporal en centros de primera acogida en el archipiélago canario, estos inmigrantes ilegales son trasladados hacía la Península Ibérica en vuelos sufragados económicamente por el gobierno español.

Pero, ¿por qué sucede todo esto?

Tendríamos que remontarnos años atrás y hacer un análisis exhaustivo, pero a grandes rasgos, España ha entrado en una espiral de chantaje migratorio.

Las relaciones exteriores de España con Marruecos se han basado en mesas de negociaciones en las que el control de flujos migratorios se ha utilizado por parte de Mohamed VI como un arma de presión diplomática. Marruecos conoce el alto volumen de inmigración que transita por territorio marroquí. Es consciente de ello y del poder de negociación que esta inmigración ilegal puede darle frente a España.

Si nos remontamos al año 2018, tras la llegada de Pedro Sánchez al poder en el verano de dicho año, la inmigración ilegal se disparó de manera exponencial. Las estadísticas del Ministerio del Interior y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) consolidaron en sus estadísticas la entrada de entre 60.000 y 70.000 inmigrantes ilegales en España, cifras récord desde que se conocen estadísticas de inmigración.

Desde entonces, el Gobierno de España de Pedro Sánchez ha querido controlar el problema con innumerables cesiones ante el Reino de Marruecos. Cesiones económicas, cesiones logísticas y ahora también, cesiones de territorialidad. Jamás se ha mostrado una posición determinante frente al régimen de Mohamed VI y jamás se ha ejercido un control activo de esa inmigración ilegal por parte del gobierno español. Simplemente se han dedicado a recibir y acoger inmigrantes.

Definitivamente el Gobierno de España ha decidido subrogar el control de la inmigración ilegal a terceros países. Es decir, España se ha rendido a la hora de controlar la inmigración ilegal y esa responsabilidad ha decaído sobre los estados del Magreb, donde Marruecos ha aprovechado esta oportunidad para la extorsión y el chantaje.

Actualmente cuando se produce una cesión política frente a Marruecos la inmigración ilegal se detiene temporalmente, pero pasados unos meses el régimen marroquí hace alusiones hacia una cantidad insuficiente de dinero para controlar el problema y España vuelve a recibir inmigración ilegal desde territorios controlados por Marruecos, así hasta que España vuelve a ceder políticamente. En estos momentos y como todos sabemos, ya no basta la cesión económica, Marruecos ha puesto sobre la mesa una sed expansionista a nivel territorial que ha traído un primer capítulo con la cesión del Sahara. Una decisión unilateral que ahora también nos ha traído distancias diplomáticas con Argelia.

Si hacemos una radiografía estadística, desde que Pedro Sánchez está al frente del Gobierno de España, a las costas españolas han entrado más de 200.000 inmigrantes ilegales. Esas son al menos las cifras oficiales, ya que desconocemos cuánta inmigración ilegal puede entrar ajena a todo tipo de controles, algo que está sucediendo en los últimos años. Cifras que suponen casi el 70% de toda la inmigración ilegal llegada a España en los últimos 10 años (296.796, desde 2012 hasta el 2022, según datos del Ministerio del Interior y ACNUR).

Esto demuestra que confiar los controles de la inmigración ilegal a Marruecos no está funcionando. También, obviamente debemos admitir que desde Argelia llegan miles de inmigrantes al año a las costas españolas, pero cabe recordar que según estadísticas de la Policía Nacional en España, más del 80 por ciento de la inmigración ilegal que ha llegado a España en los últimos dos años ha partido desde territorios controlados por Marruecos. Por tanto, confiar el control migratorio al Reino de Mohamed VI no está dando buenos resultados.

¿Qué consecuencias tiene todo esto?

Una de las principales consecuencias es obviamente un flujo de entradas de inmigrantes ilegales a España que resulta incesante. En la actualidad, solo unas condiciones meteorológicas desfavorables a nivel marítimo, es capaz de detener la llegada de inmigrantes ilegales a territorio español.

Resulta realmente indignante que el Gobierno de España no pueda hacer nada más allá de seguir regalando dinero al Reino de Marruecos para tratar de controlar el problema. Problema que ellos han creado para poder serviré del mismo en las relaciones exteriores con España. Es un arma muy útil para el Reino de Mohamed VI, llegando a utilizar la inmigración ilegal incluso como arma en una amenaza hibrida que ya nos ha traídos desagradables capítulos como el sucedido en el año 2021 en la ciudad de Ceuta, que fue invadida por entre 10.000 y 15.000 inmigrantes ilegales tras el enfadó del Reino de Marruecos por la acogida en España del líder del Frente Polisarío, Brahím Ghalí.

Ahora España solo se limita a activar a los guardacostas españoles para que vayan a recoger aquella inmigración ilegal que escapa a los controles fronterizos del Reino de Marruecos. Es decir, España es débil, es incapaz de proteger sus fronteras, que están constantemente amenazadas por una diplomacia agresiva activada por un socio nada confiable en Rabat.

Por otro lado, y cómo mencioné anteriormente, en estos momentos hay un problema para controlar la inmigración ilegal que llega a España. No hay suficientes agentes policiales en nuestras fronteras y los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han denunciado en numerosas ocasiones que no pueden detener a todos los inmigrantes ilegales que llegan a costas españolas cuando lo hacen de forma masiva.

Esta circunstancia obviamente es conocida por los traficantes de personas, que programan salidas masivas desde costas marroquíes para tratar de saturar a los agentes policiales españoles. De esta forma en los últimos años se está detectando que muchos inmigrantes ilegales están entrando en costas españolas sin ser detectados, ajenos a controles de entrada y ajenos a controles policiales.

Este último problema está siendo también aprovechado por personas con menos escrúpulos aún que los propios traficantes de personas. Hablo en estos momentos del DAESH. Me refiero con ello a Estado Islámico, que ha encontrado una oportunidad dorada para que soldados del yihadismo lleguen a territorio español sin ser detectados por las autoridades policiales españolas. Yihadistas que no solo se quedan en España y que en muchas ocasiones, al igual que ocurre con una buena parte de la inmigración ilegal, utilizan la facilidad de entrar ilegalmente en España para con posterioridad dirigirse hacia otros países de Europa.

Hay numerosos operativos policiales que evidencian esta cuestión. Yihadistas que han sido detenidos en Canarias, en Cádiz o en las ciudades de Ceuta y Melilla y que se han servido de un caos absoluto a la hora de controlar la inmigración ilegal para entrar en España sin ser detectados. Afortunadamente las autoridades policiales españolas han desarrollado investigaciones que han conseguido dar con el paradero de estos terroristas.

Sin abandonar este asunto, desde el año 2020 se han detenido al menos 16 yihadistas que habían utilizado la inmigración ilegal como garantía para acceder a España de forma discreta y evitar ser controlados. Sin ir más lejos, en abril del año 2020 tuvo lugar la detención en la ciudad de Almería de uno de los combatientes del DAEHS más buscados a nivel europeo, el egipcio Abdel Bari. Este peligroso terrorista de Estado Islámico había entrado en España ilegalmente a través de las rutas marítimas de la inmigración ilegal aprovechando un momento de aluvión de embarcaciones ilegales con destino a costas españolas.

Otra cuestión preocupante también es que se ha observado cómo en algunas ocasiones las embarcaciones de la inmigración ilegal son también aprovechadas para introducir drogas en España. Existen investigaciones policiales que así lo han evidenciado a lo largo de los últimos años.

Y por último no se puede mirar hacia otro lado ante la creciente entrada de delincuentes huidos de la justicia marroquí. Existe mucha documentación policial que pone de manifiesto como perfiles realmente complicados para Marruecos han llegado a España como refugio, como huida de la justicia y del encarcelamiento en Marruecos.

Yihadismo, drogas y delincuencia común, optan por la inmigración ilegal como la forma ideal de entrar a España y obviamente a Europa sin ser detectados.

¿Se puede solucionar el problema?

Obviamente sí, pero esto requiere de mucha determinación política, de unas relaciones exteriores no basadas únicamente en el control de la inmigración ilegal como tema principal entre los encuentros con Marruecos y Argelia. A mi modo de ver debemos cambiar nuestras preferencias políticas en el Magreb sin que algo así avive un nuevo conflicto que por parte de Marruecos sea aprovechado para enviar más inmigración ilegal a España. Pero es momento de frenar una situación que no es nada positiva para España y España es el sur de Europa. Estamos ante un problema compartido en gran medida.

Como experto e investigador en el área de la inmigración ilegal, su evolución, efectos y consecuencias, creo sinceramente que España necesita un fortalecimiento de presencia policial en nuestros puestos fronterizos.

Por otro lado y en la fase de la determinación política, España debe marcar una senda estratégica que demuestre una postura solida e inamovible en cuanto a la lucha contra la inmigración ilegal. España debe regular el comportamiento de sus guardacostas, debe promover adaptaciones de la actual legislación marítima y la aplicación del derecho marítimo. España y Europa deben promover la revisión de normativas como el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida en el Mar o SOLAS.

Algunas medidas más concretas a corto plazo

Para combatir el actual desafío en estos momentos es indispensable recuperar el control propio y activo de la inmigración en el tiempo y el espacio. Asimismo debemos recuperar la capacidad de prever lo que puede suceder, la inmigración ilegal resulta altamente previsible en estos momentos si se aplican los métodos adecuados. Existen casos en los que una amenaza se puede prever con meses de antelación si se observa lo que ocurre en el continente africano y si se aplica una monitorización exhaustiva de los movimientos migratorios con la aplicación de técnicas de inteligencia.

Por otro lado, se debe reducir la necesidad de concentración de inmigrantes africanos en centros de internamiento para hacer efectiva su expulsión, creando un sistema de retorno eficiente mejorando la economía de escala. Reduciendo de esta forma las expectativas de beneficio de las organizaciones criminales y las expectativas de éxito a la hora de entrar en Europa ilegalmente.

Sin lugar a dudas no podemos obviar la puesta en práctica de sendos acuerdos bilaterales con Marruecos y Argelia respectivamente basados en el respecto, la determinación y la reciprocidad en cuando a medidas aplicables. Las contrapartes de dichos acuerdos pueden ser estados miembros como España y Francia o la Comisión Europea a través de sus agencias.

La idea fuerza del acuerdo sería alquilar un recinto portuario con un muelle accesible y derecho de acceso por dicho muelle, tanto para las embarcaciones de guardacostas Marroquíes y Argelinas que colaboren -en caso de existir tal cooperación-, como las embarcaciones de estados miembros de Schengen que rescaten inmigrantes en el mar, de los diferentes cuerpos de guardacostas implicados y otras embarcaciones de actores privados.

Estos recintos portuarios alquilados en lugares clave como Argel, Tánger y El Aiún, deberían estar provistos del mismo estatus jurídico en cuanto a soberanía, que una sede diplomática en un país extranjero. De modo que en dichos recintos sea efectivo el acervo de Schengen compatible con el derecho al asilo y al ejercicio de derechos fundamentales de la Carta Europea.

En los citados centros prestarían servicio funcionarios de los estados miembros de Schengen o de la Agencia designada. Sus funciones serian las mismas que tienen lugar en los diferentes puntos de recepción de inmigrantes: recepción, identificación, recolección y tratamiento de datos, tramitación de procedimiento de protección internacional y puesta en libertad a la espera de resolución.

Con las medidas citadas, obtendríamos inmediatez de las devoluciones en caliente con seguridad física y jurídica. Dichas devoluciones se producirían sobre embarcaciones con inmigrantes rescatados en aguas internacionales y españolas. Siendo trasladados a dichos centros, donde serian sujetos del mismo procedimiento administrativo que en territorio español.

Además todo esto daría paso a una serie de consecuencias hipotéticamente positivas tanto para los estados europeos como para España. Que podrían desarrollarse de una forma más precisa.

Conclusiones finales

Estamos ante un gravísimo problema del que Europa no es consciente. La inmigración ilegal en estos últimos años no está siendo aprovechada precisamente por personas que huyen de una situación precaria. Lamentablemente la mayoría de estas personas se quedan sin la oportunidad de poder huir de esta situación precaria.

Esto sucede porque en estos momentos existen unas redes criminales que son las encargadas de coordinar estos viajes ilegales a Europa desde Africa. Se encuentran interconectados aprovechando para ello todos los sistemas digitales a su alance, además se ha comprado como ha aumentado de forma asombrosa la creación de canales de interacción de estas redes criminales a través de las redes sociales. Algo sobre lo que he publicado detalladas investigaciones.

No podemos obviar que todo esto genera un gran beneficio económico para criminales, que han convertido la trata de personas en un negocio que ya mueve miles de millones de euros y que parte de ese dinero también se ha comprobado que podría estar financiando movimientos yihadistas en el continente africano. Por tanto, no todo es humanitario, no todo es idílico. Hasta el momento solo aquel que logra tener una alta capacidad económica puede optar por viajar ilegalmente a Europa y aquellos que tienen menos recursos económicos siguen sin tener la oportunidad de huir de una lamentable y precaria situación.

Solo basta con visualizar las numerosas imágenes que se han tomado durante todos estos últimos años para ser testigos de que el perfil actual de la inmigración ilegal se aleja cada día más del perfil del hambriento y de la persona desnutrida que abandona su país por una obvia cuestión de supervivencia. Esto lamentablemente no es lo que está ocurriendo ahora. Ahora estamos ante una red perversa de criminales que se hacen millonarios a través del secuestro moral, a través de la pena y del sentimentalismo de unos cuantos que desconocen el alcance real de lo que sucede en torno a las rutas de la inmigración ilegal.