Mejor sería elegir a los alcaldes y demás gobernantes mediante sorteo y no realizar elecciones, sería más barato y más eficaz…
CARLOS AURELIO CALDITO AUNIÓN
En España hay varias cosas que fallan tanto o más que las escopetas de feria:
En primer lugar están los que ocupan su tiempo en las predicciones meteorológicas, quienes a ello se dedican, siendo incapaces de anticipar qué tiempo atmosférico hará dentro de un mes, tienen la osadía de afirmar como si de un dogma de fe se tratara, el clima que tendremos en el planeta tierra dentro de cincuenta años, de cien o de varios siglos… pero, como acostumbraban a hacer los «Testigos de Jehová» que anunciaban que llegaría en tal o cual fecha el fin del mundo, siguen empeñados en anunciar el apocalipsis una y otra vez y cuando llegamos al tiempo anunciado y su profecía no se cumple, hacen como que nunca afirmaron tales catástrofes (así actuaron quienes en los años 70 del siglo XX anunciaron que nos aproximábamos a una nueva «edad del hielo» que, ¡será casualidad! muchos de ellos ahora nos hablan del apocalipsis climático de origen antropogénico, valga la redundancia)… así se comportan los miembros de la «iglesia de la calentología y el cambio climático»; sus terribles predicciones acaban siendo el perfecto pretexto para que los diversos canallas que nos malgobiernan acaben aprobando acciones encaminadas a suprimir y limitar derechos y libertades o crear nuevos impuestos o aumentar los ya existentes.
Otros que también fallan como las escopetas de feria son los que de vez en cuando, sea por propia iniciativa o por encargo, nos dicen que según el último «barómetro» de fecha tal, se prevé que gane tal o cual partido político las próximas elecciones (o no tan próximas en el tiempo) y que en segundo lugar quedará el partido X, en tercer lugar el partido Y, y así sucesivamente… luego, cuando tienen lugar los comicios de los que hablaban, y los resultados no son los que ellos afirmaron que se darían, acaban afirmando sin ponerse colorados, que ellos son los que más se aproximaron a los resultados definitivos…
Por cierto que, resulta chocante por no llamarlo estúpido, denominar «barómetros» a lo que siempre se llamó estudios de opinión o simplemente encuestas.
Ahora que estamos plena vorágine electoral, sería bueno analizar si realmente es útil y eficaz la democracia realmente existente en España, y cuando digo eficaz, obviamente me refiero a si en verdad funciona y resulta beneficiosa para los ciudadanos, pues como dice el refranero, «no importa el color del gato, lo que importa es que cace ratones».
Para empezar hay que señalar que las elecciones cuestan dinero, mucho dinero (aunque indicarlo sea de Pero Grullo), dinero que en lugar de despilfarrarlo en los diversos comicios podría ser usado para atender a las verdaderas necesidades de los españoles y especialmente a los que viven en situaciones más difíciles. ¿Se imaginan cuántos servicios sociales podrían ser financiados con el dinero que se derrocha en elecciones? Luego hay que añadir lo que los diversos partidos se llevan por el número de votos conseguidos, aparte de las subvenciones varias a las que acceden, más o menos legales… y por otro lado están los sobrecostes que se ocasionan por la contratación de bienes y servicios y obra pública que los diversos cargos electos contratan, generalmente sin supervisión ni nada que se le parezca.
Ya he señalado en múltiples ocasiones que los partidos políticos en España más que otra cosa son agrupaciones mafiosas cuya intención es lucrarse de nuestros impuestos, parasitar, etc. en lugar de servir a los ciudadanos. Sin duda, su único objetivo es conservar los territorios y la capacidad de influencia de los que disfrutan y si es posible aumentarlos, en definitiva, servirse de los españoles. Es por ello que a quienes reclutan y forman parte de sus listas de candidatos lo que menos caracteriza es la capacidad y el mérito para la gestión de dineros ajenos; no importa que sean unos analfabetos funcionales o casi, de lo que se trata es de que sean fieles a los capos que los han elegido y apliquen aquello de «la obediencia debida» si su pretensión es volver a ser candidatos en las siguientes elecciones…
Obviamente, con el actual sistema de elección de gobernantes quienes se aúpan al poder son siempre los peores, o como poco los mediocres, con algún malvado siempre en cabeza. Si la situación es ésta, evidentemente no tienes sentido alguno estar siempre hablando de si el régimen político de la España actual es más o menos democrático, o susceptible de mejora, pues si el que se convoque a la gente a depositar un papelito en una urna no conduce a elegir a la genta más preparada, más sabia, más decente ¿Entonces para qué sirve, qué utilidad tiene?
Pues sí, tal como está el panorama mejor sería realizar un sorteo entre quienes en España son mayores de edad, poseen determinada formación académica, experiencia profesional, etc. excluyendo a quienes sea necesario y darle las riendas de la gestión de nuestro dinero a gente semejantes a los administradores de fincas que, tengan un currículo que demuestre que son gestores exitosos, además de cumplir con su deber, poseer una moral intachable, respeto a los bienes ajenos y una actitud de transparencia. Sin duda alguna sería mucho más eficaz y nos resultaría más barato. ¿Imaginan lo que ahorraríamos en impuestos?
Por supuesto, a la vez que todo lo anterior, es imprescindible crear mecanismos para disuadir a los que están tentados de corromperse (y de corromper a otros) y para perseguir y sancionar a los corruptos. Para lo cual es imprescindible una legislación específica de responsabilidad de los funcionarios y cargos electos y de gestión de dinero público. Y me refiero a una institución genuinamente española, propia de la Monarquía Hispánica, a la cual le dedico un capítulo de mi libro «España saqueada: por qué y cómo hemos llegado hasta aquí… y forma de remediarlo», los JUICIOS DE RESIDENCIA, de los cuales inevitablemente he de hablar nuevamente:
El Juicio de Residencia era una institución jurídica que tuvo gran importancia en la gestión política, la supervisión y el control de los empleados públicos a lo largo de los siglos, que desempeñaban sus funciones tanto en España como en el resto de los territorios del Imperio Español.
El juicio de residencia era propio del derecho castellano y fue introducido por Alfonso X el Sabio en las Partidas.
El Juicio de Residencia era un procedimiento para el control de los funcionarios de la Corona española, cuyo objetivo era revisar la conducta de los funcionarios públicos tanto de este lado del Atlántico como de las provincias de ultramar, verificar si las quejas en su contra eran ciertas, la honradez en el desempeño del cargo, y en caso de comprobarse tales faltas se les apartaba o se les imponían sanciones… Eran sometidos a él todos los que hubiesen desempeñado un oficio por delegación de los Monarcas.
Inicialmente se aplicaba sólo a los jueces, que deberían de permanecer en el lugar en el que habían ejercido su cargo durante cincuenta días, para responder a las reclamaciones que le plantearan los ciudadanos que se consideraban perjudicados por ellos.
A partir del año 1308, se someten a él todos los «oficiales» del rey. Se consolidó a partir de Las Cortes de Toledo de 1480, así como en la Pragmática posterior a 1500 . Tenían que someterse a él desde los Virreyes, Gobernadores y capitanes generales hasta corregidores, jueces (oidores y magistrados), alcaldes y otros. Se realizaban al finalizar el mandato para el cual habían sido nombrados, para evitar los abusos y desmanes de los gestores de la administración pública.
El jesuita Pedro Ribadeneyra (1526-1611), uno de los preferidos de S. Ignacio de Loyola, en su «Tratado de la religión y virtudes que debe tener el Príncipe cristiano para gobernar sus estados», expresa, refiriéndose al Juicio de Residencia: “…porque cuando no se oyen las justas quejas de los vasallos contra los gobernadores, además del cargo de conciencia, los mismos gobernadores se hacen más absolutos y los vasallos viendo que no son desagraviados ni oídos entran en desesperación”.
Los funcionarios públicos, una vez terminado el periodo de tiempo para el que habían sido elegidos, no podían abandonar el lugar en el que habían estado ejerciendo sus funciones, hasta haber sido absueltos o condenados. Una parte de su salario se les retenía para garantizar que pagarían las multas si las hubiere.
Es muy importante prestar atención a esta última condición, ya que, en prevención del resultado del proceso, y en caso de que el funcionario público, o cargo electo, acabara resultando culpable y tuviese que pagar la sanción pecuniaria que le correspondiese, el tribunal sentenciador dispondría de la cantidad de dinero suficiente para satisfacer la pena que se le impusiera.
Muchos de los funcionarios esperaban con verdadero deseo que, al final de su mandato, llegase este momento, ya que si lo habían ejercido con honradez y ecuanimidad podrían aumentar su prestigio y ser promovidos para puestos superiores.
Evidentemente, cualquier cargo electo o empleado públicos sabía sobradamente que, más tarde o más temprano habría de someterse a un «juicio de residencia», cuando finalizase su mandato. Es más, si habían sido fieles cumplidores de su deber, lo deseaban.
Otro instrumento disuasorio, aparte del Juicio de Residencia, utilizado para frenar la corrupción y perseguir y sancionar a los corruptos era la «visita» que, comprendía una inspección pública o secreta del desempeño de ciertas autoridades para detectar el grado de cumplimiento de sus funciones, y en caso de ser deficientes se les podía reprender o suspender.
Volviendo al Juicio de Residencia, también es importante señalar que, el «residenciado» tampoco podía ocupar otro cargo hasta que finalizase el procedimiento.
Una vez finalizado el periodo del mandato, se procedía a analizar con todo detenimiento las pruebas documentales y la convocación de testigos, con el fin de que toda la comunidad participase y conociese el expediente que se incoaba, el grado de cumplimiento de las órdenes reales, y su comportamiento al frente del oficio desempeñado.
El Juez llevaba a cabo la compilación de pruebas en el mismo lugar de la residencia, y era el responsable de llevar y efectuar las entrevistas.
Este juicio era un acto público que se difundía los cuatro vientos para que toda la sociedad lo conociese y pudiese participar en el mismo. El juicio de residencia se comunicaba a los vecinos con pregones, y se convocaba a todos aquellos que se considerasen agraviados, por el procesado.
Se componía de dos fases: una secreta y otra pública.
En la primera se inquiría de oficio la conducta del enjuiciado, y se interrogaba de manera confidencial a un grupo de testigos, se examinaban los documentos y se visitaba la cárcel.
En la segunda, los vecinos interesados podían presentar todo tipo de querellas y demandas contra los encausados que se tendrían que defender de todas las acusaciones que se hubiesen presentado en las dos etapas del proceso.
Según fuese la importancia de los delitos, se castigaban con multas, confiscaciones de bienes, cárcel y la incapacitación para volver a ocupar funciones públicas. Generalmente, las penas que más se imponían era multas económicas junto a la inhabilitación temporal y perpetua en el ejercicio de cargo público.
Los Juicios de Residencia fueron una herramienta poderosísima y redujeron enormemente la corrupción y los abusos que, seguramente se habrían cometido sin ellos.
Famosos fueron los juicios de residencia contra Cristóbal Colón, Hernán Cortés, Pedro de Alvarado y otros muchos más. Nadie estaba libre de ser enjuiciado.
Los juicios de residencia funcionaron hasta que fueron derogados por las Cortes de Cádiz de 1812.
Sorprende especialmente que, fueran los liberales los que eliminaron una herramienta tan potente para el control de las corruptelas y abusos políticos de los gobernantes. Indudablemente, sólo cabe pensar que les incomodaba tremendamente…
Respecto de lo que vengo hablando, no cabe duda de que «cualquier tiempo pasado fue mejor».
Por supuesto, la reinstauración de los juicios de residencia debería ir acompañado de otras acciones, como las que cito a continuación:
Para empezar, es imprescindible una administración de justicia independiente de lobbies y de partidos políticos que, actúe de forma rápida y con contundencia, sin arbitrariedad.
Por otro lado, es imprescindible eliminar la posibilidad de que los gobiernos concedan indultos a personas condenadas por corrupción. Los corruptos y quienes estén tentados de corromperse deben saber que no van a tener ninguna posibilidad futura de ser perdonados e indultados.
Hay que reducir el número de aforados a su mínima expresión (ningún país en Europa tiene tantos aforados como España), y disminuir también, las situaciones de aforamiento, limitándolo exclusivamente a las actividades y actuaciones relacionadas con el ejercicio del cargo público.
Para hacer frente al clientelismo político, es urgente disminuir el número de cargos de libre designación, y que sean ocupados por empleados públicos, mediante algún procedimiento de concurso-oposición.
Es, también, inaplazable la aprobación de una Ley de protección a los denunciantes, de manera que los ciudadanos se sientan protegidos legalmente cuando sepan de hechos delictivos, y deseen presentar denuncias por corrupción.
Otro asunto inaplazable es la necesidad de regulación de los lobbies, los grupos de presión e interés: Es necesario que se legisle sobre los lobbies, se les exija transparencia, y se creen Registros de grupos de interés en las distintas instituciones públicas y asambleas parlamentarias.
También, es necesario el cumplimiento de la normativa legal sobre publicidad de contratos de obras y compra de bienes y servicios, por parta de las diversas administraciones.
Igualmente, es imprescindible reformar la actual ley de «régimen local” para que los alcaldes y concejales dejen de tener la enorme capacidad de decisión que poseen en la actualidad, y particularmente lo que respecta a intervenir en el mercado inmobiliario, recalificando terrenos, aprovechando ellos y sus allegados y testaferros la información privilegiada que les da el ser alcaldes y concejales; e igualmente, es necesario desposeer a las corporaciones locales de su capacidad de contratar bienes y servicios con la arbitrariedad que actualmente lo hacen, evitando por todos los medios que favorezcan a empresarios amigos, e incluso creen empresas ad hoc, en la idea de que los ayuntamientos son su cortijo particular y que lo de menos es el interés de los administrados. Y, ya para no extenderme demasiado, es importante mencionar que deberíamos tomar ejemplo de Suiza: sus diversos gobiernos no tienen la manía de decidir aumentar constantemente los impuestos, y menos todavía la deuda pública, y por lo tanto, no hipotecan a sus ciudadanos ni tampoco el futuro de las generaciones venideras.
Estas circunstancias son las que favorecen que sus ciudadanos y sus empresas prosperen sin parar. Los suizos tienen muy claro que es la iniciativa privada la que crea riqueza y puestos de trabajo y que, la nación y sus ciudadanos prosperan cuando los recursos están en manos de la gente y no en manos de un gobierno. Para lo cual, no se olvide, es imprescindible que el país posea un alto grado de estabilidad y de seguridad jurídica, la única manera de atraer inversiones de todo tipo.
Otro asunto de especial importancia es que, Suiza es el país europeo con menor número de empleados públicos que apenas llega al 10% de la población activa… En España se acerca al 20% y en algunas regiones, como Extremadura, hace ya mucho que se superó la cifra del 25%, con alrededor de un millón de habitantes, existen más de 100.000 personas que trabajan para la Administración Pública, uno de cada cuatro adultos con empleo.
Olvidaba decir que, ningún cargo electo suizo vive de la política. Sus tareas legislativas se retribuyen con dietas, por la asistencia a las sesiones de las cámaras federal, cantonal o municipal. Salvo los ministros, nadie cobra en Suiza un sueldo, ni desempeña en exclusiva labores representativas, tareas que, raramente alcanzan dedicación superior a la mitad de una jornada laboral normal.
En Suiza, la nación con democracia representativa que lidera los principales índices de progreso social y económico del planeta, diputados y senadores han de contar con su propio trabajo para sobrevivir, al no existir políticos profesionales.
Por otro lado, este régimen de representación facilita el acceso a la vida pública de los ciudadanos que tienen vocación de servicio a la comunidad y que no pueden permitirse el lujo de abandonar del todo sus trabajos habituales. Además, todo ello brinda la oportunidad, tanto a los electores como a las diversas agrupaciones políticas, de confeccionar listas abiertas, con candidatos que, demuestran a diario en su ejercicio profesional, experiencia, méritos y condiciones apropiadas para contribuir a la gobernabilidad de un territorio.
Sería maravilloso trasladar ese esquema a España, el país con mayor número de cargos -y cargas- públicos de Europa. Pero, por el contrario, en España existe la opinión de que los políticos deben ser «profesionales» y vivir exclusivamente de lo que perciban por ejercer su cargo; esa es la razón por la cual, de vez en cuando se resucita del discurso aquel de las dichosas «puertas giratorias», que lleva implícito la idea de que, no es moralmente admisible que un cargo electo pueda luego, tras marcharse, utilizar su presencia en la política como un trampolín para conseguir una mejor colocación.
No cabe duda de que Suiza es buen ejemplo a seguir, para conseguir que la democracia liberal no sea cara, gravosa para el ciudadano, y sobre todo se ajuste a un gasto razonable. Y, aparte de ello, también sería una oportunidad para emprender la cirugía regeneradora de la que está urgentemente necesitada España, de manera que la «res pública» esté gestionada por personas que aspiran a servir a los ciudadanos y no a servirse, a parasitar de ellos.
Dentro de pocas semanas los españoles serán convocados a supuestamente elegir a los alcaldes, concejales, miembros de las diputaciones provinciales, cabildos insulares, miembros de los diversos parlamentos regionales, etc. y repetirán hasta el hartazgo que nuestro voto es importantísimo, que nos ofrecen el derecho a decidir, y tontadas por el estilo, y nos asediarán por doquier con ruido y más ruido, y realizarán supuestos debates en las diversas televisiones, en los que no habrá debates de clase alguna, ni exposición de programas electorales, ni confrontación de ideas… sólo monólogos, cada vez más parecidos a los de «El Club de la Comedia», como parte de una representación del entremés cervantino de «El retablo de las maravillas».
Y llegados hasta aquí se nos presenta un dilema: seguir como hasta ahora con un sistema absolutamente corrupto, encaminado a que los capos, caciques y oligarcas de las agrupaciones mafiosas que se hacen llamar partidos políticos se sigan perpetuando en el poder (tal como cuando la monarquía de Alfonso XII y el «turnismo») y continúen sirviéndose de los españoles, a los que consideran sus siervos, y parasitando de nuestros impuestos; u optar por un sistema que abra la puerta a elegir a los mejores, a los más preparados, a los más decentes de los españoles que, haberlos haylos, y que están en la empresa privada y no en los grupos mafiosos autodenominados partidos… aunque no hay que olvidar que algunos empleados públicos también son decentes y habría que contar con ellos.
Mientras tanto, no se engañen, todos ustedes irán a votar con la nariz tapada y elegirán entre mediocres y como mucho con la idea de que están optando por los menos malos. Lo cual no es ningún consuelo.
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