Memoria y desmemoria
Ver al nuevo ministro de la Presidencia, de nombre Bolaños, abogado de profesión y militante del PSOE por devoción, anunciarnos la presentación de un Anteproyecto de ley de Memoria Democrática donde se establece qué es lo que debemos pensar y podemos decir acerca de la Guerra Civil, la persona y la dictadura del general Franco -96 veces aparece la palabra ‘dictadura’, 28 veces ‘franquista(s)’, 20 ‘franquismo’ y 3 Franco en 66 páginas-, se me antoja un despropósito no muy distinto al que sería redactar una norma que estableciera cómo debemos valorar a Azaña o Companys, por citar dos personajes bajo cuyas presidencias se torturó y asesinó durante la II República, o a La Pasionaria, lideresa comunista que llegó a afirmar que “no cabe más solución que una mitad de España extermine a la otra”, y casi tan disparatado como lo sería juzgar desde las circunstancias históricas y valores actuales a Augusto, Carlomagno, Enrique VIII, Felipe II, Luis XIV, Robespierre, María Antonieta, Washington, Fernando VII, Napoleón o Lincoln, por citar unas pocas figuras con relevancia histórica.
Este gobierno ‘progresista’ no sólo está decidido a establecer por ley los parámetros dentro de los cuáles los ciudadanos debemos de valorar a los protagonistas de la Historia, sino que, en su intento de cercenar la libertad de pensamiento y su expresión pública, dos derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española de 1978, pretende en nombre de la ‘memoria democrática’ borrar cualquier testimonio de una época que, se quiera o no, forma parte de nuestra memoria, y hasta multar o encarcelar si hace falta a quienes se atrevan a disentir públicamente de “los nuevos paradigmas memoriales”. Por cierto, qué poco espacio ocupa en su selectiva memoria que los gobiernos de la Generalidad de Cataluña, desde que fuera presidente Montilla (PSC-PSOE) cercenen ahora mismo, no hace 80 años, derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución que impiden a los ciudadanos educarse en su lengua, acceder a las Administraciones Públicas a menos que puedan certificar un elevado conocimiento del idioma catalán, y multen a quienes osan no rotular sus negocios en catalán. O que algunos terroristas de ETA sean homenajeados en El País Vasco.
Farsa democrática
Las actitudes edificantes y reconciliadoras en apariencia, pero profundamente sectarias, autoritarias y coercitivas en el fondo, de que hace gala el gobierno de coalición formado por miembros de un ‘renovado’ PSOE -cada vez más alejado del espíritu de concordia que hizo posible la transición de la dictadura a la democracia-, y la coalición electoral Unidas Podemos, pretenden exigirnos a los ciudadanos por las buenas o las malas fidelidad y hasta complicidad a lo que podríamos denominar los principios fundamentales del movimiento ‘sanchista’ que podemos resumir en dos: apología de la II República como nexo democrático con el único período que podemos considerar democrático en la historia de España, el que se inició con aprobación de la Constitución en 1978, y la condena sin paliativos de la dictadura franquista. Puede que algunos militantes socialistas se lleven ingratas sorpresas si escarban un poco en la memoria de sus familias.
Pero el principal peligro que entrañan estas actitudes no reside tanto en que se repitan en otros Ayuntamientos de España la barbaridad vivida en Barcelona, donde Colau haciendo gala de su formidable ignorancia, retiró la placa dedicada al almirante Cervera, sospechoso a ojos de la ‘superalcaldesa’ de ser un facha, cuanto en que esta norma, en lugar de propiciar la concordia y promover la convivencia pacífica entre los españoles, reaviva rencores y enfrentamientos vividos en una de las épocas más violentas y trágicas de nuestra Historia. Mucho me temo que con esta norma el gobierno pretende distraer nuestra atención de asuntos más cercanos, dirigiéndola a sucesos ocurridos en una etapa tan distante de nuestra vida cotidiana, para esconder los 100.000 muertos que perdieron su vida prematuramente en 2020 y lo que llevamos de 2021, y el desastre económico en que la gestión gubernamental de la epidemia Covid-19 ha sumido a la sociedad española.
Cada día que pasa de esta infausta XIV Legislatura, se refuerza mi convicción de que Franco, aunque desenterrado con fanfarria del Valle de los Caídos, en una operación diseñada por el propio Bolaños y ejecutada finalmente el 24 de octubre de 2019, ha acabado triunfando. No porque su régimen haya subsistido como él pretendía, puesto que fue desmantelado entre 1975 y 1978 en la operación política más brillante ejecutada en toda la Historia Contemporánea de España por hombres con un inequívoco pasado franquista, sino porque tras una etapa donde prevaleció el respeto al adversario político y la convivencia cordial entres los españoles, el gobierno de Sánchez, siguiendo la estela de Rodríguez Zapatero, está empeñado en resucitar las dos piedras angulares que, con mayor o menor intensidad, estuvieron presentes en el régimen franquista desde 1939 hasta 1975: controlar el pensamiento de los españoles y castigar a los ciudadanos disidentes. Estas dos semillas de la discordia han encontrado terreno fértil en las huestes de una izquierda moralizante y con vocación inquisidora, cuyos líderes actuales apenas conocieron y padecieron el franquismo, y hacen apología de una república donde se detenía arbitrariamente, se torturaba y asesinaba a ‘fascistas’.
¡Qué cruz!
Permítanme un par de apuntes biográficos. Aunque pasé numerosos fines de semana en Los Molinos entre 1970 y 1975 e impartí clases en el Colegio Universitario María Cristina en El Escorial en el curso 1972-1973 -rememorado por Azaña en El Jardín de los Frailes-, muy cerca de la Abadía, y pasé decenas de veces de largo por la entrada al recinto, nunca visité el monumento mientras Franco estuvo vivo. Y no fue hasta mucho más tarde, agosto de 2017 para ser exacto, cuando tras visitar El Escorial lo visité junto con mis dos hijos. Recorrimos la Abadía, nos acercamos hasta la tumba de Franco, y tuvimos la oportunidad de conversar sobre aquel período histórico bajo la alargada sombra de la monumental cruz que hasta hace poco Podemos pretendía demoler. Pertenecientes a generaciones muy distintas, ninguno de los tres sentimos la necesidad de exhumar a nadie, ni demoler cruces ni quemar Iglesias -tarea en la que la democrática II República alcanzó gran destreza-, ni retirar nombres a calles y plazas, sino asumir la realidad histórica de España, tal cual, y hablar con calma sobre lo sucedido en años cargados de sombras grises, policía secreta y tribunales de orden público.
Hijo de padre detenido y encarcelado en diciembre de 1936 y excarcelado en junio de 1937 – cuyos bienes le fueron incautados por “su oposición al triunfo del movimiento nacional” hasta noviembre de 1941, según se desprende del expediente 1.907-Z incoado por el Tribunal Especial de Responsabilidades Políticas-, poco sospechoso de haber colaborado en pensamiento u obra con el aparato franquista durante los primeros veinticinco años de mi vida -más allá de haber firmado un contrato para acceder a una plaza de profesor ayudante en la Universidad de Madrid en 1972 que me exigía fidelidad a los principios fundamentales del movimiento-, contemplo estupefacto las maniobras de distracción de Sánchez y Bolaños quienes, lejos de buscar el esclarecimiento de los hechos históricos y reparar a todas las víctimas, pretenden obligarnos a comulgar con ruedas de molino y aceptar una versión maniquea de la historia del siglo XX.
Tras el fiasco del plan de desescalada ejecutado al finalizar el período de confinamiento al término de la primera oleada de Covid-19 en la primavera de 2020 -se han producido casi 4 millones más de casos y más de 50.000 personas han fallecido prematuramente desde entonces- atribuido también al ubicuo Bolaños, ahora las grandes preocupaciones del gobierno de Sánchez son exhumar los restos de José Antonio Primo de Rivera y suprimir la Orden Imperial del Yugo y las Flechas y los “títulos nobiliarios concedidos entre 1948 y 1978, que representen la exaltación de la Guerra y Dictadura” . Con un poco de suerte, a lo mejor esta extraña pareja encuentran unos minutos para ocuparse de gestionar la quinta oleada de la epidemia, para reparar a quienes han perdido su vida, sus empleos y negocios desde el 14 de marzo de 2020, para frenar el desbocado aumento del precio de la luz que está friendo a fuego lento a los españoles este verano, y para recortar la fabulosa deuda que van a dejarnos en herencia.
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