Midiendo la realidad del sector público español. – Ni separación de poderes, ni neutralidad, ni mérito, ni capacidad, ni transparencia o rendición de cuentas en las instituciones.

CAROLUS AURELIUS CALIDUS UNIONIS

En España existe una FUNDACIÓN de nombre HAY DERECHO que afirma en su manifiesto por la «mejora institucional» ( al que cualquiera que lo desee puede adherirse), «en España, la Constitución de 1978 diseñó un Estado social y democrático de Derecho con instituciones fuertes, que deben servir como límites al poder político.

Los principios de separación de poderes, neutralidad, mérito y capacidad, transparencia o la rendición de cuentas en las instituciones son pilares de nuestra democracia y de nuestras instituciones.

Sin embargo, en la práctica, estas instituciones se han ido debilitando y deteriorando al hilo de una progresiva politización. Una situación que ha provocado falta de profesionalidad y de neutralidad, así como erosión de los principios de mérito y capacidad, transparencia y rendición de cuentas...»

La FUNDACIÓN HAY DERECHO, entre otras muchas cuestiones se dedica a evaluar, basándose en datos públicos, procurando que sea de manera objetiva el mérito y la capacidad de los máximos dirigentes de las entidades públicas estatales, así como para verificar el grado de cumplimiento de la normativa de transparencia por parte de estas instituciones.

La mayoría de los datos utilizados han sido obtenidos de la información que las propias entidades hacen pública en cumplimiento de la normativa vigente. En los casos en que esta información no estaba disponible, la Fundación Hay Derecho ha realizado solicitudes de transparencia y ha incorporado información encontrada en redes sociales profesionales como LinkedIn o en otras fuentes, como los medios de información.

https://www.hayderecho.com/dedometro-2024

Al estudio, y los resultados conseguidos, lo llaman 

«El Dedómetro»
2024 

La edición 2024 del Dedómetro analiza 40 entidades públicas estatales, incluyendo más de 200 altos directivos durante un periodo de 20 años.

El 85% de las entidades incumple la ley de transparencia. Sólo seis entidades de las 40 analizadas cumplen con la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y Buen Gobierno.

¿Cómo habría de cumplirse la Ley de Transparencia? Pues, publicando los nueve indicadores establecidos por ella, lo cual no se hace.

Las que cumplen son AENA, AIReF, Banco de España, CNMV, CSN y CTBG. Por tanto, el 85% restante incumple la actual normativa de transparencia. El 20% de las entidades analizadas no publican las retribuciones de sus máximos responsables y el 30% no publica el presupuesto, siendo ambas obligaciones legales.

Hay algunos indicadores no obligatorios por ley, pero respecto a los cuales existen resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, de los tribunales o normativa autonómica obligatoria. Por ejemplo, el 80% no publica las agendas de sus máximos responsables o el 92% no publica los gastos de representación de dichos cargos.

No es el primer Dedómetro de la Fundación Hay Derecho: en 2020 ya publicó el primer Dedómetro estatal.

Hay Derecho no se ha limitado únicamente al ámbito estatal: en 2023 presentó el Dedómetro autonómico que afectaba a la Comunidad de Madrid y a la Comunidad Valenciana. Con anterioridad, también evaluaron y elaboraron el Dedómetro de las entidades del área metropolitana de Barcelona.

Hay Derecho mide el nivel de politización y amiguismo en la designación de los máximos responsables de entidades públicas.

En Hay Derecho se preguntan:

¿en manos de quiénes estamos?, ¿quiénes gestionan empresas y otras entidades públicas claves para la vida de la ciudadanía? ¿Son personas preparadas para dirigir eficazmente presupuestos millonarios pagados con nuestros impuestos o, por el contrario, ostentan el cargo por amiguismo e intercambio de favores políticos?

Y no menos importante:

¿está su trayectoria profesional disponible y es fácilmente accesible a la ciudadanía tal y como establecen las leyes de transparencia?

Todo lo que tienen en común las entidades investigadas por Hay Derecho es que pertenecen al sector público y los nombramientos de sus directivos son discrecionales.

Sus máximos directivos están muy vinculados, demasiado, a los partidos políticos que los nombran, por lo que la imagen de su imparcialidad se ve seriamente comprometida. Hay ejemplos claros de cómo esto repercute en sesgos políticos que se aplican desde estas entidades, como es el caso del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas).

Como se decía más arriba, el 85% de las entidades no cumplen la actual normativa de transparencia. De las 40 entidades analizadas, sólo seis cumplen con la transparencia exigida en la norma publicando los nueve indicadores legales. Además, Hay Derecho ha medido requisitos adicionales de transparencia que considera esenciales y que la mayoría de las entidades no cumplen.

Especialmente preocupante es que la vinculación política de los directivos públicos se ha incrementado en los últimos años, lo que apunta a una menor independencia y autonomía de los máximos directivos. También, como se comprobó en anteriores investigaciones, hay una muy elevada rotación ligada al ciclo político o ministerial.

Además, existe una enorme diferencia entre las entidades analizadas. Algunas presentan indicadores muy elevados de profesionalización (por ejemplo, la AIReF o el Banco de España) y otras (Correos o Paradores) muy bajos.

Como solución a todas las anomalías constatadas, la FUNDACIÓN HAY DERECHO propone algunas acciones como las que se nombran a continuación:

• Procesos de selección abiertos, transparentes y competitivos: procesos de selección abiertos, transparentes y competitivos para seleccionar a los máximos responsables de entidades del sector público, con requisitos mínimos de formación y experiencia, presentación de planes estratégicos y selección de candidatos por órganos independientes.

• Requisitos objetivos para acceder al máximo puesto directivo: establecer criterios claros y objetivos en la normativa para la selección de los máximos responsables de las entidades del sector público.

• Establecimiento de contratos de desempeño y rendición de cuentas: establecer contratos con los directivos seleccionados, especificando objetivos anuales y condiciones para la renovación o cese del cargo basados en el cumplimiento de dichos objetivos, no en ciclos electorales.

• Responsabilidad y control de la transparencia: El máximo directivo de la entidad debe asumir la responsabilidad en cuanto al cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buenas prácticas, incluyendo la veracidad de su CV. Sugerimos establecer consecuencias para el incumplimiento, como el cese del cargo. Instamos a las autoridades a supervisar y evaluar la información publicada por las entidades para garantizar su claridad, accesibilidad y actualización, de acuerdo con la Ley.

• Modelo de CV normalizado: Creación de un formato estándar para los currículos de los máximos responsables de las entidades del sector público, incluyendo información como nombre completo, fecha de nombramiento, perfil profesional y experiencia previa, entre otros detalles relevantes.

• Publicación del histórico de máximos dirigentes: Aunque no es obligatorio legalmente, la FUNDACIÓN HAY DERECHO propone que las entidades públicas también divulguen información sobre los máximos responsables de los últimos 10 años para facilitar la rendición de cuentas y comprender mejor su evolución.

FUENTE: https://www.hayderecho.com/noticias/

https://x.com/HayDerecho

Y, como hemos mencionado en múltiples ocasiones, para acabar con la corrupción, disuadir a los corruptos y a quienes están dispuestos a dejarse corromper y castigarlos severamente, es imprescindible que el Congreso de los Diputados apruebe una ley de responsabilidad de los cargos electos y de los funcionarios y reinstaurar los «jucios de residencia». Para saber más sobre ello, recomiendo la lectura de mi artículo:

https://www.voziberica.com/una-de-las-primeras-prioridades-del-nuevo-gobierno-si-se-logra-desalojar-a-los-secuaces-de-pedro-sanchez-deberia-ser-aprobar-una-ley-de-responsabilidad-de-los-funcionarios-y-de-los-cargos-electos/