Para combatir la corrupción: JUICIOS DE RESIDENCIA. Una institución genuinamente española para disuadir, perseguir y sancionar a los corruptos, a los corruptores y a los que se dejan corromper.

CAROLUS AURELIUS CALIDUS UNIONIS

Urge emprender en España un plan de “educación para la decencia”. La moral pública cambiará en España si cambian los ciudadanos en sus exigencias de moralidad. La moral pública cambiará en España cuando, los españoles dejen de reelegir a los corruptos; la corrupción existe porque los ciudadanos los votan. Los partidos políticos protegen a sus miembros corruptos, lo cual -por desgracia- no parece influir en los votantes en los diversos comicios a los que son convocados.

Aunque sea una cita bastante repetida, manida incluso, y que circula mucho por internet, no está de más retomarla nuevamente. Me refiero a la reflexión de Ayn Rand que dice lo siguiente:

«Cuando advierta que para producir necesita obtener autorización de quienes no producen nada; cuando compruebe que el dinero fluye hacia quienes trafican no bienes, sino favores; cuando perciba que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencias más que por su trabajo, y que las leyes no lo protegen contra ellos, sino que, por el contrario, son ellos los que están protegidos contra usted; cuando descubra que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un autosacrificio, entonces podrá afirmar, sin temor a equivocarse, que su sociedad está condenada.»

Esta contundente frase de Ayn Rand, filósofa y escritora estadounidense, refleja con total exactitud lo que ocurre actualmente en España – también en otros países en los que los gobiernos son socialistas, progresistas, intervencionistas…- porque siendo corruptos a sabiendas rebasan día tras día todos los límites imaginables, sin rubor de clase alguna y con absoluto cinismo, e incluso sin vergüenza de clase alguna se jactan públicamente de sus corruptelas y hasta las publicitan con bombo y platillo a los cuatro vientos, como si se sintieran enormemente orgullosos de su putrefacción, de su profunda corrupción. Ya, tal como es el caso de Peter Pan Sánchez y sus secuaces, no disimulan, no tratan de esconder sus pecados, muy al contrario, se glorían, se pavonean de ello.

Peter Pan Sánchez y demás enemigos de España, socialistas, comunistas, separatistas y terroristas se ríen con absoluto descaro de los españoles, tanto de sus votantes como de los que no los votan; aparte de sus prácticas corruptas, fomentan y premian la corrupción, la injusticia y la indecencia.

Evidentemente, cuando alguien afirma que la corrupción, el despilfarro, el enriquecimiento abusivo -e ilegal- de quienes ostentan cargos de responsabilidad en la gestión de lo público, es profundamente inmoral, lo hace pensando en que la corrupción provoca un grave daño, un enorme perjuicio a la sociedad, es decir, a todos quienes formamos parte del conjunto de la sociedad.

Son muchos los estudios de los economistas que concluyen que la corrupción implica un enorme coste y priva a los ciudadanos de recibir prestaciones de salud, enseñanza, bienes y servicios e infraestructuras de toda clase.

La corrupción crea grupos que se aprovechan de su posición ventajosa dentro de la burocracia del Estado, para obtener beneficios personales o grupales; y, evidentemente, son muchos los funcionarios, los empleados públicos que hacen dejación de su responsabilidad de velar por los intereses de todos los ciudadanos.

Por otro lado, las acciones u omisiones de quienes están implicados en la podredumbre de la que venimos hablando, atentan contra los valores morales más comunes, imprescindibles para que exista una sana convivencia social, tales como la honestidad, la honradez, la confianza, el respeto, etc.

Si en las convocatorias diversas, a las que recurren las administraciones públicas, quienes contratan bienes y servicios obligan a los proveedores a pagar determinadas cantidades de dinero, para, de ese modo recibir trato de favor, entonces se destruyen las relaciones de confianza que deberían existir entre los administradores y los administrados. Como consecuencia de ello, los empresarios que deseen conseguir contratos de obra pública u otros bienes y servicios con los gobernantes, se verán obligados a reservar un dinero para sobornar, de lo contrario, perderán la oportunidad de hacer negocios. El resultado lógico es que los ciudadanos desconfíen más cada día de la burocracia estatal, cuyos miembros piensan más en acrecentar su patrimonio y el de sus allegados que, en resolver las necesidades sociales.

Entre las causas de la corrupción están las “políticas sociales” del Estado socialdemócrata o Estado del bienestar que, se traducen en prestaciones sociales, subvenciones, contratos de servicios u obras, etc. en las que los políticos son los encargados de la selección de las “demandas sociales”.

Otro asunto que abre la puerta a la corrupción es la capacidad que poseen los políticos gobernantes de “privatizar” algunas actividades del sector público mediante concesiones administrativas, lo cual se suele realizar de forma bastante arbitraria y caprichosa, y por supuesto “descontrolada”. Luego, también están las supuestas “descentralizaciones” de actividades, transferidas a los ayuntamientos, o a las diputaciones, o cabildos insulares o gobiernos regionales, que, aparte de provocar duplicidades, triplicidades, cuadruplicidades, etc. se llevan a cabo sin ninguna clase de control o supervisión.

Pero, sin duda alguna, lo más preocupante en este panorama de putrefacción que vengo describiendo, es la corrupción moral que está acompañada de anomía, de inmoralidad, de ausencia de moral pública que denuncie o castigue de un modo u otro a los corruptos. Sin duda es preocupante que se haya generalizado la disculpa, la insensibilidad respecto de la corrupción y los corruptos y que, nadie o apenas nadie se haga responsable de que estemos en manos de golfos, bandidos, corruptos… Desgraciadamente, entre los ciudadanos predominan los cómplices (también fraudulentos) y los conformistas que, consideran que la corrupción es un daño, un mal soportable.

Existe un enorme número de ciudadanos que no son considerados corruptos (y tampoco tienen la percepción de serlo), al no  tener posibilidad de obtener una ventaja en una determinada actividad criminal como hombres públicos, ya sea como funcionarios o como cargos electos, pero que sí cometen fraude habitualmente, o cuando tienen ocasión, como en el cobro ilegal de prestaciones por desempleo y subsidios, o “rentas básicas”, o becas, o por incurrir en impago a la Seguridad social, o en economía “sumergida”, trabajo y dinero negro, el “PER” (Plan de Empleo Rural), cobro indebido de la PAC (Ayudas Europeas de la Política Agraria Común) etc.

Pues sí, la moral pública debe comenzar por uno mismo; uno no puede exigir a otros un comportamiento correcto, virtuoso, si no se lo exige a sí mismo.

Por otro lado, están los conformistas que, como indicaba más arriba, consideran que la corrupción es un daño soportable; cumplen con las normas legales a la vez que prefieren “no complicarse la vida” y afirman que, “allá cada uno con su conciencia.

Estoy hablando de quienes hacen la vista gorda respecto de los comportamientos ajenos cuando son ilegales e inmorales, llegando en algunos casos a la pública alabanza del defraudador-corrupto, con una actitud de “sana envidia”, cuando no admiración, especialmente cuando se trata de defraudar a la Hacienda Pública, por ejemplo.

Generalmente, detrás de estas actitudes suele estar el miedo, pues son muchos los que, temen que les suponga algún perjuicio si toman una actitud crítica. Es por ello que procuran no implicarse y pasar desapercibidos. Aquello que decía mi abuelo de “no seas tonto y hazte el torpe”.

Evidentemente, en lo que respecta a los políticos las causas de la corrupción política residen en la falta de normas jurídicas y de instituciones de control y exigencia de responsabilidades. Es imprescindible legislar sobre la responsabilidad de funcionarios y cargos públicos, si se quiere hacer frente a la corrupción, frenar a los corruptos, disuadirlos y castigarlos. Cuando, como es el caso de España, no existen, o apenas, normas e instituciones de vigilancia del comportamiento correcto se acaba generalizando la arbitrariedad en la gestión de los dineros ajenos y bienes y servicios públicos, a la vez que se abre la puerta a la tentación para incurrir en corrupción, desde el convencimiento de que existe una general impunidad…

Tal vez a muchos les parezca exagerado y consideren disparatado afirmar que los partidos políticos españoles son grupos mafiosos, “cárteles”, pero, si vemos qué dicen los diccionarios al respecto, acabarán concluyendo que, el apelativo no está lejos de la realidad.

Un cártel es una gran organización criminal o un conjunto de organizaciones criminales que establecen acuerdos de autoprotección, colaboración y reparto de territorios para llevar a cabo sus actividades criminales.

Si tenemos en cuenta que, la corrupción es el abuso de poder, para beneficio privado (que acaba perjudicando a toda la Sociedad) y que llevan a cabo personas con autoridad, con capacidad de influencia, ya sean cargos electos o funcionarios de alto rango – los segundos en connivencia con los primeros- para lo cual es imprescindible haber “capturado” previamente el aparato del Estado, parcialmente o casi por completo; afirmar que los partidos políticos que, dicen ser los representantes de la voluntad popular, son “cárteles mafiosos”, no es nada exagerado, sino todo lo contrario.

Por supuesto, también son muchos los partidos políticos que nacieron con “buenas intenciones” (el camino del infierno está empedrado de ellas) y acabaron siendo secuestrados, capturados, por organizaciones criminales.

La corrupción en la gestión de lo público puede asociarse a varios factores fundamentales:

A.- la intervención de particulares y de redes criminales que capturan al Estado, ya sea parcialmente o en su totalidad (adueñándose de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial), con el propósito de extraer rentas y de apropiarse de los recursos públicos, o de redes del crimen organizado vinculadas a particulares que, se especializan en apropiarse de forma fraudulenta de los recursos públicos,

B.- la presencia de “políticos de negocios” y de partidos o agrupaciones políticas que, actúan con el único objetivo de apropiarse de los recursos públicos, previamente capturados para acceder al propio Estado

C.- y el control de todos los resortes institucionales y de los mecanismos, pesos y contrapesos establecidos, para la prevención, la disuasión y el castigo de los actos de corrupción.

Es evidente que los actos de corrupción, de despilfarro, de malversación de fondos públicos se realizan una y otra vez, debido fundamentalmente a que, quienes los realizan, gozan de completa, o casi completa, impunidad. También es evidente que no existen, o apenas, mecanismos legales para disuadir a los corruptos, ni para sancionarlos o frenarlos de alguna manera; y cuando alguien que haya delinquido, comparece ante los tribunales, suele ser un cabeza de turco, un paripé, para simular que los gobernantes están preocupados y ocupados en luchar contra la corrupción; de todos modos, pocos son los delincuentes que suelen ser sancionados o destituidos, y para recochineo, muchos de ellos acaban siendo indultados por el Gobierno… Por otro lado, no se olvide que, la administración de justicia también está “secuestrada”, ha sido capturada por los cárteles mafiosos, de tal manera que, si algún juez o magistrado desea hacer carrera, está obligado a seguir las directrices de los capos que dirigen los diversos partidos políticos con representación en las instituciones; como resultado lógico, si algún miembro de los cárteles mafiosos (oligarcas y caciques de los partidos) acaba sentándose frente a un juez, tiene asegurado que éste no será hostil.

Es bueno resaltar, por si a alguien aún le han pasado desapercibidas, cuáles son las prácticas corruptas más frecuentes a las que recurren los partidos políticos “más representativos” y con más presencia en las diversas instituciones, sea a escala local, provincial, regional, nacional: 

el soborno, la aceptación de pagos para la prestación de un servicio, para acelerar un proceso, para evitar una sanción, para desviar o desvirtuar una decisión, para evitar una condena;

la extorsión, presionar mediante métodos ilegales pagos por parte de cargos electos o funcionarios de alto rango cercanos a los diversos partidos;

los acuerdos en los que el agente público y el ciudadano privado establecen un pacto recíproco en perjuicio del público, de forma que tal decisión favorece a personas particulares, a cambio de una recompensa para el agente público);

las alteraciones fraudulentas del mercado;

las alteraciones fraudulentas de las elecciones;

las malversaciones y fraudes;

la apropiación directa o indirecta de los dineros o bienes públicos;

la especulación financiera con fondos públicos, utilizando recursos públicos para invertir en el mercado financiero, aunque dichos recursos no se vean disminuidos;

la parcialidad en la aplicación de normas, administración o cualquier tipo de decisión deliberada;

los acuerdos-pactos realizados de forma clandestina, con el objetivo de defraudar, en concursos o convocatorias públicas para la contratación de bienes, servicios u obra pública, en las que diferentes participantes acuerdan niveles mínimos de subasta o se eluden licitaciones; y el uso de información privilegiada para tomar decisiones económicas o sociales privadas.

Como ya nos advertía Joaquín Costa en “Oligarquía y caciquismo como la forma de gobierno en España…”, hace ya más de un siglo, en la España caciquil, los oligarcas se reparten el país por áreas de influencia política. Cada oligarca disfruta de su correspondiente feudo-taifa (léase “Comunidades Autónomas”). Los oligarcas se agrupan en asociaciones o “bolsas de empleo”, llamadas partidos políticos y hacen como que deliberan en las Cortes. En España más que Cortes y partidos políticos existe una caricatura de ambas cosas. Los grupos políticos no responden más que a intereses pasajeros y provisionales personales y particulares de grupos de interés (lobbies, o grupos de presión se denominan hoy) Por lo demás, el Parlamento no representa a la Nación. Las elecciones son organizadas por los que realmente gobiernan para obtener el resultado electoral apetecido,

 Como resultado de todo ello, la política regional funciona basándose en redes y círculos de familias, allegados y clientela, y estos procuran perpetuarse y seguir obteniendo los beneficios que brinda el ejercicio del poder político. Es por ello que, resulta más beneficioso encubrir, hacer la vista gorda, mirar para otro lado, que denunciar a sus propios socios políticos (y no necesariamente “socios”), que en algunos casos son también familiares.

Los clanes políticos que se han sucedido en el gobierno, durante décadas, desde la muerte del General Franco, han manejado con criterio patrimonial la gestión de lo público, se han apropiado de los recursos públicos, han manejado la contratación de obra pública, bienes y servicios de los diversos ayuntamientos, diputaciones y cabildos insulares; así como a escala regional y nacional, favoreciendo a sus socios políticos y a sus allegados, se han distribuido los cargos públicos y han asumido la gestión pública como si se tratara de un asunto privado.

Pues sí, aunque los oligarcas y caciques de los diversos partidos con representación en las instituciones, proclamen lo contrario y sean muchos los españoles decentes que todavía no se han dado cuenta, o no desean ni siquiera pensarlo, los políticos españoles, organizados en cárteles mafiosos, se han adueñado del poder legislativo, del judicial y del ejecutivo -también de los medios de información, a los que habría que denominar más correctamente como “medios de manipulación de masas”-, orientan sus acciones al enriquecimiento personal, a incrementar su patrimonio, a la búsqueda de un mejor estatus, de prestigio, de ascenso y promoción social, mayores ingresos, posicionamiento personal y familiar.

Los oligarcas y caciques de los cárteles políticos, de los que vengo hablando, recurren a la apropiación indebida e ilegal de los recursos públicos, a la corrupción política y administrativa; y conciben la política como un negocio, como otro cualquiera, cuyo único objetivo es el lucro, conseguir beneficios de forma fácil, constantemente y sin parar… Como es lógico, a los gerifaltes de los cárteles políticos no les importa en absoluto que, sus cargos electos o los funcionarios de los partidos, no posean la preparación o la formación necesarias para cumplir con tareas requeridas por la administración pública. Insisto: los partidos consideran la acción política como un medio para incrementar sus propios recursos económicos.

Por supuesto, la política como negocio no entiende de lealtades ni tiene un sentido de identidad colectiva, por ello cuando lo consideran necesario, los políticos profesionales se cambian de partido, o crean una nueva facción o un nuevo partido.

Algo que, tampoco podemos olvidar, es que cuando los funcionarios públicos tienen amplios poderes discrecionales y escasa responsabilidad, incurren con frecuencia en la arbitrariedad, actuando muchos de ellos de forma corrupta.

En España alrededor del 30% de los empleados públicos de la Administración Central del Estado no son funcionarios, o sea que han accedido directamente a su puesto de trabajo en la Administración a través de otras vías que no son los tradicionales exámenes de ingreso en los Cuerpos de funcionarios, a los que está obligado el común de los mortales. La libre designación como procedimiento de contratación se ha extendido como una mancha de aceite en los últimos años, lo cual abre la puerta a la politización en nuestras administraciones públicas. Aquellos puestos de trabajo de la burocracia estatal que no son ocupados por funcionarios de carrera, y no han pasado por una oposición, teniendo en cuenta la capacidad y el mérito, las posibilidades de politización y de corrupción son mayores. Los funcionarios públicos pueden sentir la tentación de utilizar sus poderes con fines personales, y acabar prevaricando y aceptando sobornos; por supuesto, son muchos los ciudadanos que están dispuestos a hacer pagos ilegales para conseguir lo que quieren del Gobierno.

Evidentemente, un factor importantísimo que condiciona la corrupción, es la probabilidad de ser descubierto y sancionado, tanto por parte de la persona que soborna como por parte del funcionario sobornado, o cargo electo, que se deja sobornar.

También son muchos los que actúan desde el convencimiento de que, muchos jueces y fiscales, y funcionarios judiciales, están corrompidos (y desgraciadamente, no se equivocan).

Sin duda alguna, la creación de instrumentos de control y el fortalecimiento de los ya existentes, es una estrategia sustancial para combatir la corrupción.

Otras medidas necesarias son la reforma de la Administración Pública eliminando el clientelismo político en la contratación y en los ascensos, la reducción de las oportunidades de corrupción, aumentando la competencia y reduciendo la arbitrariedad de los funcionarios y la puesta en marcha de un sistema riguroso de rendición de cuentas, reforzando los mecanismos de supervisión y sanción, recurriendo no solamente al derecho penal, sino también a la supervisión por parte de instituciones oficiales y de los ciudadanos.

La sociedad civil puede ser un freno al abuso arbitrario de la autoridad (funcionarios y cargos electos), siempre que tengan capacidad de organizarse y posibilidad de acceder a información acerca de lo que está sucediendo. Para ello, los gobiernos deben estar obligados a publicar los presupuestos reales, los datos sobre recaudación de impuestos, etc. pero, de poco valdrá toda esa información si no existen mecanismos que permitan utilizarla para influir en la conducta del Gobierno.

En las Ciencias Políticas se utiliza últimamente el vocablo inglés Accountability, para nombrar el proceso a través del cual, todos los ciudadanos vigilan y evalúan el actuar responsable de los servidores públicos, por medio de mecanismos como la transparencia y la fiscalización, para evitar el abuso de poder. También implica la posibilidad de castigar a los individuos responsables de conductas delictivas, a través de órganos o tribunales especializados del gobierno, el voto de la ciudadanía y la opinión pública.

La transparencia, la rendición de cuentas, la exigencia desde la sociedad y las agencias gubernamentales y no gubernamentales de controles y las sanciones a quienes infrinjan las normas, los procedimientos y las leyes son elementos en los que se basa el mencionado concepto. Se trata de fortalecer los contrapoderes, los órganos de vigilancia y control interinstitucional, a la vez que fortalecer el papel de la sociedad en su capacidad de incidir de forma directa e indirecta en la gestión de lo público, de inspeccionar-supervisar, exigir, controlar a los gobernantes y a los empleados públicos.

ALGUNAS ACCIONES NECESARIAS PARA FRENAR LA CORRUPCIÓN Y DISUADIR Y CASTIGAR A LOS CORRUPTOS:

Implantar en España una estricta separación de poderes que, en estos momentos en inexistente. De manera que, no interfieran unos poderes en los otros; si, tal como ocurre en la actualidad, el poder judicial está controlado por los partidos políticos, la corrupción, que es cosa de políticos y gestores públicos, seguirá aumentando. El Consejo General del Poder Judicial (Gobierno de los Jueces) está repartido entre los partidos políticos con representación en el Parlamento, mediante “cuotas”, de manera que, si alguna vez, alguno de sus dirigentes, se viera obligado a acudir a un tribunal, siempre o casi siempre tendrá la garantía de que no tendrá que enfrentarse a jueces hostiles.

Si existe algo especialmente escandaloso es el control de la Fiscalía por parte del poder ejecutivo. Institución jerarquizada, al frente de la cual está el Fiscal General del Estado, nombrado por el Gobierno. Esta institución tiene encomendada la vigilancia del respeto al derecho y a las instituciones constitucionales, el ejercicio de acciones penales y civiles, la independencia de los tribunales, las garantías de los derechos de las personas, la intervención en toda clase de procesos y la defensa de los intereses públicos y sociales, entre otras importantes funciones. Son funciones tan relevantes que, cuando se afirma que la Fiscalía goza de independencia y autonomía se está produciendo una burla cruel a los ciudadanos. Evidentemente, si se pretende frenar la corrupción, disuadir y castigar a los corruptos, tanto el Consejo General del Poder Judicial, como la Fiscalía General del Estado, no deben estar controlados por los partidos políticos, y es imprescindible que su elección se lleve a cabo de manera radicalmente diferente a los procedimientos actuales.

Lo mismo podemos decir de instituciones como el Defensor del Pueblo o el Tribunal de Cuentas, o del Tribunal Constitucional que, como se ha vivido recientemente en España, también están controlados por los partidos políticos con representación en el Parlamento, que se reparten a sus integrantes mediante sistemas de “cuotas”, frente a la capacidad y el mérito…

Otro asunto que no podemos olvidar son las inmensas cantidades de dinero que reciben los partidos políticos con representación en las diversas instituciones. En España existe una ley orgánica de 2007 que regula la financiación de los partidos, y los dineros -de nuestros impuestos- con los que se les riega generosamente, de manera espléndida. Los partidos son “premiados” en función del resultado obtenido en las elecciones al Congreso de los Diputados. Para determinar la distribución de las subvenciones se tiene en cuenta tanto el número de escaños como el de votos obtenidos por cada agrupación política. Es importante señalar que los partidos políticos con representación en las instituciones se financian en más del 80% con dinero público. Por supuesto, además de lo anterior, todos los partidos políticos reciben dinero público por múltiples vías, por el simple hecho de tener representación en ayuntamientos, diputaciones provinciales, cabildos insulares, parlamentos regionales, y un largo etc. Tampoco hay que olvidar que, son muchas las empresas vinculadas a los partidos que, a través de supuestos concursos públicos o adjudicaciones directas, realizan -supuestamente- trabajos para la administración (municipal, provincial, regional, nacional…) en la que esos partidos tienen responsabilidad de gobierno; las facturas acaban siendo infladas, respecto al precio inicial previsto, y la diferencia acaba yendo a determinadas empresas que, realizan facturas falsas y mediante procedimientos turbios acaban haciendo llegar el dinero a los partidos amigos… Por supuesto, la única forma de acabar con todo ello es suprimir las subvenciones diversas a los partidos políticos (y a sus oenegés, fundaciones, sindicatos y demás chiringuitos de los que se valen para “extraer” dineros de nuestros impuestos).

Por otro lado, es imprescindible eliminar la posibilidad de que los gobiernos concedan indultos a personas condenadas por corrupción. Quienes estén tentados de corromperse deben saber que no van a tener ninguna posibilidad futura de ser perdonados e indultados.

Hay que reducir el número de aforados a su mínima expresión (ningún país en Europa tiene tantos aforados como España), y disminuir también, las situaciones de aforamiento, limitándolo exclusivamente a las actividades y actuaciones relacionadas con el ejercicio del cargo público.

Para hacer frente al clientelismo político, es urgente disminuir el número de cargos de libre designación, y que sean ocupados por empleados públicos, mediante algún procedimiento de concurso-oposición.

Es, también, inaplazable la aprobación de una Ley de protección a los denunciantes, de manera que los ciudadanos se sientan protegidos legalmente cuando sepan de hechos delictivos, y deseen presentar denuncias por corrupción.

Regulación de los Lobbies: Es necesario que se legisle sobre los lobbies, se les exija transparencia, y se creen Registros de grupos de interés en las distintas instituciones públicas y asambleas parlamentarias.

También es necesario el cumplimiento de la normativa legal sobre publicidad de contratos de obras y compra de bienes y servicios, por parta de las diversas administraciones. También es imprescindible reformar la actual ley de «régimen local” para que los alcaldes y concejales dejen de tener la enorme capacidad de decisión que poseen en la actualidad, y particularmente lo que respecta a intervenir en el mercado inmobiliario, recalificando terrenos, aprovechando ellos y sus allegados y testaferros la información privilegiada que les da el ser alcaldes y concejales; e igualmente, es necesario desposeer a las corporaciones locales de su capacidad de contratar bienes y servicios con la arbitrariedad que actualmente lo hacen, evitando por todos los medios que favorezcan a empresarios amigos, e incluso creen empresas ad hoc, en la idea de que los ayuntamientos son su cortijo particular y que lo de menos es el interés de los administrados.

Retomando el vocablo inglés Accountability, el proceso a través del cual, todos los ciudadanos vigilan y evalúan el actuar responsable de los servidores públicos, por medio de mecanismos como la transparencia y la fiscalización, para evitar el abuso de poder. Lo que algunos llaman ampulosamente “La Nueva Gestión Pública” no tiene nada de nuevo, todo ello estaba ya previsto en el derecho castellano e incluido en “Las Siete Partidas”, el conjunto de las leyes de Castilla redactado durante el reinado de Alfonso X (1221-1284), con el objetivo de conseguir una cierta uniformidad jurídica del reino; y me refiero a los denominados JUICIOS DE RESIDENCIA, institución que se hizo extensiva al resto de España a lo largo del tiempo y que, incluso se implantó en las provincias americanas y el resto del imperio, perdurando hasta el siglo XIX.

Los JUICIOS DE RESIDENCIA fueron durante siglos el mejor instrumento para combatir la corrupción, frenarla y disuadir y sancionar a los corruptos:

El Juicio de Residencia era un procedimiento judicial mediante el cual funcionarios de cierto rango (Virreyes, Presidentes de Audiencia, alcaldes y alguaciles) eran juzgados por su actuación en sus funciones de gobierno, tratando de ese modo de minimizar y evitar posibles abusos y corruptelas en el uso de su poder. Dicho proceso se realizaba al finalizar su mandato, al acabar el ejercicio de su cargo y era ejecutado normalmente por la persona que le iba a sustituir.

En el “Juicio de Residencia” se analizaba detenidamente con pruebas documentales y entrevistas a testigos el grado de cumplimiento de las órdenes reales y su labor al frente del gobierno. La investigación y la labor de recabar pruebas e información las realizaba un juez elegido por el rey en el mismo lugar encargado de reunir todos los documentos y de realizar las entrevistas.

La “residencia”, que es como acabó llamándose para abreviar, era todo un evento público que se pregonaba a los cuatro vientos para que toda la comunidad participase y tuviese conocimiento del mismo. Estaba compuesto por dos fases: una secreta y otra pública. En la fase secreta el juez interrogaba de forma confidencial a gran número de testigos para que declararan sobre la conducta y actuación de los funcionarios juzgados, y examinaba también los documentos de gobierno. Con toda esta información el magistrado redactaba los posibles cargos contra los residenciados. En la segunda fase, la pública, los vecinos interesados eran libres de presentar todo tipo de querellas y demandas contra los funcionarios y estos debían proceder a defenderse de todos los cargos que se hubiesen presentado en ambas fases del proceso.

Posteriormente, el juez redactaba la sentencia, dictaba las penas y las costas y toda la documentación del proceso era remitida al Consejo de Indias, o a la Audiencia correspondiente para su aprobación. Las penas a los que se castigaba a los enjuiciados eran multas económicas que llevaban aparejadas la inhabilitación temporal o perpetua en el ejercicio de cargo público.

Los juicios de residencia funcionaron hasta que fueron derogados por las Cortes de Cádiz de 1812. Es muy sorprendente que fueran los liberales los que eliminaron una herramienta tan potente para el control de las corruptelas y abusos políticos de los gobernantes.

Por supuesto, además de reinstaurar los Juicios de Residencia, es urgente legislar acerca de la responsabilidad de los funcionarios y de los cargos electos en las diversas administraciones, por aquello de “más vale prevenir que curar”.

El primer paso debería ser crear normas que impidan la corrupción y disuadan a los que estén tentados de corromperse; lo siguiente sería aprobar leyes para castigar a los corruptos, pues, la experiencia demuestra que los humanos en general, tienden a las malas costumbres, y que es conveniente frenar cuanto antes, sin dilación ni aplazamientos las conductas no virtuosas, de forma ajustada a derecho.