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«Pedro Sánchez ha sido encubridor y cooperador necesario de los negocios de su esposa» Miguel Bernad, Manos Limpias

Rosalina Moreno

El secretario general de Manos Limpias analiza en esta entrevista en ‘Economist & Jurist’ la denuncia que presentó contra Begoña Gómez y detalla las nuevas pruebas que aportó el pasado viernes

Bernad afirma que el presidente «sabía acerca de las gestiones de su mujer y tenía conocimiento del presunto tráfico de influencias». (Imagen: Rosalina Moreno/E&J)

Miguel Bernad, abogado y secretario general del sindicato Manos Limpias, analiza en Economist & Jurist su denuncia contra la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias y corrupción en el sector privado. Una denuncia que ha motivado que el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado García, haya abierto diligencias de investigación, declarando el secreto del sumario.

Miguel Bernad Remón (Bilbao, 1942) fue letrado del Ayuntamiento de Madrid por oposición al Cuerpo Técnico Jurídico, director de personal y asesor del concejal Ángel Matanzo (PP).Previamente, tuvo una etapa en política. Entró en política en el sindicato de Fuerza Nueva, que se llamaba Fuerza Nacional del Trabajo y que obtuvo 11 delegados en el Ayuntamiento de Madrid siendo alcalde Enrique Tierno Galván. Posteriormente, fue secretario general del Frente Nacional hasta que el partido se disolvió en 1993, y en 1995 fundó Manos Limpias, desde entonces presidida por Francisco Jiménez Luis y con él de secretario general. 

En abril de 2016 fue detenido por la Policía Nacional a la salida de su domicilio, en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional sobre presuntas extorsiones de Manos Limpias consistentes en exigir dinero por retirar las querellas que previamente hubiera presentado el sindicato. El magistrado Santiago Pedraz dictó prisión preventiva y sin fianza por presuntos delitos de extorsión y organización criminal. 

Ingresó en prisión en Soto del Real (Madrid) y el día después fue trasladado al centro penitenciario madrileño de Navalcarnero, donde estuvo hasta que en diciembre de ese año fue puesto en libertad bajo fianza de 50.000 euros. En julio de 2021, la Audiencia Nacional lo condenó a cuatro años de prisión por extorsión a empresas y entidades bancarias, si bien el pasado mes de marzo fue absuelto por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS), así como el presidente de Ausbanc. En esta entrevista también aborda su estancia en prisión.

Economist & Jurist (E&J): ¿Qué base tiene la denuncia contra Begoña Gómez?

Miguel Bernad (M. B.): La denuncia contra Begoña Gómez no son unos recortes de prensa, como dicen los que tratan ahora de matar al mensajero. Está basada en notitia criminis de un delito de tráfico de influencias, que no han sido desmentidas, ni tampoco han sido objeto de demandas por injurias. Es una base o sustento lo suficientemente evidente para que un juez admita la denuncia y proceda a la apertura de diligencias previas penales, como ha ocurrido en este caso. 

La denuncia recoge claramente cómo la denunciada, aprovechándose de cargo en la Universidad Complutense y de ser la esposa del presidente del Gobierno, influyó en la concesión de cuatro referidos contratos adjudicados a Carlos Barrabés, la persona de confianza y amigo de la denunciada. La intervención de ella fue determinante para la concesión de esos contratos.

«La denuncia contra Begoña Gómez no son unos recortes de prensa, como dicen los que tratan ahora de matar al mensajero, tiene base o sustento»

E&J: ¿Qué más documentación ha entregado al juzgado sobre esta denuncia?

M. B.: El pasado viernes, se aportó un informe complementario con los cuatro contratos que se adjudicaron ilegalmente, en base a la recomendación de Begoña Gómez, a Carlos Barrabés, otorgados por Red.es por importe de 10 millones de euros, siendo la peor licitación de todos los presentados a esos concursos, todo ello en base a la recomendación de cartas de puño y letra de Begoña Gómez.

Además, esta semana vamos a ampliar la denuncia con más documentación referente a los contratos en los que intervino también su amigo Víctor Aldama, relativos a la aerolínea Air Europa. La denuncia está muy bien sustentada, ahora ya con pruebas documentales. 

Miguel Bernad, en una imagen tomada ayer a las puertas de la sede del PSOE. (Imagen: Rosalina Moreno/E&J)

E&J: ¿Sabía Pedro Sanchez acerca de las gestiones de su esposa y tenía conocimiento de ese supuesto tráfico de influencias?

M. B.: Totalmente. Tenía conocimiento de las actividades y los negocios de su esposa. ¿Por qué digo esto? Porque Pedro Sánchez y Begoña Gómez no están ni separados ni divorciados, comparten mesa, mantel y habitación. Es el mismo caso de la infanta Cristina de Borbón y Urdangarín, por lo que fue condenada a pagar a la Hacienda Pública 186.000 euros al haberse acreditado que había sido beneficiaria a título lucrativo de los negocios de su entonces esposo. También es el mismo caso de Marta Ferrusola Jordi Puyol.

Desde mi punto de vista, puedo afirmar que Pedro Sánchez ha sido encubridor y cooperador necesario de los negocios de su esposa. Es impensable que en una relación fluida y de convivencia no se hablara de los negocios de ella.

E&J: ¿Dirigirá la denuncia también contra él?

M.B.: Sí, en un futuro inmediato.

«También dirigiremos la denuncia contra Pedro Sánchez»

E&J: ¿Qué opina de que se esté intentando echar por tierra su denuncia por recoger noticias informativas? 

M. B.: Lo que está pasando en España rompe todos los esquemas de que estamos en un Estado de Derecho. Mi valoración de la situación actual es que estamos asistiendo a la quiebra del Estado de Derecho. Por consiguiente, nos estamos convirtiendo en un Estado ajeno a los principios democráticos.

E&J: ¿Qué otras denuncias ha presentado Manos Limpias haciéndose eco de informaciones y han acabado en condena?

M. B.: Ahora mismo me vienen a la mente dos denuncias transformadas en querellas, como son el caso de los EREs de Andalucía y el de la Mesa del Parlamento Vasco cuando la presidía Atutxa, por no querer disolver la antigua Batasuna. 

Estos dos casos mediádicos salieron de notitia criminis que Manos Limpias puso en conocimiento de la Justicia sevillana y vasca y acabaron con condenas flagrantes de cárcel a los imputados en el tema de los ERE, y de inhabilitación y multa a Atutxa y al resto de la Mesa del Parlamento Vasco.

«Estamos asistiendo a la quiebra del Estado de Derecho, nos estamos convirtiendo en un Estado ajeno a los principios democráticos»

E&J: La Fiscalía Provincial de Madrid ha recurrido la admisión de su denuncia solicitando la revocación del auto de apertura de diligencias y el archivo de la causa. ¿Esto es una anomalía?

M. B.: Totalmente. Es una tremenda anomalía, algo inaudito en un Estado de Derecho. Nunca antes un fiscal, sin estudiar ni mirar ni siquiera por encima unas diligencias que ya ha practicado el instructor, se dirige directamente a la Audiencia Provincial en recurso de apelación saltándose el de reforma ante el propio instructor. Esto supone una falta de respeto total hacia el magistrado. 

«Es una tremenda anomalía que la Fiscalía haya recurrido en apelación a la Audiencia Provincial directamente saltándose el recurso de reforma ante el propio instructor»

E&J: ¿Qué opinión le merece actualmente la Fiscalía?

M. B.: La opinión que tengo actualmente sobre la Fiscalía General del Estado –y la comparte la inmensa mayoría de la ciudadanía– es que es una Fiscalía politizada y, por lo tanto, está deslegitimada para actuar conforme a ley y conforme al mandato del artículo 124 de la Constitución, esto es que no defiende la legalidad, sino los intereses políticos del Poder Ejecutivo, del que depende. 

«Actualmente, la Fiscalía General del Estado no defiende la legalidad, sino los intereses políticos del Poder Ejecutivo, del que depende» 

E&J: La Asociación de Fiscales, la mayoritaria en la Carrera Fiscal, ha denunciado en Economist & jurist que existe una enorme preocupación en la Carrera por esta situación y afirma que la solución pasa por la dimisión del fiscal general del Estado. ¿También lo ve así?

M. B.: Indudablemente, ese análisis que ha hecho la Asociación de Fiscales es totalmente cierto y debería concluir con una dimisión fulminante de Álvaro García Ortiz. Y yo iría a más: es necesaria una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal donde quedara perfectamente clara su independencia.

Miguel Bernad es licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid y su primera profesión fue la abogacía, que dejó al entrar como funcionario en el Cuerpo Técnico Jurídico del Ayuntamiento de Madrid, dado que se exigía dedicación plena. (Imagen: Cesión propia)

E&J: La AF también reclama un nuevo Estatuto Orgánico. Cambiando de asunto, a Manos Limpias se le está tildando de sindicato «ultraderechista» y poniendo en duda el trabajo del sindicato hablando de su condena. ¿Cómo lo está viviendo? ¿Quién es la víctima Pedro Sánchez o usted?

M. B.: La víctima no es Pedro Sánchez ni su mujer, sino el emisario, el denunciante. Por cumplir con mi deber ahora parece ser que el delincuente soy yo. Para tratar de deslegitimar la denuncia y al denunciante, los medios de comunicación afines al Gobierno y que están subvencionados por el Ejecutivo están acusándome de que tengo un sindicato ultraderechista, fascista, que soy un miembro destacado de la ultraderecha, pensando que lanzándome esos dardos la denuncia no estaría legitimada para actuar.

«La víctima no es Pedro Sánchez ni su mujer, sino el emisario, el denunciante. Por cumplir con mi deber ahora parece ser que el delincuente soy yo»

Da igual si el denunciante sea de derechas, ultraderecha, de centro o izquierdas, o si el denunciante es alto, bajo, va con traje o en Meyba. ¿Qué pasa? ¿Que sólo puede denunciar uno de izquierdas?

E&J: ¿Cómo interpreta las declaraciones de Sánchez en el Congreso tras abrirse diligencias contra su mujer diciendo: «A pesar de todo, sigo creyendo en la Justicia de mi país»? ¿Ese a pesar de todo es poner en tela de juicio a los jueces y tira por tierra lo que dice después?

M. B.: Esa respuesta en sede parlamentaria es una verdadera contradicción porque él sólo cree en los fiscales y jueces que controla. Y la prueba la tenemos en que cuando se han abierto unas diligencias por un juez independiente, que son la mayoría y que no controla, ha movilizado a todo su aparato mediático para arremeter contra el juez, contra su hija, contra el denunciante y el sindicato.

«Sánchez sólo cree en los fiscales y jueces que controla»

Esta es su forma de respetar la Justicia. Tenía que haber dimitido el mismo día que el juez procedió a la apertura de diligencias previas y haber acudido inmediatamente al Palacio de la Zarzuela a presentar su dimisión al Rey.

E&J: ¿Cuál es su visión sobre el panorama judicial? 

M. B.: No puede ser más penosa. Es necesario, más que nunca, fortalecer la independencia de los tres poderes del Estado, así como garantizar el Estado de Derecho. 

Yo creo firmemente en la Justicia en España porque aunque haya jueces y fiscales, minoritariamente, que no cumplen el Estado de Derecho, la mayoría aplastante respetan la legalidad. 

En mi caso, ha tenido que ser el Alto Tribunal el que haya dictado una sentencia ajustada a Derecho, haciendo Justicia y absolviéndome de unos delitos que se me imputaban de una manera ilegal e ilícita. El proceso contra Manos Limpias y Ausbanc se inició por una denuncia anónima, admitida por un juez de la Audiencia Nacional, que estaba basada en unas pesquisas prospectivas, que son ilegales, y posteriormente publicadas en un medio de comunicación nacional. ¿Acaso el proceso contra mi persona no estaba basado en una denuncia anónima y noticia criminis?

Begoña Gómez, junto a su esposo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra el que Manos Limpias también dirigirá su denuncia, como ha avanzado en este diario. (Imagen: RTVE)

E&J: ¿Cómo vivió su estancia en prisión?

M. B.: Durante esos 10 meses pedí hasta en tres ocasiones mi libertad alegando problemas de salud, porque tuve un desprendimiento de retina, por el que tuve que ser operado y la recuperación fue en un módulo de la enfermería de la prisión hasta que quedé en libertad. 

Cuando me llevaron a operar al Hospital de Alcorcón, cometieron una felonía conmigo: me trasladaron a quirófano –en camilla y con el suero puesto– esposado, un hecho humillante. Eso no se hace con nadie y menos con una persona de 74 años, como tenía entonces. ¿Se pensaban que iba a salir corriendo huyendo por los pasillos con el culo al aire y descalzo? El cirujano tuvo que recriminar a los policías lo que habían hecho y pedir que me quitaran las esposas porque no me operaba con ellas puestas. Ese episodio fue tan asqueroso que estamos preparando una denuncia al respecto. 

Por otra parte, el auto de prisión preventiva se basaba en un gran fraude y en una presunta prevaricación de libro del juez instructor Santiago Pedraz alegando que tenía riesgo de fuga por tener intereses en EEUU, Colombia, Venezuela y Reino Unido. Eso es una gran falsedad, una mentira y una supuesta prevaricarión, por lo que estamos preparando la correspondiente querella contra él.

E&J: Las asociaciones judiciales APM, AJFV y FJI han pedido respeto a la independencia de los jueces tras los pronunciamientos de partidos políticos por la decisión del juez de abrir diligencias de investigación a Gómez. Denuncian que se insinúe que no pueden investigar a determinadas personas. También periodistas afines al PSOE acusan de golpistas a magistrados y medios. ¿Acaso Sánchez y su mujer están al margen de la ley? 

M. B.: Es necesario que los propios jueces, magistrados y fiscales defiendan su independencia, como están haciendo, y que cualquier proceso, como éste, no se instrumentalice políticamente, porque ello puede desvirtuar no solamente la credibilidad y la independencia del poder judicial y la Fiscalía, sino también el propio procedimiento.

E&J: También se ha pronunciado JJpD alertando del riesgo que supone «instrumentalizar el proceso penal con fines espurios». ¿Qué responde a esto?

M. B.: Que efectivamente no se puede instrumentalizar un proceso político y si ese proceso se basa en pruebas inequívocas de delito, debe llegarse hasta el final, con independencia de que se trate de un ciudadano cualquiera de a pie o de la mujer del presidente. Con lo cual, quedaría garantizado el principio constitucional del artículo 14 de la Constitución de que todos los españoles somos iguales ante la ley.

E&J: La presidenta de la APM, María Jesús del Barco, también ha denunciado en una reciente entrevista en este diario que «el Estado de Derecho en España está en crisis» y ha destacado que el desafío más crítico que enfrentan los jueces en la actualidad es «el constante cuestionamiento de la labor jurisdiccional por los representantes de los otros dos poderes del Estado». ¿Le preocupa España? 

M. B.: Es acertadísimo el análisis que ha hecho la presidenta de la asociación mayoritaria de jueces. Y por supuesto que me preocupa la credibilidad ante Europa y el mundo de que en España no se está respetando la legalidad vigente estando en un país democrático.

Manos Limpias puso en conocimiento de Reynders, a finales de 2023, la situación del acoso y derribo del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo, así como el comportamiento politizado de la cúspide del Ministerio Público. El comisario europeo de Justicia contestó que tomaba nota de esta denuncia.

Miguel Bernad, en una foto de archivo en la biblioteca de su despacho. (Imagen: Cesión propia)

E&J: Usted también presentó una denuncia contra Sánchez y varios ministros por la ley de amnistía por presuntos delitos de usurpación de funciones, prevaricación administrativa y cohecho por los acuerdos del PSOE con Junts y ERC para la investidura, que el Supremo ha acordado no admitir. ¿Qué opina de la ley de amnistía y qué consecuencias puede acarrear? 

M. B.: La ley de amnistía es el ejemplo más claro de cómo se rompen los principios rectores del sistema democrático español y supone una invasión de competencias que única y exclusivamente corresponden al Poder Judicial. En definitiva, supone la vulneración flagrante del principio de división de poderes, aparte de tratarse de una ley manifiestamente ilegal e inconstitucional.

Una vez descartada la denuncia de Manos Limpias por invasión de competencias, únicamente quedan dos posibilidades para que la ley de amnistía no prospere. La primera, el recurso de inconstitucionalidad que el PP ha anunciado que presentará ante el Tribunal Constitucional y que opino que va a tener poco recorrido, dado que sabemos quién está al frente del mismo. Por otro lado, está la posibilidad de que los propios jueces y magistrados puedan elevar cuestiones prejudiciales ante el TJUE y en este caso concreto, quedaría paralizada hasta que resolviese.

Pienso que cuando el Tribunal de Luxemburgo resuelva, el actual presidente del Gobierno ya no estará gobernando España, por lo que una vez que no esté Sánchez esa ley no será aprobada.

E&J: ¿Cuál cree que será la decisión de Pedro Sánchez hoy?

M. B.: Debería ser una dimisión irrevocable, pero dado su carácter y su ego la decisión puede ser impredecible.

«La decisión de Pedro Sánchez este lunes debería ser una dimisión irrevocable, pero dado su carácter y su ego la decisión puede ser impredecible»

Por otro lado, ha quedado constatado que el apoyo de sus bases, convocadas el pasado sábado, representó un rotundo fracaso, porque se esperaban al menos medio millón de personas respaldándole y no las 12.000 que finalmente fueron a Ferraz con el bocadillo incluido y el autobús pagado.

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RedaccionVozIberica

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