¿Por qué y para qué el gobierno social-comunista de Pedro Sánchez fomenta y financia la inmigración ilegal en complicidad con las mafias que se dedican a la trata de personas?

CARLOS AURELIO CALDITO AUNIÓN

Hace aproximadamente un año la Unión Europea decidió «premiar» al Reino de Marruecos con 500 millones de euros, supuestamente, para frenar la inmigración ilegal. Esta enorme cantidad de dinero, insisto, supuestamente, debe ser destinada a la gestión de fronteras, el refuerzo de la cooperación policial, (incluyendo investigaciones conjuntas), la sensibilización frente a los peligros de la inmigración irregular, así como el fortalecimiento de la cooperación con las agencias de la Unión Europea… Obviamente, ese dinero debería ser utilizado para, entre otros fines (insisto, se supone) la lucha contra las organizaciones criminales que se dedican al tráfico de seres humanos.

A estas cantidades hay que añadir las que con enorme generosida y esplendidez riega el gobierno de España al Reino de Marruecos año tras año, para supuestamente, no suscitar las iras de sus autoridades y calmar sus deseos de anexionarse Ceuta y Melilla…

Contando todos los residentes nacidos fuera de España (con o sin la nacionalidad española), había 7 627 270 extranjeros viviendo en España en 2022, el 15,2% de la población total.​

La inmigración irregular en ese mismo año, 2022, supuso 31.000 entradas en España.​

Más de 11.000 personas, de las cuales 377 niños, murieron en el mar entre 2018 y 2023 cuando intentaban alcanzar las costas españolas.

La persecución étnica, religiosa, racial, política y cultural empuja a las personas a abandonar su país. Un factor importante es la guerra, o (la amenaza de) conflicto y la persecución del gobierno. Los que huyen de conflictos armados, violaciones de derechos humanos o persecución tienen más probabilidades de ser refugiados humanitarios. Esto tendrá un impacto sobre dónde se asientan, ya que algunos países tienen enfoques más tolerantes con los emigrantes que otros. Teóricamente, lo más lógico sería que estas personas se muden al país seguro más cercano que acepte solicitantes de asilo. Pero, cuando hablamos de España (una de las principales, si no la que más, de las puertas de entrada a Europa de emigración irregual, ilegal), no es cierto que quienes acuden sean realmente «refugiados».

Debido a su situación geográfica —apenas a 13 kilómetros del continente africano— y su relación con los países de Iberoamérica, España ha sido tradicionalmente una puerta de entrada para gran número de inmigrantes, tanto legales como ilegales.

Pero ¿qué es exactamente un inmigrante ilegal, irregular o «sin papeles»?

Con este nombre se denomina a todo aquel que accede a un país sin la autorización legal requerida —aunque su destino final pueda ser un tercer país— o que, habiendo entrado legalmente, carezca de la autorización pertinente para permanecer en él. En el caso de España, este tipo de inmigrante suele intentar acceder bien por vía marítima (Mediterráneo o Canarias), o bien por vía terrestre (Ceuta o Melilla).

Ni la peligrosidad del trayecto ni la alta probabilidad de ser devuelto parecen desalentar el deseo de empezar una vida mejor en el Viejo Continente. De hecho, en lo que va de siglo XXI, la llegada irregular de inmigrantes ha aumentado de tal forma que pone en tela de juicio la efectividad de las medidas pactadas por España con Marruecos supuestamente para frenar la entrada masiva de inmigrantes; por el contrario, a la conclusión que se llega es que Marruecos la promueva con la pasividad o complicidad de las autoridades españolas…

Teóricamente, la situación de los inmigrantes que llegan a España u otro país de acogida, no sólo no mejora respecto de las condiciones de vida de sus países de origen, sino que a veces incluso empeora. Cuando una entrada ilegal es detectada, los inmigrantes son esperados en la frontera y a veces devueltos “en caliente”, en España generalemente las deportaciones no existen (incluso cuando esos inmigrantes delinquen de manera sistemática, e incluso cuando incurren en acciones terroristas o son reclutadores de terroristas, la mayoría de ellos islámicos). Aunque la mayoría de los inmigrantes ilegales, en el caso de España, pasan a ser internados en alguno de los centros de Internamiento de extranjeros (CIE). Algunos son devueltos o expulsados y muchos puestos en libertad, quedando así en una situación que ni es legal ni tampoco ilegal, que los conduce en la mayoría de los casos, a intentar sobrevivir durante los tres años siguientes con el fin de conseguir una autorización de residencia por arraigo social.

Otro fenómeno que merece especial atención son los denominados «Menas»

Estamos hablando de los menores extranjeros no acompañados (MENA), cuyo número se ha incrementado al mismo tiempo que ha crecido la inmigración irregular en España. La mayoría de ellos llegan a las costas españolas en pateras, provenientes de Marruecos, Guinea o Argelia, y acaban internados en centros o en familias de acogida. Los que deciden escaparse terminan siendo delincuentes o en redes de explotación laboral, o ejerciendo la prostitución o colaborando con las mafias que se dedican a la trata de personas.

Bueno es tener en cuenta los miles y miles de millones que nos cuestan a los españoles las políticas de «integración» de los inmigrantes. Hablamos de cientos de millones de euros anuales que se reparten entre las comunidades autónomas y las autoridades locales para financiar la acogida, integración y programas educativos. El Fondo de Apoyo a la Acogida e Integración de Inmigrantes fue incluido por primera vez en los Presupuestos Generales del Estado, que para 2006 reservaron de nuevo una dotación de 182,4 millones de euros para ese fin.

Por otro lado, hay que añadir las partidas aprobadas temporalmente -millones, millones y más millones que salen de nuestros impuestos- destinados a la atención sanitaria de los inmigrantes en el momento de llegada a las costas de las Islas Canarias, Andalucía, Ceuta y Melilla, y a su acogida temporal en la península, y además hay que sumar los miles y miles de euros en subvenciones para municipios, mancomunidades de municipios y comarcas para desarrollar programas «innovadores» a favor de la integración.

¿Entienden ahora por qué hay ayuntamientos y gobiernos regionales que se pelean y compiten a ver quién es más «solidario y acogedor» con los inmigrantes como está ocurriendo recientente desde la llegada masiva a las Islas Canarias y su traslado con nocturnidad, premeditación y alevosía a la pen´´insula, todo ello con absoluta opacidad?

Pero el coste de la inmigración no es sólo económico, sino que existe también una dimensión humana: son miles todos los años quienes mueron por ahogamiento en el trayecto desde África a España, aunque considera que, en realidad.

Debemos suponer que, una gran mayoría, si no todos los que llegan a nuestras costas en pateras vienen buscando un futuro mejor, pero tras su llegada a España, quienes no son deportados, o permanecen en algún centro de internamiento y se les suelta por miles, como está ocurriendo en la actualidad, es de suponer que necesitan alojamiento, comida, vestirse, asistencia sanitaria, escolarizar a sus hijos, etc. y todo ellos cuesta dinero, dinero que sale de nuestros impuestos. Evidentemente, muchos de esos inmigrantes ilegales se incorporan a la economía sumergida, a trabajos precarios o delinquen, con todo lo que ello supone de negativo para la economía española… Y, para recochineo los partidos políticos «progresistas» siguen insistiendo en que hay que «abrir más todavía las fronteras»; y los partidos que supuestamente no son «progresistas» para evitar que la izquierda los tilde de xenófobos, racistas y calificativos por el estilo, apenas se atreven a hablar de controlar la inmigración y recurrir a las deportaciones masivas, y más cuando esos inmigrantes delinquen o participan en acciones terroristas o se dedican a reclutar terroristas…

Aunque sea de Pero Grullo, no está de más recordar que todas las naciones, sin excepción, poseen fronteras, igual que cualquier persona tiene en su casa puertas y ventanas, y si hablamos de una nación civilizada, decente, en la que se procura que exista seguridad jurídica, y se cree riqueza, empleo y en definitiva haya prosperidad; la entrada de extranjeros se hace de forma controlada, a ser posible de personas con formación, cualificadas, con contrato en su lugar de origen y a sabiendas de que no tiene intenciones de delinquir en la nación de acogida.

Un buen ejemplo de lo que vengo hablando es Suiza… y ¡Ojo! casi el 30% de la población de Suiza son inmigrantes pero, al parecer allí no existen tantos «asadores de manteca» como en España -en donde hay más de un millón de inmigrantes ilegales, calculando por lo bajo- u otros países europeos.

Es difícil saber cuántos inmigrantes hay en España de manera ilegal, irregular, o como quieran llamarlo, pero los más optimistas hablan de más de un millón de personas…

Claro que, dado que el gobierno no para de importar más y más y soltarlos por doquier, y los ayuntamientos y gobiernos regionales están inscritos en una competición a ver cuál es más acogedor y solidario, para captar más y más subvenciones (a todo ello hay que añadir a las ONGÉS que viven de la «solidaridad», pagada con nuestros impuestos), hay que esperar que la cosa vaya a más y el problema se agudice.

Los enemigos de España son a su vez los solidarios, generosos acogedores de inmigrantes, los partidarios del multiculturalismo, de abrir las fronteras, de acabar con nuestra forma de vida, de nuestras tradiciones, etc. etc.

¿Y qué me dicen de las organizaciones mafiosas que se dedican al tráfico de personas? La semana que viene hablaremos del gobierno, como decían Tip y Coll.