El Gobierno social-comunista (apoyado por separatistas y etarras) de España planteó en 2019 una nueva reforma educativa -la octava en cuarenta años- (1) mediante la redacción y la tramitación del proyecto de ley orgánicaque que lleva el título de «Ley Orgánica de Modificación de la LOE».
El texto indica que los objetivos de esta reforma son:
Reducir el abandono escolar prematuro y mejorar la tasa depoblación que termina la educación obligatoria, incrementar la autonomía de loscentros docentes, intensificar el uso de las tecnologías de la información y lacomunicación, mejorar el aprendizaje de las lenguas extranjeras pero todo ello que pueden ser objetivos loables, a través de un “enfoque” distinto. Todo ello absolutamente falso, pues, nada más lejos de la intencionalidad de la Nueva Ley.
La LOMLOE, como ya hemos dicho, la octava ley, algo impensable en cualquier país democrático, entra en su recta final después de que fuera aprobada en la comisión de Educación del Congreso de los Diputados, el proyecto de ley de la Lomloe, con la pretensión de pasar por encima de la LOMCE (ley del PP) y volver a instaurar la LOE (ley del PSOE).
La ley Celaá deroga la LOMCE, o ley Wert (2), ley que apenas se aplicó y que nació para derogar, en su momento, con un único artículo, la LOE – aprobada cuando gobernaba el socialista José Luís Rodríguez Zapatero-, y aprovecha, la nueva ley, las “ideas” de la anterior ley socialista (LOE) que ha regido en los últimos años. El origen de este funcionamiento es que una de las primeras cosas que realiza el partido que gana las elecciones es cambiar rápidamente la ley que había aplicado el gobierno anterior -pugna PP/PSOE –(3) lo cual nos da idea de que es lo que importa más a los políticos de los diversos partidos, si el futuro de los alumnos españoles o el modificar leyes para conseguir que pocos obtengan un cierto nivel educativo e instruccional, aparte de adoctrinar en la dirección que el partido gobernante considera oportuno…
Aparece la ley como casi todas las demás, sin un consenso político amplio, con 1,5 millones de firmas recogidas en su contra y unos partidos políticos, el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, que ya han anunciado que, si se aprueba, la recurrirán al Tribunal Constitucional por cuestiones como el castellano como lengua vehicular obligatoria, la escuela concertada a la que se ataca descarnadamente, las escuelas de educación diferenciada y las de educación especial que ven peligrar su existencia, también por la puga de la asignatura de Religión ya que en el último momento se aprobó una enmienda presentada por ERC de sustituir la Religión por Cultura de las religiones, en primaria y secundaria y como enseñanza no confesional. Esta reforma, si finalmente se aprueba aplicará el cambio en el curso 2021-2022.
Al margen de estas polémicas, la ley llega para cambiar aspectos fundamentales en las metodologías, el currículum, la evaluación y la docencia en un proyecto muy ambicioso que va a requerir financiación. El compromiso es aumentar el presupuesto en educación hasta el 5% del PIB antes del 2025 (4). Una pregunta que nos planteamos es como se puede aplicar un calendario de aplicación de una nueva ley “ambiciosa” sin un presupuesto que ya se reconoce que no es posible antes de 5 años, lo que en educación significa en la práctica, la pérdida de alguna generación de ciudadanos.
Isabel Celaá, la hasta hace pocas fechas ministra de Educación y Formación Profesional, dice que lo fundamental en esta ley es el “enfoque”(5) que se le da.
Hasta ahora, las leyes de educación se establecían en función de los objetivos que debía cumplir el alumnado en cada una de las etapas, sin importar sus competencias personales, sus capacidades, orígenes y circunstancias socioeconómicas y culturales con las que nacían o crecían.
El trabajo y el esfuerzo personal eran indispensables para superar los retos académicos y prevalecían en una suerte de carrera de obstáculos para todos igual, aunque no partieran del mismo origen, cosa harto difícil.
Este es otro de los problemas de la Ley: no habrá suspensos, se aprueba siempre. No hace falta comprar lotería, siempre toca: sin ningún tipo de esfuerzo personal, es fácil detectar una vuelta a la famosa LOGSE, esa ley, por cierto, también socialista, que marcó el inicio de la pérdida de excelencia de nuestros alumnos y el aumento del abandono y fracaso escolar; en suma, la pérdida de alguna que otra generación.
Señores socialistas, comunistas, separatistas y etarras: no todo vale con la palabra “nuevo enfoque”.
Este planteamiento de la Ley supone para muchas personas una losa y una pérdida como sociedad, ya que ataca al pluralismo educativo con todas las armas ideológicas de una coalición como el PSOE y Unidas Podemos. El riesgo de quedarse fuera del sistema es una realidad tanto para los alumnos con dificultades de aprendizaje como para los hijos de las familias menos favorecidas (por su origen, lengua, bagaje cultural familiar, recursos técnicos…), lo que termina para estos colectivos con altas tasas de abandono escolar, a pesar de que estén escolarizados habrá alumnos que no se implicarán en el trabajo escolar y tendrán menos posibilidades para progresar hacia una educación superior.
La novedad en la ley es “su enfoque” porque pone al niño como principio rector del sistema y responsabiliza a la escuela de que le acompañe en su progreso, encargándole que subsane desigualdades de partida, dando más refuerzo y oportunidades de aprendizaje, las considere en su evaluación y potencie sus competencias al máximo. La administración educativa seguirá la evolución del alumnado con pruebas sistémicas. No hay financiación, no hay refuerzos docentes, no hay mejora de los materiales de nueva generación, en definitiva, todo recae en el profesorado en una época con el COVID-19 en plena campaña de expansión: bajas laborales, falta de profesorado de algunas titulaciones, oposiciones para ampliar el número de profesores en activo, jubilaciones, profesores de secundaria en primaria y a la inversa, captación de profesores de la lista de interinos: hay interinos que llevan en esa lista unos 25 años, oposiciones olvidadas, etc. Seguimos con las falacias: ¿a quién quieren engañar?
Si leen el preámbulo de la nueva ley pueden marearse al ver cómo en cinco líneas se hace una exposición de todas las leyes orgánicas que podríamos llamar «deseducativas»: lo que importa es la ideología, no el alumnado. He pensado muchas veces que en algunas se acertó, pero ¿fue una casualidad? (LGE, LODE)(7)
Otra consideración general es que la LOMLOE introduce cambios sustantivos respecto de las bases sobre las que se ha sustentado hasta ahora el sistema educativo. Estas modificaciones son de carácter completamente dejados al libre albedrío en términos pedagógicos, competenciales y democráticos, y muy especialmente en términos referentes al tratamiento de la lengua, la literatura y la especificidad cultural de las autonomías históricas (Cataluña, Galicia y Euskadi), la Religión, la Evaluación, etc. En este aspecto es curioso que los diputados del PSOE e incluso el mismo Presidente Pedro Sánchez (8) aluden continuamente al artículo 3 de la Constitución española, pero para todos los otros aspectos que ataca la nueva Ley hacen caso omiso del artículo 27 (Libertad de educación) de la misma Constitución.
El texto de la ley excede en el detalle, la concreción y la reglamentación (9), y recoge concreciones propias de un real decreto o una orden de despliegue, por lo que será extremadamente difícil hacer interpretaciones flexibles, adaptar la norma a circunstancias y situaciones cambiantes y ajustarse de manera dinámica y eficaz a circunstancias futuras y situaciones no previstas inicialmente. En este terreno, se observa la posible desaparición en unos pocos años de lo que se ha dado en llamar, incorrectamente, la enseñanza privada concertada, sostenida con fondos públicos: esta es una de las falacias más grande que vive España desde hace 40 años. Pienso que no hace falta decir más, la enseñanza privada concertada existe porque la sostienen las familias con sus aportaciones (55%) y los partidos políticos que han terminado por reconocerlo (principalmente PP y PSOE) no han intentado solucionarlo, sino más bien al contrario: parece que su objetivo sea ahogar la pluralidad de proyectos educativos (10).
Llama poderosamente la atención que uno de los diputados más significados del grupo que comparte gobierno (Unidas podemos) ha enviado una carta indicando que hay demasiada enseñanza concertada y subraya que con un 10% ya hay bastante, apoya esto indicando que en Suecia ese es el porcentaje existente y dice “siendo como los suecos ya estamos bien”. Señor Echenique, ya que de él se trata, ni somos suecos, ni Suecia tienen una historia de la educación como tenemos nosotros. Primero lea y estudie, sepa de qué habla y luego, si lo ha entendido, si quiere, hagamos un debate abierto a toda la comunidad educativa.
Otra consideración general, como ya he dicho, es que la misma naturaleza del proyecto pone de manifiesto la falta de consenso profundo sobre la educación y su papel en la sociedad que caracteriza a España y el “modus operandi” que, ha llevado históricamente a la proliferación de leyes educativas de inspiración fuertemente ideológica.
Las diferentes leyes educativas promulgadas no han conseguido tener el consenso mayoritario de las formaciones políticas ni sociales y, por tanto, la fuerza de las mayorías parlamentarias se emplea para promulgar nuevas leyes que modifican el sistema educativo con el pretexto de reformarlo para mejorar. Esta dinámica es contraproducente y agita periódicamente el sistema educativo que, precisamente necesita trabajar con una clara proyección de futuro y planteamientos a largo plazo.
Si bien hay que mejorar y adaptar algunos aspectos de la normativa básica, no es positivo ni necesario reformar completamente todo el sistema tan a menudo. La ley que propone el Gobierno del Estado no aporta nada bueno en la medida en que no modeliza las soluciones, ni responde a ninguna prospectiva de futuro, ni libera el potencial existente en el sistema educativo. En este sentido, conviene hacer constar que no ha existido un proceso de debate previo a la elaboración de la ley con la participación de la comunidad educativa y los agentes sociales, lo que se ha llevado a término, un falso debate, ha sido totalmente ficticio. Para muestra la que nos han dado los partidos de coalición en el gobierno (PSOE y Unidas Podemos) que incluso han planteado enmiendas para cambiar sus mismas propuestas.
Asimismo, no ha habido un análisis profundo de las causas de la situación actual -sólo de ciertas estadísticas-, ni de los posibles procesos de transformación pedagógica que pueden llevar a resultados mejores. Se aprueba rápidamente una ley que se caracterizará por la ausencia total de diagnósticos precisos y prospectivos sobre el aprendizaje y el llamado fracaso escolar (que se ha reducido en los últimos años gracias a la dedicación del profesorado y no precisamente por acción de los gobiernos) que, se contrapone con la obsesión por mejorar los resultados los estudios comparativos internacionales como PISA, TIMSS, la mejora de la posición de la Administración en los rankings internacionales aparece como el primer objetivo de la ley. Los suspensos no impedirán pasar de curso.
El segundo objetivo, “plantea que para cualquier persona la educación es el medio más adecuado para desarrollar al máximo sus capacidades, construir su personalidad, conformar su propia identidad y configurar su comprensión de la realidad, integrando la dimensión cognoscitiva, la afectiva y la axiológica, para la sociedad es el medio más idóneo para transmitir y, al mismo tiempo, renovar la cultura y el acervo de conocimientos y valores que la sustentan, extraer las máximas posibilidades de sus fuentes de riqueza, fomentar la convivencia democrática y el respeto a las diferencias individuales, promover la solidaridad y evitar la discriminación, con el objetivo fundamental de lograr la necesaria cohesión social”. Después de leer y reflexionar sobre esta exposición de motivos nos podríamos preguntar por qué no formamos al profesorado con lo que les falta: mejora de la tutoría, mayor conocimiento de la educación emocional, más recursos para aplicar en el aula, … en vez de cambiar otra vez todo el sistema.
Hay un considerando, que cambia con respecto a la LOMCE, aunque no todos están de acuerdo, y es lograr la convivencia del castellano, del catalán y de las otras lenguas regionales de España, lo que posibilita la continuidad de los modelos actuales, como la llamada «inmersión lingüística de Cataluña»,… A esto se llega o por convencimiento o por negociación entre partidos, a cambio de …
Nos encontramos con que, se impone una nueva cultura de evaluación orientada a formar y no a sancionar (hace años que este tipo de evaluación no existe en los sistemas educativos desplegados). Se busca el progreso del alumno (“aprobar sin saber”). Por tanto, las repeticiones serán excepcionales y se podrá pasar de curso y de nivel con materias suspendidas, si los docentes, de forma colegiada, consideran que las materias no superadas permiten seguir con éxito el curso siguiente, ¿cómo van a hacerlo si no han superado algo más básico? ¿cómo se hace esto en las condiciones laborales del profesorado y de presupuesto actual, sin refuerzos de ningún tipo? Este “enfoque” ha abierto el debate sobre el riesgo de una bajada académica en todos los órdenes: conocer, hacer, convivir y ser (11).
La etapa 0-3 años es una de las claves tanto para la detección precoz de trastornos como para dotar al niño de contexto socioeconómicos desfavorecidos de conocimientos y hábitos equivalentes a los de un niño de familia media (¿cómo es un niño de familia media?) (12). Cuando una persona nace viene con un temperamento determinado por su factor genético, luego se va formando el carácter con lo que aprende a través de los modelos de su entorno. No sé si es en este punto que a la Ministra socialista, promotora de la ley, se le ocurrió decir “los niños y niñas no son de sus padres”. Las carencias de aprendizajes esenciales en esta etapa, que en familias de contextos culturales medios ya se dan, predice la falta de éxito educativo futuro. Será posible que, si los niños y niñas no son de sus padres, serán del gobierno y los podremos modelar de “familia media”. Sin comentarios.
El proyecto de ley reduce también el currículum, tal y como se entiende actualmente, eliminando aspectos que se consagraban en la LOMCE (13), según describía la Señora Celaá, manteniendo las enseñanzas mínimas en cada etapa y dando un enfoque de aprendizaje por competencias e interdisciplinar,… Al parecer, esta señora no se había percatado del asunto hasta ahora. En Catalunya en el año 2000 ya se planteó este tema en un congreso abierto a un debate libre y abierto a toda la comunidad educativa)(14).
El gobierno de España decidirá acerca del 50% del currículum y las autonomías el restante (los centros también contarán con un porcentaje). En la LOMCE, el porcentaje autonómico con lengua propia era del 45% del horario escolar con lo cual aquí ya encontramos otra condescendencia valorada en un 5%.
La ley Celaá da un plazo de10 años para garantizar una escuela «inclusiva»; las escuelas de educación especial se convertirán en proveedoras de recursos (realmente no sé si estamos diciendo que, o se subvencionan ellos, o que desaparecen).
Se exigirá una formación del profesorado que atienda la atención a la diversidad, la docencia y la aplicación de metodologías pedagógicas más actuales. Los titulados que vayan a ser docentes en centros educativos deberán pasar antes un periodo MIR en una escuela. Todo esto significa dinero que nadie sabe de dónde saldrá.
En centros públicos en los que se imparten varias etapas educativas, los profesores de primaria podrán dar materias a los estudiantes de secundaria y los docentes especialistas de la ESO podrán contribuir en proyectos y prácticas de los de primaria. Me recuerda esto a un “popurrí” cómo el de “ratatouille”. Formemos a los profesores en lo que necesitamos y olvidemos experimentos como en la Edad Media: médicos, cirujanos, sanadores y curanderos. Eso sí, sólo en los públicos, en la concertada, no, ¿por qué?, será que las especialidades no son importantes para alcanzar el concepto de “familia media” en el ámbito de la escuela privada concertada.
Se introducen cambios metodológicos que promueven en todos los centros la atención personalizada, con metodologías activas como el aprendizaje por proyectos. En este sentido, en la ESO se rompe la clasificación de materias de la LOMCE y todas tendrán el mismo nivel jerárquico, pero aparece el Bachillerato de tres años (15). Se fomentará el uso de “ámbitos de conocimiento” que promueve la colaboración de docentes, como el científico matemático (matemáticas, física y biología) y da más libertad a los centros: ¿que entiende el ministerio por “más libertad”? Hablar de libertad una ley que suprime la pluralidad de proyectos educativos no parece ser muy coherente.
Por último y a falta de analizar cómo quedará la ley una vez aprobada decir que se fomentará de manera transversal la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, objetivo marcado siempre pero nunca aplicado en ningún momento. En definitiva, como siempre todo está supeditado a la dedicación personal del profesorado.
En definitiva, la Lomloe es innecesaria y contraproducente en tanto que conlleva un cambio sustancial de las bases psicopedagógicas y los principios sobre los que se sustenta el sistema educativo actual (comprensividad, universalidad y equidad como garantía de igualdad de oportunidades, inclusión, cohesión social y calidad de la educación en un contexto de equidad y pluralidad de proyectos educativos), que introduce parámetros excesivamente ideológicos en el funcionamiento del sistema, que disminuye las competencias educativas de los gobiernos regionales, que no aporta una mayor capacidad económica que ayude a hacer frente a lo que se está proponiendo y que no aporta propuestas con un verdadero potencial de futuro que lleven a conseguir la mejora de la calidad que el título proclama de mejora de la LOE.
Para terminar, después de analizar en profundidad el contenido del proyecto de ley orgánica para la mejora de la loe, se llega a una última conclusión: esta ley no es la que solucionará el problema de la educación en España y más cuando los partidos políticos democráticos representados en el Parlamento español han acordado, a través de un manifiesto firmado por toda la oposición, que en el momento que los partidos en el gobierno (PSOE y Unidas Podemos) pierdan la mayoría de consenso, derogarán la LOMCE.
Antoni Arasanz Mayolas
Miembro del equipo directivo de la «Fundació Acció per l’educació», miembro del «Patronat de l’ESMUC», Escuela Superior de Música de Cataluña, y miembro d’OIDEL (Organización Internacional por el Derecho a la Educación Libre – Ginebra). También ha sido presidente de FAPEL durant 17 años y miembro fundador y vicepresidente de COFAPA (Confederación de Asociaciones de Padres de Alumnos) durante10 años, también fue cofundador del Forum Educación y Cultura, y un largo etc.
(Doctor en Ciencias humanas, sociales y jurídicas)
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