Pues sí, España es un estado corrupto, diseñado en 1978 intencionadamente para promover la corrupción, para que los canallas, gángsteres mafiosos que hacen profesión de la política nos roben con absoluta impunidad.

CARLOS AURELIO CALDITO AUNIÓN

Estoy seguro de que rara es la radio o la televisión que en España no ha abierto hoy sus noticiarios hablando de corrupción, seguro que hoy todos los diarios, sean de papel o digitales, llevan en sus portadas alguna referencia a la corrupción del Gobierno social comunista de Pedro Sánchez… Seguro que también encontrarán ustedes multitud de artículos, «columnas» los llaman también, en multitud de diarios, blogs, etc. en los que se habla del saqueo, del despilfarro, de la cleptocracia ejercida por los secuaces de Pedro Sánchez.

Acabo de leer el artículo de OKdiario, firmado por Janire Manzanas, en el que retoma el informe de la asociación Transparencia Internacional publicado a principios de este año en el que se afirma que España, de 180 países ocupa el puesto número 36 respecto de la «percepción de la corrupción» por parte de sus ciudadanos. Entrecomillo lo de «percepción de la corrupción» porque esto es especialmente importante. Evidentemente suele haber una relación muy grande entre la corrupción real de un país y la percepción que de ella tienen sus ciudadanos, pero no siempre es coincidente pues, depende especialmente del compromiso moral que los ciudadanos tengan, de la decencia, de lo comprensivos, tolerantes, etc. que estos sean, en suma, de lo corrompidos que los ciudadanos estén, o lo dispuestos que estén a dejarse corromper o corromper a otros… En España, si uno hurga un poquito acaba llegando a la conclusión de que son muchos, demasiados los que disculpan la corrupción, los que no tienen ningún reparo en corromperse, los que la disculpan cuando los que participan de la corrupción (corruptores y los que se dejan corromper) «son de los suyos». También están los que consideran que la corrupción es un daño soportable. Y, más todavía, los españoles siguen votando una y otra vez a políticos corruptos y decidiendo que sean ellos los que nos mal gobiernen, claro que, como dice el refrán «sarna con gusto no pica».

Hace ya más de un cuarto de siglo que el Tribunal de Cuentas de España, tras realizar auditorías contables a todos los grupos políticos con representación parlamentaria, a los sindicatos, organizaciones patronales, fundaciones, oenegés de todo pelaje, etc. llegó a la conclusión, y así lo “denunció”, de que todos ellos se habían lucrado durante un largo periodo de manera fraudulenta, de los que entonces se denominaban “cursos de formación ocupacional” (sí, algo parecido al affaire de los “eres” en Andalucía)

Hubo un consenso, generalizado en el Congreso de los Diputados respecto de que aquellas eran prácticas comunes a todos ellos, y sin sonrojarse lo calificaron como cosa atribuible a la “picaresca” característica de la cultura española… Ni que decir tiene que se corrió un tupido velo, y nadie se acabó responsabilizando de nada de lo concerniente a los escandalosos cursos, en los que hasta supuestamente participaba gente que había fallecido…

Hace ya casi una década que también el Tribunal de Cuentas, que para el que no lo sepa hay que advertir que a lo sumo hace de “pepito grillo”, denunció las múltiples irregularidades de lo que el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero denominó el “Plan E”, el mencionado tribunal denunciaba la dilapidación, el despilfarro de miles de millones de euros (7.836 millones) aparte de enésimas “irregularidades” de toda índole. Por supuesto, nadie se hizo responsable de tal desaguisado y –que se sepa- nadie pidió cuentas de tal despropósito.

Y, el Tribunal de Cuentas, de vez en cuando «denuncia» las irregularidades cometidas por las agrupaciones mafiosas denominadas partidos políticos, haciendo mención expresa a su financiación irregular, donaciones ilegales, contabilidad opaca… y un largo etc. pero, nunca pasa nada de nada….

Una de las últimas noticias que hemos tenido del Tribunal que ahora preside una tal Enriqueta Chicano (socialista de la cuerda de Pedro Sánchez), es que eliminó en su ‘Informe de Fiscalización de los contratos de emergencia 2020’ los 748 millones del COVID que el gobierno social comunista dejó sin justificar, de los 1.000 millones de euros que destinó el Ejecutivo para comprar mascarillas, gel hidroalcohólico, kits para pruebas de PCR, equipamiento de protección o guantes en plena pandemia; en aquellos tiempos en los que Pedro Sánchez y demás enemigos de España nos arrestaron en nuestros domicilios, nos mentían con absoluto descaro, cerraron el parlamento y nos robaban pretextando que estaban adquiriendo mascarillas y demás, todo «por nuestro bien»…

Sirvan estas muestras de ejemplo de que los partidos políticos (aunque quizá hay alguna excepción marginal, e insignificante) consideran que el fraude, la malversación de fondos públicos, el robo, la estafa, y tantas tropelías más de las que nos hablan un día sí y el otro también los medios de información, creadores de opinión y manipulación de masas, son “daños soportables”.

“Cuando adviertas que para producir necesitas la autorización de quienes no producen nada; cuando compruebes que el dinero fluye hacia quienes trafican no con bienes sino con favores; cuando percibas que muchos se hacen ricos por el soborno y las influencias más que por el trabajo, y que las leyes no te protegen contra ellos, sino que, por el contrario, son ellos los que están protegidos contra ti; cuando repares que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un sacrificio personal, entonces podrás afirmar sin temor a equivocarte que tu sociedad está condenada.” Ayn Rand.

Esta cita de Ayn Rand me lleva inevitablemente a preguntarme con respecto a España, y más después de las últimas detenciones de destacados miembros del partido gobernante (el PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL, por si alguien aún no se ha enterado):

¿Acabarán algún día las detenciones de políticos de los dos partidos que se han alternado en el poder en España en los últimos cincuenta años? ¿Es España un país especialmente corrupto; tenemos los gobernantes que nos merecemos, son todos los políticos unos golfos… acaso hemos cometido algún pecado por el que tengamos que purgar, o tal vez nuestros ancestros?

 Y tú, y tú, y tú, cualquiera que lea estas líneas: ¿Qué haces o estás dispuesto a hacer contra la corrupción?

Porque, no nos engañemos, para que haya corrupción, aparte de políticos corruptos es imprescindible que también haya una gran mayoría de personas, de ciudadanos, que los apoyen, siendo por tanto sus cómplices (votando y volviendo a votar una y otra vez a los partidos corruptos) o convirtiéndose en estómagos agradecidos, paniaguados, miembros de la red clientelar de esos mismos políticos corruptos, de los que reciben en mayor o menor medida trato de favor, subvenciones, regalías diversas, concesiones de subsidios, y un largo etc.

Y me dirá más de uno que en España el que no se corrompe no es porque no lo desee sino porque aún no ha encontrado el modo de hacerlo; y que estamos poco más o menos que obligados a resignarnos a la terrible situación de robo, cohecho, despilfarro, prevaricación, nepotismo, arbitrariedad generalizada, despilfarro, y un largo etc. por parte de los oligarcas y caciques que parasitan a nuestra costa, por los siglos de los siglos, como si alguien especialmente poderoso nos hubiera echado una maldición, o algo parecido.

Pues NO, somos muchos los que consideramos que el parasitismo en España no es un daño soportable, y menos un mal menor, y que España tiene remedio.

Inevitablemente, una vez más acudo a Joaquín Costa y su idea de que para regenerar España es necesario un “cirujano de hierro”, o mejor dicho una intervención quirúrgica urgente, una terapia de choque que corte de raíz todos los males que nos aquejan. Y me dirá más de uno que ¿Eso cómo se hace? Pues, muy sencillo:

Empezando por aplicar el principio de “mínima intervención”, promoviendo la máxima neutralidad de la Administración en todos sus ámbitos, local, provincial, regional, nacional; generalizando la idea de que el mejor gobierno es la mínima expresión del mismo, que se limite a perseguir las diversas formas de delincuencia, proteger a los ciudadanos de posibles agresiones del exterior, proteger la propiedad privada, la libre iniciativa privada, siempre que no implique atentar contra la integridad de otros, o intentar abusar, o intentar esclavizar… y por supuesto, vigilar para que se cumplan los pactos y contratos entre particulares. Y evidentemente la supresión completa de todo tipo de subvenciones, incluyendo a las organizaciones sindicales, patronales y partidos políticos.

Hay que arrebatarles el poder a los caciques locales, provinciales, regionales… y a los oligarcas nacionales. Es imprescindible, si se quiere erradicar la corrupción, el parasitismo (algunos los llaman “élites extractivas”) recuperar el estado unitario, desmantelar el “estado de las autonomías”, y que el gobierno central recupere todas las competencias, empezando por las de Justicia, Sanidad y Educación, que el sobrevalorado José María Aznar traspasó a los gobiernos regionales.

También es imprescindible reformar la actual ley de “régimen local” para que los alcaldes y concejales dejen de tener la capacidad de decisión que tienen en la actualidad, y particularmente lo que respecta a intervenir en el mercado inmobiliario, recalificando terrenos, aprovechando ellos y sus allegados y testaferros la información privilegiada que les da el ser alcaldes y concejales; e igualmente, es necesario desposeer a las corporaciones locales de su capacidad de contratar bienes y servicios con la arbitrariedad que actualmente lo hacen, evitando por todos los medios que favorezcan a empresarios amigos, e incluso creen empresas ad hoc, en la idea de que los ayuntamientos son su cortijo particular y que lo de menos es el interés de los administrados.

Ni que decir tiene que, si se quiere acabar con el parasitismo, con la terrible corrupción, es también urgente crear una sola oficina de contratación de bienes y servicios, además de recuperar la unidad de mercado, eliminando toda la legislación de las diversas taifas, que en lugar de favorecer la libre empresa y el libre comercio, para lo único que sirve es para expoliar a los ciudadanos que realmente emprenden, producen y crean riqueza y por lo tanto empleo (esa es otra, ya es hora de que los españoles cambien el “chip” y se den cuenta de que los gobiernos no crean empleo ni riqueza sino la iniciativa privada).

Por supuesto, me dirá más de uno que la corrupción existe en España porque no hay mecanismos que disuadan a la gente de corromperse y no se persigue ni castiga a los corruptos.

Así es, sin duda alguna. Es por ello que desde hace años vengo reclamando (como muchos) que se instaure en España una estricta separación de poderes y que la administración de justicia sea independiente de lobbies y de partidos políticos que, actúe de forma rápida y con contundencia, sin arbitrariedad.

Es por ello que desde hace mucho tiempo somos muchos los que consideramos imprescindible eliminar la posibilidad de que los gobiernos concedan indultos a personas condenadas por corrupción. Quienes estén tentados de corromperse deben saber que no van a tener ninguna posibilidad futura de ser perdonados e indultados.

También somos legión los españoles que exigimos que se reduzca el número de aforados a su mínima expresión (ningún país en Europa tiene tantos aforados como España), y disminuyan también, las situaciones de aforamiento, limitándolo exclusivamente a las actividades y actuaciones relacionadas con el ejercicio del cargo público.

Es, también, inaplazable la aprobación de una Ley de protección a los denunciantes, de manera que los ciudadanos se sientan protegidos legalmente cuando sepan de hechos delictivos, y deseen presentar denuncias por corrupción.

El Parlamento Europeo aprobó la Directiva de la UE sobre la protección a denunciantes de la legislación de la Unión el 16 de abril de 2019. La directiva entró en vigor el 16 de diciembre de 2019. Los Estados miembros de la UE están obligados a incorporar estas regulaciones dentro de los dos años posteriores a la publicación de la directiva en sus respectivas leyes nacionales. En España, el gobierno social comunista de Pedro Sánchez, apoyado por terroristas y separatistas, al parecer no quiere saber nada del asunto… y no ha promovido ninguna norma legar para evitar represalias contra los ciudadanos denunciantes de corrupción y tampoco para asegurar la confidencialidad en las denuncias y proteger la identidad del denunciante…

Igualmente, es imprescindible regular los Lobbies: Es necesario que se legisle sobre los lobbies, se les exija transparencia, y se creen Registros de grupos de interés en las distintas instituciones públicas y asambleas parlamentarias.
También es necesario el cumplimiento de la normativa legal sobre publicidad de contratos de obras y compra de bienes y servicios, por parta de las diversas administraciones.

También es imprescindible reformar la actual ley de “régimen local” para que los alcaldes y concejales dejen de tener la enorme capacidad de decisión que poseen en la actualidad, y particularmente lo que respecta a intervenir en el mercado inmobiliario, recalificando terrenos, aprovechando ellos y sus allegados y testaferros la información privilegiada que les da el ser alcaldes y concejales; e igualmente, es necesario desposeer a las corporaciones locales de su capacidad de contratar bienes y servicios con la arbitrariedad que actualmente lo hacen, evitando por todos los medios que favorezcan a empresarios amigos, e incluso creen empresas ad hoc en la idea de que los ayuntamientos son su cortijo particular y que lo de menos es el interés de los administrados.
Es de urgencia extrema legislar acerca de la responsabilidad de los funcionarios y de los cargos electos en las diversas administraciones, y reinstaurar “los juicios de residencia”:

Aunque ya lo haya hecho en otras ocasiones, no está de más volver a hablar del juicio de residencia una institución propia del derecho castellano, aunque hay quienes opinan que su origen estaba en el derecho romano tardío, fue introducido por Alfonso X el Sabio en las Partidas.

Era un procedimiento judicial mediante el cual funcionarios de cierto rango (Virreyes, Presidentes de Audiencia, alcaldes y alguaciles) eran juzgados por su actuación en sus funciones de gobierno, tratando de ese modo de minimizar y evitar posibles abusos y corruptelas en el uso de su poder. Dicho proceso se realizaba al finalizar su mandato, al acabar el ejercicio de su cargo y era ejecutado normalmente por la persona que le iba a sustituir.

En el “Juicio de Residencia” se analizaba detenidamente con pruebas documentales y entrevistas a testigos el grado de cumplimiento de las órdenes reales y su labor al frente del gobierno. La investigación y la labor de recabar pruebas e información las realizaba un juez elegido por el rey en el mismo lugar encargado de reunir todos los documentos y de realizar las entrevistas.
La “residencia”, que es como acabó llamándose para abreviar, era todo un evento público que se pregonaba a los cuatro vientos para que toda la comunidad participase y tuviese conocimiento del mismo. Estaba compuesto por dos fases: una secreta y otra pública. En la fase secreta el juez interrogaba de forma confidencial a gran número de testigos para que declararan sobre la conducta y actuación de los funcionarios juzgados, y examinaba también los documentos de gobierno. Con toda esta información el magistrado redactaba los posibles cargos contra los residenciados. En la segunda fase, la pública, los vecinos interesados eran libres de presentar todo tipo de querellas y demandas contra los funcionarios y estos debían proceder a defenderse de todos los cargos que se hubiesen presentado en ambas fases del proceso.
Posteriormente, el juez redactaba la sentencia, dictaba las penas y las costas y toda la documentación del proceso era remitida al Consejo de Indias, o a la Audiencia correspondiente para su aprobación. Las penas a los que se castigaba a los enjuiciados eran multas económicas que llevaban aparejadas la inhabilitación temporal o perpetua en el ejercicio de cargo público.
Los juicios de residencia funcionaron hasta que fueron derogados por las Cortes de Cádiz de 1812. Es muy sorprendente que fueran los liberales los que eliminaron una herramienta tan potente para el control de las corruptelas y abusos políticos de los gobernantes…

España necesita reformas, profundos cambios; y los cambios no vendrán con más estado, más políticas socialdemócratas, más políticas intervencionistas, más burocracia, más despilfarro  -pese a que una gran mayoría de los españoles todavía así lo piense-; no vendrán con una legislación y con formas de gobierno que espantan las inversiones, en lugar de recibirlas con los brazos abiertos, con una legislación y una forma de gobierno que no fomenta la apertura al comercio exterior, los cambios que España necesita con urgencia extrema no vendrán con leyes y formas de gobierno que distorsionan la realidad, que distorsionan las estadísticas para engañar a los españoles.

Y más de uno se preguntará, me preguntará: ¿Alguien está dispuesto a cambiar la organización territorial del Estado, o a profundizar en el sistema de democracia liberal con estricta separación de poderes, o a meterle mano al sector energético, o hacer una reforma laboral medianamente decente, o promover un nuevo sistema de pensiones, o eliminar los privilegios de los colegios profesionales, o eliminar trabas burocráticas inútiles, o promover la innovación y el crecimiento empresarial en lugar de seguir subvencionando estúpidamente a las dichosas PYMES?

Pues, “eso”.

Para saber más recomiendo la lectura de mi libro «ESPAÑA SAQUEADA: POR QUÉ Y CÓMO HEMOS LLEGADO HASTA AQUÍ… Y FORMA DE REMEDIARLO».