Rearme, contratos opacos y colapso institucional: la arbitrariedad, el cesarismo, el autoritarismo de Pedro Sánchez sin control parlamentario y la inanidad de la supuesta oposición…

CAROLUS AURELIUS CALIDUS UNIONIS

Mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reparte miles de millones de euros en contratos militares, compra balas a Israel en plena guerra de Gaza, y negocia en la sombra con separatistas y filoetarras, España sigue sin presupuestos. Pero esto no es solo un problema técnico: es la cristalización de un vaciamiento constitucional, de una gobernanza paralela sin control ni rendición de cuentas, sostenida por una amalgama de intereses cruzados, impunidad y complicidades internacionales.

En la España gobernada por Pedro Sánchez, se acumulan las sombras sobre la legalidad, la transparencia y la coherencia estratégica en materia de defensa, mientras se perpetúa un incumplimiento constitucional flagrante: la ausencia de un proyecto de presupuestos generales del Estado, acompañado de un plan de acción claro, temporalizado, con previsiones concretas de ingresos y gastos, de medios materiales y humanos, de mecanismos de ejecución, supervisión y rendición de cuentas. Esta parálisis planificada, en medio de una actividad frenética en la adjudicación de contratos opacos y giros geoestratégicos, da pie a una de las etapas más oscuras de la gestión pública en democracia.

El 23 de abril de 2025, varios medios informaron de una inyección urgente de 10.500 millones de euros en gasto de defensa aprobada por el gobierno, tras reuniones mantenidas por altos cargos de la empresa Escribano Mechanical and Engineering con Moncloa. La operación, que no formó parte de ningún plan presupuestario previamente aprobado ni debatido, se produjo tras el fiasco de la compra de blindados a Santa Bárbara Sistemas y con el pretexto de cubrir necesidades urgentes de modernización del Ejército y reconstrucción de infraestructuras tras la DANA, la gota fría ocurrida en Valencia en octubre del año pasado (y de la cual al parecer muchos no desean acordarse) que causó 227 muertos… (Tampoco hay que olvidar que las siguientes provincias españolas también se vieron afectadas: Albacete, Murcia, Cuenca, Málaga, Granada, Sevilla, Huelva, Cádiz, Zaragoza, Teruel, Almería, Castellón, Barcelona, Tarragona y Gerona). Pues bien, este movimiento reactivó contratos privilegiados con empresas del sector militar sin una hoja de ruta detallada, sin auditoría pública previa ni mecanismos efectivos de rendición de cuentas.

Simultáneamente, el Ministerio del Interior suscribía contratos con empresas israelíes para adquirir un programa policial de vigilancia predictiva, en plena polémica por la falta de munición en la Guardia Civil. La indignación de sus socios de gobierno —Sumar e Izquierda Unida— llevó a Pedro Sánchez a ordenar la revisión urgente del contrato, buscando calmar las aguas de la coalición. Sin embargo, apenas días después, Interior adjudicaba otro contrato a la misma empresa israelí, esta vez argumentando que se trataba de material de protección. La incoherencia en la toma de decisiones, basada en impulsos coyunturales y no en principios programáticos, ha llegado a niveles alarmantes.

El descontrol se agrava con un hecho que debería haber provocado una crisis institucional: el ocultamiento deliberado del plan de defensa a la oposición durante las negociaciones del decreto antiaranceles. El Ejecutivo negoció con el PP sin compartir con este la información crucial sobre los cambios en defensa, lo que evidencia un desprecio sistemático por el principio de lealtad institucional.

A esta gestión opaca y zigzagueante se suma una violación continuada del derecho a la transparencia, denunciada por la Fundación Hay Derecho, que alerta del «incumplimiento grave y manifiesto» de las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Este organismo, marginado de facto por el gobierno, se ha visto impotente ante la negativa sistemática a facilitar datos básicos sobre contratos, gasto público y adjudicaciones.

Pero el problema estructural más profundo es otro: el gobierno de Pedro Sánchez, sostenido por una amalgama de fuerzas socialistas, comunistas, separatistas y herederos políticos de ETA, incumple su obligación constitucional de presentar unos presupuestos generales del Estado. Esta omisión no es técnica ni accidental, sino política y deliberada. Carecer de presupuestos supone gobernar por decreto, sin control parlamentario efectivo, y permite una gestión arbitraria del dinero público. La falta de objetivos definidos, previsiones de ingresos y gastos, procedimientos de ejecución y mecanismos de fiscalización ha abierto la puerta al despilfarro, al clientelismo, a los sobrecostes en contrataciones y a la más absoluta impunidad.

Mientras tanto, la supuesta oposición ni denuncia con contundencia esta deriva ni exige responsabilidades. O bien no posee las entendederas suficientes para comprender la gravedad institucional del momento, o bien prefiere mirar hacia otro lado, tal vez por cálculo electoral, tal vez por cobardía. En todo caso, su inacción equivale a complicidad.

Y la pregunta que muchos se hacen empieza a sonar cada vez con más fuerza: ¿qué saben los «aliados» internos —separatistas, comunistas, filoetarras— y externos —como Marruecos o Israel— de Pedro Sánchez que éste desea evitar a toda costa que se haga público? ¿Por qué tantas cesiones, rectificaciones, zigzagueos y contratos opacos? ¿Qué clase de información sensible o chantaje político gravita sobre la figura del presidente del gobierno?

Dentro de las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia españoles empieza a percibirse un malestar profundo, silencioso pero extendido, ante la continua erosión institucional, el desprecio por los principios estratégicos y la volatilidad de las decisiones. Del mismo modo, los aliados europeos y occidentales observan con creciente recelo los constantes cambios de rumbo, la falta de seriedad, las contradicciones y, en ocasiones, las verdaderas traiciones a compromisos internacionales previamente asumidos.

La situación no es simplemente la de un gobierno sin presupuestos. Es la de un régimen en proceso de mutación: de un sistema parlamentario basado en el equilibrio de poderes, a una estructura de poder personalista, sostenida en pactos opacos, propaganda y represión selectiva del disenso. No hay plan, no hay rumbo, no hay control. Hay, en cambio, un uso arbitrario del poder, una captura institucional sin precedentes y una degradación continua de la vida pública.

Y lo peor de todo es que, mientras tanto, los enemigos de España —internos y externos— gozan de total impunidad.

Gobierno sin presupuesto, Estado sin dirección

La Constitución Española, en su artículo 134, obliga al Gobierno a presentar anualmente un proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, que contenga «la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal» y que permita al Parlamento controlar, supervisar y aprobar la política económica del Ejecutivo. Pedro Sánchez, sin embargo, no ha presentado dicho proyecto, lo que supone no solo una anomalía administrativa, sino una violación flagrante del marco constitucional.

Esto implica que España atraviesa un periodo prolongado sin previsión de ingresos y gastos, sin objetivos claros, sin asignaciones concretas por programas ni temporalización de acciones públicas, lo que imposibilita evaluar la eficiencia del gasto y compromete la estabilidad macroeconómica y la credibilidad fiscal. Es decir, el Gobierno gasta a discreción, sin responder ante el Parlamento y sin someterse a un marco normativo transparente. No se trata solo de una negligencia: es una forma deliberada de gobernar al margen del control democrático.

Este incumplimiento no es menor: implica la ausencia de un plan de acción estatal, sin objetivos temporalizados, sin previsión concreta de recursos humanos ni materiales, sin procedimientos claros para la ejecución, y lo que es más grave, sin mecanismos de rendición de cuentas ni supervisión del gasto. En este contexto, proliferan el despilfarro, los sobrecostes en la contratación de obra pública y bienes y servicios, y un deterioro acelerado del principio de legalidad.

10.500 millones en defensa: gasto sin control

En medio de este vacío presupuestario, el Gobierno ha aprobado una inyección de 10.500 millones de euros en gasto de defensa, supuestamente para cumplir compromisos con la OTAN y acometer modernizaciones. Pero esta decisión se ha tomado sin debate público, sin exposición parlamentaria, y sin hoja de ruta clara. Informaciones revelan que este movimiento se produce tras reuniones entre representantes de contratistas (de Escribano Mechanical & Engineering, proveedor de Defensa con conexiones privilegiadas) y Moncloa, reforzando las sospechas de trato de favor y captura del regulador por parte de contratistas del Estado.

La falta de presupuestos y de mecanismos de supervisión permiten que estos fondos se asignen sin las salvaguardas ordinarias de control, facilitando sobrecostes, desviaciones, fraccionamiento de contratos, contrataciones de emergencia sin concurso, y otras prácticas propias de un sistema opaco y clientelar. A esto se suma la falta de evaluación independiente del retorno de estos contratos en términos de seguridad nacional, innovación tecnológica o empleo.

Balas israelíes, crisis política e hipocresía internacional

Añadiendo más tensión, el Gobierno adjudicó un contrato millonario para la compra de munición de origen israelí en plena guerra de Gaza, provocando una tormenta interna entre sus socios estalinistas (sumar, IU, podemos…). Pese a que Pedro Sánchez prometió «congelar» las exportaciones de armas a Israel, el Ministerio de Comercio admite que entre junio de 2023 y diciembre de 2024 se aprobaron ventas por 50 millones de euros, justificadas con el pretexto de “reparación”. Este doble juego revela una estrategia diplomática basada en la ambigüedad cínica, que intenta satisfacer a sectores ideológicamente antagónicos pues, por un lado intenta satisfacer a los sectores más antiisraelíes del Gobierno y por otro mantiene acuerdos opacos de colaboración con el Estado hebreo, probablemente ligados al intercambio de inteligencia, tecnologías de control de masas, y apoyo geoestratégico mutuo.

Y cuando la polémica por la munición ha acabado estallando, Sánchez ha optado por una rectificación improvisada, ordenando rescindir el contrato (con riesgo de verse obligado a una indemnización millonaria), solo para evitar una ruptura de gobierno. En paralelo, otro contrato con la misma empresa israelí se justificaba como adquisición de «material de protección». Este patrón errático de decisión, mezcla de improvisación, opacidad y servilismo a intereses contradictorios, ha erosionado gravemente la confianza institucional.

Pactos secretos y cesiones encubiertas

La pregunta es inevitable:

¿Qué saben Marruecos, Israel, sus servicios secretos, o los separatistas catalanes y vascos sobre Pedro Sánchez que éste teme que se haga público?

¿Qué información o compromisos tienen los «aliados» internos y externos de Pedro Sánchez que lo fuerzan a actuar de forma tan errática, a veces rayana en la traición de intereses nacionales? La entrega del Sáhara a Marruecos sin consulta ni debate parlamentario, el perdón fiscal a Cataluña, la entrega del poder judicial a exigencias de Bildu y ERC, o la absoluta falta de transparencia en sus tratos internacionales sugieren que Sánchez opera bajo pactos secretos cuya revelación sería catastrófica para su figura política.

Lo más inquietante es que esta descomposición del principio de legalidad, unida a la erosión institucional sistemática, no está siendo fiscalizada eficazmente ni por la oposición ni por los órganos de control. El Tribunal de Cuentas no tiene recursos, el Consejo de Transparencia ha sido desacreditado por el propio Gobierno, y el Congreso, en manos de una mayoría servil, ha perdido su capacidad de control.

Descontento en las Fuerzas Armadas y servicios de inteligencia

La descomposición del principio de legalidad ha encendido alarmas en las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia, que observan con creciente preocupación e inquietud la falta de previsión estratégica, el desprecio por la seguridad jurídica y el debilitamiento del Estado, así como la subordinación a intereses contrarios a la unidad nacional. El personal militar ve cómo se les exige lealtad institucional mientras el Ejecutivo reparte contratos a dedo, negocia con grupos antisistema y genera inseguridad jurídica sobre sus propias funciones.

También hay algo más que sospechas de malestar profundo y creciente también entre los aliados europeos y atlánticos, cada vez más desconcertados por los giros erráticos, las promesas incumplidas y las traiciones diplomáticas del Ejecutivo español… los aliados europeos y atlánticos (Francia, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido) muestran desconfianza creciente hacia España, tanto por la política exterior errática como por la falta de cumplimiento de compromisos estratégicos y presupuestarios. Las «rectificaciones» permanentes, los giros de 180 grados y la debilidad estructural de un Ejecutivo sostenido por partidos abiertamente antiespañoles debilitan la credibilidad exterior del país.

Oposición: entre la torpeza y la complicidad

¿Oposición? ¿Qué oposición?

Ante todo esto, la reacción de la oposición ha sido, en el mejor de los casos, tibia. Ni el Partido Popular ni VOX u otros grupos políticos han logrado articular un discurso de denuncia estructural del modelo de poder sanchista. Parecen más preocupados por no molestar a los actores internacionales o por mantener una oposición gestual que por asumir el riesgo de una impugnación frontal del régimen de opacidad, cesarismo y deterioro constitucional que impera en España… La supuesta oposición parece vivir en una dimensión paralela; y, de veras que hay veces que la conclusión es que existe una connivencia interesada.

Mientras tanto, los enemigos declarados del orden constitucional gobiernan con impunidad absoluta, blindados por la debilidad institucional, la propaganda y la inacción de quienes deberían fiscalizar.

España un estado «suspendido constitucionalmente» que está siendo vaciado…

España no está gobernada: está gestionada por un entramado de intereses opacos, liderado por un presidente dispuesto a todo para mantenerse en el poder, incluso a vaciar de contenido la propia democracia y el estado de derecho. Sin presupuestos, sin control parlamentario, con contratos opacos y cesiones a actores que odian el marco constitucional, el Estado se encuentra en suspensión constitucional.

Lo que vive España no es solo una crisis política. Es un proceso de vaciamiento del Estado de Derecho, de destrucción deliberada de los mecanismos constitucionales de control y de entrega de la soberanía a una red de intereses cruzados e inconfesables. Pedro Sánchez gobierna sin presupuestos, sin control parlamentario, con contratos opacos y bajo la protección de grupos que odian el marco constitucional de 1978. Y lo hace con absoluta impunidad, sin resistencia eficaz, ni dentro ni fuera del Congreso.

La pregunta, por tanto, no es ya si resistirá el Gobierno. La verdadera pregunta es: ¿resistirá el Estado esta forma de gobierno? ¿O estamos ya ante un Estado intervenido desde dentro (por asociaciones criminales, mafiosas, lobbies que buscan intereses particulares frente al bien común, al interés colectivo de los españoles), desmantelado pieza a pieza, sin más principio rector que el poder por el poder?

La cuestión no es si caerá el Gobierno, sino si la estructura del Estado sobrevivirá a este modo de gobernar. Y si no lo hace, la responsabilidad será compartida por todos aquellos que, pudiendo denunciarlo, optaron por callar, contemporizar o beneficiarse del silencio.

Calidad Democrática y Percepción Ciudadana

Cada día que pasa existe una mayor desafección entre la población. Estudios recientes de opinión revelan que el 71.9% de los ciudadanos tiene una percepción negativa sobre el funcionamiento del sistema democrático, y uno de cada cuatro jóvenes varones considera que, en ciertas circunstancias, el autoritarismo es preferible a la democracia .​

Crisis de Representación y Desconfianza en las Instituciones

Desafección Política: Casi la mitad de los ciudadanos no se siente representada por ningún partido político, y solo una décima parte cree que los políticos se preocupan por la gente. Esta crisis de representación afecta especialmente a las clases bajas, menos educadas, desempleados, amas de casa y jóvenes .

Situación Económica y Riesgo de Quiebra

Déficit Estructural: Desde 2008, España no ha logrado cerrar un ejercicio fiscal con superávit. A pesar de los récords conseguidos en recaudación fiscal, nuestro país persiste en una senda de endeudamiento que amenaza con llevar a una bancarrota, afectando a las generaciones futuras.

Erosión Institucional y Polarización Política

Desgaste Institucional: A pesar de los avances realizados en España desde la muerte del General Franco hasta la actualidad, actualmente se observa un desgaste institucional marcado por la polarización política, el desprestigio de las instituciones y la falta de consenso .

About Author