En la España actual, en la que existe un clamor cada vez más extendido de que hay que emprender con urgencia extrema una profunda regeneración, cada vez estamos más necesitados de una terapia de choque, de unos “cirujanos de hierro” (tal cual nos recomendaba también Joaquín Costa en «Oligarquía y caciquismo: Como la forma actual de gobierno en España: urgencia y modo de cambiarla», hace ya más de un siglo) que pongan en funcionamiento un sistema político cuya idea fundamental sea la “desconfianza”, sí aunque suene provocador, o políticamente incorrecto en la era del consenso, del “yo quiero tener un millón de amigos”; esa es la idea-fuerza que inspiró a Juan de Mariana, Montesquieu, Locke y quienes hace varios siglos hablaron de la necesidad de implantar un régimen con estricta separación de los tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial.
Claro que no podemos olvidar que la propuesta de la división de poderes atenta contra uno de los principios básicos y elementales de la política: el poder político no tiende a dividirse y, en caso de resultar dividido, acabará intentando permanentemente y por todos los medios su reunificación. El poder político no es proclive a dividirse por la sencilla razón de que, quienes lo ostentan (o detentan, mejor dicho) no tienen intención de compartirlo de forma voluntaria. El poder político siempre tiende a concentrarse. Esto es así tanto en la economía como en todos los ámbitos del Estado. Quienes logran “conquistarlo”, proceden a consolidarlo y posteriormente a “expandirlo”. Quienes transitoriamente lo pierden, intentan recuperarlo a toda costa; pero nadie en su sano juicio lo comparte, o lo cede, a menos que esté inevitablemente forzado a hacerlo.
El único propósito, el correcto, de un gobierno –aunque pueda parecer una perogrullada recordarlo- debe ser hacer que los ciudadanos puedan vivir en sociedad, protegiendo los beneficios y combatiendo los males que puedan causarse entre sí.
En España el Gobierno en lugar de ser un protector de los derechos de las personas, se ha convertido en su más peligroso violador; en lugar de defender la libertad, está estableciendo la esclavitud; en lugar de proteger a los ciudadanos de aquellos que inician el uso de cualquier clase de violencia es él quien lo hace, y aplica la coerción de cualquier manera y en cualquier cuestión que se le antoje; en lugar de servir como un instrumento de imparcialidad en las relaciones humanas, suscita inseguridad, incertidumbre y miedo mediante leyes no objetivas, cuya interpretación está supeditada a la decisión arbitraria de burócratas circunstanciales. En lugar de proteger a los ciudadanos de los daños que puedan experimentar, debido a conductas caprichosas, el Gobierno es quien se arroga el poder de hacer valer sus caprichos sin límites, de manera que nos estamos acercando rápidamente a la etapa de la inversión final: el estadio donde los miembros del gobierno se hallan en libertad de hacer lo que les plazca, mientras que los ciudadanos sólo pueden actuar si el Gobierno les da permiso…
Una estricta y real separación de los poderes del Estado, debe guiarse por una “filosofía” basada en la desconfianza, una «filosofía» en la que subyazca la idea de que a los gobernantes, legisladores y jueces hay que aplicarles sistemáticamente la presunción de culpabilidad y respecto de los que se han de crear contrapoderes, mecanismos de control, de contención, que les impidan violar de manera sistemática los derechos de las personas; pues la voluntad de poder es una cosa especialmente tentadora… Todo ello es lo contrario de lo que vivimos, mejor dicho, sufrimos en España.
Para saber más sobre todo ello, los invito a escuchar, con suma atención, la entrevista realiazada a Santiago Álvarez Barón de «JUSTICIA INDEPENDIENTE».
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