Si yo fuera el Rey, Felipe VI…

CARLOS AURELIO CALDITO AUNIÓN.

Si yo fuera el Rey, Felipe VI, reinaría, ejercería de Jefe del Estado y haría uso de la prerrogativa que le conceden a Su Majestad la Constitución Española de 1978, para iniciar un «casting» y proponer posteriormente al Congreso de los Diputados a la persona que considerara más capacitada, más idónea para presidir el Consejo de Ministros durante la legislatura que echa a andar el próximo 17 de agosto, cuando se constituya el Congreso y los nuevos diputados tomen posesión de sus cargos.

Si yo fuera el Rey, Felipe VI, haría uso de la competencia que le otorga a Su Majestad la Constitución Española de 1978 y llevaría a cabo cuantas rondas de entrevistas considerara necesarias, sin prisas, de manera que tuviera la oportunidad de elegir bien, tras examinar minuciosamente a los posibles candidatos a presidir el nuevo Gobierno de España.

Si yo fuera el Rey, Felipe VI, me tomaría las cosas con calma, pese a las prisas de los capos de los diversos partidos, y pediría asesoramiento a quienes más experiencia exitosa poseen en la gestión de dineros ajenos, a personas emprendedoras como el dueño de Zara, Amancio Ortega; o como el dueño de Mercadona, Juan Roig, o como el denostado presidente de Ferrovial, Rafael del Pino… También trataría de averiguar quién es el mejor y más experto administrador de fincas en España (supongo que no debe de ser muy difícil de averiguar), para recibir también asesoramiento; pues la gestión de lo público no deja de ser al fin y al cabo la gestión de una macro comunidad de propietarios y vecinos, el mantenimiento de los elementos comunes, de equipamientos e instalaciones, contratación de obras y de bienes y servicios que, si se lleva de forma racional tiene que resultar lo menos gravosa para los comuneros, al mismo tiempo que reciben magníficas prestaciones que les compensen las aportaciones dinerarias que realizan periódicamente ¿Para qué si no se supone que sirven los impuestos?

Si yo fuera el Rey de España, Felipe VI, procuraría que el candidato a presidir el Consejo de Ministros tuviera claro que el nuevo gobierno debe darle prioridad a la persecución de la delincuencia, a procurar que se cumplan los pactos entre particulares, a defendernos de posibles agresiones del exterior, y a impedir cualquier clase de intento de ruptura de la Unidad de España.

Si yo fuera el Rey de España, Felipe VI, buscaría a un candidato a presidir el Gobierno de España que también le diera prioridad a la lucha contra la corrupción y una de sus primeras iniciativas fuera legislar acerca de la responsabilidad de los cargos electos y de los funcionarios, estableciendo procedimientos, instrumentos disuasorios para quienes estén tentados de corromperse y para perseguir y castigar a los corruptos; y ello debería ir acompañado de la reinstauración del «juicio de residencia», del cual se hablará más abajo…

Si yo fuera el Rey de España, Felipe VI, propondría al Congreso de los Diputados a una persona decente para que sus miembros le dieran su confianza, que tuviera claro que España debe recuperar la seguridad jurídica, la separación de poderes y que las acciones de los tribunales como las del resto de la administración pública sean previsibles y se atengan a la Constitución y a las leyes. Y, por supuesto, el nuevo presidente habría de comprometerse en un plazo concreto de tiempo en acabar con los aforamientos y el trato de favor que recibe una gran mayoría de cargos electos…

Pues, como vengo diciendo, si yo fuera el Rey de España, Felipe VI, me rodearía de quienes pudiera conseguir un buen asesoramiento y propondría, tras todas las entrevistas que fueran necesarias, al mejor candidato, a ser posible independiente, que no fuera ni diputado ni miembro de ningún partido político… Esto supondría entrar en confrontación, generar un conflicto con los partidos políticos con representación en el parlamento y demás instituciones, e incluso algarabías, disturbios y un largo etc. de posibles circunstancias no deseables. Pero España dispone de instituciones suficientes para hacer cumplir la ley y la Constitución (si Don Felipe actuara tal como aquí se propone actuaría legalmente, de manera absolutamente constitucional, no se olvide), y si hubiera, insisto contestación de algunos grupos políticos, sería la Monarquía la que saldría victoriosa y altamente fortalecida.

Así que, los españoles deben animar a Don Felipe VI a coger el toro por los cuernos y aprovechar esta oportunidad histórica para que España se homologue con los países de nuestro entorno cultural y civilizatorio y emprenda definitivamente la senda del progreso, entendido éste como avanzar para mejorar, para conseguir el bienestar, la prosperidad que los españoles nos merecemos.

¡Ah, se me olvidaba, si yo fuera el Rey de España, Felipe VI, propondría al Congreso de los Diputados que le diera su confianza como futuro presidente del Gobierno de España a alguien que estuviera dispuesto a emprender un “Plan de Alfabetización y Educación para la Honradez y la Decencia”! La moral pública cambiará en España si cambian los ciudadanos en sus exigencias de moralidad. La moral pública cambiará en España cuando, los españoles dejen de reelegir a los corruptos; la corrupción existe porque los ciudadanos los votan. Los partidos políticos protegen a sus miembros corruptos, lo cual, no parece influir en los votantes en los diversos comicios a los que son convocados.

Pero volvamos a la realidad. Yo no soy el rey de España, ni tengo aspiraciones de serlo. Y tampoco tengo ya estómago para ver las noticias, la manipulación informativa de los diversos medios: televisiones, radios y diarios… así que voy a relajarme viendo una buena película en la televisión o leyendo un buen libro, u oyendo música.

“Los juicios de residencia” eran una institución jurídica que tuvo gran importancia en la gestión política, la supervisión y el control de los empleados públicos que desempeñaban sus funciones en la América Española, aunque no era exclusivo del Nuevo Mundo, pues, también se utilizaba en el resto de los territorios del Imperio Español.
El juicio de residencia era propio del derecho castellano y fue introducido por Alfonso X el Sabio en las Siete Partidas. Era un procedimiento judicial mediante el cual funcionarios de cierto rango (Virreyes, Presidentes de Audiencia, alcaldes y alguaciles) eran juzgados por su actuación en sus funciones de gobierno, tratando de ese modo de minimizar y evitar posibles abusos y corruptelas en el uso de su poder. Dicho proceso se realizaba al finalizar su mandato, al acabar el ejercicio de su cargo y era ejecutado normalmente por la persona que le iba a sustituir. En el “Juicio de Residencia” se analizaba detenidamente con pruebas documentales y entrevistas a testigos el grado de cumplimiento de las órdenes reales y su labor al frente del gobierno. La investigación y la labor de recabar pruebas e información las realizaba un juez elegido por el rey en el mismo lugar encargado de reunir todos los documentos y de realizar las entrevistas.
La “residencia”, que es como acabó llamándose para abreviar, era todo un evento público que se pregonaba a los cuatro vientos para que toda la comunidad participase y tuviese conocimiento del mismo. Estaba compuesto por dos fases: una secreta y otra pública. En la fase secreta el juez interrogaba de forma confidencial a gran número de testigos para que declararan sobre la conducta y actuación de los funcionarios juzgados, y examinaba también los documentos de gobierno. Con toda esta información el magistrado redactaba los posibles cargos contra los residenciados. En la segunda fase, la pública, los vecinos interesados eran libres de presentar todo tipo de querellas y demandas contra los funcionarios y estos debían proceder a defenderse de todos los cargos que se hubiesen presentado en ambas fases del proceso.
Posteriormente, el juez redactaba la sentencia, dictaba las penas y las costas y toda la documentación del proceso era remitida al Consejo de Indias, o a la Audiencia correspondiente para su aprobación. Las penas a los que se castigaba a los enjuiciados eran multas económicas que llevaban aparejadas la inhabilitación temporal o perpetua en el ejercicio de cargo público.
Los juicios de residencia funcionaron hasta que fueron derogados por las Cortes de Cádiz de 1812. Es muy sorprendente que fueran los liberales los que eliminaron una herramienta tan potente para el control de las corruptelas y abusos políticos de los gobernantes.