Sin duda, el aquelarre que hoy, 17 de agosto de 2023 sucederá en el Congreso de los Diputados de España demuestra que la «democracia a la española» es defectuosa y «manifiestamente mejorable»

CARLOS AURELIO CALDITO AUNIÓN.

Hoy, 17 de agosto, tendrá lugar un aquelarre (reunión de brujas y brujos; además, en Lengua Española es sinónimo de escándalo, barahúnda, confusión, desorden, bacanal, pandemónium, griterío, ruido, reunión tumultuosa, etc.) en el Congreso de los Diputados de España; hoy es el día en que políticos golfos, mafiosos, corruptos y violadores de la Constitución y de las más elementales normas de la «democracia» maniobran, trafican, trapichean, comercian, negocian, cambalachean, y regatean para repartirse la Mesa del Congreso, un grupo de diputados que se encargará de presidir, el expolio, el saqueo, el desguace, la demolición de España.

Sin duda, hoy 17 de agosto, es un día triste, un día de dolor para los buenos españoles, la gente decente que hay en España, a pesar de la podredumbre a la que nos han llevado durante las últimas cinco décadas los capos, oligarcas y caciques de las organizaciones mafiosas que se hacen llamar partidos políticos.

Hoy, 17 de agosto de 2023, los socialistas y sus secuaces comunistas, separatistas y etarras están cerrando acuerdos para seguir sirviéndose de los españoles, para seguir aumentando su capacidad de influir en nuestras vidas, se repartirán territorios, cuotas de poder… todo para robar a los españoles, todo con absoluto descaro, con premeditación y de manera alevosa, asegurándose de que no haya riesgos para los delincuentes al mismo tiempo que consiguen la completa indefensión de sus víctimas: los españoles decentes.

Hoy, 17 de agosto, es día de aquelarre, pero también es día de latrocinio. También debería ser un día de furia e indignación ciudadana. Un día vomitivo, un día maldito del que no debemos olvidarnos jamás.

Si nos atenemos a lo que comúnmente se denomina “democracia”, en España tenemos mucho camino todavía por recorrer hasta llegar a un estado “óptimo”. Claro que, de lo que estoy plenamente seguro es de que lo que yo considero “óptimo democrático” no coincide con lo que así consideran muchos españoles, y menos la casta saqueadora depredadora, extractiva que vive, parasita de nuestros impuestos.

¿Cuál es el modelo, o el referente para medir o valorar si un país se acerca o se aleja de lo que sería una democracia perfecta?

¿De veras España está entre los países que se toman como referentes en cuanto a democracias plenas en el mundo?

Según los sucesivos informes, año tras año, del Democracy Index de The Economist Intelligence Unit, uno de los índices más prestigiosos sobre calidad democrática del mundo, España está considerada como una «democracia defectuosa», muy limitada, entre los 167 países analizados.

Quienes hablan de democracia consideran que para que a una nación se la pueda denominar como tal, ha de cumplir como mínimo los siguientes requisitos:

1 Ser un Estado de Derecho.

2 Gozar los poderes políticos de legitimidad.

3 Ser elegidos los gobernantes mediante sufragio.

4 Poseer un gobierno “autónomo”, no sometido a ninguna organización o potencia extranjera.

5 Existir libertad de expresión.

6 Existir libertad de culto y de asociación.

7 Existir separación de poderes.

8 Poseer una administración de justicia transparente

9 El ejercicio político es no discriminatorio

10 Se respetan los derechos humanos, y particularmente el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad…

¿De verdad España cumple con todos los requisitos? ¿En qué grado se da todo ello?

Somos muchos los españoles, yo entre ellos, que consideran que en todo ello España es muy deficiente y necesita mejorar…

Íntimamente relacionado con todo lo anterior, tampoco está de más señalar que, España ocupaba el puesto número 19 del ranking elaborado por la organización independiente World Justice Project que, mide el grado de cumplimiento del Estado de Derecho en los diferentes países y territorios del mundo, en el año 2020…

Cada año se publica el Rule of Law Index, una lista que evalúa a los distintos países del mundo dependiendo de la calidad de su sistema judicial y sus instituciones. El objetivo del proyecto es medir en qué lugares del mundo se puede hablar de que existe un Estado de Derecho en el que rige el imperio de la ley y en qué casos estamos ante instituciones débiles, arbitrarias e ineficientes.

El informe mide varios factores. ¿Hay límites efectivos al poder del Ejecutivo? ¿Qué grado de corrupción se observa en las instituciones? ¿Se gestiona con transparencia y desde un criterio de gobierno abierto? ¿Hay respeto por los derechos fundamentales? ¿Estamos ante un país seguro? ¿Se cumplen las leyes aprobadas por el Parlamento? ¿Funciona la Justicia civil? ¿Y la Justicia penal? ¿Qué hay de la mediación y otras fórmulas de resolución informal de disputas contractuales?

El índice coloca en los diez primeros puestos a Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia, Holanda, Alemania, Austria, Nueva Zelanda, Singapur y Reino Unido.

España, ocupaba el puesto 19, y por delante tenemos a países como Bélgica, Estonia, Japón, Hong Kong, República Checa, Estados Unidos, Corea del Sur y Uruguay. Entre los países que reciben peores notas, en los que el estado de derecho goza de peor salud están Afganistán, Camboya y Venezuela, que ocupan los tres últimos lugares de la lista.

Si restringimos el ranking a los países integrados en la Unión Europea y sus áreas comerciales «hermanas», vemos que España queda relegada al segmento medio-bajo de la tabla.

Lo mismo ocurre si nos fijamos en la clasificación según el nivel de riqueza de los países. España entra en el grupo de países ricos y, una vez más, queda relegada a un lugar de poco brillo.

En lo que peor malparados salimos es en lo concerniente a la corrupción (puesto 28), la justicia civil (puesto 29) y la justicia penal (puesto 30), aunque la peor nota es la que obtenemos en orden y seguridad, donde ocupamos el número 36 del índice mundial.

Sin duda alguna, si nos atenemos a todo lo dicho, los españoles no debemos sentirnos orgullosos, ni sacar pecho o tirar cohetes… evidentemente, todavía nos queda mucho camino que recorrer para igualarnos a los países más avanzados de Europa y del Mundo en cuanto a calidad democrática y estado de derecho.

La mejor definición de la democracia a la española es «el dominio de los corruptos, los mediocres y los idiotas sobre la gente inteligente y decente». Es por ello que, esta falsa democracia española solo puede producir lo que produce: fracaso, retroceso, injusticia, desigualdad, pobreza y mucho dolor y tristeza.

Basta con echarle un vistazo a quienes son nuestros representantes, observar el comportamiento de quienes están al frente de esos aparatos de corrupción –agencias de colocación de amiguetes- que son los partidos políticos, para llegar a la conclusión de que, su objetivo es que los mediocres estén en la cima y por tanto, la mediocridad ocupe la vida pública.

El punto débil de la democracia a la española es su incapacidad para distinguir entre un estúpido y un ser inteligente, o entre un canalla y un ciudadano virtuoso. El voto de todos vale lo mismo en este sistema, donde la capacidad y el mérito no son valorados ni tenidos en cuenta.

No es de extrañar, pues, que como resultado tengamos todo aquello que nadie desea: la mayor tasa de paro de la OCDE, la mayor quiebra del sistema financiero, el mayor nivel de corrupción, los estudiantes con peor formación académica, según los diversos informes PISA (aunque los líderes de los partidos nos repitan hasta aburrir que, nuestra juventud es la mejor preparada de la Historia), etc.

Y, a pesar de todo, los españoles siguen votando, erre que erre a los más golfos y los más mediocres del solar patrio.

Nos cuentan, un día sí y el otro también que, la democracia es el gobierno de la mayoría, y que, el que gana unas elecciones poco más o menos que tiene derecho a hacer su santísima voluntad. La persona más estúpida del mundo, según ese dogma, se verá protegida frente a cualquier clase de cuestionamiento mediante esa legitimidad que le otorga esa mayoría.

Afortunadamente, en España, en multitud de ámbitos no se funciona de forma democrática. Por ejemplo: las empresas no son democráticas. Sus consejos de Administración no se someten al refrendo de los accionistas, ni menos de sus trabajadores. Al frente de cualquier empresa se procura que estén los más preparados, los mejores. En ninguna empresa se toman las decisiones por consenso, las toma el gerente, el equipo directivo. Si miramos qué se hace en cualquier práctica deportiva de competición, tampoco el consenso está presente, y menos la regla de la mayoría… el entrenador hace jugar a los mejores. Tanto en cualquier empresa, como en un equipo de fútbol, se aplica la meritocracia como norma, y por ello que suelen tener éxito los mejores. En cualquier ámbito de la vida donde se gana y se pierde –pues son habituales la competición y la competencia- para conseguir éxito no funciona la democracia, sino la meritocracia, la excelencia.

En la democracia española el voto de un científico y el de un analfabeto valen exactamente igual.

¿Qué régimen político que pretenda alcanzar la perfección aguanta este esquema?

La realidad cotidiana nos demuestra que lo que entienden por democracia los actuales políticos, está a años luz de las ideas de quienes en siglos pasados, proponían la participación ciudadana como forma de gobierno, de gestión de lo público.

Si en España se pretende consolidar la democracia -acompañada, por supuesto de una estricta separación de poderes- hay que acabar con el “pensamiento Alicia” que diría el profesor Gustavo Bueno, con el buenismo, con la idea de que la democracia debe ampararlo todo, llegando a admitir incluso a quienes están en contra de la participación ciudadana; y sobre todo, hay que erradicar la idea de que, los menos listos, los menos preparados, los menos formados e informados, poseen el mismo derecho que los más sabios, los mejor preparados; perversión a la cual nos ha llevado el igualitarismo que, sin duda es el peor enemigo de la libertad que, ha venido de la mano de los buenistas, y que deberíamos evitar que sea para quedarse…

Una democracia real (no la democracia a la española) no propicia estupideces, ni encumbra a los mediocres y malvados; una democracia fuerte y con idea de perdurar, no debe ser condescendiente con los delincuentes, al mismo tiempo que consiente que a sus víctimas se las siente en el banquillo por protestar; una democracia real no es débil con el fuerte y fuerte con el débil. Tener piedad, compasión con el delincuente es traicionar a quienes el delincuente ha causado daño; una democracia fuerte no admite que una de sus regiones intente separarse de la nación (como ocurrió hace tres años en Cataluña) y no tenga consecuencias para los responsables de la rebelión. Una democracia fuerte no admite que la corrupción la tengan que pagar sus ciudadanos, mientras que los corruptos campan por sus fueros…

Una verdadera democracia no admite que agrupaciones políticas que, una y otra vez han incumplido sus promesas electorales, se perpetúen en el poder porque sus electores no posean suficiente cociente intelectual, o formación e información que, les permita votar con criterio y con el conocimiento imprescindible. Lo cual solamente se pueden adquirir mediante una enseñanza sin adoctrinamiento y sin manipulación, en un sistema cuyo único objetivo no sea mantener a la población infantilizada, en situación minoría de edad.

Una democracia de estas características, sin duda no es una democracia, es una “estupidocracia”, una “ineptocracia”, una oclocracia donde triunfan los que más ruido son capaces de hacer…

¿No es preferible aplicar la capacidad y el mérito, para lograr el gobierno de los mejores?

Hace medio siglo en España, cuando lo frecuente eran las familias numerosas y no viceversa, era corriente oír, entre otras muchas expresiones que, “un niño viene con un pan debajo del brazo” para referirse a que la llegada de un nuevo ser a la familia supone una bendición y un motivo de enorme felicidad. Ahora, en los tiempos que corren al parecer, los niños ya no vienen con nada debajo de un brazo; vienen “con ciencia infusa”. La gente nace sabiendo, porque sí; y además, a pesar de no haber estudiado o no haberse interesado por aprender, uno sabe y ya está, “y punto pelota”… «De puro listos que somos…» y no se te ocurra discrepar, pues, solamente se le ocurre cuestionar tal dogma a la gente facha, rancia, anacrónica…

Pero para que triunfe la estupidez, para que triunfe el fracaso de la inteligencia, tanto individualmente como socialmente, para que España haya llegado a ser una meritocracia a la inversa, como ya afirmaba Joaquín Costa hace más de un siglo, en su “Oligarquía y caciquismo como la actual forma de gobierno en España, urgencia y modo de cambiarla”; para que hayan acabado triunfado “los peores” es imprescindible que esté presente el defecto, la ausencia, o inhibición de la presión por la excelencia.

El régimen oligárquico-caciquil que Joaquín Costa describía, refiriéndose a la España de hace más de un siglo, y que por desgracia en la actualidad sigue prácticamente intacto, posee una importante característica: un elitismo perverso que, impide “la circulación de las élites”, en el régimen caciquil los más capaces y los mejor preparados son apartados, “es la postergación sistemática, equivalente a eliminación de los elementos superiores de la sociedad, tan completa y absoluta, que la nación ni siquiera sabe que existen; es el gobierno y dirección de los mejores por los peores; violación torpe de la ley natural, que mantiene lejos de la cabeza, fuera de todo estado mayor, confundida y diluida en la masa del rebaño servil, “servum pecus”, la élite intelectual y moral del país, sin la cual los grupos humanos no progresan, sino que se estancan, cuando no retroceden.”

Sin duda alguna, la democracia en España es manifiestamente mejorable.

En España se necesita con urgencia extrema una reconciliación urgente de la Democracia con la Ética, con la Sociedad, que instituya un sistema de premios y castigos que promueva la excelencia y elimine la mediocridad y la impunidad que actualmente sufrimos, y que no nos merecemos.

Como afirma Jason Brennan (“Contra la Democracia”, Deusto Ediciones, 2018), la democracia es un sistema que no ha de medirse por su valor intrínseco, sino por sus resultados: teniendo en cuenta si la democracia es eficaz y justa, pues de ello dependen nada menos que nuestra libertad y nuestro bienestar. Y en relación con ello, es obligatorio terminar afirmando que, cualquier grupo social que esté en sus cabales, cuyos miembros no estén embrutecidos o encanallados, procura evitar que la gente viva inmersa en continuos sobresaltos, busca la manera de que quienes la integran se sientan miembros de una sociedad estable, perdurable, próspera; y para que eso sea posible es imprescindible que existan “absolutos”, sí, asideros incuestionables.

Y cuando hablo de la necesidad de “absolutos/incuestionables”, es porque si no es “así” tendremos que aceptar que la mayoría puede hacer lo que le dé la gana, y por lo tanto cualquier cosa que hace/decide la mayoría es buena porque “son la mayoría”, siendo pues éste el único criterio de lo bueno o lo malo, de lo correcto y de lo incorrecto, Una democracia con “absolutos/incuestionables” exclusivamente debe permitir que la soberanía de la mayoría se aplique sólo, exclusivamente, a detalles menores, como la selección de determinadas personas. Nunca debe consentirse que la mayoría tenga capacidad de decidir sobre los principios básicos sobre los que ya existe un consenso generalizado y que a nada conduce estar constantemente poniéndolos a debate y refrendo… La mayoría no debe poseer capacidad de solicitar, y menos de conseguir, que se infrinjan los derechos individuales.

Para evitar males mayores, de los cuales se ha venido hablando en este texto, los «padres» de la Constitución Española de 1978 le concedieron al Jefe del Estado, al Rey de España la potestad exclusiva, tras las elecciones generales, y después de la constitución de las Cortes, de elegir al candidato a presidir el Gobierno de España (tras reunirse cuantas veces considere necesario con los portavoces de los partidos políticos) y proponerle al Congreso que le otorgue su confianza. El Rey es quien tiene la última palabra, él es quien tiene que decidir acerca de la persona más idónea para presidir el nuevo Gobierno de España, obviamente teniendo en cuenta cuestiones de capacidad, mérito, experiencia probada en la gestión exitosa de dineros ajenos, y sobre todo honradez, decencia, bonhomía, intención de servir a España y no de servirse de los españoles. E insisto, para encontrar a alguien así, un «Cincinato», un «cirujano de hierro», hay que recurrir a personas independientes, ni diputados ni miembros de partidos políticos; gente del mundo empresarial y profesionales liberales…

Sí Don Felipe, tras el aquelarre de hoy decidiera enmendarles la plana, será una acción escrupulosamente constitucional, legítima, que nade debería reprocharle. Es la única opción que le queda a España, a los españoles decentes para que los canallas no vuelvan a auparse al Gobierno de España y acaben demoliéndola, y en la demolición acaben también arrastrando a la Monarquía Parlamentaria.