Sobre la libertad de expresión y los subsidios a los actores y directores de cine y demás «artistas e intelectuales» del régimen.

CARLOS AURELIO CALDITO AUNIÓN.

Según afirma la filósofa Ayn Rand, de manera muy acertada, «un «derecho» es un principio moral que define y sanciona la libertad de acción de un hombre en un contexto social. Sólo existe un derecho fundamental (todos los demás son sus consecuencias o corolarios): el derecho del hombre a su propia vida... la libertad para tomar todas las medidas requeridas por la naturaleza de un ser racional para mantener, mejorar, realizar y disfrutar de su propia vida. (Ese es el significado del derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad -mencionados en la Constitución de Los Estados Unidos de América-.)»

El concepto de «derecho» se refiere sólo a la acción, específicamente a la libertad de acción. Significa ser libre de compulsión física, coerción o interferencia por parte de otros hombres… En cuanto a sus conciudadanos, los derechos de cualquier persona no implican niguna clase de imposición u obligación a los demás para con ella, excepto de tipo negativo: abstenerse de violar los derechos de cada individuo en particular.

El derecho a la vida es la fuente de todos los derechos, y el derecho a la propiedad es su única forma de llevarlo a la práctica, de traducirlo en actos. Sin derechos de propiedad, ningún otro derecho es posible. Dado que cualquier ser humano tiene que mantener su vida por su propio esfuerzo, la persona que se ve privada de tener acceso al producto de su esfuerzo carece de medios para sostener su vida. Quien produce mientras otros disponen de lo que produce es un esclavo. En resumidas cuentas, cuando hablamos de derecho a la propiedad, hablamos del derecho a obtener, guardar, usar y disponer de bienes materiales.

En los actuales «estados del bienestar» se habla de una larga, larguísima ristra de derechos (en España hemos llegado a tal extremo que todo lo deseable es convertible en derecho): empleos, comida, ropa, ocio-entretenimiento, viviendas, atención médica, enseñanza, etc., ninguno de ellos crece en los árboles o cae del cielo como el maná bíblico. Son bienes y servicios resultado del trabajo de determinadas personas, bienes y servicios producidos por seres humanos. 

La pregunta obligatoria es ¿Quién o quiénes han de proporcionarlos?

El que unas personas tengan derecho a los productos del trabajo de otras significa que esas otras -quienes los producen- están siendo privadas de sus derechos y condenados a trabajos forzados.

Cualquier supuesto «derecho» de alguien, que implique que sean violados los derechos de otro, no es ni puede ser considerado un derecho.

Ningún humano puede poseer derecho a imponerle una obligación indeseada, un deber inmerecido o una servidumbre involuntaria a otro humano. Es inaceptable «el derecho a esclavizar a otros».

Merece ser destacado que «los padres fundadores de los actuales EEUU» hablaban del derecho a la búsqueda de la felicidad, no del derecho a la felicidad. Lo cual significa que poseemos el derecho a realizar todas las acciones que consideremos necesarias para lograr nuestra felicidad; lo cual no significa que otros tengan la obligación de hacernos felices.

El derecho a la vida significa que un hombre tiene derecho a mantener su vida a través de su propio trabajo (en cualquier nivel económico, hasta donde su capacidad le lleve); no quiere decir que otros tengan que proporcionarle lo que necesita para vivir…

Y, yendo al asunto que anuncio en el título del artículo:

El derecho a la libertad de expresión significa que cualquier persona tiene derecho a expresar sus ideas sin temor a represión, interferencia o acción punitiva por parte del gobierno. No significa que otros deban proporcionarle una sala de conferencias, una emisora de radio, o una imprenta, a través de las cuales pueda exponer sus ideas.

Durante años, décadas, más de un siglo, los colectivistas han difundido con bastante habilidad y éxito la idea de que el que un particular se niegue a financiar a alguien con quien disiente o considera un contrincante, o incluso un rival o enemigo es una violación del derecho de su rival a la libertad de expresión, y lo llaman un acto de «censura».

Es «censura», dicen, que un medio de información se niegue a contratar o a publicar a escritores cuyas ideas son diametralmente opuestas a las políticas o la línea editorial de ese medio.

Es «censura», dicen, que los empresarios se nieguen a hacer publicidad en una revista que los persigue, acosa, violenta, difama, insulta y calumnia.

Es «censura», dicen, que el patrocinador de un programa de televisión, o de una serie, o de un filme, se oponga a que se le ultraje, se le violente, se le insulte, se le difame, se le calumnie, etcétera en un programa que está siendo financiando por él.

También, los colectivistas, intervencionistas, socialcomunistas, progresistas, etcétera, consideran que existe censura cuando los anunciantes rompen sus contratos de publicidad con determinados medios de información porque rechazan la programación que se ofrece en ellos, o sus informativos, o su línea editorial. E incluso, cuando llegan al gobierno amenazan con revocar las licencias-concesiones de televisión y radio de cualquier emisora que no obedezca sus puntos de vista sobre contenidos y programación.

«Censura» es un término aplicable sólo a la acción gubernamental. Ninguna acción privada es censura. Ningún individuo ni institución privada puede silenciar a un hombre o prohibir una publicación, sólo el gobierno puede hacerlo. La libertad de expresión de los particulares incluye el derecho a no estar de acuerdo con sus antagonistas, a no escucharlos y a no financiarlos.

Según este esquema de pensamiento y acción -progresista- nadie tiene derecho a disponer de lo que es de su propiedad según sus propias convicciones, sino que está obligado a darle dinero indiscriminadamente a cualquier parlanchín o propagandista, o actor o director de cine, o cualquiera de los parásitos que se hacen llamar intelectuales, que viven de nuestros impuestos pues, ellos sí que tienen «derecho» a nuestras propiedades y del dinero que el gobierno recauda en forma de impuestos y tasas diversas. Al parecer, ellos son personas especiales que tienen derecho a vivir a nuestra costa, a parasitar, tal como quienes hacen profesión de la política, los «liberados sindicales», los capos de las diversas «oenegés», etc.

Según estos lumbreras, un editor tiene que publicar libros que considere inútiles, falsos o malvados; que un patrocinador de televisión tiene que financiar a comentaristas que deciden insultarlo, o difamarlo, o calumniarlo o burlarse de sus convicciones; que el dueño de un periódico está obligado a ceder sus páginas editoriales a cualquier delincuente juvenil que esté invocando alguna forma de esclavitud o de parasitismo.

Y claro, como es obviamente imposible darle un trabajo, un micrófono o una columna en el periódico, o dinero para que dirija una película a todo el que lo pida,  ¿quién va a determinar la «distribución» de esos «derechos económicos» y elegir quiénes son agraciados, si el derecho de los propietarios a decidir ha sido abolido? Bueno, pues el procedimiento será ese que usted está pensando…

Y si cometes el error de pensar que esto se aplica sólo a los dueños de las grandes empresas y medios de información es que estás muy desinformado y vas bastante descaminado. El gobierno (y los de los diecisiete gobiernos regionales, y las diputaciones y cabildos, y los ayuntamientos) reparte de forma espléndida, reparte generosamente dinero a mansalva entre aspirantes a escritores, entre poetas vanguardistas, entre compositores de ruido, y cualquier artista o director de cine y teatro «con enchufe político». ¿Qué otra cosa significa, si no, gastar el dinero de tus impuestos en subvencionar el arte y la cultura?