¿TODOS LOS POLÍTICOS ESPAÑOLES SON UNOS HIJOS DE LA GRANDÍSIMA PUTA?

CAROLUS AURELIUS CALIDUS UNIONIS

España es un estado corrupto, diseñado en 1978 intencionadamente para promover la corrupción, para que los canallas, gángsteres mafiosos que hacen profesión de la política nos roben con absoluta impunidad... Por supuesto, no les importamos un bledo y nos perjudican sistemáticamente con sus acciones e inacciones criminales…

¿Tenemos los españoles los gobernantes que nos merecemos, son todos los políticos unos golfos… acaso hemos cometido algún pecado por el que tengamos que purgar, o tal vez nuestros ancestros?

Vamos a ver si entendemos de una puta vez qué es lo indecente y qué no lo es. Es una cuestión sencilla de averiguar, solo los muertos hay que contar…

«Hijo de puta» es el insulto más ofensivo de la lengua española. Es la forma de todos conocida para llamar a alguien malnacido, para denominar a aquel que atesora las peores intenciones. Sin embargo, hasta los hijos de puta tienen sentimientos. No siempre, ni todos ellos. Algunos hasta se pueden enamorar, y a veces incluso sufren. En realidad, el hijo de puta común no suele ser más que un egoísta con malicia, y en ocasiones lo es por inutilidad, por simple y mera estupidez.

También existen los hijos de puta literales, los que, con independencia de su calidad humana, padecen el estigma de haber nacido de una prostituta. En principio no tienen que ver con los otros, los que lo son en su significado social… Pero, cuando ambos sentidos coinciden, el individuo resultante puede llegar a ser un verdadero peligro.

El hijo de la gran puta, en su afán de camuflarse para que nadie lo identifique como miembro de su misterioso grupo social, de gente malvada, jamás toma partido, jamás se arriesga, jamás hace nada que no sirva para defender sus propios intereses. Aun así, cuando las circunstancias de la vida lo acorralan y le fuerza sin remedio a manifestarse tal cual es, lo que es de fondo, lo que esencialmente lo define, su seña de identidad, su ser un perfecto hijo de puta termina por salir a la luz…

Hijo de puta. – Diccionario de la Real Academia: expresión injuriosa y de desprecio. María Moliner, Diccionario de uso del español: ‘Es el insulto más soez y violento que se puede usar’; Víctor León, Jerga española actual: ‘Se usa frecuentemente como insulto muy ofensivo’– ya desde los albores del idioma: Fuero de Madrid XXVIII, «De uerbo uedado» (edición de A. Milla res, página 36): ‘Toto homine qui a uezino uel a filio de uezino aut a uezina uel filia de uezina, qui a mulier dixerit «puta» aut «filia de puta» uel «gafa», etc’–. // … La violencia del vocablo ha dado lugar a infinidad de locuciones que funcionan como eufemismos sustitutorios por contigüidad semántica o fonética; su abundancia y su, en muchos casos, dudosa contaminación erótica inmediata, me inclinan a no rastrearlos en detalle, limitándome a la mera enumeración de algunos de ellos: bastardo, hi o hijo de aforros, hijo adulterino, hijo de… de chuta o de la chuta, de con dón pinchado, de cual o de cualquiera, de cura, de ganancia, del arpa, de la cagada, de la china Hilaria, de la 13 chingada, de la chucuta, de la Gran Bretaña, de la grandísima, de la gran o de la grandísima perra, de la gran /o de la grandísima puerca, de la gran o de la grandísima puta, hijo de su madre, de mala madre, de mil leches, de siete machos, de zorra. Hijoputa, contracción de ‘hijo de puta’. Hijoputada. Acción propia de hijo de puta, cabronada,… hijoputesco., referente al hijo de puta o propio de él. Hijoputez: ‘Vileza, indignidad.’

Pues sí, cualquier organización, comunidad, sociedad gobernada por hijos de la grandísima puta, y sus más íntimos colaboradores, los estúpidos, ignorantes y analfabetos, acaba padeciendo miedo, odio y deseos de venganza…

En una comunidad en la que existe temor (el miedo es siempre absolutamente alienante, por más que algunos digan que “el miedo es libre”) todos sus miembros están buscando siempre la manera de proteger sus espaldas… y cuando se les ocurren ideas para mejorar o ayudar a la comunidad, se retraen por temor, y no las suelen expresar… cuando la gente no se siente bien tratada, casi nadie está dispuesto a hacer ningún “esfuerzo extra”, o implicarse de manera especial…

Cuando la gente tiene el convencimiento de que quienes gobiernan son gente malvada, hija de puta y estúpida, pocas veces está nadie dispuesto a “dejar lo que en ese instante está haciendo, para ayudar…”

La principal causa de la terrible situación que nos aqueja, esta España nuestra en la que nos malgobiernan malvados y estúpidos radica en la deserción de las mentes más privilegiadas de nuestra nación, como nos explicaba Joaquín Costa en su “Oligarquía y caciquismo como la actual forma de gobierno en España, urgencia y modo de cambiarla”: El régimen oligárquico-caciquil descrito por Joaquín Costa, referente a la España de hace más de un siglo, y que por desgracia en la actualidad sigue prácticamente intacto, posee una importante característica: un elitismo perverso que, impide «la circulación de las elites»; en el régimen caciquil los más capaces y los mejor preparados son apartados, «es la postergación sistemática, equivalente a eliminación de los elementos superiores de la sociedad, tan completa y absoluta, que la nación ni siquiera sabe que existen; es el gobierno y dirección de los mejores por los peores; violación torpe de la ley natural, que mantiene lejos de la cabeza, fuera de todo estado mayor, confundida y diluida en la masa del rebaño servil, “servum pecus”, la elite intelectual y moral del país, sin la cual los grupos humanos no progresan, sino que se estancan, cuando no retroceden.»

Una muestra de ello, la más preocupante, el principal lastre es que España es el único país del mundo con un sistema político pensado para que aquellos que quieran destruirlo dispongan de los instrumentos institucionales, culturales, financieros, del sistema de enseñanza pública, y de los medios creadores de opinión y manipulación de masas para hacerlo con total comodidad; se llama «estado de las autonomías».

¿Estamos poco más o menos que obligados a resignarnos a la terrible situación de robo, cohecho, despilfarro, prevaricación, nepotismo, arbitrariedad generalizada, despilfarro, y un largo etc. acciones e inacciones criminales como las ocurridas en las últimas semanas en Valencia… por parte de los oligarcas y caciques que parasitan a nuestra costa, por los siglos de los siglos, como si alguien especialmente poderoso nos hubiera echado una maldición, o algo parecido?

Pues NO, somos muchos los que consideramos que el desgobierno de los malvados, estúpidos, mediocres y analfabetos, el parasitismo en España no es un daño soportable, y menos un mal menor, y que España tiene remedio.

Inevitablemente, una vez más acudo a Joaquín Costa y su idea de que para regenerar España es necesario un “cirujano de hierro”, o mejor dicho una intervención quirúrgica urgente, una terapia de choque que corte de raíz todos los males que nos aquejan. Y me dirá más de uno que ¿Eso cómo se hace? Pues, muy sencillo:

Empezando por aplicar el principio de “mínima intervención”, promoviendo la máxima neutralidad de la Administración en todos sus ámbitos, local, provincial, regional, nacional; generalizando la idea de que el mejor gobierno es la mínima expresión del mismo, que se limite a perseguir las diversas formas de delincuencia, proteger a los ciudadanos de posibles agresiones del exterior, proteger la propiedad privada, la libre iniciativa privada, siempre que no implique atentar contra la integridad de otros, o intentar abusar, o intentar esclavizar… y por supuesto, vigilar para que se cumplan los pactos y contratos entre particulares. Y evidentemente la supresión completa de todo tipo de subvenciones, incluyendo a las organizaciones sindicales, patronales y partidos políticos.

Hay que arrebatarles el poder a los caciques locales, provinciales, regionales… y a los oligarcas nacionales. Es imprescindible, si se quiere erradicar la corrupción, el parasitismo (algunos los llaman “élites extractivas”) recuperar el estado unitario, desmantelar el “estado de las autonomías”, y que el gobierno central recupere todas las competencias, empezando por las de Justicia, Sanidad y Educación, que el sobrevalorado José María Aznar traspasó a los gobiernos regionales.

También es imprescindible reformar la actual ley de “régimen local” para que los alcaldes y concejales dejen de tener la capacidad de decisión que tienen en la actualidad, y particularmente lo que respecta a intervenir en el mercado inmobiliario, recalificando terrenos, aprovechando ellos y sus allegados y testaferros la información privilegiada que les da el ser alcaldes y concejales; e igualmente, es necesario desposeer a las corporaciones locales de su capacidad de contratar bienes y servicios con la arbitrariedad que actualmente lo hacen, evitando por todos los medios que favorezcan a empresarios amigos, e incluso creen empresas ad hoc, en la idea de que los ayuntamientos son su cortijo particular y que lo de menos es el interés de los administrados.

Ni que decir tiene que, si se quiere acabar el desgobierno de los malvados, con el parasitismo, con la terrible corrupción, es también urgente crear una sola oficina de contratación de bienes y servicios, además de recuperar la unidad de mercado, eliminando toda la legislación de las diversas taifas, que en lugar de favorecer la libre empresa y el libre comercio, para lo único que sirve es para expoliar a los ciudadanos que realmente emprenden, producen y crean riqueza y por lo tanto empleo (esa es otra, ya es hora de que los españoles cambien el “chip” y se den cuenta de que los gobiernos no crean empleo ni riqueza sino la iniciativa privada).

Por supuesto, me dirá más de uno que la corrupción existe en España porque no hay mecanismos que disuadan a la gente de corromperse y no se persigue ni castiga a los corruptos.

Así es, sin duda alguna. Es por ello que desde hace años vengo reclamando (como muchos) que se instaure en España una estricta separación de poderes y que la administración de justicia sea independiente de lobbies y de partidos políticos que, actúe de forma rápida y con contundencia, sin arbitrariedad.

Es por ello que desde hace mucho tiempo somos muchos los que consideramos imprescindible eliminar la posibilidad de que los gobiernos concedan indultos a personas condenadas por corrupción. Quienes estén tentados de corromperse deben saber que no van a tener ninguna posibilidad futura de ser perdonados e indultados.

También somos legión los españoles que exigimos que se reduzca el número de aforados a su mínima expresión (ningún país en Europa tiene tantos aforados como España), y disminuyan también, las situaciones de aforamiento, limitándolo exclusivamente a las actividades y actuaciones relacionadas con el ejercicio del cargo público.

Es, también, inaplazable la aprobación de una Ley de protección a los denunciantes, de manera que los ciudadanos se sientan protegidos legalmente cuando sepan de hechos delictivos, y deseen presentar denuncias por corrupción.

El Parlamento Europeo aprobó la Directiva de la UE sobre la protección a denunciantes de la legislación de la Unión el 16 de abril de 2019. La directiva entró en vigor el 16 de diciembre de 2019. Los Estados miembros de la UE están obligados a incorporar estas regulaciones dentro de los dos años posteriores a la publicación de la directiva en sus respectivas leyes nacionales. En España, el gobierno social comunista de Pedro Sánchez, apoyado por terroristas y separatistas, al parecer no quiere saber nada del asunto… y no ha promovido ninguna norma legar para evitar represalias contra los ciudadanos denunciantes de corrupción y tampoco para asegurar la confidencialidad en las denuncias y proteger la identidad del denunciante…

Igualmente, es imprescindible regular los Lobbies: Es necesario que se legisle sobre los lobbies, se les exija transparencia, y se creen Registros de grupos de interés en las distintas instituciones públicas y asambleas parlamentarias.

También es necesario el cumplimiento de la normativa legal sobre publicidad de contratos de obras y compra de bienes y servicios, por parta de las diversas administraciones.

También es imprescindible reformar la actual ley de “régimen local” para que los alcaldes y concejales dejen de tener la enorme capacidad de decisión que poseen en la actualidad, y particularmente lo que respecta a intervenir en el mercado inmobiliario, recalificando terrenos, aprovechando ellos y sus allegados y testaferros la información privilegiada que les da el ser alcaldes y concejales; e igualmente, es necesario desposeer a las corporaciones locales de su capacidad de contratar bienes y servicios con la arbitrariedad que actualmente lo hacen, evitando por todos los medios que favorezcan a empresarios amigos, e incluso creen empresas ad hoc en la idea de que los ayuntamientos son su cortijo particular y que lo de menos es el interés de los administrados.

Es de urgencia extrema legislar acerca de la responsabilidad de los funcionarios y de los cargos electos en las diversas administraciones, y reinstaurar “los juicios de residencia”:

Aunque ya lo haya hecho en otras ocasiones, no está de más volver a hablar del juicio de residencia una institución propia del derecho castellano, aunque hay quienes opinan que su origen estaba en el derecho romano tardío, fue introducido por Alfonso X el Sabio en las Partidas.

Era un procedimiento judicial mediante el cual funcionarios de cierto rango (Virreyes, Presidentes de Audiencia, alcaldes y alguaciles) eran juzgados por su actuación en sus funciones de gobierno, tratando de ese modo de minimizar y evitar posibles abusos y corruptelas en el uso de su poder. Dicho proceso se realizaba al finalizar su mandato, al acabar el ejercicio de su cargo y era ejecutado normalmente por la persona que le iba a sustituir.

En el “Juicio de Residencia” se analizaba detenidamente con pruebas documentales y entrevistas a testigos el grado de cumplimiento de las órdenes reales y su labor al frente del gobierno. La investigación y la labor de recabar pruebas e información las realizaba un juez elegido por el rey en el mismo lugar encargado de reunir todos los documentos y de realizar las entrevistas.

La “residencia”, que es como acabó llamándose para abreviar, era todo un evento público que se pregonaba a los cuatro vientos para que toda la comunidad participase y tuviese conocimiento del mismo. Estaba compuesto por dos fases: una secreta y otra pública. En la fase secreta el juez interrogaba de forma confidencial a gran número de testigos para que declararan sobre la conducta y actuación de los funcionarios juzgados, y examinaba también los documentos de gobierno. Con toda esta información el magistrado redactaba los posibles cargos contra los residenciados. En la segunda fase, la pública, los vecinos interesados eran libres de presentar todo tipo de querellas y demandas contra los funcionarios y estos debían proceder a defenderse de todos los cargos que se hubiesen presentado en ambas fases del proceso.

Posteriormente, el juez redactaba la sentencia, dictaba las penas y las costas y toda la documentación del proceso era remitida al Consejo de Indias, o a la Audiencia correspondiente para su aprobación. Las penas a los que se castigaba a los enjuiciados eran multas económicas que llevaban aparejadas la inhabilitación temporal o perpetua en el ejercicio de cargo público.

Los juicios de residencia funcionaron hasta que fueron derogados por las Cortes de Cádiz de 1812. Es muy sorprendente que fueran los liberales los que eliminaron una herramienta tan potente para el control de las corruptelas y abusos políticos de los gobernantes…

España necesita reformas, profundos cambios; y los cambios no vendrán con más estado, más políticas socialdemócratas, más políticas intervencionistas, más burocracia, más despilfarro  -pese a que una gran mayoría de los españoles todavía así lo piense-; no vendrán con una legislación y con formas de gobierno que espantan las inversiones, en lugar de recibirlas con los brazos abiertos, con una legislación y una forma de gobierno que no fomenta la apertura al comercio exterior, los cambios que España necesita con urgencia extrema no vendrán con leyes y formas de gobierno que distorsionan la realidad, que distorsionan las estadísticas para engañar a los españoles.