¿Trama criminal organizada? Vocales del Consejo General del Poder Judicial y jueces y magistrados con presuntas cuentas en paraísos fiscales.

FUENTE: https://www.cuartaedicion.com/2022/08/la-caja-de-pandora-de-la-corrupcion-judicial-3-trama-criminal-organizada/

En nuestras anteriores entregas hemos destapado la lista de algunos jueces del Constitucional, el Supremo, la Audiencia Nacional, la Audiencia Provincial y Juzgados de Primera Instancia e Instrucción con millones depositados presuntamente a su nombre en paraísos fiscales; en ésta vamos a destapar los vocales del CGPJ que, presuntamente, tendrían también cuentas opacas a Hacienda y lo que en conjunto por la participación de políticos, jueces, vocales del CGPJ y grandes despachos de abogados parece, a los ojos de cualquier ciudadano objetivo, un tinglado con aparentes trazas de presunta “banda de trileros”.

El órgano de gobierno de los jueces recae en el CGPJ, que se compone por 20 vocales elegidos, seis por el Congreso y seis por el Senado, de entre jueces y magistrados presentados por las distintas asociaciones profesionales de jueces; y los ocho restantes son elegidos, de entre abogados y juristas de reconocida competencia, cuatro por el Congreso y cuatro por el Senado a propuesta de los partidos políticos.

De esta forma de elección de los vocales del CGPJ se deduce que la designación de todos ellos depende de los políticos cuando además las propuestas de las asociaciones de jueces están influenciadas políticamente y éstas tienen tendencias políticas claramente definidas, siendo la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente de centro derecha y Jueces para la Democracia de izquierda. Entre las funciones del CGPJ están los nombramientos, ascensos y traslados de los jueces y magistrados, así como las licencias, permisos, etc.; la inspección de los juzgados y tribunales y la exigencia de responsabilidad disciplinaria. De esta manera, el control de todos los jueces depende del CGPJ y los discordantes son postergados, a conveniencia, en todos los ascensos, promociones y nombramientos.

Pero, en la elección y ascenso de los jueces, no sólo influyen los políticos a través de los vocales del CGPJ, sino también los grandes despachos de abogados (Garrigues, Cuatrecasas, Uría y Menéndez, etc.) que tratan por todos los medios de colocar a sus peones en las altas instancias judiciales para controlar la justicia, como ya relató Juan Luis Galiacho en su artículo “Los lobbies de la Justicia”. Para ello, muchos despachos profesionales y sus clientes del IBEX35 y otras grandes empresas, patrocinan y participan en cursos, congresos, simposiums, etc. invitando a los jueces y magistrados a intervenir en los mismos y en sus escuelas de finanzas y negocios.

Por otro lado, se encuentra el Ministerio Fiscal, sometido expresamente al principio de dependencia jerárquica, que ejerce sus funciones dentro de una estructura jerárquica presidida por el fiscal general del Estado nombrado por el Gobierno.

Partiendo de estos parámetros condicionantes, la independencia e imparcialidad de la Administración de justicia resulta prácticamente imposible en España donde la designación del Fiscal general del Estado depende del Gobierno y maneja a su antojo la acción pública, acusando a conveniencia no por criterios jurídicos sino por consideraciones políticas; y el nombramiento de los jueces depende de los políticos, de las politizadas asociaciones judiciales y de los grandes despachos de abogados con sus intereses partidistas de manejar a jueces, magistrados y fiscales para que sus grandes clientes, que les reportan su multimillonaria facturación principal, no pierdan ningún litigio, tengan o no la razón y el derecho de su parte.

Por eso, no es de extrañar que todo tipo de denunciantes de corrupción y hackers hayan diseminado por las redes listados de jueces, magistrados, fiscales y vocales del CGPJ con cuentas bancarias en paraísos fiscales presuntamente a su nombre con cantidades millonarias que no pueden salir más que de las grandes empresas que manejan miles de millones y tienen importantes intereses en juego en las instancias judiciales. Ya vimos un ejemplo de ello en el que el presidente, Luis María Diez Picazo, y el Pleno de la Sala contencioso administrativa del Tribunal Supremo salieron en ayuda de la banca para impedir que tuviesen que hacer frente al impuesto de AJD derivado de las hipotecas, a excepción de los magistrados especialistas de la Sección segunda, Sres. Navarro Sanchís, Aguallo Avilés y Cudero Blas, que formularon un demoledor voto particular contra la sentencia de 27 de noviembre de 2018 que se resolvió por el estrecho margen de 15 votos a favor y 13 votos en contra. Como se puede ver 13 de los magistrados de la Sala tercera no se sometieron al designio de la banca, lo que demuestra que, pese a todo, sigue habiendo magistrados independientes e imparciales.

Jueces, magistrados…y miembros del CGPJ

Ya en las dos entregas anteriores nos referimos a jueces y magistrados, en la presente haremos mención a miembros del CGPJ. Entre los vocales del CGPJ con cuentas presuntamente a su nombre en paraísos fiscales se encontrarían, al parecer, los siguientes: Rafael Fernández Valverde, exmagistrado del Tribunal Supremo, dispondría, presuntamente a su nombre, de 1 millón € en el Credit Andorra del Principado de Andorra; Vicente Guilarte Gutiérrez, catedrático de Derecho Civil, tendría al parecer, 1 millón $ en el Banco Itaú de Brasil; Álvaro Cuesta Martínez, exdiputado del PSOE, tendría 1,2 millones $ en el Banco del Itsmo de Panamá; José Antonio Ballestero Pascual, magistrado del TSJ de Galicia, tendría, supuestamente, depositados a su nombre en el VP Bank de Liechtenstein 1,2 millones €; Gerardo Martínez Tristán, magistrado de la Audiencia Nacional, dispondría en un deposito presuntamente abierto a su nombre de 1 millón € en la Banque de Luxembourg; Enrique Lucas Murillo de la Cueva, socio del despacho Gómez-Acebo y Pombo, que tendría, al parecer, 2 millones € en la Banque BCP de Luxemburgo; Clara Martínez de Carreaga García, magistrada del Tribunal Supremo, al parecer, dispondría en el banco BLADEX de Panamá de 1,25 millones $; Juan Martínez Moya, expresidente del TSJ de Murcia, tendría, aparentemente, 1 millón € en el Isle of Man Bank; Roser Bach Fabregó, magistrada del TSJ de Cataluña, tendría 0,9 millones €, al parecer, a su nombre en el Bank of Ireland en la oficina principal de Dublín; Nuria Díaz Abad, jefe de la Abogacía del Estado ante el TJUE, presuntamente, dispondría de una cuenta con 0,7 millones € en el Frick Bank de Liechtenstein; Rafael Mozo Muelas, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, dispondría a su nombre de 1 millón $, en el Scotia Bank de Bahamas; Wenceslao Olea Godoy, magistrado del Tribunal Supremo, supuestamente, tendría en el Frick Bank de Liechtenstein 0,9 millones €; Carmen Llombart Pérez, magistrada del TSJ de la Comunidad Valenciana, dispondría de 1,2 millones € a su nombre en el Neue Bank del Principado de Liechtenstein; Pilar Sepúlveda García de la Torre, fundadora de la Asociación de mujeres víctimas de agresiones sexuales, al parecer, sería titular de una cuenta con 0,9 millones $ en el Delta Bank & Trust de las Islas Caimán; Concepción Sáez Rodríguez dispondría, al parecer, de una cuenta en el FCM Bank de Malta con 0,9 millones €; Manuel Fernández Martínez, que fuera decano de Pamplona y presidente del TSJ, tendría abierta una cuenta supuestamente a su nombre con 0,5 millones € en el Neue Bank de Liechtenstein; Victoria Cinto Lapuente, expresidenta de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa y exdecana de los juzgados de San Sebastián, tendría 1,5 millones € en el FCM Bank de Malta; María del Mar Cabrejas Guijarro, magistrada de la Audiencia Provincial de Toledo, dispondría de 1 millón $ en el Banque Havilland de Bahamas; José María Macías Castaño, socio del despacho Cuatrecasas, tendría presuntamente 1,5 millones € en el banco israelí Leumi Bank en la Isla de Jersey; Ángeles Carmona Vergara, presidenta del Observatorio contra la violencia doméstica y de género, tendría depositados, aparentemente, 1,2 millones $ en el Novobanq de las Islas Seychelles; el secretario general del CGPJ, José Luis de Benito Benitez de Lugo, que fue director general del gabinete del ministro del Interior y del de Defensa, tendría a su nombre presuntamente 0,75 millones € en el Allied Irish Bank (AIB) de Jersey, y el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, que, según las informaciones aparecidas en diferentes medios, canales de información y redes sociales, tendría a su nombre presuntamente más de 17 millones en el Standard Bank de la Isla de Man.

Solamente las cantidades presuntamente depositadas en paraísos fiscales a nombres de vocales del CGPJ y su presidente y secretario general superan los 40 millones €. ¿A qué se deberían estas cantidades de millones para, presuntamente, unos vocales del CGPJ que no dictan sentencias? ¿Se producen por qué estos vocales nombran a los miembros de los tribunales y a los presidentes de las Salas, etc. que sí dictarán sentencias a los que aportan el dinero?

Pero al parecer, además de en las altas instancias donde se resuelven los procedimientos y se archivan las causas de forma definitiva, dónde más rédito saca la corrupción judicial sería en los casos de los concursos de grandes empresas en los que se liquidan todo tipo de valiosos activos de las sociedades en quiebra.

Historial de fraude abundante

El historial de fraude en los procedimientos concursales es abundante, siendo de tal magnitud que las distintas reformas legislativas de la normativa concursal se han producido precisamente para tratar de evitarlo, con poco éxito hasta la fecha. La reforma del año 2003 incluía en la exposición de motivos de la Ley concursal diferentes pasajes en los que se hace referencia al “predominio de determinados intereses particulares en detrimento de otros generales”, a “soluciones injustas, frecuentemente propiciadas en la práctica por maniobras de mala fe, abusos y simulaciones” lo que “permitió corruptelas muy notorias”. Si la propia Ley concursal ya advertía de corruptelas muy notorias, la realidad supera el propio reconocimiento de la ley.

Son sonados los escándalos en los procedimientos de quiebras y suspensiones de pagos en los que unos cuantos administradores concursales se hacían con la administración de los concursos más jugosos. En la década de los 90 el juez decano de Madrid, Antonio García de Paredes y el presidente del TSJ de Madrid, Clemente Auger, tuvieron que ordenar una investigación ante el acaparamiento de las mayores suspensiones de pagos y quiebras por los administradores Joaquín Lluch Rovira, Miguel Guijarro Gómez, Carmina Soler Balagueró o Alberto Grande García.

Pero el reparto de los mejores concursos, siempre a los mismos administradores, no acabó con aquella investigación que quedó en agua de borrajas, sino que ha continuado con otros como Pedro Bautista Martín Molina al que se le investigó por la UDEF porque, supuestamente, formaba parte de una supuesta red que actuaba en connivencia con jueces mercantiles, administradores concursales, abogados y peritos. Durante los años de la crisis, 2008-2014 periodo en el que se liquidaron cientos de empresas, el negocio era redondo con Martín Molina a la cabeza de los administradores con más concursos adjudicados, seguido de Jesús María Verdes Lezana, Fernando Gómez Martín y Carlos Álvarez Fernández.

De qué calibre será el fraude, que la conocida administradora concursal Antonia Magdaleno Carmona fue condenada a 4 años de cárcel por estafar más de 4,6 millones € al propio despacho para el que trabajaba, Broseta Abogados, en el concurso de Martinsa Fadesa. Las investigaciones de los fraudes en los concursos han llegado al extremo de tener que participar en ellas la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal.

El problema radica en que los jueces mercantiles pueden designar a los administradores concursales a su elección en los concursos de gran tamaño (arts. 27.3 LC y 62.2 TRLC) que son los que más honorarios reportan, de manera que se abre la puerta a la corruptela del nombramiento del amigo.

En esos nombramientos participan los grandes despachos, que celebran congresos en los que invitan a jueces a impartir conferencias remuneradas con estancias en lujosos hoteles, con la, supuesta finalidad, de que posteriormente les asignen los mejores concursos. La relación de jueces que intervienen en los congresos y cursos de formación concursales es larga pudiendo destacar a Francisco Javier Vaquer Martín, Pedro Malagón Ruiz, Luis Seller Roca de Togores, Juan Manuel de Castro Aragonés, José María Tapia López, Andrés Sánchez Magro, Teresa Vázquez Pizarro, Victor Fernández González, Jacinto Talens, Leandro Blanco, Santiago Senent, Teodoro Ladrón, Fátima Durán, Carlos Nieto Delgado, Marcos Bermúdez, Fernando Caballero o Aner Uriarte entre otros.

De entre estos jueces mercantiles, Andrés Sánchez Magro, que llegó a ser investigado por la UDEF en una causa que sería archivada, habría aparecido en la lista de jueces que presuntamente tienen cuentas en paraísos fiscales. En este caso dispondría, presuntamente, de 1,2 millones $ depositados, supuestamente, en el Nuovobanq de Seychelles.

Sánchez Magro es públicamente conocido cómo juez mediático que ha conocido de los concursos de entidades como Nozar, Grupo Inmobiliario Tremon, Clesa, Sniace, Dentix, o de casos como los de Vivendi contra Mediaset, los horarios de la Liga de futbol, el cártel de camiones, Confebus o la Asociación madrileña del taxi. Es además comentarista taurino, crítico literario y gastronómico, amante del buen vino y conocido también por sus escándalos habiendo recibido críticas de sus superiores de la Audiencia Provincial por sus resoluciones judiciales carentes de rigor.

Los escándalos de los abusos de los jueces son habituales

Como ven, los escándalos por los abusos de los jueces y los administradores concursales son habituales como en los casos de Grupo Inmobiliario Luxender, NOZAR o del Grupo JALE (propietaria del Hotel Incosol), en los que se han llegado a plantear denuncias y querellas contra administradores como José Luis Ramos Fortea, Abraham García Gascón, Cristina Jiménez Savurido o Luis Aurelio Martín Bernardo, por ocultar, presuntamente, deudas de las entidades bancarias con las concursadas, torpedear la aprobación del convenio de acreedores y la continuidad de la empresa, formular reclamaciones millonarias a los administradores concursales y a crear asociaciones de acreedores afectados porque el administrador concursal no se había reunido ni informado a los acreedores en 6 años.

Juzguen ustedes mismos si a la luz de estas tres entregas de “La caja de Pandora de la corrupción judicial”, en las que aparecen magistrados del Constitucional, del Supremo, de la Audiencia Nacional, de la Audiencia Provincial, de los Juzgados de Primera Instancia, de Instrucción y Mercantiles, vocales del CGPJ con dinero en paraísos fiscales ¿consideran ustedes que este tinglado podría calificarse como una banda criminal organizada?

El enfado prolifera entre los ciudadanos que ven como la justicia cada vez es más corrupta y se animan a formular denuncias a la Policía, los juzgados, el Defensor del Pueblo, el CGPJ, la Agencia Tributaria, la Unión Europea, la Fiscalía Europea de nueva creación, etc.; por ello continuaremos haciendo públicos todos los jueces presuntamente con cuentas en paraísos fiscales que vayan saliendo a la luz, en la medida de nuestras posibilidades y de la investigación de hackers, de medios en las redes y de todos los denunciantes de corrupción que el sistema y el aparato judicial está intentando represaliar por ejercer el derecho de informar a todos los españoles con libertad de expresión.

En nuestras anteriores entregas hemos destapado la lista de algunos jueces del Constitucional, el Supremo, la Audiencia Nacional, la Audiencia Provincial y Juzgados de Primera Instancia e Instrucción con millones depositados presuntamente a su nombre en paraísos fiscales; en ésta vamos a destapar los vocales del CGPJ que, presuntamente, tendrían también cuentas opacas a Hacienda y lo que en conjunto por la participación de políticos, jueces, vocales del CGPJ y grandes despachos de abogados parece, a los ojos de cualquier ciudadano objetivo, un tinglado con aparentes trazas de presunta “banda de trileros”.

El órgano de gobierno de los jueces recae en el CGPJ, que se compone por 20 vocales elegidos, seis por el Congreso y seis por el Senado, de entre jueces y magistrados presentados por las distintas asociaciones profesionales de jueces; y los ocho restantes son elegidos, de entre abogados y juristas de reconocida competencia, cuatro por el Congreso y cuatro por el Senado a propuesta de los partidos políticos.

De esta forma de elección de los vocales del CGPJ se deduce que la designación de todos ellos depende de los políticos cuando además las propuestas de las asociaciones de jueces están influenciadas políticamente y éstas tienen tendencias políticas claramente definidas, siendo la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente de centro derecha y Jueces para la Democracia de izquierda. Entre las funciones del CGPJ están los nombramientos, ascensos y traslados de los jueces y magistrados, así como las licencias, permisos, etc.; la inspección de los juzgados y tribunales y la exigencia de responsabilidad disciplinaria. De esta manera, el control de todos los jueces depende del CGPJ y los discordantes son postergados, a conveniencia, en todos los ascensos, promociones y nombramientos.

Pero, en la elección y ascenso de los jueces, no sólo influyen los políticos a través de los vocales del CGPJ, sino también los grandes despachos de abogados (Garrigues, Cuatrecasas, Uría y Menéndez, etc.) que tratan por todos los medios de colocar a sus peones en las altas instancias judiciales para controlar la justicia, como ya relató Juan Luis Galiacho en su artículo “Los lobbies de la Justicia”. Para ello, muchos despachos profesionales y sus clientes del IBEX35 y otras grandes empresas, patrocinan y participan en cursos, congresos, simposiums, etc. invitando a los jueces y magistrados a intervenir en los mismos y en sus escuelas de finanzas y negocios.

Por otro lado, se encuentra el Ministerio Fiscal, sometido expresamente al principio de dependencia jerárquica, que ejerce sus funciones dentro de una estructura jerárquica presidida por el fiscal general del Estado nombrado por el Gobierno.

Partiendo de estos parámetros condicionantes, la independencia e imparcialidad de la Administración de justicia resulta prácticamente imposible en España donde la designación del Fiscal general del Estado depende del Gobierno y maneja a su antojo la acción pública, acusando a conveniencia no por criterios jurídicos sino por consideraciones políticas; y el nombramiento de los jueces depende de los políticos, de las politizadas asociaciones judiciales y de los grandes despachos de abogados con sus intereses partidistas de manejar a jueces, magistrados y fiscales para que sus grandes clientes, que les reportan su multimillonaria facturación principal, no pierdan ningún litigio, tengan o no la razón y el derecho de su parte.

Por eso, no es de extrañar que todo tipo de denunciantes de corrupción y hackers hayan diseminado por las redes listados de jueces, magistrados, fiscales y vocales del CGPJ con cuentas bancarias en paraísos fiscales presuntamente a su nombre con cantidades millonarias que no pueden salir más que de las grandes empresas que manejan miles de millones y tienen importantes intereses en juego en las instancias judiciales. Ya vimos un ejemplo de ello en el que el presidente, Luis María Diez Picazo, y el Pleno de la Sala contencioso administrativa del Tribunal Supremo salieron en ayuda de la banca para impedir que tuviesen que hacer frente al impuesto de AJD derivado de las hipotecas, a excepción de los magistrados especialistas de la Sección segunda, Sres. Navarro Sanchís, Aguallo Avilés y Cudero Blas, que formularon un demoledor voto particular contra la sentencia de 27 de noviembre de 2018 que se resolvió por el estrecho margen de 15 votos a favor y 13 votos en contra. Como se puede ver 13 de los magistrados de la Sala tercera no se sometieron al designio de la banca, lo que demuestra que, pese a todo, sigue habiendo magistrados independientes e imparciales.

Jueces, magistrados…y miembros del CGPJ

Ya en las dos entregas anteriores nos referimos a jueces y magistrados, en la presente haremos mención a miembros del CGPJ. Entre los vocales del CGPJ con cuentas presuntamente a su nombre en paraísos fiscales se encontrarían, al parecer, los siguientes: Rafael Fernández Valverde, exmagistrado del Tribunal Supremo, dispondría, presuntamente a su nombre, de 1 millón € en el Credit Andorra del Principado de Andorra; Vicente Guilarte Gutiérrez, catedrático de Derecho Civil, tendría al parecer, 1 millón $ en el Banco Itaú de Brasil; Álvaro Cuesta Martínez, exdiputado del PSOE, tendría 1,2 millones $ en el Banco del Itsmo de Panamá; José Antonio Ballestero Pascual, magistrado del TSJ de Galicia, tendría, supuestamente, depositados a su nombre en el VP Bank de Liechtenstein 1,2 millones €; Gerardo Martínez Tristán, magistrado de la Audiencia Nacional, dispondría en un deposito presuntamente abierto a su nombre de 1 millón € en la Banque de Luxembourg; Enrique Lucas Murillo de la Cueva, socio del despacho Gómez-Acebo y Pombo, que tendría, al parecer, 2 millones € en la Banque BCP de Luxemburgo; Clara Martínez de Carreaga García, magistrada del Tribunal Supremo, al parecer, dispondría en el banco BLADEX de Panamá de 1,25 millones $; Juan Martínez Moya, expresidente del TSJ de Murcia, tendría, aparentemente, 1 millón € en el Isle of Man Bank; Roser Bach Fabregó, magistrada del TSJ de Cataluña, tendría 0,9 millones €, al parecer, a su nombre en el Bank of Ireland en la oficina principal de Dublín; Nuria Díaz Abad, jefe de la Abogacía del Estado ante el TJUE, presuntamente, dispondría de una cuenta con 0,7 millones € en el Frick Bank de Liechtenstein; Rafael Mozo Muelas, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, dispondría a su nombre de 1 millón $, en el Scotia Bank de Bahamas; Wenceslao Olea Godoy, magistrado del Tribunal Supremo, supuestamente, tendría en el Frick Bank de Liechtenstein 0,9 millones €; Carmen Llombart Pérez, magistrada del TSJ de la Comunidad Valenciana, dispondría de 1,2 millones € a su nombre en el Neue Bank del Principado de Liechtenstein; Pilar Sepúlveda García de la Torre, fundadora de la Asociación de mujeres víctimas de agresiones sexuales, al parecer, sería titular de una cuenta con 0,9 millones $ en el Delta Bank & Trust de las Islas Caimán; Concepción Sáez Rodríguez dispondría, al parecer, de una cuenta en el FCM Bank de Malta con 0,9 millones €; Manuel Fernández Martínez, que fuera decano de Pamplona y presidente del TSJ, tendría abierta una cuenta supuestamente a su nombre con 0,5 millones € en el Neue Bank de Liechtenstein; Victoria Cinto Lapuente, expresidenta de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa y exdecana de los juzgados de San Sebastián, tendría 1,5 millones € en el FCM Bank de Malta; María del Mar Cabrejas Guijarro, magistrada de la Audiencia Provincial de Toledo, dispondría de 1 millón $ en el Banque Havilland de Bahamas; José María Macías Castaño, socio del despacho Cuatrecasas, tendría presuntamente 1,5 millones € en el banco israelí Leumi Bank en la Isla de Jersey; Ángeles Carmona Vergara, presidenta del Observatorio contra la violencia doméstica y de género, tendría depositados, aparentemente, 1,2 millones $ en el Novobanq de las Islas Seychelles; el secretario general del CGPJ, José Luis de Benito Benitez de Lugo, que fue director general del gabinete del ministro del Interior y del de Defensa, tendría a su nombre presuntamente 0,75 millones € en el Allied Irish Bank (AIB) de Jersey, y el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, que, según las informaciones aparecidas en diferentes medios, canales de información y redes sociales, tendría a su nombre presuntamente más de 17 millones en el Standard Bank de la Isla de Man.

Solamente las cantidades presuntamente depositadas en paraísos fiscales a nombres de vocales del CGPJ y su presidente y secretario general superan los 40 millones €. ¿A qué se deberían estas cantidades de millones para, presuntamente, unos vocales del CGPJ que no dictan sentencias? ¿Se producen por qué estos vocales nombran a los miembros de los tribunales y a los presidentes de las Salas, etc. que sí dictarán sentencias a los que aportan el dinero?

Pero al parecer, además de en las altas instancias donde se resuelven los procedimientos y se archivan las causas de forma definitiva, dónde más rédito saca la corrupción judicial sería en los casos de los concursos de grandes empresas en los que se liquidan todo tipo de valiosos activos de las sociedades en quiebra.

Historial de fraude abundante

El historial de fraude en los procedimientos concursales es abundante, siendo de tal magnitud que las distintas reformas legislativas de la normativa concursal se han producido precisamente para tratar de evitarlo, con poco éxito hasta la fecha. La reforma del año 2003 incluía en la exposición de motivos de la Ley concursal diferentes pasajes en los que se hace referencia al “predominio de determinados intereses particulares en detrimento de otros generales”, a “soluciones injustas, frecuentemente propiciadas en la práctica por maniobras de mala fe, abusos y simulaciones” lo que “permitió corruptelas muy notorias”. Si la propia Ley concursal ya advertía de corruptelas muy notorias, la realidad supera el propio reconocimiento de la ley.

Son sonados los escándalos en los procedimientos de quiebras y suspensiones de pagos en los que unos cuantos administradores concursales se hacían con la administración de los concursos más jugosos. En la década de los 90 el juez decano de Madrid, Antonio García de Paredes y el presidente del TSJ de Madrid, Clemente Auger, tuvieron que ordenar una investigación ante el acaparamiento de las mayores suspensiones de pagos y quiebras por los administradores Joaquín Lluch Rovira, Miguel Guijarro Gómez, Carmina Soler Balagueró o Alberto Grande García.

Pero el reparto de los mejores concursos, siempre a los mismos administradores, no acabó con aquella investigación que quedó en agua de borrajas, sino que ha continuado con otros como Pedro Bautista Martín Molina al que se le investigó por la UDEF porque, supuestamente, formaba parte de una supuesta red que actuaba en connivencia con jueces mercantiles, administradores concursales, abogados y peritos. Durante los años de la crisis, 2008-2014 periodo en el que se liquidaron cientos de empresas, el negocio era redondo con Martín Molina a la cabeza de los administradores con más concursos adjudicados, seguido de Jesús María Verdes Lezana, Fernando Gómez Martín y Carlos Álvarez Fernández.

De qué calibre será el fraude, que la conocida administradora concursal Antonia Magdaleno Carmona fue condenada a 4 años de cárcel por estafar más de 4,6 millones € al propio despacho para el que trabajaba, Broseta Abogados, en el concurso de Martinsa Fadesa. Las investigaciones de los fraudes en los concursos han llegado al extremo de tener que participar en ellas la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal.

El problema radica en que los jueces mercantiles pueden designar a los administradores concursales a su elección en los concursos de gran tamaño (arts. 27.3 LC y 62.2 TRLC) que son los que más honorarios reportan, de manera que se abre la puerta a la corruptela del nombramiento del amigo.

En esos nombramientos participan los grandes despachos, que celebran congresos en los que invitan a jueces a impartir conferencias remuneradas con estancias en lujosos hoteles, con la, supuesta finalidad, de que posteriormente les asignen los mejores concursos. La relación de jueces que intervienen en los congresos y cursos de formación concursales es larga pudiendo destacar a Francisco Javier Vaquer Martín, Pedro Malagón Ruiz, Luis Seller Roca de Togores, Juan Manuel de Castro Aragonés, José María Tapia López, Andrés Sánchez Magro, Teresa Vázquez Pizarro, Victor Fernández González, Jacinto Talens, Leandro Blanco, Santiago Senent, Teodoro Ladrón, Fátima Durán, Carlos Nieto Delgado, Marcos Bermúdez, Fernando Caballero o Aner Uriarte entre otros.

De entre estos jueces mercantiles, Andrés Sánchez Magro, que llegó a ser investigado por la UDEF en una causa que sería archivada, habría aparecido en la lista de jueces que presuntamente tienen cuentas en paraísos fiscales. En este caso dispondría, presuntamente, de 1,2 millones $ depositados, supuestamente, en el Nuovobanq de Seychelles.

Sánchez Magro es públicamente conocido cómo juez mediático que ha conocido de los concursos de entidades como Nozar, Grupo Inmobiliario Tremon, Clesa, Sniace, Dentix, o de casos como los de Vivendi contra Mediaset, los horarios de la Liga de futbol, el cártel de camiones, Confebus o la Asociación madrileña del taxi. Es además comentarista taurino, crítico literario y gastronómico, amante del buen vino y conocido también por sus escándalos habiendo recibido críticas de sus superiores de la Audiencia Provincial por sus resoluciones judiciales carentes de rigor.

Los escándalos de los abusos de los jueces son habituales

Como ven, los escándalos por los abusos de los jueces y los administradores concursales son habituales como en los casos de Grupo Inmobiliario Luxender, NOZAR o del Grupo JALE (propietaria del Hotel Incosol), en los que se han llegado a plantear denuncias y querellas contra administradores como José Luis Ramos Fortea, Abraham García Gascón, Cristina Jiménez Savurido o Luis Aurelio Martín Bernardo, por ocultar, presuntamente, deudas de las entidades bancarias con las concursadas, torpedear la aprobación del convenio de acreedores y la continuidad de la empresa, formular reclamaciones millonarias a los administradores concursales y a crear asociaciones de acreedores afectados porque el administrador concursal no se había reunido ni informado a los acreedores en 6 años.

Juzguen ustedes mismos si a la luz de estas tres entregas de “La caja de Pandora de la corrupción judicial”, en las que aparecen magistrados del Constitucional, del Supremo, de la Audiencia Nacional, de la Audiencia Provincial, de los Juzgados de Primera Instancia, de Instrucción y Mercantiles, vocales del CGPJ con dinero en paraísos fiscales ¿consideran ustedes que este tinglado podría calificarse como una banda criminal organizada?

El enfado prolifera entre los ciudadanos que ven como la justicia cada vez es más corrupta y se animan a formular denuncias a la Policía, los juzgados, el Defensor del Pueblo, el CGPJ, la Agencia Tributaria, la Unión Europea, la Fiscalía Europea de nueva creación, etc.; por ello continuaremos haciendo públicos todos los jueces presuntamente con cuentas en paraísos fiscales que vayan saliendo a la luz, en la medida de nuestras posibilidades y de la investigación de hackers, de medios en las redes y de todos los denunciantes de corrupción que el sistema y el aparato judicial está intentando represaliar por ejercer el derecho de informar a todos los españoles con libertad de expresión.