La profunda herida de la corrupción en México se ha puesto a supurar, provocando un escándalo de talla monumental que salpica a las más altas esferas del poder, incluidos tres expresidentes, Peña Nieto, Felipe Calderón y Carlos Salinas, así como antiguos ministros, gobernadores, senadores y diputados.
El detonante ha sido la declaración ante la justicia de Emilio Lozoya, el que fuera director de la petrolera estatal Pemex, entre 2012 y 2016. Una declaración que, de forma inexplicable, se ha filtrado a todos los medios de comunicación.
En sus 63 páginas, Lozoya acusa a numerosos políticos de aceptar multimillonarios sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
Entre otras cosas, cuenta cómo él mismo les pidió seis millones de dólares para la campaña presidencial de 2016 de Enrique Peña Nieto. También recibieron maletas varios diputados para que impulsaran la reforma energética que permitió la entrada de empresas privadas en la explotación del petróleo mexicano.
El también expresidente Felipe Calderón, igualmente señalado, se ha defendido diciendo que es todo es fruto de una persecución política orquestada por el actual mandatario, López Obrador.
«Nosotros no estamos persiguiendo a nadie -ha respondido AMLO-. Nosotros lo que queremos es que se acabe la corrupción, que se acabe el bandidaje oficial que existía».
López Obrador se presenta como un adalid de la lucha corrupción. Sin embargo, en la calle, muchos se muestran escépticos sobre la posibilidad de que las cosas cambien.
«No los va a meter a la cárcel. Él lo que quiere es que el pueblo vea que él está trabajando en esa situación de acabar con la corrupción. Pero no les va a dañar a ninguno», opina un hombre.
Desde un punto de vista judicial, la filtración hace planear dudas sobre el debido proceso en el futuro juicio a Lozoya, que amenaza con poner patas arriba la política mexicana.
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