Una joven de 16 años denuncia ante la Justicia que podría cambiar de sexo o abortar, pero no la dejan decidir con quien quiere vivir
Está en situación de «acogimiento residencial» y quiere irse a vivir con sus abuelos y hermanos mayores
La menor tiene 16 años y está amenazando con suicidarse.
Se encuentra en situación legal de desamparo por la Comunidad de Madrid y en situación de acogimiento residencial desde enero de 2019, hace ya más de cuatro años.
Vive en la Residencia Calasanz, de Pinto, localidad situada a unos 20 kilómetros al sur de la capital de España, en la que estaba junto a sus dos hermanos hasta que cumplieron la mayoría de edad y dejaron de estar tutelados por la entidad de protección de menores.
Su hermano tiene 21 años y su hermana, 18 y están viviendo con sus abuelos maternos.
La menor quiere irse a vivir con ellos, gozando también del contacto con el resto de la familia, sus tíos y primos, y matricularse para el curso que viene en un instituto cercano al domicilio.
Ha comunicado a los responsables del centro que quiere vivir de forma permanente con sus hermanos y abuelos. Sin embargo, según su testimonio, en la residencia la “obligan” a permanecer.
Por ello, solicitó que se le nombrara defensor judicial para poder pedir el beneficio de la mayoría de edad. Cargo que recayó en su tío, en virtud de un decreto dictado a finales de abril.
A principios de mayo, su tío solicitó al Juzgado de Primera Instancia número 6 de Parla, asistido por el abogado Francisco Serrano Castro, que se abriera expediente de jurisdicción voluntaria y se concediera a su sobrina el beneficio de la mayoría de edad, “permitiéndole decidir en libertad dónde y con quién quiere vivir”.
Y ello, sin perjuicio de que este año acabe el curso en el instituto, comprometiéndose su familia a llevarla diariamente a clase y recogerla.
La joven denuncia que bien podría cambiar de sexo o abortar, pero no la dejan decidir con quien quiere vivir.
Con ellos pasa ya los fines de semana, festivos y las vacaciones, y el año pasado pasó “unas vacaciones estupendas en la playa”.
Y ello, “pese a haber recibido constantes llamadas del centro, especialmente en esos dos meses de verano, que incluso, como ya he expresado, de forma coactiva y amenazante le conminaban a regresar, lo cual le ha provocado una situación estresante y de ansiedad por la que tuvo que ser tratada por un psicólogo, cuyo dictamen clínico se adjunta”, relata su letrado en el escrito.
“ESTA SOCIEDAD NO PUEDE SER TAN HIPÓCRITA”, SOSTIENE SU ABOGADO
“Esta sociedad no puede ser tan hipócrita para permitir que una niña con 16 años pueda abortar sin decírselo a nadie, sin contar con la autorización de sus padres y, sin embargo, no pueda tener capacidad para decidir con quién se quiere ir a vivir”, manifiesta a Confilegal Francisco Serrano, director del despacho Serrano Abogados, de Sevilla, y magistrado en excedencia.
Sostiene que “si una niña que esté en un centro tutelado con una madurez suficiente, tiene la posibilidad de pedir la emancipación, por qué no se le va a dar, por qué se retrasa el dársela y la niña pueda decidir irse con sus abuelos y sus hermanos mayores y matricularse”.
“¿Qué sentido tiene que la niña siga en contra de su voluntad en un centro de acogida, pagado con los impuestos de todos los españoles, cuando está mucho mejor con su familia?”, plantea el letrado.
A su juicio, la respuesta es muy sencilla: “Las subvenciones que pagan por niños en acogimiento”.
“Sin embargo, cuando los niños tienen 18 años, en el centro les dan la patada y que se busquen la vida”, critica.
AMENAZA CON SUICIDARSE “ANTE ESTA SITUACIÓN DE MALTRATO INSTITUCIONAL”
Como ya han transcurrido dos meses desde que se solicitó la emancipación y el Juzgado todavía no se ha pronunciado, el 22 de junio presentaron un escrito a fin de que se convoque, con urgencia, una comparecencia con audiencia de la menor para que se acuerde concederle el beneficio de la mayoría de edad que ella misma solicita y en su nombre su defensor judicial.
El abogado advierte en él de que “la niña está amenazando con suicidarse ante esta situación de maltrato institucional”. Según expone, “la amenazan diciendo que como deje el centro para irse a vivir con ellos, pueden tomar represalias penales contra toda su familia y contra ella”, haciéndola sentir “coaccionada y con miedo”.
Se encuentra “aterrorizada, emocionalmente inestable y con un sufrimiento y un estado de constante ansiedad”.
Por ello, vuelven a reiterar el amparo judicial “para remediar esta situación incomprensible”.
Además, advierte que teme que a la menor le pueda pasar algo si se le obliga a quedar sola este verano sin contacto con su familia”.
La familia ya había pedido en julio del año pasado el cese del acogimiento residencial y que se formalizara el acogimiento familiar, pero sigue sin recibir respuesta alguna de la entidad de protección de menores de la Comunidad de Madrid.
En todo caso, “una hipotética formulación de oposición a la denegación de esa solicitud por silencio administrativo, no se resolvería, casi con total seguridad, antes de que la menor cumpliera la mayoría de edad”, según Serrano.
TIENE MADUREZ SUFICIENTE
El letrado, en nombre del defensor judicial de la menor, en el escrito en el que solicita que se le conceda el beneficio de la mayoría de edad, afirma que ésta tiene “capacidad, lucidez y madurez suficientes, y plena consciencia de lo que es más conveniente para ella”.
También pone de manifiesto que la familia “tiene recursos para cubrir todas sus necesidades, incluido un cuarto propio donde dormir y estudiar”.
Explica que la cuestión que motiva esta solicitud es que la joven “no soporta más estar ingresada en el centro, pues no es feliz allí, como insistentemente ha reiterado, y especialmente, tras no contar ya con el apoyo y presencia de sus hermanos”.
“Es de temer incluso que pueda caer en una depresión, pues incluso en privado le ha llegado a decir a su hermano que no quiere seguir viviendo así”, expone el letrado, que adjunta cartas manuscritas de ella dirigidas a sus familiares.
Asimismo, argumenta que la adolescente, “pese a las amenazas recibidas, resulta obvio e indiscutible que no es ninguna delincuente, ni desea que se la trate como tal, ya que es aún una menor que, en teoría se encuentra bajo el amparo del sistema de protección de menores de la Comunidad de Madrid, por lo que ya a su edad, y ante la capacidad que tiene de discernimiento (que incluso le permitiría cambiar de sexo y abortar sin solicitar ninguna autorización), nadie la podría retener contra su voluntad en un centro que no es de reforma, sino de acogida”.
Desgraciadamente, sus padres siguen sin estar en condiciones de poder ocuparse de sus hijos y especialmente de la que sigue siendo menor, “hasta que sea capaz de valerse por mí misma y poder disfrutar de independencia económica”.
HA SUFRIDO AGRESIONES Y ‘BULLYNG’ EN LA RESIDENCIA
También expone al Juzgado que “por encima de informes de técnicos del propio centro, que puedan valorar su supuesta evolución positiva en el mismo, ha de prevalecer lo que la menor opina sobre su propio desarrollo personal, máxime cuando ahora se ha quedado sola y sin la presencia de sus dos hermanos, al margen de haber sufrido episodios de agresiones y ‘bullying’ por parte de otros adolescentes acogidos, que también han sido comunicados”.
“Y más, cuando se considera que los intereses de la residencia pueden entrar en un claro conflicto de intereses, pues si marcho del centro, éste dejaría de ingresar las subvenciones que por mí perciben de los servicios sociales de la Comunidad de Madrid, y que considero se quieren asegurar hasta que cumpla la mayoría de edad”, subraya también.
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