VOZ IBÉRICA, LA PLATAFORMA DE COMUNICACIÓN, SIN CENSURAS… HA SIDO HACKEADA, Y HA PERMANECIDO INACTIVA DURANTE 48 HORAS. PERO VOLVEMOS, “INMUNIZADOS” Y CON MAYOR FUERZA.

La izquierda, quienes se hacen llamar “progresistas” tienen una peculiar manera de entender la libertad de pensamiento y la libre expresión, es por ello que, cuando les incomoda lo que cuentan quienes no comparten sus ideas y sus formas de actuación, se quitan la careta y se manifiestan abiertamente como lo que son: gente totalitaria y liberticida, cuyo único y último objetivo es acabar con la democracia representativa, con la libertad de mercado, con la libertad de pensamiento y de expresión, con la separación de poderes, con el estado de derecho, con todas las libertades y derechos individuales…

Y, eso es lo que ha ocurrido el fin de semana del 23 de agosto: Soros y sus secuaces (entre los cuales están los partidos comunistas Podemos y Bloco de Esquerda) han lanzado un ataque liberticida, con la intención de amordazarnos, y lo han logrado durante 48 horas… pero, después de esta “crisis de salud” salimos inmunizados, con mayor vitalidad, con mayor fuerza, con más energía; y podemos afirmar que, a pesar de los intentos de los globalistas de hacernos callar, no lo van a conseguir.

 Cuando el partido comunista “Podemos” echaba a andar, a principios del año 2014 (generosamente financiado por Soros, Hugo Chávez y los ayatolás de Irán, entre otros), su líder, Pablo Iglesias, ya hablaba de que había que crear una ley de prensa, según él necesaria para “evitar que se difundan mentiras por parte de los medios de comunicación”.

Lógicamente estaba proponiendo la creación de un  Ministerio de la Verdad, a la manera de la novela “1984” de George Orwell. “Casualmente”, siguiendo las recomendaciones de “podemos”, el sindicato socialista altamente subvencionado, UGT, organización atestada de dirigentes claramente corruptos, logró a los pocos meses de la fundación de “Podemos”, imponer la destitución del economista liberal Juan Ramón Rallo en un programa de Televisión Española… y mientras,  el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) miraba para otro lado y se ponía a silbar.

Cualquier democracia liberal debe poseer, entre otros el derecho al libre pensamiento, y el derecho a la libre expresión de ideas y opiniones, sea cual sea el procedimiento; pero ¿en qué consiste eso de la “libertad de expresión”?

El derecho a la libertad de expresión significa que cualquier persona tiene derecho a manifestar sus ideas sin miedo a ser reprimida, sin temor a la interferencia o la acción punitiva del gobierno; pero todo ello no hay que confundirlo con la idea de que los demás estemos obligados a facilitarle a esa persona un púlpito, una sala de conferencias, una emisora de radio, una televisión, o cualquier otro procedimiento de comunicación/información, o una imprenta para que pueda hacerlo.

Yo nunca paro de decir que, se recolecta lo que se siembra: Me refiero a que, durante años y años los colectivistas e intervencionistas, y demás liberticidas, han “vendido” muy hábilmente y divulgado la idea de que el rechazo, por parte de cualquier individuo particular, a financiar a quien considera un adversario constituye una violación del derecho a la libre expresión del adversario, y un acto de «censura».

Quienes son partidarios de esta idea, afirman también que, es calificable de «censura» la negativa de un diario a publicar artículos de personas que tengan ideas completamente opuestas a la política de sus dueños, o quien dice un periódico, una emisora de radio, o una televisión; o una empresa editorial a publicar un libro.

¿Qué tiene de raro, de ilegítimo, que los propietarios de una empresa, de un proyecto privado, rehúsen, rechacen darle la palabra a quien los insulta, veja y difama; o simplemente disiente abiertamente de la política de la empresa?

Generalmente, siempre suele ocurrir que son las mismas personas, las que se quejan de que se las censura, a la vez que amenazan con revocar la licencia a toda emisora de radio o televisión, en cuanto tengan poder para ello, o como poco a “supervisarlos” de manera inquisitorial, si no acceden a aceptar su punto de vista sobre los programas y sus contenidos

También existe otra forma de coacción y chantaje: la retirada total o parcial de las diversas ayudas que reciben los medios de información, provenientes de los diversos gobiernos, sean mediante inserción de propaganda institucional, o ayudas dinerarias a fondo perdido, o préstamos “blandos”. Como ha ocurrido en España durante el “estado de alarma” (léase “arresto domiciliario” al que han sido obligados los españoles durante meses, supuestamente para combatir el coronavirus) donde el gobierno ha regado generosamente a los medios que le son afines.

Veamos algunas cuestiones relacionadas con esta tendencia o corriente de opinión:

Para empezar, el vocablo «censura» se debería aplicar únicamente a la acción gubernamental.

Ningún acto privado debe ser considerado censura. Ningún individuo o agencia particular puede silenciar a otra persona, o suprimir-secuestrar una publicación, o clausurar un medio de información: sólo el gobierno puede hacerlo.

Cuando una  persona particular, o una organización emprende una acción de boicot (como nos ha ocurrido a VOZ IBÉRICA, en las últimas 48 horas) para impedir la libre expresión, está incurriendo en delito, está actuando de forma criminal.

Otra premisa, imprescindible es la de que la libertad de expresión de los individuos particulares, incluye el derecho a no estar de acuerdo con sus antagonistas, disentir de quien le plazca, y en suma, el derecho a no escucharlos y no financiarlos.

Pero según las doctrinas colectivistas e intervencionistas,  tales como la  que inspira a “Podemos” y sus primos hermanos del Bloco de Esquerda, ningún particular tiene derecho a disponer de sus propios medios materiales de acuerdo con sus propias convicciones, y debe entregar indiscriminadamente su dinero a cualquier vocero o propagandista que se arrogue «derechos» sobre su propiedad.

Esto implica que otorgar instrumentos, herramientas materiales para facilitar  la expresión de las ideas de otros, priva a determinadas personas del derecho a sostener las propias. Significa que un editor, por ejemplo, debe publicar libros que considera sin valor, falsos o malintencionados; que un anunciador de televisión tiene que financiar a los comentaristas que insultan u ofenden a sus convicciones; que el dueño de un periódico o cualquier clase de revista,  debe ceder –gratis- su página editorial a cualquier matón que proponga la esclavitud  o el amordazamiento de la prensa.

Esta corriente de pensamiento, de opinión, significa que un grupo de personas se arroga el «derecho» a la licencia ilimitada, mientras que otro grupo se ve obligado a ceder, indefenso, sus propias responsabilidades.

Pero, dado que es imposible proveer a todos los que lo soliciten un empleo, un micrófono o una columna periodística, ¿quién habrá de supervisar, determinar –y con qué criterio- la «distribución» de los «derechos económicos» y seleccionará a quienes los reciban, si ha sido abolido el derecho a elegir del propietario de tales medios? Obviamente, lo indicarán los burócratas, intervencionistas de turno.

Y si usted comete el error de pensar que esto se aplica únicamente a los grandes empresarios, conviene que se dé cuenta de que esta corriente de opinión incluye el «derecho» de todo autor en ciernes, de todo poeta bohemio, de todo compositor de música ruidosa, cualquier “cineasta”, y de toda clase de “artista” que disponga de vínculos políticos con el partido gobernante,  a tener el apoyo financiero que usted no les proporcionó cada vez que optó por no asistir a uno de sus espectáculos.

¿Qué significa, si no, el proyecto de gastar el dinero de los impuestos, que usted paga, en «arte subsidiado por el Estado»?

Se olvida, premeditada e intencionadamente que el derecho a la libre expresión es el derecho de defender los propios puntos de vista y soportar las posibles consecuencias, incluyendo el desacuerdo con los demás, la oposición, la impopularidad y la falta de apoyo.

La función política del «derecho a la libre expresión» debe ser la de proteger a quienes disienten y a las minorías impopulares de toda represión violenta, no la de garantizarles el apoyo, las ventajas y las recompensas de una popularidad que no se han ganado, y que no se merecen.

El gobierno debe tomar medidas para impedir que se coarte la libertad de expresión, de información, o de prensa; pero eso no significa que los ciudadanos tengamos la obligación de darle un micrófono a quien propugna la destrucción de la libertad de expresión, o como poco ponerle obstáculos y cortapisas.

Sería lo mismo que darle una llave maestra a un ladrón que tiene intención de robarnos, o un cuchillo a alguien que sabemos que va intentar cortarnos el cuello.

Esto es, al fin y al cabo, lo que pensamos quienes afirmamos, sin rodeos, no deberían existir medios de información/comunicación públicos, y que deberían desmantelarse las televisiones, radios y cualquier medio de titularidad pública… Y mientras esto llega, es inevitable hacer una pregunta: ¿Por qué no ha de tener derecho cualquier persona que tenga algo que contar, como cualquier hijo de vecino, a exponer sus ideas y opiniones en una televisión o cualquier medio de titularidad pública que, “también son suyos”, por el simple hecho de pagar impuestos?

Y, ya para terminar, me voy a permitir reproducir las palabras del economista Juan Ramón Rayo, cuando fue vetado en la Televisión Española por los socialistas y comunistas: no necesitamos más leyes ni más burocracias que, controlen la prensa y el resto de los medios de información,  e impongan su particular concepción de “la verdad”, de lo correcto y  de lo incorrecto, erigiéndose en los nuevos gestores de la moral colectiva, sino más libertad e independencia  para que, puedan emitirse todas aquellas informaciones que los periodistas deseen divulgar, emitir. Y ese escrupuloso respeto con la libertad de expresión implica, sí, que debemos ser tolerantes con la mentira. Una sociedad abierta no debe censurar a los mentirosos: debe combatirles divulgando la verdad y echando por tierra sus infundios, pero no cerrando sus canales de comunicación o secuestrando sus publicaciones.

Una sociedad que sólo es capaz de protegerse de la mentira recurriendo a la coacción estatal —y no a la más creíble persuasión por parte de quienes no mienten— es una sociedad tremendamente frágil, en tanto que el Estado controla los canales últimos de la información y de la creación de opinión: control del que podría abusar para, justamente, imponer su propia e interesada mentira. ¿Quién controlaría las mentiras del controlador último? Nadie.

En cambio, una sociedad que va construyendo de manera descentralizada y no coactiva los mecanismos para contrastar la información es una sociedad mucho menos vulnerable ante la mentira: una sociedad con numerosos pesos y contrapesos frente a la información falsa y a la que, en consecuencia, es mucho más difícil engañar.

El control estatal de la prensa que defienden Podemos, el Bloco de Esquerda y demás socialistas y comunistas, todos ellos liberticidas,  no es una vía para que la sociedad realice un acto de existencia, frente a los poderes fácticos, sino para infantilizarla ante la creación de nuevos poderes fácticos.

Los totalitarios y liberticidas no toleran la libertad de pensamiento ni la libre expresión. Cuando ellos alcanzan el poder, los medios de comunicación solo son consentidos, tolerados cuando son aduladores, trovadores del partido del régimen, del jefe…. Los socialistas y comunistas son partidarios de censurar en cuantas ocasiones lo creen necesario y de múltiples maneras a periodistas y medios, o boicotearlos, asfixiarlos, e incluso de intentar “matarlos”, como han hecho con VOZ IBÉRICA este fin de semana… Pero no van a lograr hacernos callar, volvemos con más fuerza, con más energías, con más vitalidad, inmunizados,…

 ¡Quedan ustedes avisados!

Carlos Aurelio Caldito Aunión

Director y fundador de VOZ IBÉRICA.