¿Y SI HABLAMOS DE LA CORRUPCIÓN EN EL PERIODISMO?

CAROLUS AURELIUS CALIDUS UNIONIS

Cuando comenzaba el año 2024 hubo algunos medios de información que se hicieron eco del dinero que el gobierno social-comunista de Pedro Sánchez tiene previsto gastar durante este año en publicidad: nada menos que ¡270 millones! Con anterioridad, en mayo de 2023, el Consejo de Ministros autorizó la puesta en marcha del proceso de adjudicación del mayor contrato de publicidad institucional de la historia. En concreto, se dio vía libre al Ministerio de Hacienda para licitar un acuerdo marco para la prestación de los servicios de compra de espacios en medios de comunicación y demás soportes publicitarios para la difusión de las campañas de publicidad institucional, con un valor máximo estimado de 440 millones de euros… lo más llamativo fue que, el gobierno social-comunista esperó hasta el último Consejo de Ministros para autorizar la inversión, el mismo día en el que se aprobó la disolución de las Cortes y con el Ejecutivo de coalición viviendo sus dos últimos meses de legislatura.

Rajoy, aquel presidente del Gobierno de España que consiguió una mayoría abrumadora en las instituciones, como nunca había sucedido en España desde la muerte de Franco y que no cumplió ninguna de las promesas que hizo a los españoles en las elecciones del 20 de noviembre de 2011, «solo» se comprometió a gastar 986 millones de euros en los siete años en los que su administración fue la responsable del Plan de Publicidad y Comunicación. El mismo, además de abrirles la puerta a los socialistas, comunistas, separatistas y terroristas para que ocuparan el gobierno de España, les regaló las diversas televisiones…

La subvención directa o a través de propaganda institucional a los medios de información afines al gobierno, sea municipal, provincial, regional, o nacional es de manera opaca y arbitraria… Los diversos gobernantes, da igual la tendencia política, se comportan de manera espléndida y generosa (con el dinero de nuestros impuestos) para premiar a los diarios, de papel y digitales, a las radios y a las televisiones que les hacen el caldo gordo, castigando a los que se manifiestan críticos con su gestión.

La publicidad y «comunicación» institucionales fue regulada mediante ley, por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional (BOE de 30 de diciembre de 2005), también existe legislación al respecto en la mayoría de las regiones españolas.

En España, los diversos medios de información, creadores de opinión y manipulación de masas reciben dinero por debajo de la mesa a cambio de hablar bien o mal, o no hablar, de figuras políticas o empresariales más o menos influyentes o con aspiración de serlo. Por otro lado, por el mismo motivo, los medios pueden recibir órdenes de que cualquiera pueda ser condenado al silencio. El periodismo, los periodistas en general siguen las directrices del que manda… y se venden al mejor postor. Aunque, hay que reconocer que existen excepciones y que todavía quedan medios y periodistas decentes.

En estos momentos en los que el gobierno del sátrapa ególatra, Pedro Sánchez, habla de «pseudomedios», de propagadores de bulos, de medios buenos y malos, y cosas por el estilo, y de regular la información para que nadie se desvíe de la verdad oficial, etcétera, es bueno recordar que el poder jamás se queja de los periodistas serviles y acomodaticios porque esos son los primeros que se subordinan, difunden la propaganda oficial y rinden pleitesía.

En estos momentos en los que la temporada futbolística está a punto de terminar y están en juego ascensos y descensos en las diversas categorías, como todos los años surgen por doquier las sospechas de amaños, de equipos que se dejan ganar, u otros que ponen especial empeño en ganar, dependiendo del caso, a cambio de ingentes cantidades de dinero con los que participan de los amaños son premiados. Podemos aplicar el mismo esquema al periodismo pues, las campañas electorales, el acceso de los capos, oligarcas y caciques de las agrupaciones mafiosas que se hacen llamar partidos políticos, a las diversas instituciones, que les permiten poder parasitar, vivir de nuestros impuestos, hacerse un patrimonio… depende mucho, muchísimo del trato que reciban del periodismo, de si son ensalzados, denigrados, criminalizados, o incluso silenciados, según convenga a quien da las directrices a seguir por parte de los periodistas dispuestos a venderse al mejor postor; sacrificando valores, ideales o principios morales, a cambio de la obtención de un beneficio material o personal.

Por supuesto, la mayoría de esos regalos con que son compensados de forma generosa quienes participan de este tipo de corrupción, se realiza de forma opaca, oculta, a ser posible con nocturnidad.

Es necesario aclarar que algunos pagos que reciben determinados periodistas y medios no constituyen delito, pero atentan gravemente con la mayoría de los códigos de ética periodística que existen en España y en el resto del mundo.

Es muy posible que muchos periodistas, si tienen un ataque de sinceridad, acaben reconociendo la corrupción existente en el gremio, pero, buscarán cientos de escusas y justificaciones, como que la corrupción periodística no es mayor que la existente en otras actividades, o la atribuirán a los bajos sueldos, la cercanía con el poder y la falta de ética que caracteriza a cualquier sector de la sociedad, o la tradicional picaresca española…

En esto de la corrupción periodística y la complicidad de determinados medios con las organizaciones mafiosas que se hacen llamar partidos políticos, en todas las instituciones: ayuntamientos, diputaciones, cabildos insulares, gobiernos regionales, gobierno central… hay un antes y un después a partir de la ley aprobada por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional (BOE de 30 de diciembre de 2005), que permitirá que los espléndidos pagos a los periodistas y medios pasen de ser «en B» a «en A, a través de la publicidad institucional, repartos que, tal como ya he indicado, ser realizan a periodistas y medios afines, al mismo tiempo que se castiga a los díscolos, críticos y disidentes.

Ni que decir tiene que, los dineros generosamente repartidos generalmente no son fiscalizados y nadie hace de ello rendición de cuentas.

La actitud servil y de vasallaje ha llegado hasta tal punto que, incluso, hay periodistas-activistas al servicio del partido gobernante que intentan hacer callar a los críticos que hacen preguntas «impertinentes» en las ruedas de prensa que convocan los diversos grupos parlamentarios o el gobierno social-comunista; y más todavía: proponen sin tapujos, sin rodeos que se legisle, se dicten normas para amordazar a quienes no le doran la píldora al gobiernos y sus aliados, utilizando el mismo lenguaje beligerante, despectivo, para criminalizar a determinados medios y periodistas que utilizan Pedro Sánchez y sus secuaces.

¿Tan importante es en España la corrupción en el periodismo?

Sin duda alguna, de enorme magnitud… ¿Y por qué se habla tan poco de esa corrupción? Quizá porque es uno de los aspectos más incómodos para los periodistas, entre los cuales también existe corporativismo; también porque nadie quiere crearse mala fama de «problemático» y ser antipático para quienes los contratan o suscitar las iras de sus «colegas». El caso es que en este ámbito funciona una especie de «omerta» a la manera de la ley del silencio de las organizaciones mafiosas.

Habrá quien diga que peor es la corrupción de quienes hacen profesión de la política… pues no. No se puede olvidar que los periodistas deberían tener un compromiso con la verdad, mientras los políticos están comprometidos con sus miserias y las de la agrupaciones mafiosas -partidos políticos- a los que pertenecen. Y, muchos empresarios, por desgracia, juegan al juego al que los capos de los partidos los invitan.

Diversos estudios de opinión coinciden en que los medios de información, los periodistas son generalmente los que menos confianza suscitan a los ciudadanos y a los que menos veracidad les conceden, además de a los sindicalistas, a los políticos y a los jueces. ¡Por algo será! ¿No?

Apenas el 40% confía en los medios.

Los pecados del periodismo son muchos, demasiados, y la codicia no parece el más grave. La superficialidad e inexactitud, la ignorancia de muchos periodistas que se meten a «todólogos» y opinan de lo divino y de lo humano y no se arredran ante nada, la militancia clara y su adscripción a determinados partidos políticos, su recurso a la difamación, a la calumnia, a criminalizar a quien disiente o discrepa, su tendencia a no comprobar la veracidad de sus fuentes -en especial cuando se trata de determinados políticos y empresarios-, y, lo peor de todo, su arrogancia que generalmente va acompañada de analfabetismo funcional, o casi.

Como resultado, el periodismo en general (aunque sea injusto pues, todavía quedan buenos periodistas y medios veraces) ha conseguido que los ciudadanos otorguen a los medios presunción de mendacidad, hayan perdido credibilidad y una gran parte de la población los deteste y desprecie, y más aún, sean víctimas de indiferencia…