Y tú, y tú, y tú, cualquiera que lea estas líneas: ¿Qué haces o estás dispuesto a hacer contra la corrupción? La corrupción no es un daño soportable.

CARLOS AURELIO CALDITO AUNIÓN

Es mejor dictar normas que impidan la corrupción (por aquello de más vale prevenir…) que verse obligados a aprobar leyes para castigar a los corruptos, una vez extendido el mal. 

Porque, no nos engañemos, para que haya corrupción, aparte de políticos corruptos es imprescindible que también haya una gran mayoría de personas, de ciudadanos, que los apoyen, siendo por tanto sus cómplices (votando y volviendo a votar una y otra vez a los partidos corruptos) o convirtiéndose en estómagos agradecidos, paniaguados, miembros de la red clientelar de esos mismos políticos corruptos, de los que reciben en mayor o menor medida trato de favor, subvenciones, regalías diversas, concesiones de subsidios, y un largo etc.

La corrupción impone su presencia y se deja sentir, ¡Y de qué manera!, en los poderes legislativo, ejecutivo y  judicial, y por supuesto, en la prolongación de estos: los medios de información y creadores de opinión, también llamados «medios de manipulación de masas». Y hasta en las universidades…

Lo que caracteriza a España se llama podredumbre, y va acompañada de la sensación de impunidad, de que nadie, ninguna institución hace nada por evitarla, de que ningún poder del Estado tiene voluntad de hacerle frente y ponerle freno. Como mucho, los partidos políticos con representación en las instituciones, nos dicen que están sumamente preocupados y deciden crear un “observatorio”, en el que colocan a gente afín (no podía ser de otro modo) que acaba elaborando un sesudo informe en el que acaban afirmando que los españoles somos “así”, que la picaresca es una seña de identidad de la cultura española, y que, bueno, en el fondo no nos va tan mal… que hay otros lugares del mundo más corruptos, que en todos sitios cuecen habas, y en mi tierra a calderadas.

El malestar de los ciudadanos ha llegado a ser tal,  que ha dejado de ser descontento y se ha convertido cada vez más en desafección. La percepción general de los españoles es que todos los partidos políticos son “iguales”, iguales de golfos, iguales de bandidos.
La corrupción aparece cada vez más como el gran caballo de Troya de la democracia, que desprestigia a políticos y partidos por igual. A ello se suma la constatación permanente de que muchos políticos viven en una realidad tan distante a la de la ciudadanía que, les resulta imposible aterrizar y palpar la realidad en la que vive la mayoría de la población. Entre la gente, la percepción más extendida es la de que quienes gobiernan, lo hacen para una minoría, cada día que pasa existe un mayor descontento hacia las élites y el poder político, que inevitablemente conduce a un mayor rechazo hacia la democracia representativa.
Como ya he señalado en múltiples ocasiones, según el Índice de Percepción de la Corrupción, que elabora anualmente “Transparencia internacional”, España es el país de Europa en el que más ha empeorado la percepción de corrupción y ocupa un lugar destacado en el ranking de países más corruptos. Evidentemente, no solo influye en el estado de ánimo de los españoles, es un asunto bastante serio y que afecta de forma muy dañina a la imagen de España y a sus posibilidades de atraer inversiones honestas y a largo plazo. Una economía como la española, que se sitúa entre las 15 primeras del mundo (y supuestamente entre las 35 más competitivas a escala mundial), no puede encabezar el ranking de los países más corruptos, si quiere mantener una buena imagen y poseer competitividad.

El que más y el que menos, pensará que en España el que no se corrompe no es porque no lo desee sino porque aún no ha encontrado el modo de hacerlo; y que estamos poco más o menos que obligados a resignarnos a la terrible situación de robo, cohecho, despilfarro, prevaricación, nepotismo, arbitrariedad generalizada, y un largo etc. por parte de los oligarcas y caciques que parasitan a nuestra costa, por los siglos de los siglos, como si alguien especialmente poderoso nos hubiera echado una maldición, o algo parecido.

Pues NO, somos muchos los que consideramos que el parasitismo en España no es un daño soportable, un mal menor, y que España tiene remedio. Inevitablemente, una vez más acudo a Joaquín Costa y su idea de que para regenerar España es necesario un “cirujano de hierro”, o mejor dicho una intervención quirúrgica urgente, una terapia de choque que corte de raíz todos los males que nos aquejan.

Y me dirá más de uno que ¿Eso cómo se hace? Pues, muy sencillo:

Empezando por aplicar el principio de “mínima intervención”, promoviendo la máxima neutralidad de la Administración en todos sus ámbitos, local, provincial, regional, nacional; generalizando la idea de que el mejor gobierno es la mínima expresión del mismo, que se limite a perseguir las diversas formas de delincuencia, proteger a los ciudadanos de posibles agresiones del exterior, proteger la propiedad privada, la libre iniciativa privada, siempre que no implique atentar contra la integridad de otros, o intentar abusar, o intentar esclavizar… y por supuesto, vigilar para que se cumplan los pactos y contratos entre particulares. Y evidentemente la supresión completa de todo tipo de subvenciones, incluyendo a las organizaciones sindicales, patronales y partidos políticos.

Hay que arrebatarles el poder a los caciques locales, provinciales, regionales… y a los oligarcas nacionales. Es imprescindible, si se quiere erradicar la corrupción, el parasitismo (algunos los llaman “élites extractivas”) recuperar el estado unitario, desmantelar el “estado de las autonomías”, y que el gobierno central recupere todas las competencias, empezando por las de Justicia, Sanidad y Educación, que el sobrevalorado José María Aznar traspasó a los gobiernos regionales.

También es imprescindible una administración de justicia independiente de lobbies y de partidos políticos que, actúe de forma rápida y con contundencia, sin arbitrariedad.
Por otro lado, es imprescindible eliminar la posibilidad de que los gobiernos concedan indultos a personas condenadas por corrupción. Quienes estén tentados de corromperse deben saber que no van a tener ninguna posibilidad futura de ser perdonados e indultados.
Hay que reducir el número de aforados a su mínima expresión (ningún país en Europa tiene tantos aforados como España), y disminuir también, las situaciones de aforamiento, limitándolo exclusivamente a las actividades y actuaciones relacionadas con el ejercicio del cargo público.
Para hacer frente al clientelismo político, es urgente disminuir el número de cargos de libre designación, y que sean ocupados por empleados públicos, mediante algún procedimiento de concurso-oposición.
Es, también, inaplazable la aprobación de una Ley de protección a los denunciantes, de manera que los ciudadanos se sientan protegidos legalmente cuando sepan de hechos delictivos, y deseen presentar denuncias por corrupción.
Es necesario que se legisle sobre los lobbies, se les exija transparencia, y se creen Registros de grupos de interés en las distintas instituciones públicas y asambleas parlamentarias.
También es necesario el cumplimiento de la normativa legal sobre publicidad de contratos de obras y compra de bienes y servicios, por parta de las diversas administraciones.

Igualmente, es imprescindible reformar la actual ley de «régimen local” para que los alcaldes y concejales dejen de tener la enorme capacidad de decisión que poseen en la actualidad, y particularmente lo que respecta a intervenir en el mercado inmobiliario, recalificando terrenos, aprovechando ellos y sus allegados y testaferros la información privilegiada que les da el ser alcaldes y concejales; e igualmente, es necesario desposeer a las corporaciones locales de su capacidad de contratar bienes y servicios con la arbitrariedad que actualmente lo hacen, evitando por todos los medios que favorezcan a empresarios amigos, e incluso creen empresas ad hoc, en la idea de que los ayuntamientos son su cortijo particular y que lo de menos es el interés de los administrados.

• Y ya para terminar, aunque también lo haya ya mencionado en otros artículos, es urgente legislar acerca de la responsabilidad de los funcionarios y de los cargos electos en las diversas administraciones, y reinstaurar “los juicios de residencia”, una institución jurídica que tuvo gran importancia en la gestión política, la supervisión y el control de los empleados públicos que desempeñaban sus funciones tanto en España como en el resto de los territorios del Imperio Español.

El juicio de residencia era propio del derecho castellano, aunque, al parecer, su origen estaba en el derecho romano tardío, fue introducido por Alfonso X el Sabio en las Partidas.

El Juicio de Residencia era un procedimiento para el control de los funcionarios de la Corona española, cuyo objetivo era revisar la conducta de los funcionarios públicos tanto de este lado del Atlántico como de las provincias de ultramar, verificar si las quejas en su contra eran ciertas, la honradez en el desempeño del cargo, y en caso de comprobarse tales faltas se les apartaba o se les imponían sanciones… Eran sometidos a él todos los que hubiesen desempeñado un oficio por delegación de los Monarcas.

Inicialmente se aplicaba sólo a los jueces, que deberían de permanecer en el lugar en el que habían ejercido su cargo durante cincuenta días, para responder a las reclamaciones que le plantearan los ciudadanos que se consideraban perjudicados por ellos.

A partir del año 1308, se someten a él todos los «oficiales» del rey. Se consolidó a partir de Las Cortes de Toledo de 1480, así como en la Pragmática posterior de 1500 . Tenían que someterse a él desde los Virreyes, Gobernadores y capitanes generales hasta corregidores, jueces (oidores y magistrados), alcaldes y otros. Se realizaban al finalizar el mandato para el cual habían sido nombrados, para evitar los abusos y desmanes de los gestores de la administración pública.

El jesuita Pedro Ribadeneyra (1526-1611), uno de los preferidos de S. Ignacio de Loyola, en su «Tratado de la religión y virtudes que debe tener el Príncipe cristiano para gobernar sus estados», expresa, refiriéndose al Juicio de Residencia: “…porque cuando no se oyen las justas quejas de los vasallos contra los gobernadores, además del cargo de conciencia, los mismos gobernadores se hacen más absolutos y los vasallos viendo que no son desagraviados ni oídos entran en desesperación”.   

 Los funcionarios públicos, una vez terminado el perido de tiempo para el que habían sido elegidos, no podían abandonar el lugar en el que habían estado ejerciendo sus funciones, hasta haber sido absueltos o condenados. Una parte de su salario se les retenía para garantizar que pagarían las multas si las hubiere.     

Es muy importante prestar atención a esta última condición, ya que, en prevención del resultado del proceso, y en caso de que el funcionario público, o cargo electo, acabara resultando culpable y tuviese que pagar la sanción pecuniaria que le correspondiese, el tribunal sentenciador dispondría de la cantidad de dinero suficiente para satisfacer la pena que se le impusiera.

Muchos de los funcionarios esperaban con verdadero deseo que, al final de su mandato, llegase este momento, ya que si lo habían ejercido con honradez y ecuanimidad podrían aumentar su prestigio y ser promovidos para puestos superiores.

Evidentementes, cualquier cargo electo o empleado públicos sabía sobradamente que, más tarde o más temprano habría de somerterse a un «juicio de residencia», cuando finalizase su mandato. Es más, si habían sido fieles cumplidores de su deber, lo deseaban.

Otro instrumento disuasorio, aparte del Juicio de Residencia, utilizado para frenar la corrupción y perseguir y sancionar a los corruptos era la «visita» que, comprendía una inspección pública o secreta del desempeño de ciertas autoridades para detectar el grado de cumplimiento de sus funciones, y en caso de ser deficientes se les podía reprender o suspender,…

Volviendo al Juicio de Residencia, también es importante señalar que, el residenciado tampoco podía ocupar otro cargo hasta que finalizase el procedimiento.

Una vez finalizado el periodo del mandato, se procedía a analizar con todo detenimiento las pruebas documentales y la convocación de testigos, con el fin de que toda la comunidad participase y conociese el expediente que se incoaba, el grado de cumplimiento de las órdenes reales, y su comportamiento al frente del oficio desempeñado.

El Juez llevaba a cabo la compilación de pruebas en el mismo lugar de la residencia, y era el responsable de llevar y efectuar las entrevistas.

Este juicio era un acto público que se difundía los cuatro vientos para que toda la sociedad lo conociese y pudiese participar en el mismo. El juicio de residencia se comunicaba a los vecinos con pregones, y se convocaba a todos aquellos que se considerasen agraviados, por el procesado.

Se componía de dos fases: una secreta y otra pública.

En la primera se inquiría de oficio la conducta del enjuiciado, y se interrogaba de manera confidencial a un grupo de testigos, se examinaban los documentos y se visitaba la cárcel.

En la segunda, los vecinos interesados podían presentar todo tipo de querellas y demandas contra los encausados que se tendrían que defender de todas las acusaciones que se hubiesen presentado en las dos etapas del proceso.

Según fuese la importancia de los delitos, se castigaban con multas, confiscaciones de bienes, cárcel y la incapacitación para volver a ocupar funciones públicas. Generalmente, las penas que más se imponí­an era multas económicas junto a la inhabilitación temporal y perpetua en el ejercicio de cargo público.

Los Juicios de Residencia fueron una herramienta poderosísima y redujeron enormemente la corrupción y los abusos que, seguramente se habrí­an cometido sin ellos.

Famosos fueron los juicios de residencia contra Cristóbal Colón, Hernán Cortés, Pedro de Alvarado y otros muchos más. Nadie estaba libre de ser enjuiciado.

Los juicios de residencia funcionaron hasta que fueron derogados por las Cortes de Cádiz de 1812.

Sorprende especilamente que, fueran los liberales los que eliminaron una herramienta tan potente para el control de las corruptelas y abusos polí­ticos de los gobernantes. Indudablemente, sólo cabe pensar que les incomodaba tremendamente…

Respecto de lo que vengo hablando, no cabe duda de que «cualquier tiempo pasado fue mejor».

Ni que decir tiene que, si se quiere acabar con el parasitismo, con la terrible corrupción, es también urgente crear una sola oficina de contratación de bienes y servicios, además de recuperar la unidad de mercado, eliminando toda la legislación de las diversas taifas, que en lugar de favorecer la libre empresa y el libre comercio, para lo único que sirve es para expoliar a los ciudadanos que realmente emprenden, producen y crean riqueza y por lo tanto empleo (esa es otra, ya es hora de que los españoles cambien el “chip” y se den cuenta de que los gobiernos no crean empleo ni riqueza sino la iniciativa privada).