016… ALGO NO ENCAJA. ¿Y SI EL MALTRATADO ES UN HOMBRE?

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Carlos Aurelio Caldito Aunión

16 de noviembre de 2026

En la España de los ministerios de Igualdad, los observatorios, los teléfonos de asistencia, los organismos especializados y las campañas contra el maltrato, sigue habiendo una pregunta que incomoda extraordinariamente: ¿qué sucede cuando la persona maltratada es un hombre y quien lo maltrata es una mujer? La respuesta oficial resulta tan esclarecedora como desconcertante. Hay un teléfono nacional de tres cifras, gratuito y especializado, para atender a las mujeres. Pero no existe un servicio estatal equivalente de las mismas características para los hombres. Y encima pretenden convencernos de que eso es igualdad.

Resumen para lectores con prisas y fanáticos repetidores de eslóganes

En 2011 se publicó que el 60 % de las llamadas recibidas por el teléfono 016 durante 2010 eran maliciosas. Aquello dio pie a interpretaciones políticas sobre una supuesta hostilidad masculina hacia las medidas contra el maltrato.

Los registros oficiales permiten precisar que las llamadas maliciosas comprendían bromas, insultos, obscenidades, amenazas y otras conductas. No eran todas iguales ni demostraban que sus autores fueran maltratadores.

En 2026, el teléfono 016 continúa siendo un servicio especializado dirigido a las mujeres víctimas de violencia. No existe un servicio estatal equivalente, con la misma especialización y reconocimiento público, destinado a los hombres que sufren malos tratos de sus parejas.

Y los hombres maltratados existen. El INE registró 3.724 hombres víctimas de violencia doméstica en 2025, incluyendo distintas relaciones familiares.

La cuestión es sencilla: si una mujer maltrata a un hombre, también hay violencia. Si un hombre necesita protección, también es una víctima. Y si el Estado dispone de recursos especializados para combatir el maltrato, debe atender las necesidades de todas las personas que lo sufren.

La igualdad no consiste en cambiar quién disfruta de los privilegios, sino en acabar con ellos.

Fuentes documentales

SI QUIERES PROFUNDIZAR, SIGUE LEYENDO.

Un pueblo, unos bomberos y un incendio que nadie quiere explicar

Imaginen ustedes una pequeña localidad española, de esas que todavía conservan la plaza Mayor, la iglesia, el ayuntamiento y un bar donde sus vecinos arreglan los problemas del municipio, de España y del universo conocido mientras consumen el correspondiente café, vino o cerveza.

El alcalde, hombre emprendedor donde los haya y particularmente aficionado a inaugurar cosas pagadas con dinero ajeno, decide crear un servicio municipal de bomberos.

Se adquieren camiones, se construye un parque, se contrata personal, se compran uniformes y se organiza una ceremonia de inauguración con discursos, fotografías y canapés.

El alcalde proclama solemnemente que, a partir de ese momento, ningún vecino quedará desamparado ante un incendio.

¡Maravilloso!

Sin embargo, transcurridos unos meses, aparece una circunstancia verdaderamente insólita.

El servicio telefónico de los bomberos recibe una cantidad extraordinaria de llamadas que nada tienen que ver con los incendios.

Algunos llaman para gastar bromas. Otros insultan a los operadores. Unos cuantos profieren amenazas. Y no faltan quienes aprovechan para hacer comentarios obscenos.

El alcalde reúne urgentemente a sus concejales.

—Señores, tenemos un problema. Nuestros bomberos reciben más llamadas de desaprensivos que solicitudes auténticas de auxilio.

El concejal encargado de la propaganda municipal propone inmediatamente una explicación:

—¡Está clarísimo, señor alcalde! ¡Nuestro pueblo está lleno de pirómanos que odian a los bomberos!

Otro concejal, menos complaciente y bastante más inclinado a formular preguntas incómodas, plantea una hipótesis diferente:

—¿Y si el problema no está únicamente en los vecinos? ¿Y si conviene examinar también cómo funciona nuestro servicio de bomberos?

El alcalde lo mira con desprecio.

—¡Eso es cuestionar la lucha contra los incendios!

—No, señor alcalde —responde el concejal—. Eso es preguntar si estamos apagándolos correctamente.

Y, naturalmente, queda señalado como enemigo de los bomberos, de la seguridad municipal y, si me apuran, hasta del agua.

Todo ello, sin que nadie haya averiguado todavía por qué se producen las llamadas, quiénes las realizan, cuántas constituyen verdaderas amenazas ni qué relación guardan con el funcionamiento del servicio.

Absurdo, ¿verdad?

Pues vayamos a un caso real.

El 016: cuando las cifras dejaron de encajar con el discurso oficial

El teléfono 016 comenzó a funcionar en España en septiembre de 2007 como servicio de información y asesoramiento a mujeres víctimas de violencia ejercida contra ellas.

Pocos años después, el 13 de enero de 2011, la Cadena SER publicó una noticia verdaderamente llamativa.

Su titular afirmaba que el 60 % de las llamadas al 016 consistían en amenazas e insultos contra las mujeres.

La información atribuía al entonces delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente, el dato de que en 2010 se habían recibido más de 103.000 llamadas consideradas maliciosas, de un total superior a 170.000.

Se trataba, evidentemente, de una cifra descomunal. Cadena SER

Y apareció inmediatamente la correspondiente explicación política.

Según aquella interpretación, la hostilidad hacia el teléfono reflejaba la resistencia contra la Ley Orgánica 1/2004 y las políticas oficiales relativas a la violencia contra las mujeres.

Dicho de otro modo: si las personas llamaban para insultar, amenazar o gastar bromas, la explicación había que buscarla en una sociedad supuestamente contaminada por la hostilidad masculina hacia las políticas gubernamentales.

¡Qué extraordinaria facilidad para transformar una estadística telefónica en un diagnóstico ideológico de millones de ciudadanos!

Porque los datos originales no demostraban que el 60 % de los hombres españoles insultasen a las operadoras, ni que todos los autores de llamadas improcedentes fuesen maltratadores, ni que sus motivaciones hubiesen quedado científicamente establecidas.

El informe oficial sobre aquellos años distinguía entre llamadas maliciosas, erróneas y sin contenido. Y, desde 2011, empezó a separar las llamadas maliciosas en bromas, insultos, amenazas, obscenidades y otras categorías.

Los resultados de 2011 permiten comprender mejor la cuestión: hubo 75.702 llamadas clasificadas como maliciosas, de las cuales 21.517 fueron bromas, 4.025 insultos y 373 amenazas. Las restantes correspondieron principalmente a llamadas obscenas y otras modalidades. Violencia de Género

No es poca cosa.

Insultar o amenazar a quienes trabajan atendiendo a personas necesitadas de ayuda es una conducta censurable, y las amenazas constitutivas de delito merecen la correspondiente respuesta judicial.

Pero tampoco resulta admisible utilizar una clasificación administrativa de llamadas para presentar a los hombres españoles como una multitud de maltratadores furiosos.

Y aquí aparece otra pregunta.

Si el 016 recibía tantas llamadas maliciosas, ¿por qué no se investigaron y difundieron de manera suficientemente clara las causas concretas de aquel comportamiento?

¿Eran llamadas de unas pocas personas reincidentes? ¿De bromistas? ¿De individuos que acosaban a las operadoras? ¿De ciudadanos que expresaban su rechazo a determinadas leyes? ¿De sujetos que pretendían obstaculizar el servicio?

Son comportamientos diferentes, con motivaciones diferentes y responsabilidades diferentes.

Meterlos todos en el mismo saco resulta muy útil para fabricar un relato político, pero bastante menos útil para conocer la realidad.

El bombero que solamente apaga determinadas casas

Volvamos a nuestro pueblo imaginario.

Supongamos que, después de construir el parque de bomberos, el alcalde anuncia una disposición extraordinaria.

Los bomberos atenderán exclusivamente los incendios de las viviendas pertenecientes a mujeres.

Si arde la casa de una vecina, acudirán inmediatamente.

Si arde la casa de un vecino, tendrá que dirigirse a los servicios generales de emergencias.

No se trata de que el hombre quede absolutamente abandonado. Hay otros servicios que pueden intervenir.

Pero el dispositivo especializado, creado, publicitado y financiado para atender determinados incendios, no está pensado para él.

Y cuando pregunta por qué, recibe una explicación burocrática:

—Es que este servicio se ha creado específicamente para los incendios de viviendas femeninas.

—¿Y el fuego que destruye mi casa es diferente?

—No, pero su caso pertenece a otra categoría administrativa.

—¿Y el humo que asfixia a mis hijos?

—Tampoco, pero tendrá usted que dirigirse al organismo correspondiente.

—¿Y eso es igualdad?

—¡Naturalmente! ¡Lo dice el Ministerio!

La escena pertenece al terreno de la sátira.

Sin embargo, la comparación sirve para formular una pregunta muy seria: ¿por qué el Estado español no ofrece a los hombres víctimas de violencia conyugal un servicio estatal especializado de asistencia comparable al que proporciona a las mujeres?

No se trata de discutir la necesidad de atender a las mujeres maltratadas.

Se trata de preguntar por qué un hombre que sufre amenazas, coacciones, golpes o humillaciones de su esposa no dispone de una estructura equivalente, igualmente reconocible y accesible.

Porque los malos tratos no se convierten en una desgracia menor cuando la víctima tiene barba.

Diecinueve años después, el 016 sigue siendo un servicio pensado para mujeres

Llegamos al 16 de noviembre de 2026.

¿Ha cambiado sustancialmente la situación?

Veamos qué dice el propio Gobierno.

El 1 de abril de 2026, la Presidencia del Gobierno publicó una explicación del funcionamiento del 016.

El servicio es gratuito, confidencial, funciona las veinticuatro horas, ofrece atención en 53 idiomas, asesoramiento jurídico, atención psicológica inmediata y diversos medios de comunicación, incluidos correo electrónico y WhatsApp.

¿A quién va dirigido?

A las mujeres víctimas de distintas formas de violencia contra ellas y a las personas de su entorno que necesitan información o asesoramiento. Así lo establece expresamente la descripción oficial del servicio.

Y aquí está el quid de la cuestión.

Si un hombre necesita orientación sobre la violencia que sufre su hermana, su madre o su hija, puede acudir al 016 para obtener información.

Pero si quien recibe los golpes es él y quien los propina es su esposa, el servicio especializado no está concebido para atenderlo como víctima masculina.

¡Magnífico concepto de igualdad!

Porque la violencia doméstica no se interrumpe al llegar a los límites administrativos de una categoría legal.

El hombre agredido tiene derecho a denunciar, a recibir protección judicial y a utilizar los servicios generales de asistencia a las víctimas de delitos.

Nadie discute que esos recursos existen.

Lo que pregunto es por qué no disfruta de un servicio estatal especializado equivalente, igualmente conocido y dotado de una asistencia semejante.

Si el maltrato es una conducta reprobable, ¿qué importancia tiene que quien la comete sea hombre o mujer?

Si la protección de las víctimas constituye una obligación del Estado, ¿por qué organizarla mediante una clasificación que deja a unas personas dentro del dispositivo especializado y a otras fuera de él?

Los hombres maltratados no son una invención

El Instituto Nacional de Estadística publicó el 30 de abril de 2026 los resultados correspondientes a 2025.

Hombres víctimas de violencia doméstica

3.724

En 2025

Mujeres denunciadas por violencia doméstica

2.149

En 2025

Asuntos registrados con órdenes de protección o medidas cautelares. Fuente: INE, Estadística de Violencia Doméstica y Violencia de Género, 2025. INE

Los datos abarcan diversas relaciones familiares, no solamente las conyugales. Precisamente por eso permiten recordar que hay hombres maltratados por sus esposas, pero también padres agredidos por sus hijos, abuelos maltratados y otras víctimas masculinas de la violencia doméstica.

¿No merecen atención?

¿No pagan impuestos?

¿No contribuyen al sostenimiento de los servicios públicos?

¿Son ciudadanos de una categoría inferior?

No hace falta inventarse estadísticas para formular estas preguntas. Basta examinar las que publica el propio Estado.

Y las cifras únicamente reflejan los asuntos incluidos en esa estadística judicial. No representan todo el maltrato que se produce dentro de los hogares españoles.

La igualdad convertida en una ventanilla administrativa

Hemos llegado a una situación verdaderamente pintoresca.

Los partidos políticos no dejan de invocar la igualdad.

Igualdad por la mañana, igualdad por la tarde e igualdad por la noche.

Igualdad en los discursos, igualdad en las campañas electorales, igualdad en los carteles publicitarios e igualdad en los nombres de los ministerios.

Pero cuando un hombre pregunta por la atención especializada que corresponde a su situación, comienza el desfile de explicaciones, competencias administrativas y categorías jurídicas.

¡Qué extraordinaria habilidad para complicar las cosas más sencillas!

Si alguien golpea, amenaza, humilla o aterroriza a su compañero sentimental, está ejerciendo violencia.

Si quien recibe las agresiones necesita ayuda, debe encontrarla.

Y si la Administración dispone de servicios especializados para asistir a víctimas de maltrato, parece elemental que establezca procedimientos eficaces para proteger a todas ellas.

No estoy hablando de repartir idénticos recursos a cualquier persona con independencia de sus necesidades. Estoy hablando de no excluir de antemano a quien necesita protección porque no pertenece al grupo previsto por determinado programa.

La atención debe organizarse según la gravedad de las agresiones, el peligro, las circunstancias de vulnerabilidad y las necesidades reales de cada víctima.

Lo contrario consiste en subordinar las personas a las etiquetas.

¿Y qué hacemos con los insultos y las amenazas al 016?

Volvamos a las llamadas de 2010, porque aquel episodio merece una última reflexión.

La información publicada en enero de 2011 presentó una cantidad extraordinaria de llamadas maliciosas y las relacionó con la oposición a las políticas gubernamentales.

Sin embargo, la evolución posterior demuestra que aquella cantidad no constituía una característica permanente e inmutable del servicio.

Los registros oficiales reflejan 103.486 llamadas maliciosas en 2010, 75.702 en 2011 y 2.149 en 2018.

El descenso resulta espectacular.

¿Significa que los hombres españoles experimentaron una súbita conversión moral?

¿Que desaparecieron los enemigos del 016?

¿Que la sociedad dejó de estar dominada por las actitudes que el delegado gubernamental denunciaba?

No. Esos datos, por sí solos, no autorizan semejantes conclusiones.

Lo que sí permiten es exigir explicaciones sobre la evolución de las llamadas, los criterios de clasificación, los cambios en el funcionamiento del servicio y las circunstancias que influyeron en los resultados.

Porque cuando una cifra se utiliza para acusar a un sector de la sociedad, el rigor debe ser especialmente exigente.

No se puede transformar cualquier llamada improcedente en una prueba de culpabilidad masculina.

Las amenazas se investigan. Los insultos se identifican. Las bromas se clasifican. Y los datos se explican.

Lo demás es propaganda.

Y vuelvo a mi comparación de los bomberos.

Si miles de personas telefonean a un parque para insultar a sus empleados, la Administración debe proteger a quienes trabajan allí, identificar los comportamientos delictivos y estudiar lo que sucede.

Lo que no debe hacer es declarar, sin pruebas suficientes, que la población masculina constituye una gigantesca asociación de pirómanos.

La pregunta que nadie quiere responder

Han transcurrido casi veintidós años desde la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004 y diecinueve desde la puesta en funcionamiento del 016.

España ha gastado enormes cantidades de dinero en campañas, estructuras administrativas, programas de asistencia y actuaciones contra la violencia ejercida sobre las mujeres.

Y, sin embargo, continúa sin existir un teléfono estatal especializado para hombres maltratados equiparable al 016.

¿Por qué?

¿Tan difícil resulta reconocer que una mujer también maltrata?

¿Tan complicado es comprender que un hombre puede sufrir humillaciones, golpes, amenazas y coacciones de su esposa?

¿Tan extraordinario sería ofrecer una atención especializada a todas las personas que sufren violencia dentro de sus relaciones familiares?

No estoy proponiendo cerrar el 016.

Estoy proponiendo acabar con una concepción administrativa de la protección que distingue a las víctimas según su sexo.

El maltrato merece condena con independencia de quién lo practique. La víctima merece ayuda con independencia de sus características personales.

La responsabilidad penal es individual. No colectiva.

Y la igualdad ante la ley no debe convertirse en una hermosa declaración constitucional que pierde fuerza en cuanto entramos en determinados despachos ministeriales.

Porque conviene recordar algo que parece haberse olvidado:

El artículo 14 de la Constitución proclama la igualdad de los españoles ante la ley y prohíbe la discriminación por razón de sexo.

Naturalmente, el legislador establece tratamientos diferenciados en determinadas circunstancias y el Tribunal Constitucional ha avalado algunos de los previstos por la Ley Orgánica 1/2004.

Pero su constitucionalidad no obliga a nadie a considerarlos la única solución posible, la más justa ni la más eficaz.

Las leyes pueden modificarse. Las políticas públicas pueden revisarse. Los recursos pueden ampliarse.

Y los ciudadanos tenemos todo el derecho del mundo a exigirlo.

El incendio que sigue sin apagarse

Termino regresando a nuestro pueblo imaginario.

El alcalde ha decidido que su parque de bomberos constituye un ejemplo mundial de progreso, modernidad e igualdad.

Sus concejales están encantados.

Las empresas encargadas de suministrar vehículos, uniformes, sistemas informáticos y campañas publicitarias también.

Cada año se organizan jornadas, congresos, exposiciones y ceremonias para conmemorar la creación del servicio.

Se publican folletos de extraordinaria belleza.

Se multiplican los discursos.

Se inauguran nuevas oficinas.

Y, mientras tanto, una casa continúa ardiendo.

Su propietario llama desesperadamente:

—¡Socorro! ¡Mi vivienda está en llamas!

La operadora consulta el correspondiente procedimiento.

—¿La vivienda está inscrita a nombre de una mujer?

—No, señora. Está a mi nombre.

—Entonces tendrá usted que recurrir a otro servicio.

—¡Pero mi casa está ardiendo!

—Comprenda usted que este parque tiene unas competencias específicas.

—¡Señora, que me estoy quemando!

—No se ponga nervioso. Estamos comprometidos con la igualdad.

Y el hombre contempla cómo las llamas devoran su vivienda.

Mientras tanto, en el ayuntamiento, el alcalde pronuncia un discurso acerca de los extraordinarios avances conseguidos en la lucha contra los incendios.

Los concejales aplauden.

Los fotógrafos trabajan.

Los canapés desaparecen.

Y nadie pregunta por la casa que se está quemando.

Eso es exactamente lo que me preocupa de determinadas políticas públicas: que se acabe defendiendo la estructura administrativa con más entusiasmo que a las personas que necesitan protección.

Porque los ministerios no son víctimas.

Los organismos públicos tampoco.

Las leyes no sufren golpes.

Las campañas publicitarias no pasan miedo.

Quienes padecen las agresiones son seres humanos.

Hombres y mujeres.

Y esos seres humanos merecen algo bastante más importante que los discursos de nuestros gobernantes.

Merecen justicia.

016… ALGO NO ENCAJA.

Y casi diecinueve años después de su inauguración, seguimos esperando que alguien responda satisfactoriamente a una pregunta elemental:

SI UNA MUJER MALTRATA A SU MARIDO, ¿POR QUÉ NO DISPONE ÉL DE UN SERVICIO ESTATAL ESPECIALIZADO EQUIVALENTE AL QUE TIENE UNA MUJER MALTRATADA?

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