Alguien no está diciendo la verdad: Defensa afirma que Inteligencia advirtió el 29 de julio; Interior sostiene que no hubo aviso capaz de anticipar lo ocurrido y la Delegación del Gobierno niega haberlo recibido.

Hay contradicciones políticas.

Hay discrepancias entre ministros.

Hay distintas interpretaciones de unos mismos hechos.

Y luego está lo que acaba de ocurrir con Ceuta.

Porque cuando la ministra de Defensa afirma en el Congreso de los Diputados que el Centro Nacional de Inteligencia avisó de una convocatoria para entrar a nado en Ceuta desde Marruecos y el ministro del Interior sostiene que no existió ningún informe que permitiera anticipar lo sucedido, ya no estamos hablando de matices.

Estamos hablando de dos versiones que difícilmente pueden convivir.

Y alguien tendrá que explicar cuál es cierta.

ROBLES HA SIDO EXTRAORDINARIAMENTE CONCRETA

Margarita Robles no se ha limitado a pronunciar una frase ambigua sobre el buen funcionamiento de los servicios de inteligencia.

Ha dado una fecha:

29 de julio.

Ha identificado al organismo:

Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Ha señalado el contenido esencial de la información:

existía una convocatoria para entrar a nado en Ceuta desde Marruecos.

Y ha identificado a uno de los destinatarios:

la Delegación del Gobierno en Ceuta.

Robles ha explicado, además, algo elemental para cualquiera que comprenda mínimamente el funcionamiento de los servicios de inteligencia: una información no deja de existir porque no adopte la forma de un informe encuadernado, sellado y depositado sobre una mesa.

La información puede transmitirse por diferentes cauces.

Por eso la pregunta importante no es solamente:

«¿Había un informe?»

La pregunta correcta es:

«¿Había información?»

Y Robles afirma que sí.

El CNI, según la ministra responsable de Defensa, cumplió su cometido y transmitió la información.

MARLASKA DICE OTRA COSA

Fernando Grande-Marlaska mantiene que no hubo ningún informe que permitiera «atisbar» la magnitud de lo que estaba a punto de ocurrir.

Y aquí aparece una discusión semántica que amenaza con sustituir a la pregunta verdaderamente importante.

No estamos tratando de averiguar si existía un papel titulado:

INFORME SOBRE LO QUE VA A OCURRIR MAÑANA EN CEUTA.

Estamos intentando saber si los organismos responsables de la seguridad del Estado conocían indicios de que se preparaba una entrada masiva y comunicaron esa información a quienes tenían obligación de actuar.

Robles dice que sí.

Marlaska dice que no existió un informe que permitiera prever aquello.

Y la Delegación del Gobierno en Ceuta niega haber recibido el aviso descrito por Robles.

Tenemos, por tanto, un triángulo difícil de cuadrar:

Defensa dice que se avisó.

Interior dice que no existió un aviso que permitiera prever lo ocurrido.

La Delegación del Gobierno dice que no recibió el aviso que Defensa asegura que se transmitió.

Ahora sólo falta descubrir qué ocurrió realmente.

EL GOBIERNO CONTRA EL GOBIERNO

Y aquí está una de las cuestiones más graves.

No estamos comparando las declaraciones de un ministro con las acusaciones de la oposición.

No.

Estamos comparando al Gobierno consigo mismo.

Margarita Robles forma parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

Fernando Grande-Marlaska forma parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

El delegado del Gobierno en Ceuta representa al Gobierno de Pedro Sánchez.

Y ofrecen versiones difícilmente conciliables sobre una cuestión esencial para la seguridad nacional.

No estamos hablando de quién reservó una sala de reuniones.

Estamos hablando de Ceuta, de la frontera española y de una entrada masiva desde Marruecos.

Esto no puede despacharse como una diferencia de vocabulario.

Hay un problema político.

Y hay, sobre todo, un problema de responsabilidad.

LA PREGUNTA NO ES SI HABÍA UN «INFORME»

Supongamos que no hubo un documento formal.

¿Y qué?

Si un servicio de inteligencia comunica verbalmente una amenaza o un riesgo, ¿la Administración puede responder después que «no había informe»?

Sería absurdo.

La inteligencia existe precisamente para obtener, analizar y transmitir información que permita anticiparse a los acontecimientos.

No para redactar hermosos documentos que puedan archivarse cuando todo haya terminado.

Por eso la cuestión esencial sigue siendo ésta:

¿Qué información conocían las autoridades españolas el 29 de julio y quién la recibió?

Y después:

¿Qué hicieron con ella?

Y PEDRO SÁNCHEZ, ¿DÓNDE ESTÁ EN ESTA HISTORIA?

Porque todavía falta alguien.

El presidente del Gobierno.

Pedro Sánchez preside un Ejecutivo cuyos ministros ofrecen públicamente versiones contradictorias acerca de una crisis gravísima ocurrida en territorio nacional.

No puede limitarse eternamente a contemplar cómo sus subordinados se contradicen.

Si Robles dice la verdad, habrá que explicar por qué Interior y la Delegación del Gobierno sostienen otra versión.

Si Marlaska dice la verdad, habrá que explicar por qué la ministra responsable del CNI afirma ante el Congreso que el organismo avisó.

Y si todos dicen la verdad —milagro lógico que exigiría jubilar el principio de no contradicción de Aristóteles— alguien tendrá que explicar cómo puede ser simultáneamente cierto que se avisó y no se avisó.

No hay escapatoria semántica que resuelva semejante contradicción.

EL 29 DE JULIO ES AHORA LA FECHA CLAVE

Durante semanas el debate se ha concentrado en lo sucedido el 30 de julio.

Pero las declaraciones de Robles obligan a retroceder veinticuatro horas.

Al 29 de julio.

Si aquel día el CNI conocía una convocatoria para entrar a nado en Ceuta y trasladó esa información, entonces existe una cadena que puede y debe reconstruirse.

¿Quién recibió el aviso?

¿A qué hora?

¿Por qué conducto?

¿Quién valoró su importancia?

¿A quién se informó después?

¿Qué instrucciones se impartieron?

¿Qué medidas preventivas se adoptaron?

Y, sobre todo:

¿por qué no fueron suficientes para impedir lo ocurrido al día siguiente?

Ésa es la cuestión.

NO QUEREMOS RELATOS: QUEREMOS UNA CRONOLOGÍA

Resolver el embrollo no debería ser imposible.

Que el Gobierno presente una cronología.

Hora por hora.

Sin discursos.

Sin propaganda.

Sin eufemismos.

29 DE JULIO

¿Qué detectó el CNI?

¿A qué hora?

¿Quién recibió la información?

¿Por qué conducto?

¿Qué valoración se hizo?

¿Fue informado Interior?

¿Fue informada la Delegación del Gobierno?

¿Fueron avisadas la Policía Nacional y la Guardia Civil?

¿Qué órdenes recibieron?

¿Qué medidas preventivas se adoptaron?

¿Quién decidió que eran suficientes?

30 DE JULIO

¿Cuándo comenzó la entrada?

¿Cuándo comprendieron las autoridades su verdadera magnitud?

¿Quién asumió el mando?

¿Qué instrucciones se impartieron?

¿Cuándo fue informado el Gobierno?

¿Quién informó a Pedro Sánchez?

¿Y qué decisiones tomó entonces el presidente?

Eso es rendir cuentas.

Lo demás es hojarasca.

CEUTA HA DEJADO AL GOBIERNO SIN UNA EXPLICACIÓN COMÚN

Después de la comparecencia de Margarita Robles existe un hecho político fundamental:

una ministra del Gobierno ha afirmado públicamente en el Congreso que el CNI avisó el día anterior.

Y semejante afirmación cambia por completo el debate.

Ya no basta preguntar qué ocurrió el 30 de julio.

Hay que preguntar qué ocurrió el 29.

Porque si hubo información previa, la cuestión deja de ser únicamente cómo respondió el Estado ante una crisis que lo sorprendió.

La cuestión pasa a ser:

¿qué hizo el Estado con la información que poseía antes de que ocurrieran los hechos?

Y ahí empiezan las responsabilidades.

Políticas.

Administrativas.

Y, si los hechos encajaran en algún supuesto previsto por las leyes, las responsabilidades que correspondiera determinar a los tribunales.

ALGUIEN TIENE QUE RESPONDER

No sabemos todavía cuál de las versiones terminará acreditándose.

Pero sí sabemos algo bastante sencillo:

todas no pueden ser ciertas al mismo tiempo.

Si el CNI avisó, habrá que determinar quién recibió el aviso.

Si la Delegación del Gobierno no lo recibió, habrá que explicar a quién se transmitió.

Si Interior recibió alguna información pero consideró que no permitía prever la magnitud de lo ocurrido, habrá que saber quién hizo esa valoración.

Y si existió una advertencia y no se adoptaron medidas suficientes, habrá que determinar quién tenía competencia para adoptarlas y por qué no lo hizo.

Eso se llama responsabilidad.

Una palabra sorprendentemente sencilla que nuestra política parece empeñada en convertir en concepto arqueológico.

Ceuta no necesita otra campaña de propaganda.

España tampoco.

Necesitamos saber algo mucho más elemental:

qué sabía el Gobierno, cuándo lo supo, quién fue avisado y qué hizo después.

Cuatro preguntas.

Sólo cuatro.

Y cuando estén contestadas podremos formular la quinta:

¿QUIÉN RESPONDE POR LO OCURRIDO?