ELMA SAIZ
La política como profesión
RAMIRO GRAU MORANCHO
Elma Saiz Delgado lleva desde diciembre de 2025 ejerciendo de portavoz del Gobierno, además de continuar al frente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. No acaba de llegar, por tanto, al atril de La Moncloa. Ha tenido meses suficientes para que podamos contemplar su trayectoria, conocer su estilo y preguntarnos por algo bastante más interesante que su personalidad: la conversión de la política en una profesión de larguísima duración.
Porque Elma Saiz representa bastante bien un fenómeno que no pertenece exclusivamente al PSOE.
También existe en el PP y en los demás partidos que han disfrutado durante tiempo suficiente del poder, del presupuesto y de los cargos públicos.
El político profesional.
No el profesional que, después de veinte años ejerciendo un oficio, entra temporalmente en política.
No el médico que abandona durante ocho años su consulta.
No el abogado que cierra provisionalmente su despacho.
No el empresario que deja su empresa en otras manos.
No el profesor que pide una excedencia.
Hablo del político cuya verdadera carrera profesional acaba siendo la propia política.
Y conviene ser preciso.
Elma Saiz sí tuvo actividad profesional fuera de las instituciones.
Nació en Pamplona en 1975, se licenció en Derecho, obtuvo un máster universitario en Asesoría Fiscal y comenzó en febrero de 1999 como socia-directora de IMEL Consultoría Jurídico Tributaria. También colaboró posteriormente en actividades docentes universitarias.
Por tanto, no estamos ante alguien que jamás haya conocido otra cosa que un despacho oficial.
Pero duró poco aquella primera vida profesional.
Porque en 2003, con veintiocho años, ya era parlamentaria foral de Navarra.
Y comenzó la escalera.
Parlamentaria foral entre 2003 y 2007.
Delegada del Gobierno en Navarra entre 2008 y 2012.
Directora del Instituto Navarro para la Igualdad y Familia en 2012.
Consejera de Economía y Hacienda y portavoz del Gobierno de Navarra entre 2019 y 2023.
Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones desde noviembre de 2023.
Y, desde diciembre de 2025, ministra y portavoz del Gobierno de España.
De 2003 a 2026.
Echen cuentas.
Más de dos décadas con la actividad política y administrativa ocupando el centro de su biografía.
Y aquí empieza la cuestión que realmente me interesa.
CUANDO LA POLÍTICA DEJA DE SER TEMPORAL
Siempre he pensado que la política debería parecerse más a un servicio temporal que a una oposición ganada para toda la vida.
Uno entra.
Gobierna, legisla o representa.
Rinde cuentas.
Y después vuelve a su profesión.
Pero hemos construido un sistema en el que determinadas personas pueden entrar muy jóvenes en el circuito institucional e ir saltando de cargo en cargo durante décadas.
Parlamento autonómico.
Ayuntamiento.
Diputación.
Gobierno autonómico.
Delegación del Gobierno.
Congreso.
Senado.
Ministerio.
Empresa pública.
Asesoría.
Fundación.
Y vuelta a empezar.
El problema no consiste simplemente en cuánto cobran.
El problema más profundo es de qué depende su supervivencia profesional.
Un abogado con despacho propio puede enfrentarse al jefe de su partido y volver después a sus clientes.
Un médico puede regresar a su consulta.
Un profesor, a la universidad.
Un comerciante, a su negocio.
Un profesional que lleva veinte o treinta años alejado de cualquier actividad independiente tiene bastante más que perder.
Y las listas electorales no caen del cielo.
Las confeccionan los partidos.
Las carreras se impulsan desde los partidos.
Los nombramientos los realizan dirigentes políticos.
La promoción depende en buena medida de estructuras internas que el ciudadano apenas controla.
Ésa es una de las grandes paradojas del sistema.
Pedimos independencia de criterio a personas cuya continuidad profesional puede depender precisamente de no enfrentarse demasiado con quienes deciden su siguiente destino.
No hace falta imaginar conspiraciones.
Basta con comprender los incentivos humanos.
PORTAVOZ DEL GOBIERNO, NO DEL PARTIDO
El cargo de portavoz tiene además una peculiaridad.
Quien comparece después del Consejo de Ministros no lo hace como dirigente de una organización privada.
Lo hace desde La Moncloa.
Con medios públicos.
En representación del Gobierno.
Y ante periodistas que preguntan precisamente porque su trabajo consiste en preguntar.
Elma Saiz dijo en su primera comparecencia como portavoz que asumía como compromiso «escuchar, explicar y dar la cara».
Es una buena definición del cargo.
Escuchar.
Explicar.
Dar la cara.
No sustituir una respuesta por un argumentario electoral.
No contestar automáticamente hablando del partido contrario.
No aprovechar cada pregunta incómoda para recitar las culpas presentes, pasadas y futuras de la oposición.
Porque Gobierno y partido no son la misma cosa.
Aunque después de tantos años de ocupación partidista de las instituciones algunos parezcan haber olvidado la diferencia.
Y APARECE EL MARIDO.
Hay otro episodio que se ha conocido recientemente y que ha provocado considerable ruido político.
El marido de Elma Saiz, Aitor Zunzarren Crespo, es agente de la Policía Foral de Navarra.
En 2016, estando fuera de servicio durante los Sanfermines, protagonizó un altercado con agentes de la Policía Municipal de Pamplona.
El caso terminó ante un juzgado.
Según las informaciones publicadas en septiembre de 2026, que afirman haber tenido acceso al escrito de acusación de la Fiscalía y a la sentencia, Zunzarren reconoció los hechos y aceptó en 2017 una condena por resistencia a la autoridad y lesiones leves, con una multa de 1.680 euros. La acusación inicial de la Fiscalía solicitaba dos años de prisión por atentado contra agentes de la autoridad y lesiones.
Los afectados fueron tres policías municipales.
Uno de ellos recibió un codazo en un ojo y otros dos, según las mismas informaciones, empujones y codazos cuando intervinieron.
Y resulta especialmente llamativo que quien protagonizó el episodio fuese, a su vez, policía.
Un agente de la Policía Foral enfrentado físicamente con agentes de la Policía Municipal.
El entorno de la ministra ha sostenido después que Zunzarren había sufrido previamente una provocación y que él mismo habría sido víctima de lo sucedido. Esa versión ha sido publicada igualmente y debe constar junto con el desenlace judicial.
Ahora bien:
La condena fue suya.
No de Elma Saiz.
Conviene decirlo precisamente porque el parentesco no transmite responsabilidades penales ni morales.
Cada adulto responde de sus propios actos.
Otra cuestión distinta es que el episodio adquiera notoriedad periodística porque el condenado sea cónyuge de una ministra y portavoz del Gobierno.
Eso es información.
Convertirlo en responsabilidad de ella sería otra cosa.
Y no hace falta.
Los hechos ya son suficientemente pintorescos por sí solos.
LA EJEMPLARIDAD
Esta clase de episodios debería servir, cuando menos, para que los políticos administrasen con cierta prudencia esa palabra que tanto les gusta:
Ejemplaridad.
Nuestros gobernantes tienen una curiosa inclinación a repartir certificados morales.
Decencia.
Convivencia.
Respeto.
Responsabilidad.
Civismo.
Institucionalidad.
Democracia.
Un catálogo entero de virtudes cuyo significado parece cambiar dependiendo de quién ocupe el banquillo político de los acusados.
Quizá fuese mejor reducir la moralina y aumentar la rendición de cuentas.
Menos sermones.
Más explicaciones.
Menos superioridad moral.
Más datos.
Menos propaganda.
Más respuestas.
Y precisamente ésa debería ser la función de un portavoz gubernamental.
EL VERDADERO PROBLEMA
Pero ni siquiera el episodio del marido es el verdadero asunto de estas líneas.
El asunto sigue siendo otro.
La política como profesión.
España ha generado una clase dirigente formada, en buena medida, por personas que llevan décadas hablando casi exclusivamente con otras personas que llevan décadas viviendo de la política.
Y eso produce inevitablemente una visión particular del mundo.
Quien nunca ha tenido que conseguir clientes puede terminar creyendo que una empresa vive de publicar un decreto.
Quien jamás ha pagado nóminas puede considerar sencillo aumentar los costes laborales.
Quien cobra del presupuesto contempla los impuestos desde una perspectiva diferente de quien debe obtener previamente el dinero para pagarlos.
Quien tiene chófer oficial vive los problemas del transporte de manera distinta.
Y quien lleva décadas dentro de la Administración corre el riesgo de terminar considerando normal aquello que desespera al ciudadano que intenta hacer una gestión desde fuera.
No significa que un ministro tenga que ser experto en todas las profesiones sobre las que gobierna.
Eso sería absurdo.
Significa algo mucho más sencillo:
la experiencia del mundo real también debería contar.
Y debería contar mucho.
¿QUÉ OCURRE CUANDO SE ACABA EL CARGO?
Hay una pregunta que permite distinguir bastante bien al político temporal del político profesional.
¿Qué hará cuando abandone la política?
Para algunos la respuesta es sencilla.
Volver a ejercer.
Para otros resulta más difícil.
Porque después de treinta años de consejos, parlamentos, ministerios, asesores, coches oficiales, gabinetes, secretarías, asistentes y agendas públicas, regresar al mercado laboral corriente quizá sea una experiencia bastante desagradable.
Y cuanto más desagradable resulte imaginar la salida, mayor será el incentivo para permanecer dentro.
Ése es el problema.
No hace falta que el político sea corrupto.
No hace falta que robe.
No hace falta siquiera que sea incompetente.
Basta con que dependa profesionalmente del sistema para que aparezca una poderosa razón personal para no abandonarlo.
ENTRAR, SERVIR Y MARCHARSE
Quizá habría que recuperar una idea bastante antigua y nada revolucionaria.
La política no debería ser necesariamente una profesión de toda la vida.
Deberíamos facilitar que personas con experiencia profesional acreditada entrasen temporalmente en las instituciones.
Y también que pudieran salir de ellas sin convertir la salida en una tragedia personal.
Entrar.
Servir.
Gobernar.
Rendir cuentas.
Y marcharse.
No encadenar cuarenta años de cargos hasta llegar directamente desde el coche oficial a la jubilación.
Elma Saiz tenía veintiocho años cuando llegó al Parlamento de Navarra.
Hoy tiene cincuenta y uno.
Han transcurrido veintitrés años.
Sigue en política.
Ahora es ministra.
También portavoz del Gobierno.
Su caso no constituye una excepción.
Precisamente ése es el problema.
Forma parte de una forma de entender la política que se ha normalizado hasta tal extremo que ya casi nadie se sorprende.
Y acaso deberíamos hacerlo.
Porque una democracia necesita políticos.
Lo que no está tan claro es que necesite una clase de políticos profesionales prácticamente permanentes, dependientes durante décadas de partidos, nombramientos, listas y cargos públicos.
La pregunta, al final, sigue siendo la misma:
¿queremos representantes que temporalmente se dediquen a la política o profesionales cuya principal ocupación sea permanecer en ella?
Conviene pensarlo.
Sobre todo antes de la próxima vez que nos pidan el voto.
RAMIRO GRAU MORANCHO
