FELIPE VI: ¿PARA QUÉ SIRVE UN REY QUE SABE Y CALLA?

Ceuta no necesita selfis, sonrisas ni ceremonias. Necesita respuestas. El Rey conocía la incursión de buques de guerra marroquíes en aguas españolas. El Gobierno ocultó durante más de dos meses lo sucedido y, según fuentes militares, impidió aplicar el dispositivo previsto para contener la invasión migratoria. ¿Y ahora pretende la Corona que todo se arregle estrechando manos y haciéndose fotografías?

CARLOS AURELIO CALDITO AUNIÓN

13 de octubre de 2026

Hay silencios que expresan prudencia. Otros revelan cobardía. Y algunos, cuando proceden de quien ocupa la Jefatura del Estado y afectan a la integridad territorial de España, resultan políticamente insoportables.

Felipe VI visita hoy Ceuta. Sonríe, saluda, estrecha manos, recibe aplausos, se deja fotografiar, participa en ceremonias y ofrece a los españoles el espectáculo, cuidadosamente organizado, de una monarquía preocupada por sus compatriotas.

Todo muy solemne. Todo muy institucional. Todo muy fotogénico.

Pero hay un pequeño inconveniente.

EL REY SABÍA.

Sabía que buques militares de Marruecos habían penetrado en aguas españolas durante la avalancha migratoria de finales de julio. Lo acaba de confirmar su propia Casa, aunque sin aclarar en qué fecha recibió la información.

Y lo que los españoles desconocíamos hasta hace unas horas es que, mientras decenas de miles de personas atravesaban nuestra frontera terrestre, barcos de guerra de Mohamed VI vulneraban también nuestro espacio marítimo.

No hablamos de rumores difundidos por exaltados. El diario El País ha publicado que una fragata y varias patrulleras marroquíes penetraron repetidamente en aguas españolas. El propio Pedro Sánchez ha reconocido los hechos. Y Zarzuela ha confirmado que el jefe del Estado fue informado.

¿Comprenden ustedes la gravedad?

Durante más de dos meses, el Gobierno no explicó públicamente que la Marina de Guerra de Marruecos había protagonizado aquellas incursiones.

Y el Rey, informado del episodio, tampoco ofreció a los españoles una explicación pública.

Entretanto, nosotros asistíamos a la representación habitual: declaraciones tranquilizadoras, apelaciones a la convivencia, discursos sobre cooperación entre países vecinos y fotografías de dirigentes satisfechos de conocerse.

Como si lo ocurrido en Ceuta hubiera sido una pequeña dificultad administrativa, comparable a una avería de los semáforos o a un atasco en la carretera.

Pero no. Lo que ocurrió fue una gravísima crisis de soberanía nacional.

CUANDO LA INVASIÓN LLEGA POR TIERRA Y LA MARINA MARROQUÍ APARECE POR EL MAR

Los días 30 y 31 de julio de 2026, Ceuta sufrió una entrada masiva de personas procedentes de Marruecos, que distintas informaciones sitúan entre más de 70.000 y alrededor de 80.000.

Una avalancha humana de proporciones extraordinarias que desbordó los mecanismos habituales de vigilancia y control fronterizo.

Pero simultáneamente ocurría algo que el Gobierno no consideró necesario contar a los españoles.

Buques de guerra marroquíes penetraban en aguas de soberanía española.

Según la información publicada por Miguel González en El País, no se trató de una equivocación de navegación ni de un tránsito accidental. Las fuentes militares describen incursiones deliberadas y repetidas que llegaron a provocar situaciones de enorme tensión, con riesgo de colisión entre embarcaciones de ambos países.

La Armada española tuvo que responder.

El buque de acción marítima Rayo, la fragata Santa María y posteriormente la fragata Navarra participaron en el dispositivo de vigilancia y disuasión que contribuyó a poner fin a las incursiones.

Por tanto, hubo militares españoles que cumplieron su misión. Lo que debe investigarse es por qué se llegó a semejante situación, qué instrucciones recibieron y quién adoptó las decisiones políticas.

La pregunta resulta inevitable: ¿fueron dos acontecimientos independientes, extraordinariamente coincidentes, o distintas manifestaciones de una misma presión ejercida sobre España?

La coincidencia no demuestra por sí sola una operación coordinada. Pero constituye una razón más que suficiente para exigir explicaciones completas, empezando por las de Rabat.

Y, naturalmente, para preguntar qué sabía exactamente el Gobierno de Pedro Sánchez, desde cuándo lo sabía y por qué mantuvo semejante información fuera del conocimiento público.

Porque la soberanía española no puede convertirse en un secreto de Estado cuya existencia se descubre cuando algún periodista consigue que alguien le cuente lo sucedido.

Mucho menos cuando el país que protagoniza las incursiones continúa sin reconocer nuestra soberanía sobre Ceuta y Melilla.

EL EJÉRCITO TENÍA UN PLAN. ¿QUIÉN IMPIDIÓ APLICARLO?

La segunda revelación es todavía más inquietante.

Según la información publicada hoy, 13 de octubre, por Isabel Durán en El Debate, fuentes militares próximas al Gobierno sostienen que existían planes de contingencia para afrontar situaciones como la registrada en Ceuta.

Esas fuentes denuncian que una parte de la cadena de mando reclamó activar la respuesta prevista, pero que el Ejecutivo no autorizó su aplicación en los términos inicialmente establecidos.

Es decir, que no estaríamos únicamente ante un Gobierno sorprendido por una emergencia inesperada.

Estaríamos ante un Gobierno al que sus propios militares advirtieron de la necesidad de actuar y que, según esos testimonios, impidió desplegar las unidades conforme al dispositivo preparado.

¿Quién tomó semejante decisión?

¿Pedro Sánchez? ¿Margarita Robles? ¿Algún otro responsable de la cadena de mando política?

¿Qué instrucciones se transmitieron? ¿A qué hora? ¿Con qué argumentos?

¿Por qué no se activó el dispositivo que, según las fuentes citadas, debía proteger determinados puntos estratégicos y asegurar a la población mientras llegaban refuerzos?

¿Se informó al Rey de esas decisiones?

Y, si se le informó, ¿qué hizo con esa información?

Conviene recordar un antecedente.

En mayo de 2021, durante otra entrada masiva desde Marruecos, España desplegó unidades de La Legión y Regulares, incluidos vehículos blindados.

Existía, por tanto, una experiencia anterior.

Y ahora descubrimos que, según las fuentes militares consultadas, la respuesta inicialmente prevista para julio de 2026 no llegó a autorizarse.

Los testimonios publicados exigen una investigación parlamentaria y documental, no una nueva colección de declaraciones tranquilizadoras.

Porque impedir una respuesta militar prevista, si así ocurrió, constituye una decisión política de enorme trascendencia. Y quien la adoptó debe responder por ella.

EL REY CONOCÍA LA SITUACIÓN. ¿Y DESPUÉS, QUÉ?

Llegamos al centro de la cuestión.

La Casa del Rey ha reconocido que Felipe VI recibió información del Gobierno sobre la entrada de buques militares marroquíes en aguas de Ceuta.

No ha precisado cuándo.

La fecha importa, y mucho.

No es lo mismo haberlo sabido mientras se producían los acontecimientos que haber recibido un informe días o semanas después.

Pero hay algo que conocemos: el monarca estaba perfectamente informado de la gravedad de la crisis cuando, el pasado 8 de septiembre, presidió en la Zarzuela una reunión extraordinaria con Margarita Robles, el jefe del Estado Mayor de la Defensa y otros altos mandos militares.

Hubo reunión.

Hubo uniformes.

Hubo fotografía oficial.

Y hubo una demostración pública de preocupación institucional.

De acuerdo.

¿Y qué consecuencias tuvo aquella reunión?

¿Reclamó Felipe VI al Gobierno una explicación acerca de las incursiones navales?

¿Preguntó por las decisiones relativas al despliegue militar terrestre?

¿Se interesó por la posible responsabilidad de las autoridades marroquíes?

¿Solicitó información sobre las protestas diplomáticas que España hubiera presentado?

¿Pidió que los españoles fueran informados de que barcos de guerra extranjeros habían vulnerado nuestro espacio marítimo?

La Casa del Rey está en condiciones de explicar qué actuaciones institucionales realizó Felipe VI, sin necesidad de divulgar secretos militares.

Porque una reunión puede demostrar preocupación, pero no demuestra por sí sola eficacia.

Y una fotografía del Rey rodeado de generales tampoco equivale a una explicación sobre lo sucedido.

EL MANDO SUPREMO DE LAS FUERZAS ARMADAS NO PUEDE SER UNA CONDECORACIÓN DECORATIVA

La Constitución Española establece, en su artículo 56, que el Rey es jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, y que arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones.

El artículo 62 le atribuye el mando supremo de las Fuerzas Armadas.

También es cierto que el artículo 97 encomienda al Gobierno la dirección de la política de defensa, y que los actos del Rey están sujetos al régimen constitucional de refrendo.

Por tanto, nadie está reclamando que Felipe VI ordene personalmente disparar contra buques extranjeros, movilice unidades por su cuenta o sustituya al Gobierno en la dirección de las operaciones militares.

Lo que se reclama es otra cosa.

Que la Jefatura del Estado no reduzca su misión a escuchar informes, presidir reuniones, vestir uniformes y posar para los fotógrafos.

La Corona dispone de autoridad institucional, capacidad de interlocución y cauces para recibir información, expresar preocupaciones y reclamar explicaciones al Gobierno.

Y una institución que representa la unidad y permanencia de España no debería permitir que su actuación pública, frente a una vulneración de la soberanía nacional, se reduzca a unos cuantos gestos ceremoniales.

En octubre de 2017, cuando la crisis separatista catalana puso en cuestión el orden constitucional, Felipe VI compareció ante los españoles mediante un discurso extraordinario.

Aquella intervención demostró que la Corona podía dirigirse a la nación cuando consideraba amenazados sus fundamentos.

Pues bien, Majestad:

¿No considera suficientemente grave que buques de guerra extranjeros entren en aguas españolas?

¿No merece la integridad territorial de Ceuta una explicación solemne?

¿O es que la defensa de España exige una elocuencia distinta dependiendo de quién cuestione nuestra soberanía?

DE LA MARCHA VERDE A CEUTA: CINCUENTA AÑOS DESPUÉS

En 1975, Marruecos organizó la Marcha Verde para presionar a España sobre el Sáhara Occidental.

Decenas de miles de civiles fueron utilizados como instrumento de presión territorial.

La operación tenía un objetivo político perfectamente definido.

Más de medio siglo después, Marruecos continúa manteniendo reivindicaciones territoriales sobre espacios bajo soberanía española.

No afirmo que los acontecimientos de julio reproduzcan exactamente lo sucedido en 1975. La situación jurídica, política y militar es diferente.

Pero existe una semejanza que cualquier observador puede reconocer: la utilización de grandes movimientos de población como instrumento potencial de presión sobre otro Estado.

Y en julio de 2026, además de aquella entrada masiva, hubo incursiones de buques militares marroquíes.

No estamos hablando únicamente de inmigración.

Estamos hablando de la relación entre dos Estados, uno de los cuales cuestiona la soberanía del otro sobre territorios que forman parte de España.

Y estamos hablando de un Gobierno español que parece cultivar una asombrosa capacidad para presentar como incidentes menores acontecimientos que afectan directamente a nuestra integridad territorial.

Pedro Sánchez describió las incursiones como hechos puntuales entre vecinos y destacó la buena comunicación entre ambas Armadas.

Magnífica explicación.

Con semejante razonamiento, cualquier vulneración de la soberanía nacional puede terminar reducida a un malentendido entre comunidades de propietarios.

Señor Sánchez: los barcos de guerra de Marruecos no son turistas despistados buscando un puerto deportivo.

Y los españoles tenemos derecho a conocer las razones de su presencia en aguas de Ceuta.

LA HIPOCRESÍA DE LA FOTOGRAFÍA INSTITUCIONAL

Y llegamos al espectáculo de hoy.

Felipe VI visita Ceuta acompañado de la reina Letizia.

Recibe muestras de afecto, estrecha manos, saluda a los vecinos y participa en actos oficiales.

Nada tengo que reprochar a los ceutíes que reciben con entusiasmo al jefe del Estado. Ceuta lleva demasiado tiempo necesitando atención, presencia institucional y manifestaciones inequívocas de españolidad.

Pero precisamente por respeto a sus habitantes resulta imposible pasar por alto la contradicción.

Durante aquellas jornadas de julio, miles de ceutíes vivieron una situación de miedo, desconcierto e incertidumbre.

Ahora sabemos que la crisis tuvo también una dimensión militar de la que no fueron informados.

Y hoy se pretende ofrecer una imagen de normalidad institucional.

Muchos aplausos.

Muchas banderas.

Muchos discursos.

Y, por supuesto, abundantes fotografías destinadas a ilustrar los informativos.

Pero las fotografías no defienden fronteras. Las sonrisas no protegen aguas territoriales. Y las visitas oficiales no sustituyen las decisiones que debieron adoptarse cuando la soberanía española estaba siendo vulnerada.

Un Rey no adquiere autoridad moral simplemente por aparecer entre sus compatriotas.

La adquiere, sobre todo, cuando demuestra que su preocupación por ellos va mucho más allá del ceremonial.

LA INVIOLABILIDAD NO ES SINÓNIMO DE INFALIBILIDAD

Hay otro asunto que merece una reflexión.

La Constitución establece la inviolabilidad del Rey.

Eso significa que no está sometido al mismo régimen de responsabilidad jurídica que los restantes ciudadanos.

Pero sería una aberración convertir semejante prerrogativa en una prohibición de exigir responsabilidades morales, políticas e institucionales.

Un monarca constitucional no puede ser tratado como una figura sagrada a la que solo cabe aplaudir.

El respeto institucional no exige guardar silencio ante sus errores.

Y la lealtad a España no consiste en rendir pleitesía a quien ocupa temporalmente su Jefatura del Estado.

Al contrario.

Cuanto más elevada es la institución, mayor debe ser la exigencia pública de dignidad y ejemplaridad.

La Corona existe para servir a España. España no existe para servir a la Corona.

No es una distinción menor.

Porque si cada vez que se plantea una cuestión incómoda sobre el comportamiento del Rey alguien responde invocando la prudencia, la neutralidad, el protocolo o la inviolabilidad, acabaremos convirtiendo la Monarquía en una institución inmune a cualquier examen ciudadano.

Y una institución a la que no se puede preguntar qué hace termina siendo una institución cuya utilidad también resulta legítimo cuestionar.

SEÑOR FELIPE DE BORBÓN: LOS ESPAÑOLES MERECEMOS RESPUESTAS

Majestad:

Usted ha recibido una educación privilegiada.

Ha sido preparado durante décadas para ocupar la Jefatura del Estado.

Conoce la historia de España, sus compromisos internacionales, sus instituciones y sus Fuerzas Armadas.

Sabe perfectamente qué significa que buques de guerra extranjeros entren en aguas de soberanía española.

Y sabe también que Ceuta y Melilla no son territorios negociables ni monedas de cambio para mantener relaciones cordiales con Mohamed VI.

Por eso conviene formularle algunas preguntas.

¿Cuándo le informó exactamente el Gobierno de la incursión de la Marina marroquí?

¿Qué información recibió sobre las instrucciones impartidas a nuestras Fuerzas Armadas?

¿Conocía las denuncias relativas a la falta de autorización para desplegar las unidades terrestres previstas?

¿Tuvo conocimiento de alguna protesta diplomática formal?

¿Qué actuaciones realizó la Corona para conocer las razones de la incursión?

¿Por qué no se informó a los españoles de lo ocurrido?

¿Considera suficiente el tratamiento que el Gobierno ha dado a esta gravísima crisis?

Y, sobre todo, ¿qué significado tiene para usted ser símbolo de la unidad y permanencia de España cuando un Estado extranjero cuestiona esa unidad mediante actos que afectan a nuestra soberanía?

No son preguntas irrespetuosas.

Lo irrespetuoso sería considerar que los españoles no tenemos derecho a formularlas.

Su obligación no consiste en proteger políticamente a Pedro Sánchez. Tampoco en hacer campaña contra él. Consiste en ejercer las funciones de la Corona con arreglo a la Constitución y al servicio del Estado que representa.

Y entre los españoles que merecen esa dedicación se encuentran, por supuesto, los habitantes de Ceuta y Melilla.

También los militares a quienes se encomienda la defensa de nuestra soberanía.

Y los ciudadanos que financiamos las instituciones y tenemos derecho a saber cómo responden ante acontecimientos de semejante gravedad.

EPÍLOGO: UNA CORONA QUE CALLA CORRE EL RIESGO DE CONVERTIRSE EN UN ADORNO

Hace tiempo que una parte de los españoles se pregunta para qué sirve realmente la Monarquía parlamentaria.

No es una cuestión de simpatía o antipatía hacia Felipe VI.

Es una cuestión de utilidad institucional.

Si ante una crisis de soberanía el Rey conoce los acontecimientos, escucha a los mandos militares y después el país continúa sin recibir explicaciones suficientes, algo no funciona como debería.

Si el Gobierno puede mantener durante meses fuera del conocimiento público una incursión de buques militares extranjeros y el jefe del Estado no contribuye a que los ciudadanos conozcan lo ocurrido, la Corona tiene un problema de credibilidad.

Y si la respuesta institucional a una crisis de estas características termina siendo un desfile de autoridades, sonrisas, aplausos y fotografías, la pregunta resulta inevitable.

¿Para qué necesitamos una Jefatura del Estado tan solemnemente presentada como garante de nuestra unidad si, cuando esa unidad se ve amenazada, los españoles no podemos conocer siquiera qué hizo para defenderla dentro de sus competencias?

No basta con decir que España es una gran nación.

No basta con rendir homenaje a nuestra bandera.

No basta con presidir desfiles militares.

No basta con recibir en palacio a ministros y generales.

No basta con visitar Ceuta dos meses y medio después de una crisis que todavía deja consecuencias.

Hay momentos en los que las instituciones deben demostrar que representan algo más que su propia supervivencia.

Y este es uno de ellos.

Felipe VI tiene hoy una oportunidad extraordinaria para explicar a los españoles qué sabía, cuándo lo supo y qué hizo institucionalmente ante aquella vulneración de nuestra soberanía.

No para interferir en las competencias del Gobierno.

No para dirigir a los militares.

No para convertirse en dirigente de ningún partido.

Sino para demostrar que la Corona es algo más que una maquinaria de actos oficiales, uniformes de gala y fotografías destinadas a los álbumes de la historia.

Porque el silencio público ante una agresión a la soberanía nacional puede terminar interpretándose como aquiescencia, aunque esa no haya sido la intención de quien calla.

Y porque la legitimidad de una institución no se conserva exclusivamente mediante leyes y ceremonias.

También se conserva dando razones para merecer el respeto de los ciudadanos.

De manera que, Majestad, disfrute de su visita a Ceuta.

Estreche todas las manos que considere oportunas.

Reciba el afecto de los vecinos.

Hágase cuantas fotografías desee.

Pero cuando termine la ceremonia, cuando se apaguen las cámaras y regresen los acompañantes a sus despachos, no olvide que sigue pendiente una explicación.

¿QUÉ HIZO USTED CUANDO SUPO QUE BUQUES DE GUERRA MARROQUÍES HABÍAN ENTRADO EN AGUAS ESPAÑOLAS?

Porque España no necesita una Corona que simplemente contemple su bandera.

NECESITA INSTITUCIONES QUE DEMUESTREN, CON SUS ACTOS, QUE ESA BANDERA REPRESENTA UNA SOBERANÍA QUE NADIE PUEDE VULNERAR IMPUNEMENTE.

Y si ni siquiera la Jefatura del Estado puede ofrecer a los españoles esa garantía institucional, entonces tendremos que formular una pregunta todavía más incómoda:

¿Qué estamos defendiendo exactamente cuando defendemos esta Monarquía?