EL DOCE DE OCTUBRE: ¿FUERZAS ARMADAS PARA DEFENDER A ESPAÑA O PARA DECORAR LOS DESFILES?
La soberanía nacional no se defiende con discursos, medallas, fotografías ni desfiles militares. Se defiende ejerciéndola.
Carlos Aurelio Caldito Aunión
12 de octubre de 2026
Hay naciones que celebran su fiesta nacional recordando las hazañas de sus antepasados. Otras aprovechan la ocasión para reafirmar su existencia, hacer balance de sus fortalezas y debilidades y recordar a sus gobernantes que están al servicio de una nación que existía antes de que ellos nacieran y que deberá continuar existiendo mucho después de que hayan desaparecido.
En España hemos desarrollado una curiosa especialidad: celebrar solemnemente la existencia de la nación mientras buena parte de quienes tienen la obligación de gobernarla parecen empeñados en convertirla en una entidad administrativa provisional, negociable, divisible y susceptible de liquidación por entregas.
Y todo ello, naturalmente, entre solemnes declaraciones institucionales, condecoraciones, discursos patrióticos, marchas militares y el correspondiente desfile de autoridades convenientemente engalanadas para la ocasión.
Porque hoy, doce de octubre, es el Día de la Fiesta Nacional de España.
No el día de las diecisiete comunidades autónomas. Ni el día de los partidos políticos. Ni el de las organizaciones internacionales a las que pertenecemos. Ni siquiera el día del Gobierno, aunque algunos de sus integrantes parezcan convencidos de que España constituye una especie de finca heredada de sus abuelos.
Es el Día de España.
De la nación española.
De esa España que, según determinados personajes, existe cuando hay que pagar impuestos, financiar administraciones, soportar deudas y obedecer órdenes, pero empieza a resultar sospechosa cuando alguien pretende defender su unidad, su historia, sus fronteras o su soberanía.
Y, puesto que el acontecimiento central de esta celebración es un desfile militar, conviene formular una pregunta que debería incomodar bastante más que los abucheos dirigidos a nuestros gobernantes:
¿Para qué tenemos unas Fuerzas Armadas?
La pregunta parece propia de Perogrullo.
Precisamente por eso resulta tan necesaria.
I. DE LOS TERCIOS DE FLANDES A LOS DESFILES DE MADRID
Hubo un tiempo en que los soldados españoles eran temidos y respetados en los campos de batalla de Europa.
Los Tercios constituyeron durante más de un siglo una de las organizaciones militares más formidables de su época. Su disciplina, experiencia, capacidad de adaptación y resistencia convirtieron a la infantería española en referencia obligada de la historia militar europea.
No ganaban las batallas mediante campañas publicitarias, declaraciones institucionales o fotografías del ministro correspondiente.
Las ganaban, cuando las ganaban, con preparación, organización, sacrificio, inteligencia militar y una capacidad extraordinaria para combatir en condiciones que hoy provocarían la dimisión colectiva de cualquier consejo de administración.
Naturalmente, también sufrieron derrotas. España no fue invencible, ni sus ejércitos estuvieron integrados exclusivamente por héroes.
Pero hubo una diferencia esencial: aquellos hombres sabían para quién combatían.
No necesitaban una comisión internacional que les explicase dónde se encontraban sus obligaciones, aunque, ciertamente, los monarcas que los enviaban a combatir tampoco siempre supieron distinguir entre los intereses de la Monarquía y sus propias ambiciones dinásticas.
Porque la historia militar española también está llena de soldados extraordinarios sacrificados por gobernantes mediocres.
He aquí una tradición que, desgraciadamente, ha sobrevivido bastante mejor que nuestros Tercios.
Hoy tenemos soldados profesionales, unidades de gran prestigio, aviadores magníficamente preparados, marinos experimentados y cuerpos de élite capaces de actuar con eficacia en escenarios difíciles.
Tenemos la Legión, los Regulares, la Infantería de Marina, las unidades de operaciones especiales y numerosos profesionales que honran el uniforme que visten.
Lo que no tenemos tan claro es si quienes deciden su empleo poseen una idea igualmente precisa de aquello que deben defender.
Y esa cuestión resulta bastante más importante que determinar si nuestros ejércitos ocupan el puesto decimoquinto, vigésimo o vigesimoquinto de una clasificación internacional.
Porque la potencia militar de una nación no se mide exclusivamente por el número de carros de combate, aviones o fragatas, sino por su capacidad y voluntad de emplearlos cuando la soberanía nacional lo exige.
Un ejército magníficamente equipado al servicio de una política exterior errática puede acabar convertido en un carísimo instrumento para ejecutar decisiones ajenas.
Y un ejército que carezca de medios suficientes puede desfilar con admirable marcialidad mientras sus carencias quedan ocultas detrás de la tribuna de autoridades.
II. EL ARTÍCULO OCTAVO DE LA CONSTITUCIÓN NO ES UNA COMPOSICIÓN POÉTICA
Conviene recordar lo que establece el artículo 8.1 de la Constitución española:
«Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional».
Conviene leerlo despacio.
Soberanía.
Independencia.
Integridad territorial.
Ordenamiento constitucional.
Cuatro conceptos suficientemente importantes como para que nadie los sustituya por una colección de eslóganes acerca de la paz mundial, la cooperación internacional o la participación en iniciativas promovidas desde determinados organismos.
Actualmente existe también el Ejército del Aire y del Espacio, denominación adoptada para responder a sus nuevas responsabilidades. Pero la obligación fundamental permanece.
Las Fuerzas Armadas españolas existen, ante todo, para defender a España.
No para defender al partido gobernante.
Ni a su presidente.
Ni los intereses económicos de determinados grupos empresariales.
Ni las conveniencias diplomáticas de potencias extranjeras.
Ni los proyectos personales de quienes aspiran a obtener, cuando abandonen sus cargos nacionales, alguna sinecura internacional suficientemente bien remunerada.
La defensa nacional no es una concesión graciosa de los gobernantes.
Es una obligación del Estado.
Por supuesto, la Constitución también determina quién dirige la política de defensa. El artículo 97 atribuye esa responsabilidad al Gobierno, mientras que el artículo 62 reconoce al Rey el mando supremo de las Fuerzas Armadas.
La distinción es fundamental.
Los militares no constituyen un poder político independiente, pero los gobernantes tampoco pueden tratar la defensa de España como un asunto secundario, subordinado a sus intereses partidistas.
Los primeros están obligados a cumplir sus deberes profesionales y constitucionales.
Los segundos deben responder por las decisiones que adoptan y por aquellas que, pudiendo y debiendo adoptar, omiten.
Porque la soberanía no se pierde únicamente mediante una derrota militar.
También puede deteriorarse a fuerza de renuncias, concesiones, negligencias y cobardías políticas.
III. ESPAÑA ESTÁ PRESENTE EN MEDIO MUNDO. ¿Y QUÉ OCURRE EN ESPAÑA?
Según el Estado Mayor de la Defensa, España tiene previstas para 2026 diecisiete misiones militares en el exterior, con una media de unos 3.000 militares desplegados en cuatro continentes.
Nuestros soldados participan en operaciones en el Líbano, en distintos países del este europeo, en Irak, en aguas del océano Índico y en otros escenarios.
Contribuyen a la defensa de aliados, a operaciones de vigilancia marítima, a la disuasión militar y a misiones internacionales acordadas en el seno de organizaciones de las que España forma parte.
Los soldados españoles cumplen sus órdenes, soportan separaciones familiares, asumen riesgos y, en ocasiones, pagan con la vida los compromisos adquiridos por nuestros gobernantes.
Merecen respeto.
Ahora bien, que una misión haya sido acordada por una organización internacional no significa que debamos renunciar a examinar su conveniencia.
Mucho menos que debamos aceptar automáticamente cualquier operación por el simple hecho de que la promuevan la OTAN, la Unión Europea o las Naciones Unidas.
La Ley Orgánica 5/2005, de la Defensa Nacional, regula expresamente las condiciones de las operaciones exteriores. Su artículo 17 exige, para determinadas misiones ajenas a la defensa directa de España o del interés nacional, consulta y autorización parlamentaria, con procedimientos especiales para situaciones urgentes.
Por tanto, existen decisiones políticas que adoptar.
Y responsabilidades que asumir.
¿En qué beneficia a España cada despliegue?
¿Cuánto cuesta?
¿Cuánto tiempo debe mantenerse?
¿Qué riesgos soportan nuestros soldados?
¿Qué recursos dejamos de emplear en nuestra propia defensa?
¿Con qué criterios se decide participar?
¿En qué circunstancias resulta conveniente retirarse?
¿Puede mantenerse nuestra participación sin perjudicar la capacidad de responder a una emergencia en territorio nacional?
Nada de esto debería considerarse una impertinencia.
Sin embargo, cualquiera que formule tales preguntas corre el riesgo de recibir una conferencia acerca de nuestros compromisos internacionales, como si los tratados hubieran abolido la facultad de nuestros gobernantes para pensar.
Pertenecer a una alianza no significa abdicar de la soberanía nacional.
Y cumplir compromisos internacionales no equivale a permitir que las prioridades estratégicas de España las establezcan exclusivamente otros gobiernos.
El problema no consiste en que nuestros soldados estén en Letonia, Eslovaquia o el Líbano.
El problema aparece cuando nuestros gobernantes parecen mucho más interesados en exhibir su compromiso con la seguridad ajena que en garantizar, sin vacilaciones, la nuestra.
IV. CEUTA Y MELILLA: LA SOBERANÍA ESPAÑOLA NO ES NEGOCIABLE
Y llegamos al asunto que convierte este doce de octubre de 2026 en una fecha especialmente significativa.
Ceuta.
Melilla.
Dos ciudades españolas cuya soberanía Marruecos continúa cuestionando.
Dos ciudades cuya existencia debería figurar permanentemente entre las prioridades de nuestra política exterior y de defensa.
Dos ciudades que no necesitan que nadie les conceda un certificado de españolidad porque forman parte de España.
Los acontecimientos del pasado verano en Ceuta deberían haber terminado con muchas de las fantasías que todavía dominan nuestra relación con el régimen marroquí.
Los días 30 y 31 de julio se produjo una entrada masiva de personas desde Marruecos. Las informaciones publicadas cifran en más de 70.000 las que cruzaron la frontera en aquellos dos días.
Y hoy, precisamente doce de octubre, conocemos otro episodio de extraordinaria gravedad.
Según la información publicada por El País, una fragata y varias patrulleras de la Marina Real marroquí realizaron incursiones reiteradas en aguas españolas de Ceuta, coincidiendo con aquella crisis.
No hablamos de una patera extraviada.
Ni de unos pescadores que hubieran confundido las coordenadas.
Hablamos de buques militares de un Estado extranjero cuya monarquía mantiene reivindicaciones territoriales sobre dos ciudades españolas.
Las incursiones provocaron una situación de tensión que llegó a entrañar riesgo de colisión entre unidades navales.
La Armada española respondió.
Primero mediante el despliegue del buque de acción marítima Rayo y posteriormente con las fragatas Santa María y Navarra.
La presión naval española y las gestiones del Ministerio de Defensa contribuyeron al cese de aquellas intrusiones.
Este hecho merece subrayarse: cuando se emplearon los medios militares adecuados, Marruecos dejó de realizar aquellas incursiones.
¿No resulta suficientemente ilustrativo?
¿No merece una explicación pública exhaustiva lo ocurrido?
¿No deberían conocer los españoles qué instrucciones recibieron nuestros mandos, qué riesgos existieron y qué garantías tenemos de que no volverá a repetirse?
¿Quién ha explicado satisfactoriamente la magnitud de aquella entrada masiva por la frontera?
¿Quién ha exigido a Mohamed VI responsabilidades políticas por la actuación de sus unidades navales?
Y, sobre todo, ¿cómo es posible que después de tantas experiencias anteriores todavía exista quien pretenda presentar nuestra relación con Marruecos como una sucesión de malentendidos entre buenos vecinos?
La historia no comenzó este verano.
Ahí están la Marcha Verde de 1975, el episodio del islote de Perejil de 2002, la crisis fronteriza de Ceuta de 2021 y los acontecimientos de julio de 2026.
Cada uno posee sus propias circunstancias, pero todos obligan a formular una pregunta incómoda:
¿Por qué España permite que su relación con Marruecos se desarrolle periódicamente bajo la presión de hechos consumados?
Cuando un Estado extranjero cuestiona nuestra soberanía y emplea sus recursos militares para penetrar en aguas españolas, el problema no se resuelve mediante declaraciones de buena vecindad.
Se resuelve demostrando que nuestras fronteras y aguas jurisdiccionales no dependen del humor de Mohamed VI.
La diplomacia resulta necesaria.
La cooperación también.
Pero ninguna de ambas debe confundirse con la sumisión.
V. MAÑANA FELIPE VI VISITARÁ CEUTA. PASADO MAÑANA, MELILLA
La visita anunciada de los Reyes a Ceuta el 13 de octubre y a Melilla el día 14 constituye un acontecimiento de singular importancia.
Felipe VI estará mañana en Ceuta.
Y pasado mañana en Melilla.
Me parece oportuno que el jefe del Estado visite ambas ciudades, especialmente después de los acontecimientos del verano.
Pero conviene advertir que la presencia del Rey no puede convertirse en un sustituto ornamental de una política firme de defensa de la soberanía nacional.
Los viajes institucionales tienen su importancia.
Los símbolos también.
Sin embargo, los símbolos adquieren verdadero significado cuando se corresponden con decisiones efectivas.
Ceuta y Melilla necesitan algo más que fotografías de los Reyes saludando a ciudadanos emocionados.
Necesitan garantías de seguridad, comunicaciones estables con la Península, infraestructuras, presencia institucional permanente y una política exterior que deje de tratar su españolidad como una cuestión incómoda.
Necesitan que los gobiernos españoles actúen como si Ceuta y Melilla fueran tan españolas como Madrid, Zaragoza, Sevilla o Valladolid.
Porque lo son.
Sin adverbios.
Sin asteriscos.
Sin cláusulas diplomáticas.
Y sin pedir permiso a Rabat.
También corresponde al Rey, dentro de las facultades que le reconoce nuestro ordenamiento, interesarse por la situación de nuestras Fuerzas Armadas, conocer las necesidades de la defensa nacional y representar sin ambigüedad la continuidad histórica y territorial de España.
Pero nadie debería confundir su mando supremo constitucional con una facultad para ordenar por su cuenta operaciones militares al margen del Gobierno.
Esa confusión solamente serviría para facilitar que quienes dirigen la política de defensa eludieran sus responsabilidades.
Aquí no se trata de reclamar gestos teatrales a la Corona, sino decisiones efectivas al Gobierno y vigilancia rigurosa a las Cortes.
VI. UN EJÉRCITO PROFESIONAL NO ES UN EJÉRCITO DE MERCENARIOS. PERO TAMPOCO DEBE CONVERTIRSE EN UNA EMPRESA DE SERVICIOS
En mi artículo de 2019 cuestionaba duramente las consecuencias de la profesionalización de nuestras Fuerzas Armadas.
La cuestión continúa plenamente vigente.
El Gobierno de José María Aznar adelantó al 31 de diciembre de 2001 la suspensión del servicio militar obligatorio.
Con aquella decisión desapareció una institución que, pese a sus enormes defectos, había proporcionado durante generaciones una experiencia común a millones de españoles.
La antigua mili distaba mucho de ser perfecta.
Había pérdidas de tiempo, arbitrariedades, destinos absurdos, abusos y situaciones que no resultan precisamente dignas de nostalgia.
Pero también contribuía, al menos potencialmente, a que personas procedentes de territorios, clases sociales y ambientes muy diferentes convivieran, conocieran otras regiones de España y comprendieran que la defensa nacional no era responsabilidad exclusiva de quienes habían elegido la carrera militar.
La profesionalización no convirtió automáticamente a nuestros soldados en mercenarios.
Un militar profesional puede servir a su patria con tanto patriotismo y sacrificio como cualquier soldado de reemplazo.
Lo preocupante es que, al suspender la mili, nuestros gobernantes parecieron dar por concluida también la obligación de enseñar a los ciudadanos qué significa defender a España.
¿Dónde quedó la educación cívica?
¿Dónde quedó el conocimiento de nuestra historia común?
¿Dónde quedó la formación sobre los deberes constitucionales?
¿Dónde quedó la idea de que la defensa nacional compromete al conjunto de la sociedad?
En demasiados casos, quedó sepultada bajo toneladas de propaganda partidista, enfrentamientos territoriales y una enseñanza histórica cada vez más fragmentada.
Y así hemos llegado a una situación particularmente absurda.
España dispone de unas Fuerzas Armadas profesionales mientras abundan los españoles que parecen considerar que la defensa nacional es una actividad especializada que no guarda relación con ellos.
Como quien contrata a un fontanero.
Se le paga para que arregle la avería y, entretanto, el propietario continúa tranquilamente destrozando las cañerías.
Sería conveniente recuperar alguna modalidad de servicio nacional breve, cívico o militar, con formación útil, exigencias comunes, igualdad de obligaciones y respeto a la objeción de conciencia.
No para resucitar los peores defectos de la antigua mili.
Sino para recuperar algo que hemos perdido por el camino: la conciencia de que España no es propiedad de los políticos ni responsabilidad exclusiva de los militares.
VII. EL NEGOCIO DE LA DEFENSA Y LAS CIFRAS QUE NO EXPLICAN NADA
Al finalizar 2025, los registros oficiales recogían 128.305 miembros de las Fuerzas Armadas en las situaciones contempladas por la legislación correspondiente.
El Ministerio de Defensa ha anunciado nuevas incorporaciones y un objetivo de crecimiento de la plantilla.
Por otra parte, la cuestión presupuestaria continúa dominando los debates internacionales.
El Gobierno español ha defendido ante la OTAN que puede cumplir sus compromisos mediante un gasto equivalente al 2,1 % del producto interior bruto, frente a las propuestas de elevar considerablemente esa proporción.
Pero ¿desde cuándo un porcentaje del producto interior bruto constituye, por sí mismo, una política de defensa?
Se puede gastar muchísimo y gastar pésimamente.
Se pueden comprar armas inadecuadas.
Se pueden aprobar programas que se retrasen años.
Se pueden adquirir sistemas que después carezcan del mantenimiento necesario.
Se puede incrementar el presupuesto sin resolver las carencias del personal.
Y se puede presumir de inversiones millonarias mientras los soldados soportan problemas salariales, dificultades para encontrar vivienda o incertidumbres profesionales.
La defensa nacional exige capacidades reales, no contabilidad patriótica.
Interesa saber cuántas unidades están operativas.
Cuántas aeronaves pueden despegar.
Cuántos buques pueden navegar.
Cuánta munición existe.
Cuánto tiempo pueden sostenerse nuestras fuerzas en una crisis.
Qué sistemas de vigilancia protegen nuestras costas y fronteras.
De qué reservas estratégicas disponemos.
Y, naturalmente, qué capacidad tiene España para responder sin depender de la autorización, el suministro o el capricho de otros países.
El verdadero problema no es gastar mucho o poco.
Es saber para qué se gasta, quién lo decide, quién se beneficia y qué obtiene España a cambio.
VIII. UNA PATRIA QUE HAY QUE ESCONDER PARA NO MOLESTAR
Hay otro aspecto de nuestra realidad nacional que merece atención.
En determinados ambientes políticos y sociales, la exhibición de la bandera española o la presencia de nuestras Fuerzas Armadas continúan provocando reacciones de hostilidad.
Se discute la celebración de juras de bandera.
Se cuestiona la presencia militar en acontecimientos públicos.
Se identifica interesadamente el patriotismo español con determinadas opciones políticas.
Y se pretende presentar los símbolos nacionales como patrimonio exclusivo de una mitad de los ciudadanos.
¡Extraordinaria manera de construir una nación!
La bandera española puede ondear sin controversia en nuestros acuartelamientos internacionales, pero en algunos espacios de la propia España su exhibición todavía desata polémicas que resultarían sorprendentes en cualquier otro país europeo.
Y no falta quien considera perfectamente legítimo reivindicar banderas territoriales, símbolos partidistas o identidades particulares mientras observa con profundo desagrado la enseña constitucional común.
Todo ello forma parte de una larga operación de debilitamiento del sentimiento de pertenencia nacional.
Una nación no desaparece solamente cuando pierde territorio.
También comienza a desaparecer cuando sus ciudadanos dejan de reconocer como propios su pasado, sus instituciones, su lengua común, sus símbolos y sus responsabilidades colectivas.
Y si, además, sus gobernantes alimentan esa desafección para obtener ventajas parlamentarias, el resultado adquiere proporciones verdaderamente disparatadas.
Se exige lealtad a los soldados.
Pero ¿qué lealtad a España se exige a quienes gobiernan?
Se exige disciplina militar.
Pero ¿qué disciplina presupuestaria, institucional y constitucional se exige a los responsables políticos?
Se exige sacrificio a las Fuerzas Armadas.
Pero ¿cuántos sacrificios personales están dispuestos a realizar los dirigentes que deciden dónde deben combatir nuestros soldados?
La asimetría resulta escandalosa.
IX. LOS SOLDADOS JURAN LA BANDERA. LOS POLÍTICOS TAMBIÉN ASUMEN OBLIGACIONES
Un soldado español jura o promete defender a España, incluso con la entrega de su vida si fuera necesario.
No es una fórmula publicitaria.
Es un compromiso de extraordinaria gravedad.
Sin embargo, quienes gobiernan también tienen obligaciones jurídicas y políticas respecto de la nación y de su ordenamiento constitucional.
Por eso conviene rechazar esa curiosa distribución de responsabilidades que algunos parecen haber establecido.
Al soldado se le exige disciplina.
Al ciudadano, impuestos.
Al contribuyente, paciencia.
Y al gobernante, por lo visto, basta con que pronuncie unos discursos y se presente a las elecciones.
Pues no.
La patria no es un escenario decorativo para que los políticos representen sus comedias.
No se puede exigir a unos hombres que estén dispuestos a morir defendiendo la integridad territorial de España mientras quienes dirigen el Estado tratan determinados asuntos de soberanía como mercancía negociable.
No se puede proclamar solemnemente la unidad nacional y después convertir cada negociación parlamentaria en un mercado de competencias, privilegios y concesiones territoriales.
No se puede invocar la defensa del ordenamiento constitucional mientras se fomenta la idea de que las normas fundamentales constituyen obstáculos que deben sortearse cuando dificultan los intereses del poder.
Y no se puede pedir a los ciudadanos que confíen ciegamente en las instituciones si los responsables de dirigirlas no explican sus actuaciones.
Esto también afecta a los altos mandos militares.
El deber de obediencia no elimina la obligación de asesorar con franqueza, advertir de los peligros, señalar las insuficiencias materiales y cumplir escrupulosamente las responsabilidades profesionales.
Un general no está para aplaudir al ministro.
Está para servir a España desde su puesto, con lealtad institucional y competencia militar.
La disciplina sin profesionalidad degenera en servilismo. Y la autoridad sin responsabilidad termina convirtiéndose en una representación teatral.
X. EL DOCE DE OCTUBRE NO PUEDE SER UNA FIESTA DE ATREZO
Hoy hemos vuelto a contemplar el desfile militar.
Más de cuatro mil participantes, aeronaves, vehículos, uniformes impecables, músicas militares y banderas.
Hemos escuchado homenajes a quienes dieron su vida por España.
Hemos visto a nuestras autoridades presidiendo las ceremonias.
Y hemos recordado, aunque sólo fuera durante unos minutos, que nuestra nación posee una larga historia y unas Fuerzas Armadas dignas de respeto.
Todo ello está muy bien.
Pero mañana, cuando se desmonten las tribunas, se retiren las vallas y los medios de información comiencen a hablar de otros asuntos, los problemas seguirán ahí.
Ceuta continuará junto a Marruecos.
Melilla también.
Las amenazas contra nuestra soberanía no desaparecerán porque haya concluido el desfile.
Nuestros soldados continuarán cumpliendo sus misiones.
Los contribuyentes seguirán sufragándolas.
Y los gobernantes conservarán intacta su obligación de defender a España.
Por eso me permito formular una propuesta muy sencilla.
Que los responsables políticos dediquen menos tiempo a celebrar la existencia de nuestras Fuerzas Armadas y más a garantizar que dispongan de los medios, las instrucciones y el respaldo necesarios para cumplir su misión.
Que expliquen al Congreso y a los españoles los objetivos de cada despliegue internacional.
Que sometan a examen los costes, beneficios y riesgos de los compromisos militares.
Que elaboren una política de defensa centrada en los intereses permanentes de España.
Que abandonen la costumbre de confundir cooperación internacional con subordinación.
Que dejen de considerar nuestras fronteras como asuntos incómodos cuya defensa pudiera ofender a determinados vecinos.
Y que recuerden, de una vez por todas, que ningún Estado merece llamarse soberano si necesita pedir permiso para ejercer su soberanía.
XI. EL DOCE DE OCTUBRE Y LA HISPANIDAD: UNA GRANDEZA HISTÓRICA QUE NO SE DEFIENDE CON NOSTALGIA
Tampoco deberíamos olvidar por qué celebramos precisamente el doce de octubre.
En 1492 comenzó una transformación histórica de consecuencias universales.
España protagonizó uno de los acontecimientos más trascendentales de la historia de la humanidad: el encuentro permanente entre Europa y América, el comienzo de una comunidad lingüística y cultural que todavía reúne a centenares de millones de personas.
No fue una empresa celestial protagonizada exclusivamente por santos, como tampoco fue aquella interminable sucesión de crímenes que pretende presentar determinada propaganda antiespañola.
Fue una obra humana gigantesca, con episodios extraordinarios, errores, conflictos, abusos, instituciones, universidades, ciudades, leyes, intercambios culturales y una expansión de nuestra lengua que constituye uno de los mayores legados históricos de España.
Resulta sorprendente que una nación con semejante trayectoria necesite continuamente explicar por qué tiene derecho a celebrar su propia historia.
Y todavía resulta más sorprendente que tantos españoles parezcan incómodos ante los logros de sus antepasados.
Una cosa es estudiar críticamente la historia.
Otra muy diferente es convertirla en un tribunal permanente en el que España comparece siempre como acusada y sus adversarios como fiscales, testigos y jueces.
El doce de octubre debería servir para recuperar la conciencia de una historia compartida, no para alimentar complejos de inferioridad.
Pero tampoco podemos vivir de las glorias pretéritas.
Los Tercios no protegerán hoy nuestras fronteras.
Las victorias de Lepanto no vigilarán nuestras costas.
Y el recuerdo de los navegantes que cruzaron el Atlántico no sustituirá a una Armada moderna, preparada y dotada de los medios necesarios.
La mejor manera de honrar a quienes engrandecieron España consiste en impedir que sus herederos la empequeñezcan.
XII. ANTES QUE LOS DESFILES, ESPAÑA
Termino volviendo a la pregunta inicial.
¿Para qué tenemos unas Fuerzas Armadas?
La respuesta está escrita en la Constitución.
Para garantizar nuestra soberanía.
Nuestra independencia.
Nuestra integridad territorial.
Y nuestro ordenamiento constitucional.
Todo lo demás debe guardar relación con esos fines y estar subordinado a los intereses legítimos de España.
Las misiones internacionales pueden ser necesarias, útiles e incluso imprescindibles para nuestra propia seguridad.
Pero ninguna organización internacional puede convertirse en excusa para desatender las obligaciones fundamentales del Estado español.
Ningún acuerdo diplomático debe servir para disimular una renuncia a nuestra soberanía.
Y ninguna ceremonia patriótica puede sustituir a la voluntad política de defender aquello que se celebra.
Mañana, cuando Felipe VI visite Ceuta, tendrá ante sí una ciudad española que necesita mucho más que palabras de afecto.
Pasado mañana ocurrirá lo mismo en Melilla.
Y sería conveniente que quienes ejercen las máximas responsabilidades del Estado comprendieran que los habitantes de ambas ciudades no necesitan únicamente demostraciones de solidaridad.
Necesitan la garantía efectiva de que España seguirá siendo España también al otro lado del Estrecho.
Porque las fronteras no son una abstracción.
La soberanía no es una figura retórica.
Y la patria no es una palabra que se pronuncia con voz engolada mientras suena el himno nacional.
Es una realidad histórica, jurídica, política y humana que debe ser defendida.
Quienes visten el uniforme militar asumen una parte esencial de esa responsabilidad.
Pero no son los únicos obligados.
También lo están quienes gobiernan.
Quienes legislan.
Quienes administran nuestros recursos.
Quienes representan al Estado.
Y quienes, en definitiva, pretenden ejercer el poder sobre los españoles.
De manera que, señoras y señores gobernantes, pueden ustedes continuar organizando desfiles, pronunciando discursos, colocando condecoraciones y celebrando recepciones oficiales.
Pero recuerden algo elemental:
Los soldados no juran la bandera para que ustedes puedan utilizarla como telón de fondo.
La juran para defender a España.
Y España es mucho más antigua, mucho más importante y muchísimo más digna de respeto que cualquiera de ustedes.
¡VIVA ESPAÑA!
¡VIVAN LAS FUERZAS ARMADAS ESPAÑOLAS!
Y QUE QUIENES TIENEN LA OBLIGACIÓN DE DEFENDER NUESTRA SOBERANÍA DEJEN DE TRATARLA COMO SI FUERA UNA MERCANCÍA NEGOCIABLE.
Carlos Aurelio Caldito Aunión
