Carlos Aurelio Caldito Aunión

16 de noviembre de 2026

España no es «este país». España es nuestra Patria.

España tiene nombre, historia, lengua común, territorio, instituciones, símbolos, tradiciones y una trayectoria de siglos que no necesita autorización de ningún partido político para existir.

Sin embargo, llevamos décadas asistiendo a un espectáculo verdaderamente grotesco: el de una nación cuyos propios gobernantes, dirigentes políticos, creadores de opinión y buena parte de sus instituciones parecen empeñados en disimular su existencia, discutir su legitimidad histórica y convertir sus señas de identidad en motivos de sospecha.

España ha dejado de llamarse España en boca de demasiados españoles. Ahora es «este país», «el Estado español», «el conjunto del Estado», «el territorio» o cualquier otra fórmula que permita esquivar su verdadero nombre.

Hasta los separatistas más exaltados hablan sin complejos de Cataluña, del País Vasco o de Galicia como si fueran entidades sagradas, eternas e indiscutibles. En cambio, cuando alguien pronuncia la palabra España, aparecen las prevenciones, los escrúpulos, las acusaciones y las habituales letanías sobre el centralismo, el franquismo y los supuestos peligros del patriotismo español.

Los nacionalismos regionales pueden proclamar la grandeza de sus respectivas patrias, reivindicar sus lenguas, reconstruir sus mitologías, inventar tradiciones y exigir adhesiones sentimentales. Pero ¡ay del español que reivindique ESPAÑA como su PATRIA COMÚN!

Ese se convierte inmediatamente en sospechoso.

Y si además se atreve a pronunciar tres palabras, «Una, Grande y Libre», el escándalo alcanza proporciones bíblicas.

Pues bien, reivindico esas tres palabras.

España, Una, Grande y Libre.

Sin pedir permiso. Sin aceptar que nadie tenga el monopolio de su interpretación. Sin renunciar a la historia anterior a 1939 ni a la posterior a 1975. Y sin admitir que una fórmula utilizada por un régimen político deba quedar ligada para siempre a aquel régimen (obviamente, al del General Franco).

Las palabras significan lo que significan. Y el significado que aquí reivindico es inequívoco: unidad nacional, grandeza moral y material, y libertad de los españoles frente a cualquier poder que pretenda convertirlos en súbditos.

UNA: una nación, un Estado, una ciudadanía y una misma ley

Comencemos por lo elemental.

España es una nación histórica, cuya formación precede en muchos siglos a la Constitución de 1978. Su unidad política no nació con el franquismo, ni con los Borbones, ni siquiera con los Reyes Católicos, aunque estos desempeñaran un papel decisivo en el proceso de unión dinástica de los reinos peninsulares.

La historia de España es mucho más antigua, más rica y más compleja que las simplificaciones propagandísticas con las que se pretende explicarla en numerosos centros de enseñanza y medios de información, creadores de opinión y manipulación de masas.

La Constitución de 1978 reconoce la unidad de la nación española, pero también creó las condiciones para desarrollar una organización territorial que ha terminado convirtiéndose en uno de los mayores errores institucionales de nuestra historia contemporánea.

El llamado Estado de las Autonomías nació presentado como una fórmula de descentralización, acercamiento de la Administración al ciudadano y reconocimiento de peculiaridades regionales.

Casi medio siglo después, tenemos diecisiete comunidades autónomas, dos ciudades autónomas, diecisiete parlamentos regionales, otros tantos gobiernos, innumerables consejerías, organismos públicos, empresas, agencias, fundaciones, observatorios, oficinas, delegaciones y toda una constelación de cargos políticos, asesores y empleados.

No todo ese gasto es superfluo, naturalmente. Pero el sistema ha creado estructuras paralelas, multiplicado centros de decisión y convertido numerosas competencias públicas en territorios de disputa partidista.

Y lo peor es que esa multiplicación administrativa no ha garantizado mejores servicios, mayor libertad ni igualdad efectiva entre los ciudadanos.

Un español no debe tener derechos distintos por vivir en Badajoz, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Valladolid o La Coruña.

No debe encontrar obstáculos lingüísticos para acceder a un empleo público en una parte de su propia nación.

No debe padecer desigualdades injustificadas en las prestaciones sanitarias, en las ayudas públicas, en la enseñanza o en las oportunidades profesionales por el simple hecho de residir a un lado u otro de una frontera administrativa.

La diversidad de España constituye una riqueza. Su utilización como instrumento de fragmentación política constituye una desgracia.

Confundir unidad con uniformidad es una trampa intelectual. Pero confundir diversidad con soberanía territorial constituye otra, todavía más peligrosa.

España necesita recuperar la unidad efectiva de su Estado.

Defiendo abiertamente la sustitución del Estado autonómico por un Estado unitario, con una Administración territorial descentralizada para la gestión ordinaria y sometida a unas mismas leyes, derechos y obligaciones.

Los municipios y las provincias deben desempeñar funciones precisas, bien financiadas y sometidas a controles rigurosos. La proximidad administrativa resulta útil cuando mejora los servicios. Se convierte en una carga cuando sirve para multiplicar cargos, favorecer clientelas y levantar fronteras interiores.

Naturalmente, semejante transformación exige una reforma constitucional. Precisamente por eso debe plantearse abiertamente ante los españoles, sin disimulos ni promesas imposibles de cumplir mediante simples leyes ordinarias.

La Constitución no es un texto sagrado e inmutable. Es una norma jurídica elaborada por los hombres y susceptible de reforma mediante los procedimientos establecidos.

Lo inadmisible es tratar el Estado autonómico como una institución intocable, incluso cuando sus resultados merecen una revisión profunda.

El negocio de las diecisiete taifas

El Estado autonómico no es solamente una cuestión de organización territorial. También constituye un formidable sistema de distribución del poder político, administrativo y presupuestario.

Cada gobierno regional dispone de oportunidades para nombrar altos cargos, contratar asesores, adjudicar contratos, conceder subvenciones, organizar campañas institucionales y establecer relaciones económicas con empresas, asociaciones y entidades favorecidas por sus decisiones.

Eso no significa que todos los gobernantes regionales sean corruptos. Significa que la multiplicación de centros de poder multiplica también las oportunidades para establecer redes clientelares y dificulta el control cuando las instituciones responsables de vigilar forman parte del mismo entramado político.

La corrupción no desaparece por trasladar las competencias a Madrid. También existe en los gobiernos centrales.

Por eso la recentralización que propongo debe ir acompañada de controles independientes, contratación transparente, fiscalización previa y posterior, responsabilidad personal de los gestores y sanciones efectivas por los abusos.

España necesita una autoridad común de contratación y compras públicas, capaz de agrupar adquisiciones, establecer precios de referencia, impedir duplicidades y publicar información completa sobre adjudicaciones, modificaciones contractuales y sobrecostes.

No se trata de concentrar todos los pequeños contratos municipales en un despacho de Madrid, sino de establecer una dirección común, procedimientos uniformes y supervisión nacional, con compras agrupadas donde resulte económicamente ventajoso.

Hay que terminar con el espectáculo de administraciones que compran por separado productos y servicios semejantes, multiplican organismos de dudosa utilidad y convierten las subvenciones en instrumentos de fidelidad política.

La descentralización no debe servir de coartada para gastar sin control.

Y la proximidad al ciudadano no justifica la proximidad al pesebre.

La unidad de España exige recuperar, recentralizar la enseñanza.

Una nación que renuncia a transmitir su propia historia, su lengua común y las reglas elementales de convivencia termina debilitando los fundamentos de su existencia.

La enseñanza española necesita una reforma profunda.

Resulta disparatado que el sistema educativo funcione como un campo de experimentación de legisladores, consejeros, ideólogos y partidos empeñados en modificar programas, métodos y criterios de evaluación según sus intereses.

España necesita un currículo nacional exigente, con conocimientos comunes, evaluaciones rigurosas y reconocimiento efectivo de la autoridad del profesor.

La lengua española, común a todos los ciudadanos, debe ser lengua de enseñanza y de uso plenamente garantizado en todo el territorio nacional.

Las demás lenguas españolas forman parte de nuestro patrimonio cultural y merecen respeto, estudio y protección. Precisamente por eso deben preservarse como riqueza cultural, no convertirse en instrumentos de exclusión ni en requisitos desproporcionados que impidan a un español trabajar en su propia nación.

La historia debe enseñarse con rigor, sin hagiografías ni demonizaciones retrospectivas.

Nuestros antepasados protagonizaron grandes realizaciones y cometieron graves errores. Fundaron ciudades, universidades, hospitales e instituciones, desarrollaron una formidable tradición jurídica, extendieron una lengua que hoy comparten cientos de millones de personas y participaron decisivamente en la formación del mundo moderno.

También hubo guerras, abusos, injusticias, enfrentamientos civiles y episodios que merecen una condena inequívoca.

Conocer la historia exige estudiar ambas realidades.

Lo que rechazo es transformar la enseñanza de la historia en un tribunal permanente contra España, donde generaciones actuales reciben una supuesta culpa hereditaria por hechos que no protagonizaron.

Los españoles no nacemos culpables de nuestra historia.

Nacemos herederos de ella, con la obligación de conocerla y la libertad de juzgarla.

GRANDE: una España respetada, próspera y digna

Reivindicar una España Grande no significa reclamar conquistas territoriales, resucitar imperios ni imponer nuestra voluntad a otras naciones.

Significa aspirar a que España vuelva a ser una nación respetada por sus instituciones, su prosperidad, su cultura, su capacidad científica, su organización económica, su seguridad jurídica y la calidad de vida de sus habitantes.

Una España Grande es una nación cuyos ciudadanos no necesitan abandonar su tierra para encontrar oportunidades profesionales dignas.

Es una nación donde trabajar, ahorrar, emprender y formar una familia no se convierten en carreras de obstáculos.

Es una nación que protege la propiedad privada, respeta los contratos, garantiza la seguridad jurídica y premia el esfuerzo.

Es una nación que construye y conserva buenas carreteras, mantiene sus ferrocarriles, cuida sus cauces fluviales, previene incendios forestales y atiende las necesidades de sus pueblos antes de embarcarse en proyectos faraónicos destinados a inaugurar monumentos a la vanidad de los gobernantes.

Es una nación que investiga, inventa, produce, exporta y compite.

Una nación que enseña a sus jóvenes matemáticas, ciencias, historia, literatura, filosofía y conocimientos profesionales, en lugar de convertir las aulas en escenarios de disputas ideológicas.

Una nación cuyo prestigio no depende de las campañas publicitarias pagadas por los ministerios, sino de sus realizaciones.

Y una nación donde los poderes públicos no se dedican a administrar la mediocridad, repartir privilegios y convencer a los ciudadanos de que su futuro depende eternamente de una ayuda, un subsidio, una subvención o una autorización administrativa.

La grandeza de España exige recuperar la cultura del mérito, el trabajo, el ahorro, la responsabilidad y la excelencia.

No necesitamos una España engreída.

Necesitamos una España que tenga motivos para sentirse orgullosa.

Una nación endeudada no es una nación verdaderamente libre

Hay una cuestión que ningún discurso patriótico serio debe eludir: la deuda pública.

En junio de 2026, la deuda de las administraciones públicas, conforme al Protocolo de Déficit Excesivo, alcanzaba los 1,763 billones de euros, equivalentes al 101,4 % del producto interior bruto… en realidad más de DOS BILLONES TRESCIENTOS MIL MILLONES de euros.

Detrás de esas cifras hay obligaciones financieras que recaen sobre los contribuyentes presentes y futuros.

Un país que consume recursos que todavía no ha producido y compromete ingresos de generaciones venideras reduce su capacidad para decidir libremente sus prioridades.

Y mientras tanto, España continúa soportando una Administración compleja, una presión fiscal considerable y numerosas necesidades de inversión y mantenimiento.

Resulta especialmente escandaloso que los últimos Presupuestos Generales del Estado aprobados correspondan al ejercicio 2023 y hayan servido, mediante sucesivas prórrogas, como punto de partida para 2024, 2025 y 2026.

La prórroga presupuestaria está prevista en la Constitución. Lo que rechazo es convertir una solución excepcional de continuidad administrativa en una forma habitual de gobernar, debilitando el examen anual de las cuentas públicas por las Cortes Generales.

¿De qué sirve proclamar la soberanía del Parlamento si el Gobierno administra cantidades enormes de dinero público sin someter cada año un nuevo proyecto presupuestario al procedimiento ordinario de debate, enmienda y aprobación?

¿De qué sirve presumir de recaudaciones fiscales mientras permanecen sin resolver deficiencias en infraestructuras, servicios públicos, justicia, vivienda y seguridad?

España necesita una auditoría general del gasto público, un examen de todas las subvenciones, la revisión de organismos innecesarios y una verdadera responsabilidad de los gobernantes por su gestión.

Quien administra dinero ajeno debe rendir cuentas.

Y quien despilfarra, prevarica, malversa o se enriquece ilícitamente mediante el ejercicio de un cargo público debe responder ante los tribunales, devolver lo indebidamente obtenido y afrontar las consecuencias legales.

Ni siquiera la alternancia entre partidos constituye una solución suficiente cuando ambos terminan administrando las mismas estructuras, repartiendo los mismos privilegios y conservando los mismos mecanismos de poder.

LIBRE: una España sin súbditos ni clientelas

La libertad es incompatible con una sociedad de ciudadanos permanentemente tutelados por los poderes públicos.

Ser libre significa poder tomar decisiones, asumir responsabilidades, expresar opiniones, trabajar, emprender, educar a los hijos, asociarse y desarrollar un proyecto de vida sin soportar interferencias arbitrarias.

Un Gobierno no debe considerar a los españoles menores de edad necesitados de vigilancia permanente.

Los ciudadanos tampoco deben vivir pendientes del favor de un ministro, un consejero, un alcalde, un dirigente sindical o un responsable de partido.

La libertad exige independencia económica, tribunales imparciales, protección de la propiedad, respeto a la intimidad, libertad de expresión y límites estrictos al poder político.

En España hemos terminado confundiendo demasiadas veces los derechos con las prestaciones, la solidaridad con el reparto de dinero ajeno y la protección social con la creación de dependencias políticas.

Un Estado digno de ese nombre protege a quienes verdaderamente necesitan ayuda. Pero no convierte la necesidad en instrumento de obediencia ni la subvención en mecanismo de captación de adhesiones.

La libertad también exige acabar con los privilegios de una clase política acostumbrada a legislar sobre la vida de los demás mientras disfruta de condiciones que la separan de los ciudadanos a quienes dice representar.

Es preciso revisar y reducir drásticamente los aforamientos, acabar con las puertas giratorias abusivas, reforzar las incompatibilidades, publicar íntegramente las cuentas de partidos y sindicatos y suprimir las subvenciones destinadas a sostener organizaciones cuya principal actividad consiste en servir a los intereses del poder.

Los partidos deben vivir fundamentalmente de las aportaciones de sus afiliados y simpatizantes.

Los sindicatos deben representar a los trabajadores, no convertirse en administradores permanentes de subvenciones, cursos, fundaciones y negocios paralelos.

Las asociaciones privadas deben conservar su independencia frente al Gobierno, sin transformarse en prolongaciones financiadas de los partidos.

Y la prensa debe fiscalizar al poder, no competir por sus favores.

Una Justicia independiente frente a la partitocracia

No existe libertad sin jueces independientes.

Tampoco existe una democracia digna de ese nombre cuando los ciudadanos sospechan que el nombramiento de quienes deben controlar al poder depende de negociaciones entre los mismos partidos a los que corresponde fiscalizar.

España necesita una reforma profunda del Consejo General del Poder Judicial, del sistema de nombramientos de los altos cargos judiciales y de las garantías de independencia del Ministerio Fiscal.

La separación de poderes no consiste en pronunciar solemnemente tres palabras durante una conferencia.

Consiste en organizar las instituciones de tal manera que ningún poder controle arbitrariamente a los demás.

Los jueces deben resolver los asuntos conforme a la Constitución, las leyes y las pruebas. Los fiscales deben actuar con arreglo a los principios de legalidad e imparcialidad. Y los gobernantes deben someterse a las mismas normas que cualquier ciudadano.

La independencia judicial no es un privilegio corporativo. Es una garantía de todos los españoles.

Quiero una Justicia que no tema investigar a un presidente del Gobierno, un ministro, un dirigente de la oposición, un empresario poderoso o un responsable sindical.

Quiero una Justicia rápida, accesible, comprensible y dotada de medios suficientes.

Quiero procedimientos en los que el ciudadano no se arruine intentando defender derechos que la ley le reconoce.

Y quiero que los cargos públicos sepan que abandonar el despacho no equivale a dejar atrás las responsabilidades por los daños causados durante su mandato.

Antes de marcharse, los gobernantes tienen que rendir cuentas.

Soberanía nacional: España no debe vivir de rodillas

Una España Libre también necesita una política exterior y de defensa orientada a los intereses nacionales.

Pertenecer a organizaciones internacionales, participar en alianzas o suscribir tratados no significa renunciar a examinar los compromisos asumidos ni aceptar cualquier decisión procedente de organismos exteriores.

España forma parte de la Unión Europea y de la OTAN. Esos compromisos tienen consecuencias jurídicas, políticas, financieras y militares que deben ser objeto de debate público y control parlamentario.

No se trata de confundir independencia con aislamiento.

Suiza demuestra que existen modelos de neutralidad y organización política que merecen estudiarse, aunque su historia, geografía y circunstancias sean distintas de las españolas.

España necesita definir una política exterior propia, establecer prioridades nacionales, defender sus fronteras y examinar rigurosamente los costes, riesgos y objetivos de las misiones militares en el extranjero.

No encuentro razonable dedicar recursos considerables a determinadas operaciones exteriores mientras persisten necesidades urgentes de seguridad, defensa e infraestructuras dentro de nuestras fronteras.

La pertenencia a una alianza exige compromisos, ciertamente. Pero esos compromisos deben responder a intereses explicables ante los ciudadanos.

Las Fuerzas Armadas existen para defender España, su independencia, su integridad territorial y la seguridad de los españoles.

La política exterior no debe confundirse con una competición para obtener felicitaciones de mandatarios extranjeros.

El prestigio internacional se gana defendiendo los intereses legítimos de la nación, cumpliendo los compromisos asumidos y actuando con coherencia.

Recuperar España también exige recuperar la igualdad

Una nación no está verdaderamente unida cuando su legislación, su sistema de financiación territorial y su organización administrativa favorecen diferencias injustificadas entre ciudadanos.

España necesita recuperar la igualdad jurídica y política de todos los españoles.

No hablo de borrar peculiaridades culturales, tradiciones locales ni diferencias económicas que forman parte de cualquier sociedad.

Hablo de impedir que el poder público convierta esas diferencias en privilegios.

El lugar de nacimiento no debe determinar la calidad de los derechos fundamentales.

La lengua materna no debe convertirse en causa de exclusión.

La cercanía a un partido político no debe otorgar ventajas para conseguir contratos, subvenciones o empleos.

El sexo, las creencias, las opiniones políticas o las circunstancias familiares tampoco deben justificar arbitrariedades institucionales.

Y la justicia social no consiste en enfrentar permanentemente a unos españoles contra otros, dividirlos en categorías protegidas y sospechosas, ni repartir derechos y obligaciones según las conveniencias ideológicas del Gobierno de turno.

La igualdad ante la ley exige normas comunes, jueces independientes y una Administración sometida a controles rigurosos.

Recuperar la unidad nacional es, por tanto, recuperar también una ciudadanía común.

Ni socialismo de pesebre ni derecha administradora del mismo pesebre

Durante décadas, el PSOE y el Partido Popular han protagonizado una alternancia política que no ha corregido los defectos fundamentales del sistema.

Uno ha impulsado numerosas transformaciones institucionales e ideológicas. El otro ha prometido rectificaciones que, una vez alcanzado el Gobierno, demasiadas veces han quedado olvidadas.

Las diferencias entre ambos existen, naturalmente. Pero también existe una continuidad considerable en la conservación de estructuras administrativas, organismos, privilegios y mecanismos de financiación política.

Y los partidos que se presentan como alternativas tampoco merecen un cheque en blanco.

No basta con agitar banderas, proclamar fidelidad a España y pronunciar discursos encendidos para demostrar que se está dispuesto a reformar el Estado.

Hay que explicar qué instituciones desaparecerán, qué competencias serán recuperadas por la Administración central, qué leyes se derogarán, qué gastos se eliminarán y cómo se conseguirán las mayorías parlamentarias necesarias.

La patria no se defiende mediante una representación teatral de patriotismo.

Se defiende con hechos, reformas, sacrificios y responsabilidad.

El español que reclama regeneración institucional no necesita otro salvador providencial. Necesita gobernantes sometidos a la ley, administraciones eficientes, servicios públicos dignos y partidos capaces de cumplir sus compromisos.

También necesita ciudadanos dispuestos a dejar de justificar en los suyos aquello que condenan en los adversarios.

Porque una nación en la que cada grupo disculpa la corrupción de su propio bando termina convirtiendo el saqueo en costumbre.

Y una sociedad que sustituye la honradez por la fidelidad partidista acaba perdiendo ambas cosas.

La España que merece la pena recuperar

No quiero recuperar una España anclada en el pasado.

Quiero recuperar lo mejor de una tradición histórica que produjo escritores, juristas, científicos, exploradores, maestros, médicos, soldados, comerciantes, agricultores y generaciones enteras de españoles capaces de superar dificultades extraordinarias.

Quiero una nación orgullosa de Cervantes, de la Escuela de Salamanca, de nuestros grandes pintores, de nuestra arquitectura, de nuestra literatura, de nuestra lengua y de las innumerables aportaciones españolas a la civilización universal.

Quiero una España que recuerde su historia sin ocultar sus tragedias ni despreciar sus realizaciones.

Una nación que no convierta la Guerra Civil en una herencia interminable de enemistades familiares.

Una nación que respete a sus muertos sin utilizar sus tumbas como trincheras electorales.

Una nación cuyos jóvenes conozcan su pasado y tengan motivos para construir su futuro dentro de nuestras fronteras.

Quiero una España que valore a sus maestros, a sus médicos, a sus investigadores, a sus trabajadores, a sus empresarios honrados y a quienes cumplen sus obligaciones sin reclamar recompensas extraordinarias.

Una España que no considere la mediocridad una virtud ni el éxito honrado una ofensa.

Una España que cuide a sus mayores, proteja a sus niños, respete a las familias y no abandone a quienes viven en las provincias más desfavorecidas.

Una España donde Extremadura no continúe condenada a ocupar posiciones retrasadas en infraestructuras, oportunidades económicas y comunicaciones ferroviarias.

Una España donde el progreso no se mida por el número de ministerios, consejerías, altos cargos y subvenciones, sino por la prosperidad real de sus habitantes.

Una España donde los ciudadanos vuelvan a confiar en sus instituciones porque esas instituciones se han ganado su confianza.

UNA, GRANDE Y LIBRE. ¿QUÉ HAY DE MALO EN ELLO?

Llegados a este punto, conviene formular nuevamente la pregunta que tantos procuran evitar.

¿Qué tiene de malo querer una España Una?

¿Es preferible una nación fragmentada en territorios enfrentados, convertidos en instrumentos de chantaje político, donde los derechos y oportunidades de los ciudadanos dependen de decisiones de gobiernos regionales?

¿Qué tiene de malo querer una España Grande?

¿Debemos resignarnos a la mediocridad, al endeudamiento, a la pérdida de oportunidades, al deterioro de los servicios públicos y a la irrelevancia internacional?

¿Qué tiene de malo querer una España Libre?

¿Acaso resulta deseable una sociedad de ciudadanos sometidos a clientelas políticas, organizaciones subvencionadas, administraciones hipertrofiadas y decisiones tomadas lejos de cualquier responsabilidad efectiva?

Una, porque España es una nación y sus ciudadanos merecen iguales derechos y obligaciones.

Grande, porque aspiramos a una patria próspera, respetada, culta, laboriosa y capaz de ofrecer un futuro digno a sus hijos.

Libre, porque los españoles no somos propiedad de los gobernantes, de los partidos, de las oligarquías territoriales ni de ninguna organización internacional.

Sé perfectamente que esas tres palabras fueron utilizadas como lema por el franquismo. No pretendo borrar ese hecho histórico ni necesito hacerlo.

Lo que rechazo es que su utilización durante una etapa determinada de nuestra historia impida reivindicar los conceptos de unidad, grandeza y libertad desde una concepción distinta del Estado y de las relaciones entre el poder y los ciudadanos.

La nación española no pertenece a un régimen, a una dinastía, a una ideología ni a un partido.

Tampoco pertenece a quienes pretenden patrimonializar sus símbolos ni a quienes desean vaciarlos de significado.

España pertenece a los españoles.

Y recuperarla exige mucho más que exhibir banderas durante las campañas electorales, cantar el himno en los mítines o denunciar las deslealtades de los separatistas mientras se conserva intacto el entramado institucional que les proporciona poder, recursos y capacidad de negociación.

Exige devolver al ciudadano su condición de verdadero titular de la soberanía nacional.

Exige transformar el Estado, reducir el poder discrecional de los partidos, garantizar la independencia judicial, acabar con los privilegios, recuperar competencias esenciales y establecer responsabilidades exigibles a quienes administran los recursos públicos.

Exige también una sociedad civil adulta, capaz de pensar por sí misma y de exigir a los gobernantes algo más que discursos conmovedores.

Porque la decadencia de una nación no comienza solamente cuando sus dirigentes dejan de cumplir sus obligaciones.

Comienza también cuando sus ciudadanos dejan de exigirles que las cumplan.

España no necesita más salvadores que prometan regenerar el sistema mientras se preparan para ocupar los despachos de quienes les precedieron.

Necesita ciudadanos libres, instituciones limpias, leyes iguales para todos y una Administración al servicio de la nación.

Y necesita recuperar algo que nunca debió perderse: la convicción de que nuestra patria merece ser defendida, mejorada y transmitida a las generaciones futuras.

España, Una, Grande y Libre.

No como consigna de obediencia a un caudillo, a un partido o a un Gobierno.

Sino como afirmación de unidad nacional, aspiración de grandeza y exigencia de libertad.

Porque la alternativa no resulta precisamente estimulante.

¿O es que alguien prefiere una España desunida, empequeñecida y sometida?

Yo, desde luego, no.

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