¿CAMBIAR DE GOBIERNO PARA QUE TODO SIGA IGUAL? FEIJÓO, SU «CONTRATO CON ESPAÑA», LA UCO, EL DESPILFARRO Y LA AMENAZA DE LAS CALLES
SOCIALDEMOCRACIA, FEMINISMO Y ECOLOGISMO VERDE: ¿QUÉ ES LO QUE PRETENDE CAMBIAR EL PARTIDO POPULAR?
CARLOS AURELIO CALDITO AUNIÓN
12 de noviembre de 2026
Ayer noche, miércoles 11 de noviembre, estuve escuchando a Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular y aspirante a presidir el Gobierno de España, entrevistado por Pablo Motos en El hormiguero, de Antena 3.
Reconozco que no permanecí frente al televisor durante toda la entrevista. Tampoco hizo falta. Escuché lo suficiente para confirmar una impresión que llevo años expresando: el Partido Popular quiere sustituir al Partido Socialista en el Gobierno, pero no parece dispuesto a desmontar buena parte de las políticas, leyes, organismos y estructuras administrativas que ambos partidos llevan décadas contribuyendo a levantar.
Cambian los discursos, las caras, los ministros y los encargados de repartir el dinero. Cambia, incluso, la mayor o menor habilidad para administrar los asuntos públicos. Pero cuando llegamos a las cuestiones fundamentales, a los principios, al tamaño del Estado, a sus atribuciones y a su intromisión creciente en nuestras vidas, las diferencias empiezan a desdibujarse de manera alarmante.
No seré yo quien niegue que, por regla general, considero al Partido Popular algo más competente para administrar que al PSOE y sus aliados. También tengo la impresión de que sus dirigentes suelen mostrar algo más de recato en determinadas prácticas que han convertido la corrupción en una de las mayores vergüenzas de nuestra vida política.
Pero semejante concesión no puede convertirse en una absolución general.
Gobernar algo mejor no equivale necesariamente a gobernar bien. Robar menos no convierte a nadie en honrado. Y administrar con mayor eficacia una maquinaria política equivocada no transforma esa maquinaria en algo digno de conservarse.
Porque esta es, precisamente, la cuestión que debería preocuparnos antes de acudir a votar el próximo 29 de noviembre: ¿queremos simplemente sustituir a Pedro Sánchez por Alberto Núñez Feijóo o pretendemos cambiar las políticas que nos han conducido a la situación actual?
Y si lo que deseamos es un cambio profundo, ¿por qué razón deberíamos confiar en quienes, una y otra vez, terminan aceptando buena parte de aquello que prometían combatir?
UN «CONTRATO CON ESPAÑA» QUE NO ES UN CONTRATO
Feijóo insistió anoche en una ocurrencia que su partido viene difundiendo desde que, el pasado 19 de octubre, presentó solemnemente su denominado «Contrato con España».
Según explicó, ha firmado un compromiso personal con los españoles. Su palabra, su trayectoria y su experiencia servirían como garantía de cumplimiento.
¡Qué maravilla!
Ahora resulta que basta con colocar una firma debajo de unas promesas electorales para convertirlas en un contrato.
Conviene recordar algo elemental: un contrato verdadero establece obligaciones precisas, condiciones, plazos y consecuencias en caso de incumplimiento.
El documento de Feijóo, por mucho que se empeñe en bautizarlo como contrato, no adquiere por ello fuerza obligatoria frente a los ciudadanos que lo voten. Nadie podrá acudir a un juzgado a exigirle una indemnización si incumple sus promesas. Tampoco perderá automáticamente su cargo por traicionar los compromisos electorales.
Un programa electoral es una declaración de intenciones que puede contener propuestas más o menos concretas. Un programa de gobierno debería ser algo bastante más serio.
Debería indicar qué se pretende conseguir, cómo, cuándo, con qué medios y, especialmente, cuánto va a costar, quién va a pagarlo y de dónde saldrá el dinero.
Hablamos de presupuestos detallados, calendarios de ejecución, prioridades, reformas legales, supresión de gastos innecesarios, reducción de organismos superfluos, mecanismos de control y responsabilidades por incumplimiento.
Porque cuando se promete bajar impuestos, aumentar pensiones, construir viviendas, mejorar hospitales, reforzar la seguridad, reparar infraestructuras y garantizar todos los servicios imaginables, resulta imprescindible explicar cómo se van a cuadrar las cuentas.
Anoche Feijóo llevó también un documento con 249 propuestas. Se comprometió, incluso, a regresar al programa de Pablo Motos durante sus primeros cien días de gobierno para someterse a un examen sobre el cumplimiento de sus promesas.
La iniciativa puede resultar simpática desde el punto de vista televisivo.
Pero el examen que debe preocuparnos no es el de Pablo Motos, sino el que corresponde a los ciudadanos, al Parlamento, a los órganos fiscalizadores y, cuando proceda, a los tribunales.
¿De qué sirve aprobar doscientas cuarenta y nueve propuestas si nadie explica cuáles tendrán prioridad, cuánto costarán y qué gastos desaparecerán para financiarlas?
El camino del infierno, como recuerda el conocido dicho, está empedrado de buenas intenciones.
Y si hay algo de lo que andamos sobrados en España es de buenas intenciones solemnemente anunciadas por políticos que, una vez instalados en el poder, parecen olvidar cuanto prometieron.
Bastaría recordar el historial de incumplimientos de Mariano Rajoy después de alcanzar una mayoría absoluta en 2011.
¿De verdad pretende Feijóo que olvidemos aquella experiencia y volvamos a entregar otro cheque en blanco?
SOCIALDEMOCRACIA, FEMINISMO OFICIAL Y ECOLOGISMO POLÍTICO: EL MISMO DISCURSO CON OTRAS SIGLAS
Lo verdaderamente revelador de la entrevista no fueron las críticas a Pedro Sánchez.
Criticar a Sánchez resulta extraordinariamente sencillo. Lo complicado es explicar en qué consistirá la alternativa.
Y ahí Feijóo volvió a confirmar sus convicciones.
Sobre el aborto, garantizó que mantendrá su práctica en la sanidad financiada con dinero público y que no tiene intención de introducir modificaciones sustanciales en la legislación vigente.
Por supuesto, recurrió a la consabida expresión «interrupción voluntaria del embarazo».
A mí esa denominación me sigue pareciendo uno de los eufemismos más descarados de nuestro tiempo. Cuando se provoca deliberadamente el final de un embarazo mediante un aborto, no estamos hablando de una pausa tras la cual la gestación pueda reanudarse.
Estamos hablando de su terminación definitiva.
Se podrá defender o rechazar el aborto. Se podrán discutir las leyes, los derechos enfrentados y las circunstancias particulares. Pero no veo razón para esconder la realidad detrás de expresiones deliberadamente tranquilizadoras.
Quienes, como yo, defendemos la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural tenemos perfecto derecho a considerar contradictorio que un partido presentado durante décadas como conservador renuncie a defender políticamente esos principios.
En materia de igualdad, Feijóo tampoco dejó grandes dudas.
Anunció modificaciones de la llamada Ley Trans, ciertamente. También habló de reformar la Ley de Eutanasia. Son diferencias concretas que no deben ocultarse.
Pero se reafirmó en la continuidad de las políticas oficiales de igualdad y en el mantenimiento del pacto suscrito en esta materia.
Incluso defendió elevar la importancia administrativa de la igualdad.
Es decir, no se trata de desmontar el edificio, sino de cambiar algunas ventanas, pintar las paredes y colocar a otros administradores.
Y en la política verde, aunque puedan existir diferencias sobre impuestos, plazos y determinadas obligaciones, tampoco parece dispuesto a cuestionar de raíz buena parte de las premisas del intervencionismo medioambiental que han venido aceptando sucesivos gobiernos.
A mis ojos, estamos ante la misma combinación de socialdemocracia, feminismo institucional y ecologismo político que viene impregnando la vida pública española desde hace décadas.
A estas alturas, la pregunta resulta inevitable:
¿PARA QUÉ NECESITAMOS AL PARTIDO POPULAR SI, EN CUESTIONES ESENCIALES, SE COMPROMETE A CONSERVAR BUENA PARTE DE LAS POLÍTICAS QUE DICE COMBATIR?
CON VOX SE HABLA DEL SENADO, PERO ¿DÓNDE ESTÁ EL PROGRAMA DE GOBIERNO?
Otro momento especialmente significativo llegó cuando Pablo Motos preguntó por los contactos con Santiago Abascal.
Feijóo explicó que había alcanzado un acuerdo con Vox relacionado con las candidaturas al Senado.
También aseguró que no habían negociado la composición de un posible Gobierno de coalición ni el reparto de ministerios.
Y lo contó como demostración de independencia y firmeza.
A mí me produjo una impresión bastante distinta.
No me preocupa que dos partidos negocien quién ocupará una vicepresidencia o un ministerio. Me preocupa mucho más que dediquen sus esfuerzos a acuerdos electorales sin presentar a los españoles un programa de gobierno común, suficientemente detallado, que explique lo que harán si necesitan gobernar juntos.
Porque antes de repartir sillones deberían discutirse las políticas.
Antes de decidir quién será ministro debería acordarse qué ministerios son necesarios y cuáles deben desaparecer.
Antes de prometer nuevas prestaciones habría que examinar cuáles podemos pagar.
Antes de comprometerse a reformar leyes habría que precisar cuáles se reformarán, cuáles se derogarán y con qué mayoría parlamentaria.
Y, sobre todo, antes de pedir el voto a millones de españoles debería explicarse qué objetivos son irrenunciables y cuáles están sujetos a negociación.
Feijóo anunció tres iniciativas concretas sobre vivienda: una ley contra la ocupación ilegal, una reforma de la legislación del suelo y modificaciones de la Ley de Propiedad Horizontal.
También prometió construir un millón de viviendas y facilitar determinadas rebajas fiscales a los jóvenes.
Muy bien.
Son propuestas que permiten iniciar una discusión seria.
Pero ¿dónde están las estimaciones de costes, los plazos de construcción, los terrenos disponibles, las competencias de cada administración y los mecanismos para comprobar que esos objetivos se cumplen?
Y, puesto que el PP podría necesitar el apoyo parlamentario de Vox, ¿cuáles de esas medidas están realmente acordadas entre ambos partidos?
De nada sirve expulsar a Sánchez de La Moncloa si quienes lo sustituyen mantienen intactas las estructuras que han permitido el crecimiento desmedido del Estado y la dependencia económica de millones de españoles respecto de sus gobernantes.
LAS PENSIONES SON SAGRADAS… ¿Y LAS CUENTAS, SEÑOR FEIJÓO?
Hubo otro momento que me produjo especial inquietud.
Feijóo quiso tranquilizar a los pensionistas asegurando que sus prestaciones seguirán aumentando conforme al índice de precios al consumo.
Las pensiones, vino a decir, están garantizadas.
Muy bien.
¿Y quién garantiza los recursos necesarios para pagarlas?
Porque una cosa es prometer que las pensiones aumentarán todos los años y otra, completamente distinta, explicar cómo se financiarán sin continuar acumulando obligaciones sobre los contribuyentes actuales y las generaciones venideras.
La preocupación resulta todavía mayor cuando un candidato transmite que desconoce con exactitud el verdadero estado de las finanzas públicas.
Es cierto que desde la oposición no se dispone de toda la información interna de un ministerio. Pero buena parte de los datos fundamentales son públicos y están al alcance de cualquiera que quiera estudiarlos.
El Banco de España cifró en aproximadamente 1,75 billones de euros la deuda pública según el Protocolo de Déficit Excesivo en agosto de 2026. Y las cuentas financieras correspondientes al segundo trimestre registraban 2.309.015 millones de euros de pasivos totales de las administraciones públicas, una magnitud más amplia que la deuda utilizada habitualmente en las comparaciones europeas.
Son cifras distintas porque miden obligaciones de diferente naturaleza. Pero ambas permiten hacerse una idea del enorme volumen de compromisos acumulados.
¿Ha estudiado Feijóo esas cifras?
¿Conoce las previsiones de ingresos y gastos de la Seguridad Social?
¿Ha calculado las consecuencias de la jubilación de las generaciones más numerosas?
¿Sabe cuánto costará mantener el poder adquisitivo de las pensiones durante los próximos diez, veinte o treinta años?
¿Conoce los recursos que habrá que detraer de otras partidas presupuestarias para atender esas obligaciones?
Y si conoce todas esas respuestas, ¿por qué no las explica de manera comprensible y detallada?
Resulta demasiado fácil prometer tranquilidad a unos diez millones de pensionistas. Lo verdaderamente responsable sería presentar un estudio financiero serio, explicar las dificultades y comprometerse con soluciones que no consistan simplemente en pasar las facturas a nuestros hijos y nietos.
Prometer pensiones crecientes sin explicar su financiación no es garantizar nada. Es comprar tranquilidad electoral con dinero que todavía no se ha recaudado.
Y MIENTRAS TANTO, 22.611 MILLONES PARA EL FEMINISMO OFICIAL
Como si lo escuchado anoche no fuera suficiente, esta mañana me encuentro con otra noticia que retrata magníficamente las prioridades de nuestros gobernantes.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 10 de noviembre el IV Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, correspondiente al período 2026-2029.
El documento contempla más de 750 medidas y una memoria económica que identifica 22.611 millones de euros de recursos públicos vinculados a sus objetivos.
Conviene precisar la naturaleza de esa cantidad para no confundir las cosas: el propio Gobierno reconoce que no son 22.611 millones de gasto completamente nuevo. Se incluyen partidas ya existentes de distintos ministerios y prestaciones de la Seguridad Social que el Ejecutivo clasifica como relacionadas con la igualdad.
Precisamente por eso, lo que deberíamos exigir es conocer con exactitud qué parte corresponde a servicios necesarios, qué parte a prestaciones ordinarias y qué parte sostiene organismos, campañas, subvenciones y actividades cuya utilidad resulta discutible.
Porque el problema no consiste solamente en cuánto se gasta.
Consiste en quién decide gastarlo, con qué criterios, para conseguir qué resultados y quién responde cuando se malgasta.
Entre las novedades del plan encontramos iniciativas contra la llamada misoginia digital, medidas relacionadas con la inteligencia artificial, actuaciones frente a la violencia política ejercida contra las mujeres y propuestas para incorporar la perspectiva feminista a las políticas contra el cambio climático.
También se contempla promover la inclusión del aborto en la Constitución.
¡Faltaría más!
Parece que no existe asunto sobre la faz de la Tierra que pueda escapar a la necesidad de ser examinado con las anteojeras ideológicas del feminismo institucional.
Desde los ordenadores hasta las emisiones de gases, desde las redes sociales hasta la organización económica, todo termina necesitando su correspondiente programa, comisión, estudio o actuación administrativa.
Y cada nueva actuación abre la puerta a nuevas obligaciones, nuevas subvenciones, nuevas estructuras y nuevas oportunidades para quienes han convertido determinadas causas políticas en un modo de vida sostenido con impuestos.
No sostengo que cualquier gasto destinado a proteger a las mujeres sea inútil. Proteger a quien sufre violencia, garantizar la igualdad ante la ley y perseguir delitos son obligaciones elementales del Estado.
Lo que rechazo es la identificación interesada entre defender a las mujeres y aceptar sin discusión todas las políticas, leyes, organismos y gastos que se presentan bajo la bandera del feminismo oficial.
La una no obliga a lo otro.
Y un Gobierno que administra dinero ajeno tiene la obligación de justificar cada euro, no de exigir adhesiones ideológicas a quienes lo pagan.
SIETE MIL MILLONES PARA VIVIENDA Y 22.611 MILLONES VINCULADOS A IGUALDAD
La comparación resulta suficientemente llamativa.
El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 dispone de una financiación de 7.000 millones de euros para cinco años.
Frente a esa cifra, la memoria económica del nuevo plan de Igualdad identifica 22.611 millones para cuatro años.
Son cantidades correspondientes a planes de distinta naturaleza, duración y composición presupuestaria, de modo que no deben confundirse ni presentarse como si todo ese dinero pudiera trasladarse automáticamente de una finalidad a otra.
Pero la comparación sí invita a preguntarse por las prioridades del Gobierno y por la manera de clasificar, distribuir y justificar los recursos públicos.
España padece enormes dificultades de acceso a la vivienda. Los jóvenes retrasan su emancipación. Numerosas familias destinan una parte desmesurada de sus ingresos al alquiler o a la hipoteca.
Entretanto, las administraciones multiplican sus intervenciones sobre asuntos cada vez más numerosos.
¿No ha llegado la hora de examinar seriamente cuánto dinero se consume en sostener estructuras administrativas, cuánto llega efectivamente a los ciudadanos y qué resultados concretos produce?
Porque declarar que una partida tiene impacto sobre la igualdad no demuestra por sí solo que esté bien empleada.
Del mismo modo que anunciar viviendas no equivale a construirlas, ni aprobar planes supone solucionar los problemas que dicen combatir.
Y HOY, LA UCO EN EL MINISTERIO DE IGUALDAD
Pero el acontecimiento más grave de esta mañana no es precisamente una nueva declaración política.
Hoy, jueves 12 de noviembre, la Fiscalía Europea ha confirmado actuaciones de investigación en las sedes del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas, con el apoyo de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
La investigación, iniciada en 2025, se refiere a un posible fraude con fondos europeos destinados a adquirir las pulseras telemáticas utilizadas para vigilar el cumplimiento de determinadas medidas judiciales de alejamiento.
Estamos hablando de dispositivos destinados a proteger a personas amenazadas.
Dispositivos que deben funcionar correctamente porque su fallo puede poner en peligro vidas humanas.
Y no estamos ante un problema desconocido.
El Tribunal de Cuentas ya había examinado los contratos de 2018, 2021 y 2023, cuyo importe conjunto ascendía a 102,6 millones de euros.
El contrato de 2023 alcanzó los 42,6 millones y fue financiado parcialmente con fondos europeos.
Su informe constató deficiencias graves: interrupciones del servicio, problemas de localización, baterías de escasa autonomía, retrasos en las reparaciones y dificultades para acceder a datos necesarios para atender requerimientos judiciales.
Además, la falta de una transición adecuada entre adjudicatarias impidió responder a 123 requerimientos judiciales pendientes durante el período examinado.
¡Magnífico resultado para un sistema que se supone destinado a proteger a las víctimas!
Lo más indignante es que las deficiencias técnicas ya habían sido señaladas por los organismos encargados de examinar el funcionamiento del sistema.
Ahora la Fiscalía Europea investiga si, además de aquella gestión deficiente, existió fraude con el dinero procedente de la Unión Europea.
La investigación tendrá que determinar si hubo delitos, quiénes participaron y qué responsabilidades corresponden. Que se investigue un fraude no significa que esté demostrada la culpabilidad de una persona determinada.
Pero las deficiencias constatadas en los dispositivos y en su contratación no son una sospecha ni una ocurrencia de los adversarios del Gobierno: figuran en un informe oficial del Tribunal de Cuentas.
Y eso basta para exigir explicaciones, responsabilidades políticas y una revisión rigurosa de los procedimientos empleados.
Porque, mientras algunos dirigentes se llenan la boca proclamando su preocupación por las víctimas, resulta que uno de los instrumentos destinados a protegerlas ha funcionado con graves deficiencias.
¿De qué sirve multiplicar campañas, conferencias y declaraciones solemnes si después falla precisamente aquello que debe funcionar?
La protección real de una víctima no se mide por el número de discursos que pronuncia una ministra.
Se mide por la eficacia de los medios empleados para protegerla.
LA UCO VUELVE AL TRIBUNAL DE CUENTAS: AHORA, LAS DONACIONES Y LOS PAGOS EN EFECTIVO DEL PSOE
Y cuando todavía estamos intentando digerir la noticia de la investigación sobre las pulseras telemáticas, aparece otra actuación de la UCO relacionada con el Tribunal de Cuentas.
Pero esta vez el asunto no afecta al Ministerio de Igualdad.
Afecta directamente a las cuentas del Partido Socialista.
La Guardia Civil ha acudido al Tribunal de Cuentas para reclamar nueva documentación en el marco de las investigaciones judiciales sobre los pagos en efectivo realizados por el PSOE durante los años en que José Luis Ábalos y Santos Cerdán ocuparon responsabilidades destacadas en la Secretaría de Organización.
La diligencia ha sido ordenada por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga una pieza separada del denominado caso Koldo.
Los investigadores examinan documentación contable correspondiente al período 2017-2024 y tratan de aclarar las discrepancias que han aparecido al comparar distintos registros.
Según las informaciones publicadas, el examen comprende las donaciones declaradas por el partido, los movimientos bancarios, los datos en poder del Tribunal de Cuentas y los justificantes incorporados a las actuaciones judiciales.
También se examinan pagos y reintegros en metálico.
Que existan discrepancias contables no demuestra por sí solo que haya financiación ilegal. Eso tendrá que determinarse mediante las investigaciones correspondientes.
Pero resulta extraordinariamente preocupante que, después de tantos años de discursos sobre transparencia, regeneración y honradez, vuelva a ser necesaria la intervención de la Guardia Civil para esclarecer el origen, la justificación y el destino de cantidades relacionadas con las cuentas de un gran partido político.
Porque no estamos hablando de una pequeña asociación de vecinos cuyos responsables hayan cometido un error al cumplimentar unos formularios.
Estamos hablando de una organización política que ha gobernado España durante numerosos años, que recibe financiación pública y que dispone de medios profesionales para llevar su contabilidad.
Y mientras tanto, los ciudadanos seguimos obligados a justificar ante Hacienda hasta el último euro.
A cualquier trabajador autónomo se le exigen facturas, justificantes, declaraciones, libros contables y explicaciones interminables.
A cualquier pequeño empresario se le puede imponer una sanción por cometer una irregularidad documental.
¿No debería exigirse una diligencia todavía mayor a quienes aspiran a administrar centenares de miles de millones de euros de dinero público?
Lo verdaderamente escandaloso sería que los partidos políticos se acostumbraran a exigir a los demás una transparencia que ellos mismos no practican.
LAS CUENTAS DE LOS PARTIDOS DEBEN PODER EXAMINARSE CON EL MISMO RIGOR CON QUE HACIENDA EXAMINA LAS DE LOS CONTRIBUYENTES.
Y si de las investigaciones resultan responsabilidades penales, deberán responder quienes hayan cometido los delitos.
Sin excepciones, sin privilegios y sin convertir la pertenencia a un partido en un salvoconducto.
CEUTA: ¿QUIÉN RESPONDE CUANDO SE ADVIERTE DE UN PELIGRO Y NO SE ACTÚA?
Otra de las noticias conocidas hoy merece especial atención.
La magistrada María Tardón, de la Audiencia Nacional, ha citado como investigado al exdelegado del Gobierno en Ceuta Miguel Ángel Pérez Triano.
Deberá comparecer el próximo 18 de noviembre.
La causa se refiere a la entrada masiva de inmigrantes irregulares que tuvo lugar los días 30 y 31 de julio de 2026 y a las posibles responsabilidades por la actuación —o la falta de actuación— de las autoridades encargadas de prevenir y afrontar aquellos acontecimientos.
El procedimiento tiene su origen, entre otras iniciativas, en denuncias promovidas por Manos Limpias, Vox y Hazte Oír.
Uno de los asuntos que deberá examinarse es el de las advertencias previas.
Según las informaciones conocidas, existen discrepancias entre las declaraciones del antiguo delegado del Gobierno y las de quien fue su jefe de gabinete, Gonzalo Sanz, acerca de los avisos procedentes del Centro Nacional de Inteligencia.
La cuestión es de enorme importancia.
Si las autoridades recibieron información anticipada sobre lo que podía suceder, ¿quién la recibió? ¿Cuándo? ¿Qué medidas adoptó? ¿A quién informó? ¿Qué instrucciones se impartieron? ¿Qué recursos se movilizar
