CEUTA Y MELILLA: ¿ALTA TRAICIÓN O ENTREGA POR FASCÍCULOS?
Pedro Sánchez, Mohamed VI y el inquietante camino hacia una anexión sin disparar un solo tiro. La invasión de Ceuta, los buques de guerra marroquíes y las responsabilidades que nadie parece estar dispuesto a exigir.
CARLOS AURELIO CALDITO AUNIÓN.
Una crisis fronteriza anunciada, buques de guerra marroquíes entrando repetidamente en aguas españolas, informes de inteligencia que advertían del peligro y una política exterior cuya eficacia merece ser sometida a un examen público exhaustivo.
16 de octubre de 2026
RESUMEN PARA LECTORES APRESURADOS
Durante los días 30 y 31 de julio de 2026, más de 70.000 personas entraron en Ceuta desde Marruecos. Coincidiendo con aquella crisis, unidades de la Marina Real marroquí penetraron repetidamente, sin autorización, en aguas territoriales españolas.
No se trató de barcos pesqueros extraviados. Entre las unidades que participaron había buques de guerra. La Armada española tuvo que intervenir para proteger nuestras aguas.
El País
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Y hay algo más: el Centro Nacional de Inteligencia había advertido del peligro de una entrada masiva. Según el informe remitido a la Audiencia Nacional, las autoridades marroquíes también conocían con antelación la situación que se estaba preparando en la frontera.
Cadena SER
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El presidente del Gobierno reconoció las incursiones navales el 12 de octubre. Las presentó como incidentes puntuales propios de las relaciones entre países vecinos.
La pregunta resulta inevitable: ¿desde cuándo una vulneración repetida de las aguas territoriales españolas por buques militares extranjeros merece una explicación tan escueta?
El Gobierno debe hacer pública la cadena de decisiones, las instrucciones impartidas, las comunicaciones con Marruecos y las razones de su respuesta.
El Congreso debe examinar las responsabilidades políticas. Y la investigación judicial debe esclarecer los hechos sin detenerse artificialmente en los escalones inferiores de la Administración.
La defensa de Ceuta y Melilla no es una cuestión de cortesía diplomática. Es una obligación del Estado español.
I. UNA FRONTERA DESBORDADA Y UN GOBIERNO OBLIGADO A DAR EXPLICACIONES
Durante años se ha presentado la cooperación con Marruecos como una de las grandes garantías de estabilidad para España.
Se nos ha hablado de confianza, entendimiento, diálogo permanente y relaciones estratégicas.
Pero los acontecimientos de julio obligan a contrastar aquellas declaraciones con los hechos.
Más de 70.000 personas atravesaron la frontera de Ceuta en dos días. Las cifras publicadas varían según las fuentes, pero todas describen una crisis de dimensiones extraordinarias.
ElHuffPost
Una crisis que no surgió de la nada.
El CNI había identificado convocatorias difundidas en redes sociales y mantenía comunicaciones con responsables de la Delegación del Gobierno en Ceuta desde el 8 de julio.
El 29 de julio, víspera de la entrada masiva, ya se hablaba de medidas de contingencia y de la posibilidad de habilitar instalaciones de acogida en el Tarajal.
Cadena SER
La cuestión fundamental no es solamente cuántas personas cruzaron la frontera.
Es saber qué hicieron los responsables políticos con aquella información.
¿Quién recibió los avisos?
¿Qué medidas ordenó?
¿Qué refuerzos solicitó?
¿Qué respuesta obtuvo?
¿Quién evaluó el peligro y decidió que los medios disponibles eran suficientes?
No hablamos de averiguar si un funcionario rellenó correctamente un formulario.
Hablamos de reconstruir las decisiones adoptadas ante una amenaza conocida.
Una Administración que dispone de servicios de inteligencia debe convertir sus advertencias en decisiones eficaces.
De poco sirve disponer de informes si después nadie responde de las órdenes que se dictaron, de las medidas que se omitieron o de los resultados obtenidos.
Y ahí aparece una costumbre profundamente arraigada en nuestra vida pública: cuanto mayor es una crisis, más difícil resulta identificar a quien asumió la responsabilidad de las decisiones.
Los ministros hablan de sus departamentos.
Los departamentos remiten a otros organismos.
Los organismos invocan instrucciones superiores.
Y al final aparece una nebulosa administrativa en la que todos han cumplido sus obligaciones, aunque el resultado haya sido un desastre.
La responsabilidad política no puede disolverse en una sucesión interminable de despachos oficiales.
II. BUQUES DE GUERRA MARROQUÍES: LA FRONTERA TAMBIÉN ESTÁ EN EL MAR
La segunda parte de los acontecimientos resulta especialmente grave.
Entre finales de julio y los primeros días de agosto, una fragata y varias patrulleras marroquíes penetraron repetidamente en aguas territoriales españolas próximas a Ceuta.
La Armada española desplegó el buque de acción marítima Rayo y las fragatas Santa María y Navarra. Se registraron maniobras de elevada tensión, con riesgo de colisión.
El País
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Estos hechos poseen una importancia que no desaparece por el simple transcurso de las semanas.
Una unidad de guerra es una expresión de la autoridad del Estado al que pertenece.
Sus movimientos en las aguas territoriales de otro país tienen consecuencias militares y diplomáticas.
La soberanía marítima no constituye una cortesía entre vecinos.
Es una atribución fundamental del Estado.
Por eso, las incursiones exigen respuestas a preguntas concretas.
¿Quién ordenó aquellas maniobras desde el lado marroquí?
¿Qué pretendían conseguir?
¿Qué instrucciones recibieron los mandos españoles?
¿Qué comunicaciones se produjeron entre los ministerios de Defensa de ambos países?
¿Qué explicaciones oficiales ofreció Rabat?
Y, especialmente, ¿por qué los españoles no conocieron antes la verdadera dimensión de lo ocurrido?
El 12 de octubre, Pedro Sánchez confirmó las incursiones y defendió la cooperación bilateral, presentando los episodios como hechos puntuales.
RTVE.es
Sin embargo, llamar puntual a un acontecimiento no explica su naturaleza.
Y una relación diplomática puede seguir siendo necesaria incluso cuando exige una protesta firme.
La cooperación con Marruecos no excluye la defensa de la soberanía española.
Por el contrario, una cooperación estable exige que ambas partes conozcan y respeten sus límites.
No existe buena vecindad duradera cuando la defensa de las fronteras propias se convierte en motivo de incomodidad.
III. MARRUECOS CONOCÍA EL PELIGRO: LAS ADVERTENCIAS DEL CNI
Los informes conocidos este 16 de octubre sitúan la actuación de las autoridades marroquíes en el centro de las preguntas pendientes.
Según el CNI, Marruecos conocía las concentraciones de personas próximas a la frontera y las convocatorias para una entrada masiva.
El servicio de inteligencia español describe una reacción insuficiente de las fuerzas marroquíes cuando los acontecimientos comenzaron a desbordarse.
Cadena SER
Éste es uno de los extremos más relevantes de la investigación.
La cooperación fronteriza requiere actuaciones coordinadas.
Si uno de los Estados conoce un peligro inminente y no despliega medidas suficientes para afrontarlo, el otro queda expuesto a unas consecuencias que no ha provocado.
Y cuando ese otro Estado es España, con dos ciudades situadas en el norte de África cuya soberanía reivindica Marruecos, el asunto adquiere una dimensión política adicional.
Es preciso determinar qué sabía Rabat, cuándo lo supo y cómo respondió.
También es necesario reconstruir qué información compartieron las autoridades de ambos países.
El CNI ha aportado documentación a la investigación que dirige la magistrada María Tardón en la Audiencia Nacional. La jueza ha requerido informes a numerosas unidades policiales y militares.
El País
La investigación no debe quedar reducida a determinar cómo se produjo físicamente la entrada de decenas de miles de personas.
Debe permitir comprender cómo funcionaron los mecanismos de prevención y respuesta.
Eso incluye las advertencias previas, las comunicaciones diplomáticas y las decisiones de los máximos responsables de la política española hacia Marruecos.
No basta con identificar lo que ocurrió en la frontera.
Hay que establecer por qué ocurrió de aquella manera.
IV. PEDRO SÁNCHEZ Y MOHAMED VI: EL BALANCE DE UNA RELACIÓN ESTRATÉGICA
En marzo de 2022, Pedro Sánchez modificó la posición española respecto al Sáhara Occidental para respaldar la propuesta marroquí de autonomía como base para resolver el conflicto.
Aquel cambio constituyó un acontecimiento diplomático de primera magnitud.
Sus defensores argumentaron que permitiría superar una etapa de tensiones y establecer una cooperación más sólida con Rabat.
Sus críticos cuestionaron el modo de adoptar la decisión y las concesiones efectuadas.
Cuatro años después corresponde examinar sus resultados.
Una política exterior no puede evaluarse exclusivamente por las declaraciones de satisfacción de quienes la ejecutan.
Debe valorarse por sus consecuencias.
Y los acontecimientos de Ceuta plantean un problema evidente: la cooperación presentada como garantía de estabilidad no consiguió evitar una crisis fronteriza gigantesca ni las incursiones militares marroquíes.
Este hecho no demuestra por sí solo que los acuerdos de 2022 causaran la crisis.
Sí obliga a examinar si las garantías políticas y diplomáticas establecidas han funcionado.
¿Qué obtuvo España a cambio de modificar su posición sobre el Sáhara?
¿Qué compromisos concretos asumió Marruecos?
¿Cómo se supervisa su cumplimiento?
¿De qué mecanismos dispone España cuando se producen acontecimientos como los de julio?
Las respuestas no pueden limitarse a fórmulas generales sobre las excelentes relaciones entre ambos países.
Los ciudadanos tienen derecho a conocer los objetivos, los resultados y los costes de las decisiones adoptadas en su nombre.
Una relación bilateral verdaderamente sólida debe poder soportar estas preguntas.
Si no puede, su solidez es más aparente que real.
V. CEUTA Y MELILLA: DOS CIUDADES QUE NO PUEDEN QUEDAR A MERCED DE LA INCERTIDUMBRE
La defensa de Ceuta y Melilla comprende mucho más que sus fronteras terrestres y marítimas.
Incluye la seguridad de sus habitantes, las posibilidades de desarrollo económico, las comunicaciones con la Península y la continuidad de los servicios públicos.
Incluye también algo menos visible, pero decisivo: la confianza.
Una familia que vive en Ceuta necesita saber que su ciudad tiene futuro.
Un empresario que pretende invertir necesita condiciones estables.
Un joven que empieza su vida profesional debe disponer de oportunidades reales para permanecer allí.
Cuando una ciudad vive sometida a crisis recurrentes, su actividad económica y su población pueden sufrir las consecuencias.
Y cuando el Estado no transmite seguridad mediante hechos, las incertidumbres se agravan.
Por eso, la defensa de ambas ciudades no puede limitarse a una visita institucional, un desfile de banderas o una declaración solemne.
Es imprescindible garantizar su prosperidad y su vinculación efectiva con el conjunto de España.
La cuestión del eventual vaciamiento de Ceuta y Melilla debe abordarse como un riesgo estratégico que es preciso prevenir, no como un destino inevitable.
Tampoco puede atribuirse automáticamente a un plan concertado cuya existencia no está acreditada.
Lo que sí está fuera de discusión es la obligación española de impedir que las presiones exteriores deterioren las condiciones de vida en ambas ciudades.
La soberanía se ejerce todos los días: en los puertos, en las fronteras, en los hospitales, en las escuelas y en las decisiones de quienes gobiernan.
VI. ¿DÓNDE ESTÁ LA OPOSICIÓN?
El Partido Popular ha reclamado este 16 de octubre una respuesta firme a Marruecos, el despliegue de la Armada, explicaciones oficiales y una comparecencia parlamentaria de Pedro Sánchez.
El País
Son iniciativas que permiten abrir un examen político de lo ocurrido.
Pero la cuestión no debe agotarse en las declaraciones.
Una investigación parlamentaria puede reconstruir las advertencias recibidas, las decisiones adoptadas y las relaciones entre los distintos departamentos.
También puede determinar qué compromisos asumió el Gobierno frente a Marruecos y qué resultados obtuvo.
La oposición dispone de instrumentos para ejercer el control político.
Su utilización no debería depender exclusivamente de la proximidad de unas elecciones.
Cuando están en juego la seguridad de una frontera y la actuación de unidades militares extranjeras, las exigencias de transparencia deben mantenerse más allá de la actualidad inmediata.
La verdadera prueba de un control parlamentario eficaz no es la dureza de una intervención ante las cámaras.
Es la capacidad de conseguir documentos, esclarecer decisiones y establecer responsabilidades.
VII. ¿ALTA TRAICIÓN?
La expresión que da título a este artículo plantea una cuestión jurídica y política de enorme trascendencia.
La Constitución española contempla expresamente la posibilidad de exigir responsabilidad criminal al presidente y a los miembros del Gobierno.
Su artículo 102 establece un procedimiento específico para las acusaciones por traición o delitos contra la seguridad del Estado cometidos en el ejercicio de sus funciones.
Boletín Oficial del Estado
La existencia de ese procedimiento recuerda un principio elemental: el ejercicio del poder no exime de responsabilidad.
La investigación de Ceuta debe esclarecer los hechos y determinar las consecuencias jurídicas que correspondan.
Pero hay también responsabilidades políticas cuya exigencia no depende de una condena penal.
Un presidente puede ser llamado a responder por sus decisiones estratégicas.
Un ministro puede tener que explicar una actuación deficiente.
Un Consejo de Ministros debe rendir cuentas de una política cuyos resultados afectan a la seguridad nacional.
Y ninguna de esas obligaciones desaparece porque los responsables invoquen la complejidad de las relaciones internacionales.
La política exterior no es una actividad privada del presidente del Gobierno.
Se ejerce en nombre de España.
Y España tiene derecho a conocer cómo se han defendido sus intereses.
VIII. EL VERDADERO PROBLEMA: QUE LAS EXPLICACIONES LLEGUEN TARDE Y LAS RESPONSABILIDADES NUNCA
La crisis de Ceuta reúne hechos que merecen una investigación completa.
Una entrada masiva de dimensiones extraordinarias.
Advertencias previas de los servicios de inteligencia.
Una reacción marroquí considerada insuficiente por el CNI.
Incursiones repetidas de buques de guerra extranjeros.
Intervenciones de unidades de la Armada española.
Y explicaciones públicas sobre algunos de los acontecimientos conocidas más de dos meses después.
Estos elementos bastan para exigir respuestas detalladas.
La necesidad de mantener relaciones diplomáticas con Marruecos no elimina esa obligación.
Tampoco la sustituye una visita institucional, una comparecencia parlamentaria aislada o una declaración de buenas intenciones.
España necesita conocer qué ocurrió y cómo actuaron sus instituciones.
Necesita saber si los mecanismos de prevención fueron suficientes y si las decisiones adoptadas protegieron adecuadamente la soberanía y la seguridad de Ceuta.
Y necesita que las conclusiones de la investigación produzcan consecuencias cuando se identifiquen responsabilidades.
No se trata de convertir una crisis nacional en una sucesión de titulares.
Se trata de impedir que acontecimientos de esta gravedad queden sepultados bajo la actualidad del día siguiente.
EPÍLOGO. LA SOBERANÍA NO ES UNA PROPIEDAD DEL GOBIERNO DE TURNO
Pedro Sánchez gobierna España.
Mohamed VI gobierna Marruecos.
Cada uno tiene unas responsabilidades respecto a su país.
Y las obligaciones del presidente español comienzan por la defensa de los intereses de España.
Ceuta y Melilla no son asuntos secundarios de nuestra política exterior.
Son parte del territorio nacional.
Sus habitantes tienen derecho a recibir del Estado la misma protección y las mismas garantías que cualquier otro ciudadano español.
Los acontecimientos de julio de 2026 han puesto a prueba esa obligación.
La investigación judicial y el control parlamentario deben establecer cómo respondieron las autoridades.
Y el resultado debe servir para fortalecer la seguridad de ambas ciudades y evitar nuevas crisis.
Porque la soberanía no se conserva únicamente mediante discursos.
Se conserva con decisiones, medios suficientes, instituciones capaces y responsabilidades claramente establecidas.
CEUTA Y MELILLA SON ESPAÑA.
SU SEGURIDAD NO ES NEGOCIABLE.
Y QUIENES EJERCEN EL PODER DEBEN RESPONDER DE LAS DECISIONES QUE ADOPTAN EN NOMBRE DE TODOS LOS ESPAÑOLES.
CARLOS AURELIO CALDITO AUNIÓN
