EL MITO DEL SUFRAGIO UNIVERSAL: CUMPLIR DIECIOCHO AÑOS NO CONCEDE LA CIENCIA INFUSA
CARLOS AURELIO CALDITO AUNIÓN
RESUMEN PARA LECTORES APRESURADOS Y FANÁTICOS REPETIDORES DE ESLÓGANES
LA DEMOCRACIA NO CONCEDE LA CIENCIA INFUSA Y EL SUFRAGIO UNIVERSAL NO GARANTIZA LA SABIDURÍA
En España basta con cumplir dieciocho años, poseer la nacionalidad española y conservar los derechos políticos para participar en las elecciones generales.
No hace falta conocer la Constitución, entender cómo funciona el Estado, distinguir entre deuda y déficit, saber quién paga las pensiones o comprender las consecuencias de las promesas electorales.
¡Milagro! A los dieciocho años llega la ciencia infusa.
Para conducir un automóvil hay que examinarse. Para ejercer la medicina hay que estudiar. Para administrar una empresa hacen falta conocimientos. Pero para elegir a quienes administran España, aprueban impuestos, contraen deudas y deciden sobre el futuro de millones de personas no se exige demostrar conocimiento alguno.
Y cuidado con cuestionarlo: inmediatamente aparecen los guardianes de los dogmas democráticos, dispuestos a confundir la igualdad de derechos con una supuesta igualdad de conocimientos.
Tener derecho a opinar no significa saber de qué se habla. Y sumar millones de opiniones no convierte una falsedad en verdad.
El filósofo Jason Brennan, en Contra la democracia, analiza la ignorancia política, los prejuicios y el fanatismo partidista. Describe a quienes apenas se interesan por los asuntos públicos y a quienes, aunque consumen información política continuamente, se limitan a justificar las posiciones de sus partidos.
En España conocemos perfectamente a estos últimos: son los repetidores de eslóganes, los que disculpan cualquier barbaridad de los suyos y condenan indignados la misma conducta cuando procede del adversario.
El sufragio censitario vinculaba históricamente el voto a determinadas condiciones económicas. Atenas distinguía entre habitantes y ciudadanos. Suiza y Estados Unidos mantienen requisitos jurídicos para ejercer los derechos políticos, aunque actualmente no condicionan el sufragio general al pago de impuestos.
La cuestión merece una discusión seria: ¿qué relación debe existir entre pertenecer a una nación, contribuir a sostenerla, conocer sus problemas y participar en su gobierno?
En una comunidad de propietarios no vota cualquiera que viva en el edificio. Votan los propietarios, sujetos a las condiciones establecidas por la ley. Incluso existen restricciones para quienes incumplen sus obligaciones económicas.
Mientras tanto, nuestros gobernantes gastan dinero ajeno, conceden subvenciones, contraen deudas multimillonarias y comprometen los recursos de generaciones que todavía no han nacido.
¿Quién paga? Los contribuyentes presentes y futuros.
¿Quién decide? Los dirigentes políticos.
¿Quién responde personalmente por las consecuencias de una administración ruinosa? Ésa es precisamente una de las grandes deficiencias de nuestro sistema.
A todo ello se suma la partitocracia española: las direcciones de los partidos confeccionan las listas electorales, colocan a los candidatos y exigen obediencia a quienes consiguen un escaño. Los ciudadanos votan unas candidaturas que otros han decidido previamente.
Y ahora debemos añadir las controversias sobre el voto CERA, las nacionalizaciones mediante la llamada ley de nietos, la regularización extraordinaria de extranjeros y la necesidad de vigilar rigurosamente las elecciones del 29 de noviembre.
Regularizar no equivale a nacionalizar, ni concede automáticamente el derecho de voto en las elecciones generales. Pero la adquisición de la nacionalidad y la composición del censo electoral exigen controles efectivos.
No basta con introducir una papeleta en una urna. Hay que comprobar quién tiene legalmente derecho a votar, cómo se cuentan los sufragios, qué dicen las actas y quién responde cuando se incumple la ley.
La reforma electoral española exige mucho más que cambiar la fórmula D’Hondt: requiere representantes vinculados a sus electores, independencia judicial, verdadera separación de poderes, responsabilidad por el dinero público y límites estrictos a los gobernantes.
Porque una mayoría no convierte la ignorancia en conocimiento, la mentira en verdad ni la injusticia en justicia.
Y porque ganar unas elecciones no concede la propiedad del Estado.
En definitiva, para quienes todavía no lo hayan comprendido:
VOTAR NO ES SINÓNIMO DE SABER.
GANAR NO ES SINÓNIMO DE TENER RAZÓN.
GOBERNAR NO ES SINÓNIMO DE DISPONER LIBREMENTE DEL DINERO AJENO.
Y LA SOBERANÍA NACIONAL NO PERTENECE A LOS DIRIGENTES DE LOS PARTIDOS.
La democracia no es una religión, el sufragio universal no es un dogma intelectual y los políticos no son nuestros amos.
LA DESCONFIANZA HACIA EL PODER ES UN ARMA CARGADA DE FUTURO.
SI QUIERES PROFUNDIZAR, SIGUE LEYENDO.
Uno de los grandes disparates intelectuales de nuestro tiempo consiste en confundir la mayoría de edad con la capacidad para comprender los asuntos públicos.
En España basta con cumplir dieciocho años, poseer la nacionalidad española y conservar los derechos políticos para participar en las elecciones generales.
No se exige conocer la Constitución, distinguir entre el Congreso y el Senado, comprender la diferencia entre deuda y déficit, conocer el funcionamiento de las pensiones ni tener la menor idea de cómo se financia el Estado.
Nada de eso importa para obtener el derecho de sufragio.
El ciudadano cumple dieciocho años y, por arte de magia, queda legalmente facultado para participar en la elección de quienes administran miles de millones de euros, aprueban leyes, contraen deudas, establecen impuestos y adoptan decisiones que afectan a generaciones enteras.
¡Milagro!
La ciencia infusa existe.
Al menos en materia electoral.
Para conducir un automóvil hay que superar unos exámenes. Para ejercer la medicina hacen falta conocimientos y una formación prolongada. Para desempeñar numerosos oficios resulta indispensable acreditar una preparación.
Pero para intervenir en la elección de quienes gobiernan una nación de millones de habitantes basta con alcanzar una determinada edad.
Y después nos asombramos de la facilidad con la que prosperan los demagogos, los charlatanes, los vendedores de promesas imposibles y los especialistas en repartir el dinero ajeno.
LA IGNORANCIA NO SE CONVIERTE EN SABIDURÍA MEDIANTE UNA VOTACIÓN
Una opinión es una opinión.
No es un conocimiento.
No es una prueba.
No es un razonamiento.
Y tampoco adquiere esas cualidades porque la compartan millones de personas.
Que una mayoría crea una falsedad no la convierte en verdadera.
Que una mayoría apoye una injusticia no la convierte en justa.
Que una mayoría respalde una decisión económica desastrosa no elimina sus consecuencias.
Esta distinción elemental desaparece frecuentemente del discurso político.
Los dirigentes invocan continuamente la voluntad popular como si fuera una fuente infalible de conocimiento y legitimidad.
«El pueblo ha hablado».
«La mayoría ha decidido».
«Los ciudadanos han dado su respaldo».
Magnífico.
Pero la cuestión sigue siendo la misma: ¿conocen los electores aquello sobre lo que deciden? ¿Comprenden las consecuencias de las propuestas electorales? ¿Han examinado los argumentos o se limitan a repetir lo que escuchan a sus dirigentes favoritos?
No es lo mismo tener derecho a expresar una opinión que disponer de conocimientos suficientes para sostenerla.
Y no existe ninguna razón para fingir que ambas cosas son idénticas.
JASON BRENNAN: CONTRA LA SACRALIZACIÓN DE LA DEMOCRACIA
En Contra la democracia, Jason Brennan cuestiona la creencia de que la participación política constituye por sí misma una virtud.
El autor distingue entre quienes apenas se interesan por la política, quienes se entregan apasionadamente a sus preferencias partidistas y quienes examinan las cuestiones públicas con espíritu crítico y disposición a revisar sus opiniones.
La segunda categoría merece una atención especial.
Son los seguidores incondicionales de los partidos.
Los que conocen de memoria las consignas de sus dirigentes.
Los que justifican hoy lo que condenaban ayer.
Los que disculpan en los suyos cualquier conducta que consideran intolerable en sus adversarios.
Los que no buscan conocer la verdad, sino encontrar argumentos para confirmar aquello que ya han decidido creer.
No necesitan pruebas.
Necesitan excusas.
Y los partidos se las proporcionan generosamente.
Brennan obliga a plantear una cuestión incómoda: la participación de ciudadanos desinformados, fanatizados o incapaces de examinar críticamente sus propias creencias no garantiza decisiones políticas acertadas.
El filósofo estudia sistemas que atribuyen mayor capacidad de decisión política a quienes acreditan determinados conocimientos.
Su propuesta no consiste en identificar automáticamente riqueza con sabiduría, ni en entregar sin más el Gobierno a los titulados universitarios.
La cuestión fundamental es otra: la relación entre conocimiento, capacidad de decisión y consecuencias para terceros.
EL SUFRAGIO CENSITARIO Y LA RESPONSABILIDAD DE LOS CONTRIBUYENTES
Durante buena parte del siglo XIX, España conoció sistemas electorales que condicionaban el derecho de voto a determinados requisitos económicos.
El sufragio censitario vinculaba la participación política con la riqueza, las rentas o las contribuciones fiscales.
Sus defensores sostenían, entre otros argumentos, que quienes contribuían al mantenimiento del Estado tenían un interés directo en la buena administración de sus recursos.
Esa idea enlaza con un principio elemental de responsabilidad.
Quien administra dinero ajeno debe rendir cuentas a quienes soportan las consecuencias de sus decisiones.
Sin embargo, los gobernantes españoles deciden sobre cantidades inmensas de recursos que no les pertenecen.
Establecen impuestos.
Aprueban gastos.
Conceden subvenciones.
Financian organizaciones.
Contratan préstamos.
Comprometen ingresos futuros.
Y las consecuencias de sus decisiones recaen sobre los contribuyentes presentes y futuros.
Por eso resulta pertinente examinar la relación entre contribución económica, pertenencia a la comunidad política y participación electoral.
La comparación con las comunidades de propietarios es ilustrativa.
En una comunidad, los residentes no adquieren automáticamente derecho a participar en las juntas por el mero hecho de habitar el edificio.
La ley atribuye ese derecho a los propietarios y establece consecuencias cuando incumplen sus obligaciones económicas.
El Estado constituye una realidad jurídica diferente. Pero la diferencia no elimina la pregunta sobre la responsabilidad de quienes deciden cómo se utiliza el dinero común.
LA DEMOCRACIA ATENIENSE, SUIZA Y ESTADOS UNIDOS
Los antiguos atenienses distinguían claramente entre habitantes de la ciudad y ciudadanos con derechos políticos.
En la Atenas clásica no participaban en la Asamblea todos los residentes. El sufragio quedaba reservado a los ciudadanos varones adultos que conservaban sus derechos.
La Confederación Suiza tampoco confunde residencia con ciudadanía federal. Los extranjeros residentes carecen de sufragio federal, aunque algunos cantones reconocen determinados derechos políticos locales.
Estados Unidos establece requisitos de ciudadanía, edad y residencia, además de diversas reglas estatales sobre inscripción e identificación.
Ninguno de esos ejemplos demuestra que los conocimientos o las cotizaciones deban condicionar el voto. Lo que demuestran es que el sufragio siempre se ejerce dentro de un régimen de requisitos jurídicos.
La discusión consiste en determinar cuáles son esos requisitos, qué finalidad cumplen y cómo se establecen.
Y resulta indispensable distinguir entre la nacionalidad, la contribución económica y la capacidad para comprender los asuntos públicos.
EL VERDADERO PROBLEMA: LA PARTITOCRACIA ESPAÑOLA
Todo esto nos devuelve al asunto esencial de la reforma electoral.
España no necesita solamente examinar quién vota.
Necesita examinar a quién vota, cómo se confeccionan las candidaturas, quién controla a los diputados y ante quién responden los gobernantes.
Las direcciones de los partidos seleccionan a los candidatos, establecen su posición en las listas y deciden buena parte de sus posibilidades de alcanzar un escaño.
Después, los representantes elegidos quedan sometidos a una disciplina partidista que condiciona su independencia política.
El ciudadano deposita una papeleta.
Pero la selección decisiva se ha realizado anteriormente, en los órganos dirigentes de los partidos.
Y así llegamos a una paradoja.
Se proclama solemnemente la soberanía popular, mientras las estructuras partidistas concentran una enorme capacidad para decidir quiénes ocuparán los puestos de representación.
La reforma electoral exige afrontar esa contradicción.
Exige discutir el sistema de candidaturas, las circunscripciones, el reparto de escaños, la responsabilidad de los diputados, la fiscalización de los procesos electorales y los límites efectivos del poder.
También exige abandonar la confusión entre legalidad, legitimidad y acierto.
Una decisión aprobada conforme a la ley no es necesariamente acertada.
Una mayoría no posee el monopolio de la razón.
Y ningún resultado electoral concede a los vencedores una autorización ilimitada para disponer de la libertad, el patrimonio y el futuro de los gobernados.
LA DEMOCRACIA ES UN PROCEDIMIENTO PARA ORGANIZAR EL PODER, NO UNA FÁBRICA MILAGROSA DE SABIDURÍA.
Por eso la discusión sobre quién participa, quién contribuye, quién decide y quién responde merece un examen riguroso.
Sin dogmas.
Sin consignas.
Sin convertir el sufragio universal en un asunto prohibido para la reflexión intelectual.
Y, sobre todo, sin olvidar la cuestión verdaderamente decisiva:
EL PODER NECESITA LÍMITES, PORQUE QUIENES LO EJERCEN NO SON PROPIETARIOS DEL ESTADO NI DEL DINERO DE LOS CONTRIBUYENTES.
La desconfianza hacia el poder no constituye un defecto de la democracia.
Es uno de los fundamentos de la libertad.
LA DESCONFIANZA ES UN ARMA CARGADA DE FUTURO.
