ODIO HABLAR DE POLÍTICA, PERO TODAVÍA ODIO MÁS QUE ME TOMEN POR IDIOTA.

España, la gran farsa electoral: cambian los gobernantes, permanecen los privilegios y siempre pagan los mismos

CARLOS AURELIO CALDITO AUNIÓN

Confieso que cada día me resulta más desagradable hablar de política. No porque haya dejado de interesarme lo que sucede en España, sino precisamente por todo lo contrario. Porque cuanto más observo, cuanto más leo, cuanto más comparo las promesas con los resultados y cuanto más repaso lo sucedido durante el último medio siglo, más convencido estoy de que los españoles llevamos demasiado tiempo participando en una representación teatral cuyo argumento conocemos de memoria, cuyos protagonistas cambian de vez en cuando y cuyo desenlace es invariable: los políticos gobiernan, los partidos prosperan, el Estado engorda y los ciudadanos pagamos la factura.

Y lo más extraordinario es que todavía hay millones de españoles convencidos de que la próxima representación será diferente.

Que esta vez sí.

Que ahora sí han encontrado al hombre providencial.

Que el partido de sus amores cumplirá lo prometido.

Que los nuevos dirigentes son distintos.

Que bastará con expulsar a los actuales ocupantes del poder para que España recupere la cordura, la prosperidad, la libertad y la decencia.

¡Qué enternecedora ingenuidad!

Llevamos escuchando semejante cantinela desde hace décadas. Y aquí seguimos, esperando al siguiente salvador, como si los fracasos anteriores no hubieran existido, como si la experiencia no sirviera para nada y como si la memoria de los españoles se borrara cada vez que se convocan elecciones.

Para mayor recochineo, tenemos unas nuevas elecciones generales convocadas para el próximo 29 de noviembre de 2026. Otra vez los mítines, los insultos, las promesas, las encuestas, las consignas y las solemnes declaraciones acerca del futuro de España.

Ya conocemos el espectáculo.

Los socialistas anunciarán que vienen las derechas a arrebatarnos los derechos. Los populares prometerán que ellos administrarán mejor cuanto los socialistas administraron mal. Otros partidos presentarán sus respectivos programas de salvación nacional. Los separatistas negociarán cuánto pueden obtener a cambio de sus votos. Y millones de españoles volverán a discutir acaloradamente con familiares, amigos y vecinos por defender a unos personajes que, en muchos casos, ni siquiera conocen personalmente.

Mientras tanto, ninguno de los protagonistas principales parece especialmente interesado en plantear la pregunta verdaderamente incómoda:

¿Por qué tenemos que entregar tanto poder a unos pocos para que decidan sobre la vida, el trabajo, el dinero, la propiedad y el porvenir de todos los demás?

Ahí comienza el problema. No termina en Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal ni en cualquier otro aspirante a gobernarnos. Comienza mucho antes, cuando aceptamos como algo natural que unos individuos, por el simple procedimiento de obtener suficientes votos, adquieran facultades extraordinarias para intervenir en casi todos los aspectos de nuestra existencia.

Nos hemos acostumbrado tanto a ello que apenas nos detenemos a reflexionar sobre semejante anomalía.

Un político promete protegernos y, para hacerlo, exige una parte creciente de nuestros ingresos. Promete resolver nuestros problemas y reclama más competencias, más organismos, más empleados y más dinero. Promete simplificar la Administración y acaba creando nuevos trámites. Promete combatir la pobreza y, cuando esta persiste, presenta su propia incapacidad como argumento para reclamar todavía más poder.

Y si protestamos, nos explica que todo lo hace por nuestro bien.

¡Naturalmente!

El gobernante nunca se equivoca. Si sus disposiciones fracasan, la culpa será de las circunstancias, de la oposición, de la situación internacional, de los mercados, de Europa, de los empresarios, de los trabajadores o de los ciudadanos que no hemos sabido comprender la grandeza de sus propósitos.

Y así, fracaso tras fracaso, el remedio acaba siendo siempre el mismo: más Estado, más gasto, más intervención y más obediencia.

España ofrece un ejemplo particularmente esclarecedor de esta perversión.

Desde la aprobación de la Constitución de 1978 hemos conocido gobiernos socialistas y populares, mayorías absolutas, minorías parlamentarias, pactos de toda condición, coaliciones, crisis económicas, recuperaciones, promesas de regeneración, reformas y contrarreformas.

También hemos presenciado el crecimiento de una formidable estructura política y administrativa que se extiende desde el Gobierno central hasta el último ayuntamiento, pasando por diecisiete comunidades autónomas, diputaciones, organismos, empresas públicas, fundaciones y numerosas entidades sostenidas, total o parcialmente, con dinero de los contribuyentes.

No sostengo que todos esos organismos sean innecesarios ni que todos los empleados públicos carezcan de utilidad. Sería una estupidez confundir al médico que atiende enfermos, al maestro que enseña a leer o al policía que persigue delincuentes con el dirigente que encuentra un acomodo bien remunerado para sus amigos.

Precisamente por eso resulta imprescindible distinguir entre quienes prestan servicios necesarios y quienes viven de multiplicar cargos, trámites y oficinas.

El problema no consiste simplemente en cuántas personas trabajan para las administraciones, sino en cuánto cuestan, qué hacen, qué resultados ofrecen y quién responde cuando malgastan los recursos ajenos.

Según las estadísticas oficiales, España contaba a comienzos de 2026 con más de tres millones de empleados públicos. Pero el número, por sí solo, no nos dice si tenemos suficientes médicos, demasiados asesores, escuelas bien atendidas o una burocracia desmesurada.

Lo que debería avergonzarnos es que los sucesivos gobiernos presuman del aumento del gasto mientras numerosos ciudadanos siguen encontrando dificultades para recibir determinados servicios esenciales.

El crecimiento de la Administración no equivale necesariamente a una mejora de los servicios. Y el aumento de los impuestos tampoco demuestra que estemos viviendo mejor.

La Agencia Tributaria reconoce que en 2025 sus ingresos tributarios alcanzaron los 325.356 millones de euros, un 10,4 % más que el año anterior.

¡Magnífico negocio para quien recauda!

Pero al trabajador, al autónomo, al pequeño empresario y al pensionista no les basta con contemplar la satisfacción del ministro de Hacienda ante las cifras de recaudación.

Quieren saber cuánto conservan después de pagar impuestos, cotizaciones, tasas y tributos de toda clase. Quieren saber qué reciben a cambio. Quieren comprobar si pueden comprar una vivienda, mantener una familia, ahorrar para su vejez o disfrutar de una vida razonablemente desahogada.

Y quieren, sobre todo, que dejen de tratarlos como si el dinero que ganan perteneciera en primer lugar al Estado y solamente por generosa concesión de este pudieran disponer de lo que les queda.

Porque esa es otra de las grandes inversiones morales de nuestro tiempo: hemos pasado de considerar al gobernante servidor del ciudadano a comportarnos como si el ciudadano hubiera nacido para sostener al gobernante.

Y cuando semejante inversión se consolida, la libertad comienza a convertirse en una palabra decorativa.

Basta con examinar el endeudamiento público.

En agosto de 2026, la deuda de las administraciones según el criterio europeo habitual alcanzaba aproximadamente 1,75 billones de euros. Si examinamos una medida más amplia, los pasivos totales de las administraciones públicas superaban los 2,3 billones de euros en el segundo trimestre de 2026. Son conceptos contables diferentes, pero ambos retratan la enorme magnitud de las obligaciones acumuladas.

¿Quién autorizó moralmente a unas generaciones de gobernantes a comprometer tantos recursos de las generaciones futuras?

¿Quién preguntó a los españoles todavía no nacidos si estaban dispuestos a contribuir al pago de decisiones adoptadas décadas antes de que pudieran participar en unas elecciones?

Porque endeudarse es extraordinariamente sencillo cuando quien firma no tiene que responder personalmente con su patrimonio.

El gobernante anuncia un gasto, inaugura una obra, reparte subvenciones, solicita préstamos y obtiene los correspondientes aplausos. Si las cuentas no cuadran, aumenta la deuda o reclama más impuestos.

Cuando llegan las dificultades, el responsable ya se ha marchado, está sentado en otro despacho o disfruta de una jubilación confortable.

Y la factura permanece.

Por añadidura, los Presupuestos Generales del Estado de 2023 han continuado prorrogados hasta 2026. Es decir, nuestro sistema político ha sido capaz de mantener el funcionamiento del Estado durante años sin aprobar unas nuevas cuentas generales ajustadas a cada ejercicio.

Resulta difícil encontrar un ejemplo más ilustrativo de la distancia que separa las grandilocuentes declaraciones sobre la responsabilidad política de la realidad cotidiana.

Pero la gran cuestión va mucho más allá del gasto público.

La gran cuestión es la obediencia.

El francés Étienne de La Boétie comprendió hace casi cinco siglos algo que seguimos resistiéndonos a aceptar: el poder de los tiranos depende, en buena medida, de la obediencia de quienes los sostienen.

Ningún gobernante dispone personalmente de la fuerza necesaria para someter a millones de personas. Necesita funcionarios, policías, soldados, administradores, recaudadores, propagandistas, colaboradores y, por encima de todo, una población acostumbrada a obedecer.

Necesita que aceptemos su autoridad como algo natural.

Necesita que confundamos las decisiones de un Gobierno con los intereses de España.

Necesita que terminemos creyendo que desobedecer al gobernante equivale a perjudicar a la nación.

¡Como si España perteneciera a quienes ocupan temporalmente los ministerios!

España existía antes de Pedro Sánchez, antes de Mariano Rajoy, antes de José Luis Rodríguez Zapatero, antes de José María Aznar y antes de Felipe González. Y seguirá existiendo cuando todos ellos sean poco más que nombres en los libros de historia.

Los gobiernos pasan. La nación permanece.

Sin embargo, hemos llegado a un punto en el que algunos ciudadanos parecen incapaces de distinguir entre defender a España y defender al partido por el que votan.

Si gobiernan los suyos, cualquier medida encuentra una justificación. Si gobiernan los contrarios, una medida semejante se convierte en una atrocidad.

El mismo gasto público que ayer parecía escandaloso hoy resulta imprescindible. El mismo nombramiento que antes constituía un intolerable reparto de cargos ahora se presenta como una decisión razonable. El mismo abuso que se denunciaba desde la oposición se contempla con indulgencia desde el Gobierno.

¡Y todavía se atreven a llamarlo coherencia!

Conviene recordar que los partidos españoles no son agrupaciones angelicales de ciudadanos desinteresados. Son organizaciones que compiten por conquistar y conservar el poder.

Eso no significa que todos sus miembros sean corruptos, que todas sus propuestas resulten idénticas ni que todas las diferencias políticas sean fingidas. Las diferencias existen y algunas tienen consecuencias muy importantes.

Pero existe también un interés común que rara vez se reconoce abiertamente: quienes aspiran a gobernar suelen mostrarse mucho más interesados en administrar el poder que en reducirlo.

¿Por qué habrían de renunciar voluntariamente a competencias, presupuestos, organismos y facultades que esperan ejercer mañana?

Ahí reside una de las contradicciones más llamativas de nuestra vida pública.

El político asegura que el Estado está mal organizado, que cuesta demasiado y que necesita una profunda reforma. Pero, en cuanto alcanza el Gobierno, descubre innumerables razones por las que resulta necesario conservar buena parte de cuanto criticaba.

Y a veces, incluso, aumentarlo.

Lo hemos visto con el PSOE. Lo hemos visto con el PP. Y los demás partidos tampoco quedan dispensados de demostrar con hechos que no seguirán el mismo camino cuando obtengan responsabilidades de gobierno.

No basta con quejarse de los impuestos cuando se está en la oposición y administrarlos con entusiasmo cuando se llega al poder.

No basta con prometer menos cargos si después se reparten los puestos disponibles entre amigos y correligionarios.

No basta con denunciar los privilegios de los adversarios mientras se defienden los propios.

Y, sobre todo, no basta con repetir que uno es diferente.

La diferencia se demuestra renunciando a aquello que se condenaba cuando estaba en manos ajenas.

Otro de los grandes engaños de nuestro tiempo consiste en identificar democracia con elecciones.

Naturalmente, las elecciones son importantes. Permiten sustituir pacíficamente a los gobernantes y constituyen una garantía frente a la permanencia indefinida de una misma persona en el poder.

Pero votar periódicamente no demuestra, por sí solo, que los ciudadanos gobiernen ni que sus representantes actúen sometidos a un control suficiente.

En España, para elegir el Congreso, los partidos presentan listas cerradas y ordenadas de antemano. El ciudadano no puede tachar al candidato que le desagrada ni alterar su posición. Debe aceptar el conjunto preparado por la organización política o buscar otra papeleta.

Y después, una vez elegidos los diputados, la disciplina de partido condiciona buena parte de sus decisiones.

Curiosa representación la de un sistema en el que los representantes dependen políticamente de quienes elaboran las listas y en el que el elector dispone de tan pocos medios para exigirles responsabilidades individuales.

La Constitución proclama que la soberanía nacional reside en el pueblo español. También establece que los diputados no están sujetos a mandato imperativo.

Muy bien.

Pero una cosa son las declaraciones solemnes y otra los mecanismos efectivos para impedir que los partidos se apropien de la representación política.

¿Puede el ciudadano destituir directamente a su diputado por incumplir compromisos esenciales?

¿Puede exigir que responda personalmente por determinados perjuicios ocasionados mediante una negligencia grave?

¿Puede someter las grandes decisiones sobre endeudamiento, organización territorial o reformas institucionales a consultas verdaderamente decisivas?

En general, no dispone de esas facultades en los términos que aquí planteo.

Se le permite escoger entre distintas candidaturas y después se le invita a esperar hasta las siguientes elecciones.

Y a eso se le llama soberanía popular.

Otro asunto que merece atención es la influencia del dinero en la política.

Resulta ingenuo imaginar que los grandes bancos, las principales empresas, los grupos propietarios de medios de comunicación y las organizaciones que reciben cuantiosos fondos públicos carecen de intereses políticos.

Los tienen. Como también los tienen los sindicatos, las asociaciones empresariales, las grandes entidades subvencionadas y cuantos dependen, directa o indirectamente, de decisiones administrativas.

El problema aparece cuando esos intereses encuentran caminos privilegiados para influir sobre los gobernantes o cuando los gobernantes emplean el dinero público para favorecer a quienes los sostienen.

No hace falta inventar una sociedad secreta que gobierne desde las sombras para advertir el peligro.

Basta con seguir el recorrido del dinero.

¿Quién financia a quién?

¿Quién recibe contratos?

¿Quién obtiene subvenciones?

¿Quién decide los nombramientos?

¿Quién concede ayudas, rescates y ventajas?

¿Quién soporta finalmente los costes?

Y, sobre todo, ¿qué posibilidades tiene un ciudadano corriente de obtener el mismo trato que quienes mantienen relaciones estrechas con el poder?

En cuanto a los medios de comunicación, tampoco conviene confundir la información con la propaganda. Que un periódico o una emisora reciban publicidad institucional no prueba automáticamente que hayan vendido su independencia. Pero sí justifica exigir transparencia y examinar con atención las relaciones económicas que puedan comprometerla.

La libertad de información pierde buena parte de su sentido cuando el periodista se convierte en propagandista y sustituye la comprobación de los hechos por la defensa de su partido predilecto.

Y el ciudadano que solamente escucha aquello que confirma sus prejuicios termina convirtiéndose en el propagandista gratuito de quienes desean gobernarlo.

No necesita que le paguen.

Lo hace encantado.

A cambio recibe la satisfacción de sentirse miembro del bando de los buenos.

¡Extraordinario negocio!

Los partidos obtienen defensores incondicionales y estos se conforman con la recompensa de poder insultar a quienes votan a los contrarios.

Entretanto, los problemas verdaderamente importantes siguen esperando soluciones.

La vivienda resulta inalcanzable para muchos jóvenes. Numerosas familias encuentran dificultades para ahorrar. Los pequeños empresarios soportan obligaciones que consumen tiempo y recursos. El sistema de pensiones plantea obligaciones de enorme magnitud. Los servicios públicos presentan deficiencias que no desaparecen por el simple hecho de que aumente su presupuesto.

Y los gobernantes continúan discutiendo sobre quién merece más aplausos.

A todo ello se añade una cuestión que no debería pasar inadvertida: el creciente poder de las tecnologías para registrar, relacionar y examinar nuestras actividades.

La identificación electrónica, la conservación de datos personales, las cámaras de vigilancia y los pagos digitales ofrecen ventajas indudables. También pueden facilitar abusos si las autoridades acumulan información sin controles suficientes.

El proyecto de euro digital, por ejemplo, continúa sometido a decisiones legislativas y monetarias; no equivale hoy a la desaparición del dinero en efectivo ni demuestra que se haya implantado una vigilancia universal.

Pero precisamente porque estas posibilidades tecnológicas existen, corresponde exigir garantías antes de que resulte demasiado tarde para establecerlas.

El derecho a utilizar dinero en efectivo, la protección de la vida privada, el secreto de las comunicaciones y la imposibilidad de imponer restricciones arbitrarias deben defenderse con independencia del partido que gobierne.

Lo que hoy parece una herramienta útil en manos de nuestros gobernantes predilectos mañana puede convertirse en un instrumento de abuso en manos de sus adversarios.

Y viceversa.

No necesitamos anunciar apocalipsis inevitables, hambrunas deliberadas ni conspiraciones universales para comprender que concentrar un poder excesivo entraña riesgos.

La experiencia histórica ofrece advertencias más que suficientes.

Sin embargo, nada de cuanto he expuesto significa que la solución consista en incendiar instituciones, agredir a funcionarios, desobedecer indiscriminadamente cualquier ley o destruir el orden jurídico.

Tampoco pretendo sostener que quien acude a votar sea responsable de todos los abusos cometidos después por los políticos elegidos.

Sería absurdo.

Votar constituye un derecho. Abstenerse también. Ninguna de esas decisiones convierte automáticamente a una persona en más virtuosa que otra.

Lo que considero moralmente inadmisible es transformar la militancia política en una renuncia permanente al juicio propio.

El ciudadano no tiene la obligación moral de defender los abusos de un gobernante por haber depositado su papeleta en una urna.

Y, sin embargo, eso es precisamente lo que contemplamos todos los días.

Personas inteligentes, razonables y decentes justifican actuaciones que condenarían sin vacilar si las hubiera realizado otro partido.

Padres de familia que jamás tolerarían determinados comportamientos a sus hijos los disculpan cuando los protagonizan sus dirigentes favoritos.

Trabajadores que exigen honradez a sus compañeros pasan por alto conductas vergonzosas cuando afectan a los suyos.

Ciudadanos que censuran cualquier privilegio ajeno descubren motivos de comprensión cuando el beneficiario pertenece a su bando político.

¿Y todavía nos preguntamos por qué prospera la indecencia?

La corrupción política no nace de la nada. Necesita oportunidades, controles insuficientes y personas dispuestas a tolerarla.

Y una sociedad que exige honradez solamente a sus adversarios acaba por facilitar la impunidad de todos.

Por eso convendría abandonar definitivamente la expresión según la cual debemos votar al menos malo.

Llevamos demasiado tiempo acostumbrándonos a escoger entre candidatos que no nos convencen, justificando después sus incumplimientos con el argumento de que los otros habrían sido todavía peores.

Es una forma particularmente eficaz de degradar nuestras exigencias morales.

El gobernante ya no necesita demostrar que es honrado, competente y respetuoso con la libertad. Le basta con convencernos de que sus adversarios son más peligrosos.

Y el ciudadano acaba renunciando a reclamar un buen gobierno para conformarse con impedir que gobierne quien más le desagrada.

De esa manera se perpetúa el mismo mecanismo electoral que decimos detestar.

Ahora bien, ¿existe una salida?

Desde luego, no llegará de la mano de otro personaje providencial.

Ni de una nueva campaña de propaganda.

Ni de una sucesión interminable de promesas.

La única posibilidad razonable comienza por recuperar algo que jamás debimos entregar: la condición de ciudadanos libres, adultos y responsables, capaces de pensar sin solicitar permiso a un partido político.

Eso exige dejar de idolatrar a los gobernantes, rechazar los privilegios injustificados, negarse a justificar lo injustificable, denunciar los abusos y utilizar todos los medios pacíficos y legítimos disponibles para limitar el poder.

Exige reclamar cuentas claras, auditorías independientes, responsabilidades personales por las ilegalidades y negligencias graves, y procedimientos que permitan a los ciudadanos intervenir de manera efectiva en las decisiones fundamentales.

Exige, igualmente, acabar con la idea de que quien ocupa un cargo público adquiere una especie de superioridad moral sobre quienes pagan su sueldo.

Un ministro no es nuestro padre.

Un diputado no es nuestro amo.

Un presidente del Gobierno no es el propietario de España.

Y ningún partido político posee una autorización moral permanente para disponer de nuestra vida y nuestro patrimonio.

También exige comprender que la libertad no es un regalo que conceden los gobiernos.

La libertad es anterior al gobernante.

Su misión legítima consiste en respetarla y protegerla, no en reducirla a una concesión administrativa que puede modificar cuando le convenga.

Conviene recordar, además, algo que los defensores del Estado omnipresente parecen haber olvidado: no toda necesidad humana exige un ministerio, no todo problema reclama una ley y no toda dificultad se resuelve aumentando los impuestos.

Las familias pueden educar. Las asociaciones pueden ayudar. Las empresas pueden crear riqueza. Los vecinos pueden cooperar. Los ciudadanos pueden asumir responsabilidades sin esperar instrucciones de un despacho oficial.

Una sociedad formada por personas libres, responsables, trabajadoras y capaces de organizarse no necesita convertir al Estado en tutor permanente de sus habitantes.

Necesita instituciones que garanticen la seguridad, la justicia, los derechos individuales y unas reglas claras, sin apropiarse de cuanto pertenece a la iniciativa de los ciudadanos.

A este respecto, España haría bien en recuperar algunas virtudes que nuestros antepasados conocían mucho mejor que nosotros y que los antiguos romanos resumían en palabras tan sencillas como virtus, fides, gravitas, disciplina, industria, frugalitas e iustitia.

Valor, fidelidad a la palabra dada, seriedad, disciplina, laboriosidad, austeridad y justicia.

Virtudes bastante más útiles para levantar una nación próspera que las interminables campañas de propaganda de quienes pretenden enseñarnos a vivir a costa de nuestros impuestos.

Porque no existe libertad verdadera sin responsabilidad individual. Ni prosperidad duradera sin trabajo, ahorro y respeto a la propiedad. Ni convivencia razonable cuando unos consideran que tienen derecho a vivir indefinidamente del esfuerzo de los demás.

Y, sobre todo, no puede existir una vida política decente mientras los ciudadanos continuemos excusando en nuestros gobernantes comportamientos que jamás aceptaríamos en cualquier otra persona.

Vuelvo, para terminar, al viejo Étienne de La Boétie.

Su reflexión sobre la servidumbre voluntaria conserva una actualidad incómoda. El tirano necesita mucho más que instrumentos de fuerza. Necesita súbditos que lo sostengan, personas que lo sirvan y ciudadanos que terminen considerando natural su sometimiento.

Naturalmente, la España de 2026 no es idéntica a las tiranías de siglos pasados. Tenemos libertades, instituciones y posibilidades de participación que sería insensato despreciar. Precisamente por eso resulta tan importante utilizarlas para impedir que el poder crezca sin control y que las libertades se conviertan en meras declaraciones ornamentales.

La solución no consiste en sustituir una obediencia ciega por otra.

Ni en derribar a un amo para arrodillarnos inmediatamente ante el siguiente.

Ni en considerar que todos nuestros problemas desaparecerán si cambiamos los nombres de quienes ocupan los despachos.

Consiste en dejar de comportarnos como menores de edad.

En exigir que los políticos respondan por sus actos.

En comprender que los impuestos proceden del trabajo de personas concretas.

En recordar que los gobernantes administran recursos ajenos.

En negar nuestra complicidad moral a la mentira, al despilfarro, a los privilegios y a la corrupción, sin importar quiénes sean sus beneficiarios.

Y en recuperar la saludable costumbre de juzgar a las personas por sus hechos, no por las siglas que exhiben.

Porque quizá el mayor triunfo de nuestros políticos no haya consistido en conquistar el Estado, sino en conseguir que millones de españoles identifiquen su propia dignidad con la victoria de un partido.

Que aplaudan cuando ganan los suyos.

Que se desesperen cuando ganan los otros.

Que discutan, insulten y rompan amistades por defenderlos.

Y que, después de cada elección, vuelvan resignadamente al trabajo para seguir sosteniendo una maquinaria cuyo funcionamiento apenas pueden controlar.

De modo que sí, odio hablar de política.

Pero todavía me indigna mucho más que pretendan tomarme por idiota.

Y me indigna especialmente comprobar que, a estas alturas, después de medio siglo de promesas, decepciones, escándalos, deudas, reformas incumplidas y esperanzas frustradas, todavía haya quienes estén dispuestos a entregar su confianza incondicional al siguiente vendedor de remedios milagrosos.

El próximo 29 de noviembre volveremos a escuchar que nos jugamos el futuro de España.

Puede ser. Toda elección tiene consecuencias.

Pero hay algo que los españoles deberíamos tener presente antes, durante y después de acudir a las urnas:

El futuro de España no pertenece a los partidos políticos. Pertenece a los españoles.

Y nuestra libertad no puede depender eternamente de que uno de ellos tenga la amabilidad de respetarla.

Porque el verdadero problema no es solamente quién nos gobierna.

El verdadero problema es cuánto poder estamos dispuestos a entregar a quienes nos gobiernan, cuánto estamos dispuestos a tolerarles y por qué seguimos esperando que nuestros amos políticos nos concedan la libertad que nunca debimos poner en sus manos.

Y mientras no comprendamos eso, seguirá cambiando el nombre del presidente, seguirán cambiando los ministros, seguirán cambiando los eslóganes y seguirán cambiando los colores de las pancartas.

Pero permanecerán los privilegios, la dependencia y la factura.

Y la factura, como siempre, la pagaremos nosotros.