¿PARA QUÉ DEMONIOS SIRVEN LOS SINDICATOS? DEL SINDICATO VERTICAL A LOS NUEVOS GREMIOS SUBVENCIONADOS
Patrimonio público gratuito, subvenciones, cooperativas de viviendas, cursos fraudulentos, comisiones de los ERE, listas negras, vetos y control de las contrataciones.
CARLOS AURELIO CALDITO AUNIÓN
Dice el refranero español que una cosa es predicar y otra dar trigo. Y también que del dicho al hecho hay mucho trecho.
Pues bien, pocas instituciones contemporáneas ofrecen tantos motivos para recordar ambos refranes como determinadas organizaciones sindicales españolas.
Llevamos décadas escuchando que los sindicatos son imprescindibles para defender a los trabajadores, combatir los abusos empresariales, garantizar salarios dignos y proteger a los débiles frente a los poderosos.
Muy bien.
Pero cuando uno comienza a examinar cómo se financian, qué patrimonio disfrutan, en qué negocios han participado, cómo intervienen en las contrataciones y qué papel desempeñaron determinadas organizaciones sindicales en algunos de los mayores escándalos económicos de nuestra historia reciente, aparecen preguntas verdaderamente incómodas.
¿Para qué sirven realmente los sindicatos?
¿Para defender voluntariamente los intereses de sus afiliados o para convertirse en organizaciones privilegiadas que viven, básicamente, a costa de quienes no pertenecen a ellas?
¿Para proteger a los trabajadores o para adquirir poder sobre el mercado de trabajo?
¿Para impedir los abusos o para disfrutar de prerrogativas que a cualquier otra asociación privada le resultarían difíciles de justificar?
Y, sobre todo, ¿por qué tiene que financiar un trabajador no afiliado a quienes pretenden representarlo contra su voluntad?
Porque hay algo que conviene dejar claro desde el principio: que una ley reconozca determinados privilegios a los sindicatos no significa que tales privilegios sean justos.
Las leyes pueden modificarse. Las instituciones pueden reformarse. Y ninguna organización debería considerarse legitimada para vivir eternamente a expensas del contribuyente por el simple hecho de que sus dirigentes se proclamen defensores del interés general.
LOS NUEVOS GREMIOS Y LOS ANTIGUOS MONOPOLIOS
Durante la Edad Media, numerosos gremios comenzaron siendo asociaciones profesionales destinadas a defender los intereses de comerciantes y artesanos.
Proporcionaban ayuda mutua, formación, protección y determinadas garantías de calidad.
Pero muchos terminaron convirtiéndose en organizaciones capaces de controlar el acceso a los oficios, restringir la competencia e impedir que personas ajenas al gremio ejercieran libremente determinadas actividades.
No bastaba con conocer un oficio.
Había que conseguir autorización.
Había que someterse a los dirigentes correspondientes.
Había que aceptar sus reglas.
La Liga Hanseática, poderosa alianza comercial del norte de Europa, llegó a adquirir tal influencia que consiguió imponer condiciones a monarcas. La paz de Stralsund, en 1370, constituye un ejemplo de hasta dónde podía llegar el poder económico y político de aquellas corporaciones mercantiles.
La Hansa no era un sindicato obrero, pero ilustra perfectamente el peligro de transformar organizaciones privadas en poderes capaces de condicionar la libertad económica de los demás.
Y semejante tentación no desapareció con los gremios medievales.
En la historia del sindicalismo encontramos prácticas como el llamado lábel sindical, empleado para identificar productos elaborados bajo determinadas condiciones laborales y orientar las compras o los boicoteos.
También surgieron sistemas de contratación reservados a trabajadores afiliados a determinadas organizaciones sindicales.
El empresario podía necesitar trabajadores.
Los trabajadores podían estar dispuestos a aceptar el empleo.
Pero si el sindicato correspondiente no daba su aprobación, el contrato podía resultar imposible.
Aparecieron igualmente mecanismos de exclusión profesional, recomendaciones interesadas, listas negras y procedimientos destinados a impedir que determinados trabajadores encontraran empleo.
No importa quién confeccione la lista negra. Resulta igualmente reprobable cuando un empresario la utiliza contra un sindicalista que cuando un dirigente sindical pretende utilizarla contra un trabajador independiente.
Lo esencial es que nadie debería tener poder para impedir que otro se gane la vida por no pertenecer a determinada organización.
Y, sin embargo, en España hemos concedido a las organizaciones sindicales facultades institucionales que merecen un examen riguroso.
LOS SINDICATOS TAMBIÉN INTERVIENEN EN LA SELECCIÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS
En julio de 2025, el Boletín Oficial del Estado publicó una convocatoria de provisión de puestos del Ministerio de Política Territorial que contemplaba la participación de organizaciones sindicales en la comisión de valoración.
En mayo de ese mismo año, el Tribunal Supremo había admitido expresamente esa participación en determinados concursos de provisión de puestos entre funcionarios.
Y el artículo 41 del III Convenio Colectivo de Correos estableció que las organizaciones sindicales presentes en la Comisión de Empleo Central formarían parte de los órganos de selección previstos en aquel convenio.
¿Para qué?
¿Qué necesidad existe de que una organización sindical participe, como tal, en órganos que valoran méritos profesionales y deciden sobre determinados puestos?
¿Acaso no hay funcionarios capacitados para hacerlo?
¿Desde cuándo pertenecer a un sindicato convierte a alguien en persona especialmente cualificada para valorar a los demás?
Y, sobre todo, ¿qué garantías tiene el trabajador independiente de que sus méritos serán considerados sin que su afiliación, sus amistades o sus discrepancias sindicales influyan en las decisiones?
Los sindicatos pueden denunciar irregularidades, exigir transparencia y acudir a los tribunales.
Pero no necesitan formar parte de los órganos que intervienen en la adjudicación de puestos.
Una cosa es vigilar que las reglas se cumplan y otra participar en las decisiones.
Deberíamos acabar con cualquier sistema que permita convertir el empleo en recompensa a la fidelidad sindical.
Porque el trabajador no necesita un padrino.
Necesita que se respeten sus conocimientos, experiencia y méritos.
LOS INMUEBLES DEL ANTIGUO SINDICATO VERTICAL: GRATIS TOTAL
Llegamos a un capítulo extraordinariamente ilustrativo.
El patrimonio inmobiliario.
El antiguo Sindicato Vertical franquista acumuló durante décadas edificios, locales, instalaciones y numerosos bienes destinados a actividades sindicales y sociales.
Cuando desapareció aquella organización, buena parte de ese patrimonio pasó al Estado.
Y aquí comienza una de las grandes paradojas de nuestra democracia.
Organizaciones sindicales que se proclaman históricamente antifranquistas disfrutan actualmente del uso gratuito de inmuebles procedentes, en buena medida, del patrimonio de aquella organización sindical franquista.
No es una exageración.
El propio Ministerio de Trabajo explica que el llamado Patrimonio Sindical Acumulado está formado por inmuebles propiedad de la Administración General del Estado que se ceden gratuitamente a organizaciones sindicales y empresariales.
Gratuitamente.
Es decir, sin pagar un alquiler por su utilización.
La Ley 4/1986 y su reglamento establecieron este régimen de cesiones.
Y ahí continúa.
Según documentación oficial divulgada en septiembre de 2025, el Estado tenía cedidas gratuitamente 434 propiedades inmobiliarias a sindicatos y organizaciones empresariales y profesionales.
Edificios, oficinas y locales que cualquier asociación corriente difícilmente podría disfrutar en condiciones semejantes.
¿Y por qué?
¿Acaso las organizaciones sindicales no pueden alquilar sus sedes con el dinero de sus afiliados?
¿No pueden comprar locales, como hacen millones de ciudadanos y empresas?
¿No pueden financiar sus instalaciones mediante aportaciones voluntarias?
Por supuesto que pueden.
Lo que ocurre es que resulta bastante más cómodo utilizar inmuebles públicos sin pagar alquiler.
Y así llegamos al esperpento: se denuncia al antiguo Sindicato Vertical como símbolo de un régimen autoritario, mientras se aprovecha parte de su herencia inmobiliaria mediante privilegios reconocidos por los gobiernos democráticos.
El Sindicato Vertical desapareció, pero una parte de sus edificios continúa prestando servicios a organizaciones sindicales contemporáneas.
Y lo más importante no es determinar si semejante situación resulta legal.
Ya sabemos que lo es.
Lo verdaderamente importante es preguntarse si debería seguir permitiéndose.
Mi respuesta es que no.
Los inmuebles públicos deben destinarse a fines públicos debidamente justificados o gestionarse en beneficio del conjunto de los contribuyentes.
No tienen por qué convertirse en sedes gratuitas permanentes de asociaciones privadas.
¿Y LAS ANTIGUAS RESIDENCIAS, CENTROS DE DESCANSO Y VACACIONES?
El patrimonio de la antigua organización sindical no se limitaba a oficinas.
Existieron también instalaciones vinculadas a la llamada Obra Sindical de Educación y Descanso, residencias, establecimientos vacacionales, centros recreativos y otros inmuebles destinados a actividades sociales de los trabajadores.
¿Qué ha sucedido con todo ese patrimonio?
¿Quién conserva actualmente su titularidad?
¿Quién utiliza las instalaciones que todavía existen?
¿Se han cedido gratuitamente? ¿Se han vendido? ¿Se han transferido a otras Administraciones? ¿Se explotan comercialmente? ¿Qué ingresos producen y quién los recibe?
Y, especialmente, ¿qué instalaciones de aquella procedencia continúan siendo utilizadas por organizaciones sindicales o entidades vinculadas a ellas?
No debería resultar complicado elaborar y publicar un inventario completo.
Porque si el patrimonio procede de instituciones públicas o terminó integrándose en el patrimonio estatal, los españoles tenemos derecho a conocer su destino.
Y también a saber quién paga los gastos de mantenimiento, las reparaciones, los impuestos y las obras de conservación.
Mientras tanto, algunas de las grandes organizaciones sindicales ofrecen a sus afiliados ventajas comerciales, descuentos vacacionales y servicios de ocio de distinta naturaleza.
Muy bien. Nada impide que una asociación negocie descuentos privados para sus miembros.
Pero cualquier utilización de patrimonio público para sostener actividades recreativas o vacacionales de una organización privada debería estar sometida a una comprobación rigurosa y a una justificación pública detallada.
La cuestión no es solamente cuánto dinero reciben los sindicatos.
También es cuánto dinero dejan de gastar gracias a bienes y servicios que otros ciudadanos pagan de su bolsillo.
Y eso nos conduce al siguiente capítulo.
LA COOPERATIVA PSV: CUANDO UGT DECIDIÓ CONVERTIRSE EN PROMOTORA DE VIVIENDAS
Uno de los mayores escándalos vinculados a la actividad empresarial sindical fue el de la cooperativa de viviendas PSV.
La historia comenzó con un proyecto que parecía extraordinariamente atractivo.
Promover viviendas para trabajadores mediante una cooperativa vinculada a UGT y gestionada a través de sociedades relacionadas con el sindicato.
Miles de familias confiaron sus ahorros al proyecto.
Miles de personas que aspiraban a comprar su primera vivienda.
Trabajadores que buscaban lo que cualquier familia desea: un hogar.
Pero el proyecto terminó en un desastre económico de dimensiones colosales.
En 1993, PSV y su gestora IGS suspendieron pagos y dejaron a numerosos cooperativistas atrapados en una situación angustiosa.
La Audiencia Nacional condenó en 2001 a Carlos Sotos, responsable de la gestora, a dos años y cuatro meses de prisión por apropiación indebida.
Aquella sentencia declaró inicialmente a UGT responsable civil subsidiaria y fijó un límite indemnizatorio de 13.009 millones de pesetas, unos 78 millones de euros.
Posteriormente, en octubre de 2003, el Tribunal Supremo eximió al sindicato de esa responsabilidad civil como consecuencia de los acuerdos de renuncia y compensación suscritos por los perjudicados, aunque confirmó la condena penal de Sotos.
Pero el desastre de PSV no desaparece de la historia por esa resolución.
El propio Tribunal Supremo describió la estrecha identificación existente entre el sindicato y las sociedades que habían protagonizado aquella actividad.
Y permanece una pregunta verdaderamente incómoda.
¿Qué hacía una organización sindical promoviendo semejante negocio inmobiliario?
¿En qué momento defender las condiciones laborales de sus afiliados pasó a incluir la gestión de promociones de viviendas y las operaciones mercantiles de semejante envergadura?
La tragedia de los cooperativistas de PSV debería haber bastado para abrir un debate nacional sobre las actividades empresariales de las organizaciones sindicales y las responsabilidades que pueden generar.
Porque jugar con los ahorros de miles de familias no es una actividad secundaria sin importancia.
Y tampoco puede despacharse todo como una simple anécdota histórica.
LOS CURSOS DE FORMACIÓN: EL NEGOCIO DE ENSEÑAR, AUNQUE ALGUNOS ALUMNOS NO APAREZCAN
Si el caso PSV resulta escandaloso, la historia de los cursos de formación subvencionados merece un capítulo entero.
Durante años, numerosas administraciones públicas distribuyeron cantidades considerables de dinero para financiar actividades formativas destinadas a trabajadores y desempleados.
Entre los beneficiarios y gestores figuraban organizaciones sindicales, asociaciones empresariales, fundaciones y entidades vinculadas.
La finalidad oficial era impecable: mejorar la preparación profesional, facilitar el acceso al empleo y adaptar los conocimientos de los trabajadores a las necesidades de las empresas.
¿Quién puede oponerse a semejantes propósitos?
El problema apareció cuando comenzaron a investigarse cursos que no se habían impartido, alumnos inexistentes, firmas falsificadas, gastos inflados y facturas que no respondían a servicios reales.
En Málaga, una investigación judicial iniciada tras una denuncia de Manos Limpias examinó irregularidades en cursos organizados por la Federación de Servicios Públicos de UGT entre 1997 y 2000.
De casi 600 personas interrogadas, aproximadamente la mitad negó haber participado en los cursos que se les atribuían.
¡La mitad!
También aparecieron firmas que sus supuestos titulares no reconocían.
En Cádiz, la Guardia Civil investigó procedimientos mediante los cuales se engordaban las listas de asistentes, se falsificaban partes de asistencia, se alteraban datos personales y se expedían diplomas a quienes no habían participado en las actividades.
Se llegó a documentar el caso de una persona que recibió nueve diplomas correspondientes a cursos a los que no había asistido.
Y todavía circulan relatos sobre relaciones de alumnos en las que habrían figurado incluso personas fallecidas.
Resulta difícil imaginar un disparate mayor que cobrar por enseñar a quienes ni siquiera pueden acudir a clase porque han muerto.
Ese extremo concreto exige comprobar nombres, fechas y expedientes. Pero la falsificación de firmas y la inclusión de alumnos que nunca asistieron no son simples cuentos de sobremesa: fueron hechos investigados por la Policía y los tribunales.
¿Puede imaginarse semejante situación?
Una Administración concede dinero para formar a trabajadores.
Una organización presenta documentación acreditativa.
Y, cuando comienzan las investigaciones, aparecen personas que niegan haber recibido aquella formación.
¿Dónde terminó el dinero?
¿Quién firmó?
¿Quién comprobó la asistencia?
¿Quién certificó los cursos?
¿Y quién debía vigilar que semejante sistema no se convirtiera en una fábrica de facturas y diplomas?
UGT ANDALUCÍA: MÁS DE CUARENTA MILLONES EN LA CAUSA DE LAS FACTURAS FALSAS
Aquí ya no estamos hablando únicamente de denuncias antiguas.
El 27 de noviembre de 2024, la Audiencia Provincial de Sevilla condenó al antiguo secretario general de UGT Andalucía, Francisco Fernández Sevilla, y a otros antiguos responsables del sindicato por fraude de subvenciones y falsedad documental.
La sentencia examinó el desvío de fondos públicos destinados a cursos de formación entre 2009 y 2013.
La cantidad ascendía a 40,62 millones de euros.
Cuarenta millones largos.
Dinero destinado oficialmente a formar trabajadores y desempleados.
Según la sentencia, se utilizaron procedimientos de facturación y descuentos de proveedores para financiar gastos propios del sindicato con cargo a subvenciones públicas.
Aparecieron facturas por servicios no realizados, gastos ajenos a los cursos y mecanismos contables destinados a desviar recursos.
Y, por si alguien considera que hablamos de un asunto definitivamente olvidado, el 20 de octubre de 2026 el Tribunal Supremo desestimó otro recurso de UGT Andalucía y confirmó la obligación de reintegrar 18.319.183,71 euros, incluidos intereses, por irregularidades en subvenciones para formación.
Una resolución firme.
¿Dónde están ahora las grandes proclamas sobre la defensa del dinero de los trabajadores?
¿Dónde quedan las lecciones de responsabilidad que algunos dirigentes sindicales imparten diariamente a los empresarios?
Porque el dinero de las subvenciones no pertenece al sindicato.
Pertenece a los contribuyentes.
Y estaba destinado a una finalidad concreta.
El episodio debería servir, como mínimo, para cuestionar seriamente que las organizaciones sindicales y empresariales deban gestionar directamente grandes cantidades de dinero público destinadas a formación profesional.
Si los trabajadores necesitan formación, que se establezcan procedimientos transparentes, verificables y verdaderamente orientados a mejorar sus conocimientos.
Pero basta ya de convertir determinadas subvenciones en un mecanismo de sostenimiento indirecto de organizaciones privadas.
EXTREMADURA TAMPOCO QUEDÓ AL MARGEN
No hay que viajar a Andalucía para encontrar investigaciones relacionadas con subvenciones para cursos de formación.
En marzo de 2015, el Gobierno de Extremadura, presidido entonces por José Antonio Monago, denunció posibles irregularidades en la gestión de fondos destinados a formación de trabajadores.
Las sospechas afectaban a organizaciones empresariales y sindicales, entre ellas CREEX, UGT y Comisiones Obreras.
La Fiscalía Anticorrupción impulsó posteriormente investigaciones relacionadas con la justificación de aquellas subvenciones.
En el origen del asunto aparecían supuestas sobrefacturaciones, gastos que no se correspondían con los costes reales y otras irregularidades.
Es decir, nuevamente el dinero destinado a formar trabajadores y nuevamente la necesidad de averiguar qué parte de los fondos había sido empleada realmente para aquello que justificaba su concesión.
No estamos ante un problema que pueda resolverse cambiando de organización beneficiaria.
Estamos ante un sistema de financiación que necesita controles rigurosos y que invita a preguntarse por qué determinadas asociaciones privadas han terminado desempeñando funciones económicas tan alejadas de las cuotas voluntarias de sus afiliados.
LOS ERE DE ANDALUCÍA: CUANDO LA REDUCCIÓN DE PLANTILLAS TAMBIÉN SE CONVIERTE EN NEGOCIO
Y llegamos a uno de los capítulos más graves.
Los expedientes de regulación de empleo, los famosos ERE.
Conviene recordar qué significa un ERE.
Se trata de un procedimiento laboral que puede permitir, en determinadas circunstancias, despidos colectivos y otras medidas de reorganización empresarial.
Es decir, hablamos de decisiones que afectan a los trabajadores en uno de los momentos más delicados de su vida profesional.
Personas que pierden el empleo.
Familias que ven desaparecer su principal fuente de ingresos.
Trabajadores que necesitan indemnizaciones, ayudas o fórmulas para afrontar su situación.
En semejantes circunstancias, uno esperaría que quienes se presentan como sus defensores concentraran sus esfuerzos en conseguir condiciones justas y evitar abusos.
Pero el caso de los ERE fraudulentos de Andalucía mostró una realidad verdaderamente escandalosa.
Durante años, la Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE, mantuvo un sistema irregular de concesión de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis.
El volumen de fondos comprometidos mediante aquel sistema rondó los 680 millones de euros.
No significa que la totalidad de esa cantidad acabara en bolsillos particulares, pero sí que el sistema permitió distribuir ayudas mediante procedimientos que eludían controles y favorecieron numerosas irregularidades.
La Audiencia Provincial de Sevilla dictó en 2019 una sentencia condenatoria contra diversos antiguos altos cargos de la Junta.
El Tribunal Supremo confirmó sustancialmente aquellas condenas en 2022.
Posteriormente, en 2024, el Tribunal Constitucional anuló parcialmente varias condenas y ordenó revisar determinadas resoluciones, lo que dio lugar a nuevas actuaciones judiciales y a una cuestión planteada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Pero junto a la responsabilidad de los gobernantes aparece otra cuestión especialmente relevante para este artículo.
¿Qué papel desempeñaron determinados sindicatos y personas vinculadas a ellos en la gestión de los ERE y de las pólizas de prejubilación?
Porque ahí también hubo investigaciones de extraordinaria importancia.
En 2014, la jueza Mercedes Alaya sostuvo en una exposición razonada que UGT y Comisiones Obreras habían recibido, directa o indirectamente, alrededor de 7,6 millones de euros procedentes de mediadoras vinculadas a los ERE investigados.
Según aquella investigación, determinadas retribuciones correspondían a servicios que la instructora consideraba no prestados de manera efectiva.
También se investigaron sobrecomisiones en las pólizas de prejubilación.
En diciembre de 2021, un juez acordó continuar el procedimiento contra numerosos investigados en una pieza relativa a presuntas sobrecomisiones superiores a 66 millones de euros, en la que UGT y CCOO figuraban como posibles responsables civiles subsidiarios.
Las cifras corresponden a actuaciones judiciales distintas y no deben confundirse con cantidades definitivamente atribuidas por sentencia a los sindicatos.
Pero la pregunta política y económica permanece intacta.
¿Por qué aparecen organizaciones sindicales vinculadas a pagos de intermediarios que participan en expedientes de reducción de plantilla?
¿Por qué semejantes cantidades?
¿Por qué una asociación cuya función declarada consiste en defender a los trabajadores debe recibir dinero de determinadas operaciones vinculadas a sus despidos y prejubilaciones?
¿No existe un conflicto de intereses evidente cuando quien interviene en la negociación laboral puede recibir pagos relacionados con la operación negociada?
Ahí está el verdadero escándalo.
Porque una organización sindical debería preocuparse de que el trabajador despedido reciba lo que legítimamente le corresponde.
No de obtener ingresos por la tramitación de operaciones que afectan a su despido.
EL NEGOCIO DE LOS CONVENIOS, LOS DESPIDOS Y LAS PREJUBILACIONES
El problema no se agota en los ERE de Andalucía.
En las negociaciones de reducción de plantilla pueden intervenir empresarios, representantes de los trabajadores, asesores, abogados, aseguradoras y otras entidades.
Cada uno desempeña una función.
Cada uno puede tener intereses económicos distintos.
Y, por supuesto, las indemnizaciones, las prejubilaciones y los acuerdos alcanzados pueden representar cantidades muy elevadas.
Por eso resulta fundamental conocer quién paga a quién, por qué concepto y a cambio de qué servicios.
El sindicato que negocia en nombre de los trabajadores debe defender los intereses de los trabajadores.
No debería encontrar en el despido de esos mismos trabajadores una fuente opaca de ingresos.
Y tampoco debería intervenir en una operación sin que los afectados conozcan los vínculos económicos que puedan existir entre sus representantes y las entidades participantes.
Cuando una organización puede cobrar por intervenir en la reducción de plantilla, aparece una contradicción que exige explicaciones muy convincentes: ¿le interesa evitar los despidos o participar en su tramitación?
No se trata de dar por culpable a cualquiera que negocie un ERE.
Se trata de impedir que la representación de los trabajadores termine convirtiéndose en un negocio en el que los representados sean los últimos en enterarse de quién cobra y cuánto cobra.
EL SINDICALISMO SUBVENCIONADO Y LA HUELGA COMO INSTRUMENTO POLÍTICO
Mientras tanto, los sindicatos continúan presentándose como organizaciones independientes del poder.
Pero ¿qué independencia puede presumirse cuando reciben subvenciones, participan en organismos públicos, ocupan gratuitamente inmuebles estatales e intervienen en distintas actividades financiadas por las Administraciones?
El 11 de noviembre de 2026 España vivió una huelga general convocada en vísperas de las elecciones generales del día 29.
Sus reivindicaciones oficiales incluían problemas reales, como los salarios y el acceso a la vivienda.
Pero semejante coincidencia temporal también permite preguntarse por su finalidad política.
¿Se estaba protestando contra las actuaciones del Gobierno que llevaba años dirigiendo el país o se pretendía condicionar también las decisiones de quienes pudieran gobernar después?
Y, sobre todo, ¿por qué ha de sufrir las consecuencias de una huelga el trabajador que no desea participar?
El derecho a hacer huelga no incluye el derecho a impedir que otros trabajen.
Ni el derecho a amenazar.
Ni el derecho a destruir propiedades.
Ni el derecho a obligar a empresarios o empleados a secundar reivindicaciones que rechazan.
Las actuaciones intimidatorias no se convierten en legítimas por ejecutarse bajo una bandera sindical.
Y la violencia no comienza necesariamente cuando aparece la primera agresión física.
Las amenazas, las coacciones, las represalias y los vetos discriminatorios también pueden utilizarse para doblegar la voluntad ajena.
A LOS SINDICATOS VIOLENTOS, LA MISMA EXIGENCIA QUE A LOS PARTIDOS POLÍTICOS
La Ley Orgánica de Partidos Políticos contempla la ilegalización y disolución judicial de organizaciones que incurran en determinados comportamientos graves y reiterados contrarios a los principios democráticos.
¿Por qué no establecer un régimen igualmente riguroso para los sindicatos?
Si una organización sindical convierte la violencia, las amenazas o la coacción en procedimientos habituales de actuación, debe poder ser disuelta judicialmente cuando se acredite su responsabilidad.
Si sus dirigentes promueven represalias contra trabajadores, deben responder por ellas.
Si se utilizan mecanismos discriminatorios para impedir el acceso al empleo, deben perseguirse.
Y si se emplean fondos públicos fraudulentamente, deben exigirse las correspondientes responsabilidades penales y patrimoniales.
Ninguna organización privada debería disfrutar de impunidad por el hecho de declarar que sus actividades sirven a una causa noble.
La libertad sindical merece respeto.
La intimidación no.
¿QUÉ REFORMAS NECESITA ESPAÑA?
La primera debería ser acabar con las subvenciones ordinarias destinadas a sostener partidos políticos, sindicatos y asociaciones empresariales.
Que cada organización se mantenga con las cuotas y aportaciones voluntarias de quienes confían en ella.
La segunda, revisar las cesiones gratuitas del patrimonio inmobiliario estatal.
Los edificios públicos no deberían convertirse en una fuente permanente de ventajas económicas para determinadas asociaciones privadas.
La tercera, separar por completo la representación sindical de cualquier poder de contratación, veto o adjudicación de puestos públicos.
Los candidatos deben ser seleccionados por sus conocimientos, experiencia, capacidad y méritos.
La cuarta, someter a un control riguroso cualquier actividad empresarial desarrollada por organizaciones sindicales o sus entidades vinculadas, especialmente cuando se gestionen fondos ajenos o subvenciones.
La quinta, impedir que la negociación de ERE y prejubilaciones se convierta en una fuente de comisiones opacas para quienes representan a los trabajadores.
La sexta, garantizar que nadie pueda ser perjudicado por no afiliarse a un sindicato, no secundar una huelga o mantener opiniones contrarias a las de sus dirigentes.
Y la séptima, establecer consecuencias suficientemente graves para las organizaciones que conviertan la intimidación o la violencia en procedimientos habituales.
No necesitamos sustituir unos privilegios por otros.
Necesitamos acabar con los privilegios.
EPÍLOGO. DEL SINDICATO VERTICAL AL SINDICALISMO SUBVENCIONADO: ¿QUÉ HA CAMBIADO REALMENTE?
Resulta paradójico contemplar cómo algunas organizaciones sindicales que se proclaman herederas de la lucha contra el franquismo disfrutan gratuitamente de edificios procedentes de la antigua organización sindical franquista.
Y no menos paradójico resulta comprobar cómo asociaciones que dicen combatir los abusos empresariales han participado en actividades inmobiliarias, gestionado grandes cantidades de subvenciones y aparecido vinculadas a investigaciones por pagos derivados de operaciones de reducción de plantilla.
El viejo Sindicato Vertical desapareció.
Pero la tentación de construir organizaciones privilegiadas, vinculadas al poder político y capaces de condicionar las relaciones laborales, continúa presente.
La diferencia esencial es que ahora existen numerosos sindicatos, partidos y asociaciones que compiten entre sí, pero algunos de los privilegios económicos e institucionales se mantienen.
Y los contribuyentes siguen pagando.
Pagan subvenciones.
Ponen a disposición inmuebles públicos.
Financian programas de formación.
Sostienen organismos de participación institucional.
Y contemplan cómo determinadas organizaciones pretenden hablar en su nombre aunque jamás hayan solicitado semejante representación.
Basta ya.
Los sindicatos deben poder existir, asociarse libremente y defender a sus afiliados. Pero deben vivir de quienes voluntariamente quieran mantenerlos.
No deberían disfrutar de privilegios públicos permanentes.
No deberían participar como organizaciones en la selección de empleados públicos.
No deberían tener capacidad para decidir quién consigue trabajo.
No deberían convertir las subvenciones para formación en una fuente de financiación de sus estructuras.
No deberían obtener ventajas económicas opacas por intervenir en operaciones de despido o prejubilación.
Y, desde luego, no deberían utilizar la intimidación ni la violencia para imponer su voluntad.
El trabajador no pertenece al sindicato.
El empresario tampoco.
Los edificios estatales no son propiedad de sus dirigentes.
Y los impuestos no constituyen una caja de la que cualquier organización pueda disponer alegando que representa al interés general.
Si los sindicatos son tan necesarios, tan útiles y tan apreciados por los trabajadores, que sean sus propios afiliados quienes los mantengan.
Que demuestren su utilidad prestando buenos servicios.
Que convenzan en lugar de imponer.
Que rindan cuentas en lugar de exigir privilegios.
Que defiendan la libertad sindical comenzando por respetar la libertad de quienes no quieren afiliarse.
Y que comprendan, de una puñetera vez, que defender a los trabajadores no otorga derecho alguno a vivir a costa de los demás.
Porque una cosa es predicar y otra dar trigo.
Y, después de tantas décadas de discursos, subvenciones, privilegios y escándalos, ha llegado el momento de preguntarles a nuestros dirigentes sindicales algo mucho más importante que cuántas pancartas son capaces de desplegar:
¿QUÉ SERVICIOS PRESTÁIS REALMENTE A QUIENES OS MANTIENEN, QUÉ PRIVILEGIOS DISFRUTÁIS Y QUÉ RESPONSABILIDADES ESTÁIS DISPUESTOS A ASUMIR?
La respuesta no debería consistir en otro discurso.
Debería consistir en rendir cuentas.
Documentación principal
Patrimonio sindical: Ley 4/1986; Real Decreto 1671/1986; Ministerio de Trabajo, información oficial sobre el Patrimonio Sindical Acumulado.
Cooperativa PSV: sentencias de la Audiencia Nacional de 2001 y del Tribunal Supremo de 9 de octubre de 2003.
Cursos de formación: investigación sobre la Federación de Servicios Públicos de UGT en Málaga; sentencia de la Audiencia de Sevilla de 27 de noviembre de 2024; resolución del Tribunal Supremo de octubre de 2026 sobre reintegro de subvenciones a UGT Andalucía.
ERE de Andalucía: sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla de 2019; resolución del Tribunal Supremo de 2022; resoluciones del Tribunal Constitucional de 2024; informes de la Guardia Civil y actuaciones judiciales sobre sobrecomisiones e intermediación en pólizas.
Selección de personal: Estatuto Básico del Empleado Público; sentencia del Tribunal Supremo 544/2025; convocatoria de provisión de puestos del Ministerio de Política Territorial de julio de 2025; III Convenio Colectivo de Correos.
