Las nuevas promesas del PP, el debate televisivo de Abascal, el recuerdo de Rajoy y la vieja tomadura de pelo del mal menor.

CARLOS AURELIO CALDITO AUNIÓN

RESUMEN PARA LECTORES CON PRISAS Y FANÁTICOS REPETIDORES DE ESLÓGANES

¡SEÑORES FEIJÓO Y ABASCAL! ¡MENOS PALABRERÍA Y MÁS COMPROMISOS!

CARLOS AURELIO CALDITO AUNIÓN

Después de escuchar a Santiago Abascal discutir con David Broncano y conocer el flamante programa electoral de Alberto Núñez Feijóo, titulado nada menos que La Reconstrucción Nacional, sigo haciéndome la misma pregunta:

¿PARA QUÉ DEMONIOS QUIEREN NUESTROS VOTOS?

Ya sabemos que desean echar a Pedro Sánchez de la Moncloa. ¡Faltaría más!

Lo que seguimos sin saber con suficiente claridad es qué harán cuando ocupen su despacho, dispongan de nuestros impuestos y comiencen a repartirse los ministerios.

Feijóo promete menos ministerios, menos burocracia, una tarjeta sanitaria común, una prestación social unificada, auditorías del gasto público y una España reconstruida en cuatro años.

¡Maravilloso!

Pero conviene recordar que Mariano Rajoy consiguió 186 diputados en 2011, disfrutó de mayoría absoluta, subió impuestos que había prometido no subir y dejó sin realizar numerosas reformas que sus electores esperaban.

¿Y ahora debemos creer que Rajoy II, perdón, Feijóo, hará lo que su antecesor no hizo?

¿Esta vez sí?

¿De verdad?

Por su parte, Abascal lleva años denunciando el Estado autonómico, defendiendo determinadas reformas legales y proclamando principios que considera fundamentales.

Estupendo.

Pero si necesita pactar con Feijóo, defensor del sistema autonómico y de la continuidad de buena parte de la legislación vigente, ¿qué ocurrirá?

¿Renunciará a sus principios?

¿Los aplazará indefinidamente?

¿Se conformará con cuatro retoques y un par de ministerios?

¿O exigirá compromisos concretos antes de facilitar la investidura?

Porque una cosa es negociar ante la falta de mayoría parlamentaria y otra utilizar los principios como reclamo electoral para abandonarlos cuando aparece la oportunidad de gobernar.

Y mientras tanto España continúa soportando una Administración descomunal, una legislación asfixiante, privilegios políticos, impuestos elevados y unos pasivos financieros públicos que superaban los 2,3 billones de euros en el segundo trimestre de 2026.

Pero nuestros aspirantes a gobernantes siguen prometiendo mejoras, nuevas prestaciones, prosperidad y felicidad para todos.

¿Con qué dinero?

Con el nuestro, naturalmente.

Y con el que tendrán que pagar nuestros hijos y nietos.

¡Así también sé yo hacer promesas!

Por eso insisto en algo elemental.

Feijóo y Abascal deberían explicar ANTES de las elecciones qué leyes derogarán, qué organismos suprimirán, qué impuestos reducirán, cuánto dinero ahorrarán, qué reformas consideran irrenunciables y qué acuerdos están dispuestos a alcanzar.

Por escrito.

Con cifras.

Con fechas.

Y aceptando responsabilidades políticas por los incumplimientos deliberados.

No después de las elecciones, cuando comiencen las negociaciones sobre sillones, cargos, competencias y presupuestos.

ANTES.

Y ahora unas palabras para los entusiastas del voto útil, los devotos del mal menor y los repetidores profesionales de consignas partidistas.

Que Sánchez sea un mal gobernante no convierte automáticamente a Feijóo en uno bueno.

Que Abascal critique acertadamente determinados problemas no garantiza que vaya a resolverlos.

Que un partido se proclame de derechas no significa que vaya a gobernar conforme a los principios que dice defender.

Y que un dirigente agite una bandera española no demuestra que esté dispuesto a renunciar a sus privilegios por el bien de España.

EL ANTISANCHISMO NO ES UN PROGRAMA ELECTORAL.

EL VOTO ÚTIL NO CONVIERTE LAS MENTIRAS EN VERDADES.

EL MAL MENOR NO JUSTIFICA CUALQUIER RENUNCIA.

Y LA LEALTAD A UN PARTIDO NO DEBE ESTAR POR ENCIMA DE LA DECENCIA.

Por cierto, los electores tampoco podemos lavarnos las manos.

Si seguimos votando una y otra vez a quienes incumplen reiteradamente sus promesas, si disculpamos las mentiras de nuestros preferidos mientras condenamos las de sus adversarios, y si aceptamos que nuestros principios desaparezcan a cambio de una victoria electoral, también tendremos nuestra parte de responsabilidad en los gobiernos que padezcamos.

Porque los gobernantes no llegan al poder por generación espontánea.

Los elegimos nosotros.

Y después nos sorprendemos de que nos engañen.

¡Qué cosas!

Termino con una advertencia que deberían comprender hasta los más fanáticos seguidores de cualquier partido:

NO QUEREMOS CAMBIAR DE AMOS. QUEREMOS DEJAR DE TENERLOS.

No necesitamos nuevos ocupantes para los viejos despachos.

Necesitamos gobernantes que respeten nuestras libertades, administren con honradez nuestro dinero, limiten su propio poder, cumplan su palabra y respondan por sus actos.

Así que, señores Feijóo y Abascal, menos discursos, menos consignas, menos fotografías sonrientes y menos promesas de salvación nacional.

¡DÍGANNOS QUÉ VAN A HACER, QUÉ NO VAN A HACER Y QUÉ ESTÁN DISPUESTOS A SACRIFICAR PARA CONSEGUIR EL PODER!

Y a quienes pretenden convencernos de que debemos votar con la nariz tapada, una última consideración:

Si cada cuatro años tenemos que elegir al mal menor y cada cuatro años terminamos soportando males mayores, quizá haya llegado el momento de dejar de comportarnos como una colección de ingenuos incorregibles.

PRIMERO, LOS PRINCIPIOS. DESPUÉS, LOS COMPROMISOS. Y SOLO ENTONCES, EL VOTO.

¡QUE YA ESTÁ BIEN DE TOMARNOS EL PELO!

Para profundizar, saber más, sigue leyendo.

Ayer, lunes 9 de noviembre, Santiago Abascal compareció en el programa televisivo de David Broncano, La Revuelta. Aquello terminó pareciéndose bastante más a un debate político que a una entrevista. Durante más de hora y media se habló de inmigración, vivienda, leyes sobre violencia contra las mujeres, relaciones internacionales y otros asuntos que preocupan a los españoles.

Hoy, martes 10 de noviembre, Alberto Núñez Feijóo ha presentado solemnemente el programa electoral del Partido Popular para las elecciones generales del próximo día 29. Su título, La Reconstrucción Nacional, anuncia nada menos que la reparación de una España que, según el candidato popular, ha sufrido un gravísimo deterioro durante los gobiernos de Pedro Sánchez.

Y yo, después de escuchar unas cosas, leer otras y recordar lo sucedido durante las últimas décadas, vuelvo a formular exactamente la misma pregunta que planteaba ayer.

¿PARA QUÉ DEMONIOS QUIEREN NUESTROS VOTOS LOS SEÑORES FEIJÓO Y ABASCAL?

No pregunto para qué quieren desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Eso está suficientemente claro.

Tampoco pregunto para qué quieren ganar las elecciones, conseguir diputados, ocupar ministerios, disponer de presupuestos y ejercer las extraordinarias facultades que proporciona el poder político.

Pregunto algo bastante más importante.

¿Para qué quieren gobernar España? ¿Qué pretenden cambiar? ¿Qué están dispuestos a conservar? ¿Qué principios defenderán aunque les cueste el Gobierno? ¿Y qué consecuencias aceptarán cuando incumplan lo prometido?

Porque los españoles llevamos demasiado tiempo escuchando promesas de regeneración, reformas históricas y transformaciones extraordinarias para descubrir, legislatura tras legislatura, que los nuevos gobernantes acaban encontrando poderosísimas razones para conservar buena parte de aquello que denunciaban desde la oposición.

Y, naturalmente, siempre aparece la correspondiente explicación.

La herencia recibida.

Las circunstancias sobrevenidas.

La situación internacional.

Las exigencias de Bruselas.

Los socios parlamentarios.

Los mercados.

La responsabilidad.

El sentido de Estado.

¡Qué magnífico repertorio de excusas!

La experiencia demuestra que algunas dificultades son reales y que los gobiernos no pueden hacer cuanto desean. Pero también demuestra que determinadas promesas electorales tienen una sorprendente facilidad para desaparecer una vez conocidos los resultados de las urnas.

Por eso me parece oportuno examinar las últimas novedades con algo más de atención.

FEIJÓO ANUNCIA LA RECONSTRUCCIÓN NACIONAL. ¿OTRA VEZ?

El señor Feijóo acaba de anunciar un programa de reconstrucción nacional.

Nada menos.

Promete reducir el número de ministerios, unificar determinadas prestaciones sociales, establecer una tarjeta sanitaria común, acabar con autorizaciones administrativas duplicadas, combatir la ocupación ilegal de viviendas, endurecer las condiciones de acceso a la nacionalidad española y efectuar una auditoría general del gasto público durante sus primeros cien días de gobierno.

También promete presentar puntualmente los presupuestos generales del Estado, respetar las instituciones, combatir la corrupción y recuperar el prestigio de España.

Algunas de esas medidas resultan razonables y merecen ser examinadas seriamente.

Pero una cosa es reconocer el interés de determinadas propuestas y otra muy distinta conceder automáticamente credibilidad a quienes las anuncian.

Porque tengo una pregunta bastante sencilla.

¿QUÉ HA IMPEDIDO AL PARTIDO POPULAR HACER DURANTE SUS ANTERIORES GOBIERNOS BUENA PARTE DE LO QUE AHORA PROMETE?

No estamos hablando de una organización recién fundada.

El Partido Popular ha gobernado España con José María Aznar y Mariano Rajoy. Ha dispuesto de mayorías absolutas. Ha dirigido numerosas comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos.

Ha tenido tiempo, oportunidades, recursos y poder suficiente para emprender reformas profundas.

Y, sin embargo, numerosos problemas que hoy denuncia formaban ya parte de la realidad española cuando sus dirigentes ocupaban el Gobierno.

No basta con atribuirlo todo a Pedro Sánchez.

Los gobiernos socialistas tienen sus responsabilidades.

Los populares, también.

Y la responsabilidad no desaparece simplemente porque hayan transcurrido unos cuantos años o porque ahora encabece el partido un dirigente distinto.

Feijóo asegura que España necesita menos ministerios.

De acuerdo.

¿Cuántos exactamente?

¿Cuáles desaparecerán?

¿Qué organismos dependientes de ellos serán suprimidos?

¿Cuántas direcciones generales, secretarías de Estado, asesores, altos cargos, fundaciones, sociedades y entidades públicas dejarán de existir?

¿Y cuánto dinero se ahorrará realmente?

Porque reducir el número de ministerios sin reducir las estructuras administrativas que los integran puede acabar siendo una mera operación de cambio de rótulos.

Se quita una placa de una fachada, se coloca otra y los contribuyentes seguimos pagando prácticamente lo mismo.

Eso sí, con la satisfacción de haber asistido a una reforma histórica.

¡Menuda reconstrucción!

Y todavía hay otra cuestión.

El señor Feijóo promete auditar el gasto público durante los primeros cien días.

Magnífico.

Pero ¿por qué limitarse a prometer una auditoría futura cuando ya existen numerosos informes sobre duplicidades administrativas, organismos públicos, subvenciones, gastos superfluos y excesos legislativos?

¿No debería conocer de antemano una parte sustancial de los problemas que pretende resolver?

No se presenta a unas elecciones para descubrir qué ocurre después de ganarlas.

Se presenta, al menos eso debería suponerse, porque conoce los problemas y tiene soluciones concretas.

Una auditoría puede servir para comprobar, ampliar y precisar diagnósticos.

No debería convertirse en la coartada para aplazar indefinidamente las decisiones.

UN PROGRAMA CON SORPRESAS RESERVADAS PARA DESPUÉS

Hay un detalle del programa presentado hoy que considero especialmente revelador.

El documento del PP contiene siete propuestas cuyo contenido completo se ha reservado para anuncios posteriores de campaña.

¡Asombroso!

Feijóo presenta su programa electoral como un compromiso con los españoles, pide que lo conservemos para comprobar su cumplimiento y, al mismo tiempo, no revela todavía íntegramente algunas de las medidas anunciadas.

¿No habíamos quedado en que los electores debemos saber exactamente qué nos ofrecen?

Entre las cuestiones que requieren mayor concreción se encuentra la llamada renta de activación, destinada a reunir el ingreso mínimo vital y diversos subsidios asistenciales.

Se nos dice que trabajar deberá compensar más que permanecer sin empleo.

Una finalidad perfectamente defendible.

Pero necesitamos saber cómo se financiará, qué prestaciones desaparecerán, qué requisitos se establecerán, cómo se evitarán los abusos y qué papel desempeñarán las comunidades autónomas.

Porque juntar varias ayudas bajo una denominación común no significa necesariamente reducir el gasto, simplificar la Administración o eliminar los incentivos perversos.

Lo mismo sucede con la tarjeta sanitaria común.

¿Una tarjeta única para diecisiete administraciones sanitarias que conservarán sus competencias, sus sistemas de contratación, sus plantillas, sus procedimientos y sus presupuestos?

¿Eso constituye una transformación profunda del Estado o una mejora administrativa?

Puede ser una mejora útil, desde luego.

Pero no confundamos ambas cosas.

Y, sobre todo, no presentemos como una reconstrucción nacional lo que puede quedarse en una colección de reformas parciales.

EL FANTASMA DE MARIANO RAJOY SIGUE ENTRE NOSOTROS

Llegados a este punto, considero imprescindible recordar algo que demasiados dirigentes populares preferirían que olvidáramos.

En noviembre de 2011 Mariano Rajoy consiguió una mayoría absoluta de 186 diputados.

¡Ciento ochenta y seis!

No dependía de VOX, que todavía no había concurrido a unas elecciones generales. No necesitaba negociar una coalición con otra fuerza política para alcanzar la presidencia.

Disponía de una mayoría parlamentaria extraordinariamente amplia.

¿Y qué sucedió?

Entre otras cosas, el Gobierno de Rajoy aumentó el IRPF después de haber asegurado que no pretendía subir los impuestos.

Y en 2012 elevó el tipo general del IVA del 18 al 21 por ciento.

No son opiniones.

Son decisiones históricas perfectamente documentadas.

Rajoy alegó que las circunstancias económicas le habían obligado a actuar contra lo anunciado.

Y no niego que España atravesara entonces una crisis económica gravísima.

Lo que discuto es que semejante explicación deba convertirse en una autorización permanente para prometer cualquier cosa durante la campaña electoral.

Porque si el programa puede incumplirse siempre que aparezcan dificultades, ¿para qué sirve exactamente?

Y si las dificultades previsibles no han sido contempladas antes de presentarlo, ¿qué clase de preparación acredita quien pretende gobernar?

Tampoco debemos olvidar la aplicación del artículo 155 de la Constitución durante la crisis separatista catalana de 2017.

Rajoy destituyó al Gobierno autonómico, disolvió el Parlamento de Cataluña y convocó elecciones autonómicas para diciembre de aquel año.

Esas decisiones tuvieron consecuencias políticas y jurídicas importantes. Pero no resolvieron definitivamente el problema separatista ni impidieron que sus protagonistas recuperaran posteriormente una parte sustancial de su influencia política.

La cuestión es si el Partido Popular ha aprendido algo de aquella experiencia.

Porque no me interesa escuchar nuevamente que ahora sí tendremos un Gobierno serio, moderado, responsable y eficaz.

Eso mismo se nos aseguró anteriormente.

¿QUÉ GARANTÍAS OFRECE FEIJÓO DE QUE NO ACABAREMOS PADECIENDO A RAJOY II?

Y no me refiero a la semejanza física, al estilo personal o a los modales parlamentarios.

Me refiero a la posibilidad de que se anuncien grandes reformas para terminar administrando, con ligeras modificaciones, el mismo edificio político que se prometía transformar.

ABASCAL Y BRONCANO: MUCHO DEBATE, PERO QUEDAN LAS PREGUNTAS FUNDAMENTALES

La comparecencia televisiva de Santiago Abascal merece también algunas consideraciones.

David Broncano planteó al candidato de VOX cuestiones que suscitan profundas discrepancias en la sociedad española.

Abascal defendió sus posiciones y discutió con el presentador sobre inmigración, vivienda, legislación relativa a la violencia contra las mujeres y otras materias.

El enfrentamiento resultó, por momentos, bastante más político que televisivo.

Cada cual podrá juzgar quién argumentó mejor.

Personalmente, considero que sería mucho más provechoso que los medios públicos organizaran debates rigurosos entre los principales candidatos, con igualdad de condiciones y tiempo suficiente para exponer propuestas concretas.

Pero lo verdaderamente importante no es si Abascal salió airoso de las preguntas de Broncano.

Ni si el presentador consiguió incomodarlo.

Ni si ambos intercambiaron ironías.

Ni siquiera si alguno de los dos convenció a los espectadores.

Lo verdaderamente importante es qué hará Abascal si VOX obtiene los diputados necesarios para facilitar un Gobierno de Feijóo.

Porque entonces llegará la hora de la verdad.

Y las preguntas serán bastante más difíciles de contestar que las de cualquier presentador de televisión.

Señor Abascal: ¿qué hará usted con el Estado autonómico?

VOX lleva años defendiendo una profunda transformación de la organización territorial española.

Su crítica al sistema autonómico constituye una de sus principales señas de identidad.

Por su parte, Feijóo ha presidido durante años la Junta de Galicia y defiende la continuidad de ese sistema.

No estamos ante una discrepancia secundaria.

Estamos ante dos concepciones diferentes del Estado.

Por tanto, si ambos dirigentes alcanzan un acuerdo de gobierno, ¿qué sucederá?

¿Aceptará Abascal la continuidad del sistema autonómico como precio para participar en el Ejecutivo?

¿Exigirá recuperar determinadas competencias estatales?

¿Se conformará con limitar algunas duplicidades?

¿O terminará declarando que la reforma territorial, después de tantos años denunciando los males del sistema, tendrá que esperar a una ocasión más favorable?

No afirmo que todo compromiso parcial constituya una traición.

Lo que afirmo es que los electores tienen derecho a conocer anticipadamente qué compromisos son negociables y cuáles no.

Y esa exigencia resulta todavía más importante cuando hablamos de principios proclamados durante años como fundamentales.

¿Y QUÉ OCURRE CON EL ABORTO, LA EUTANASIA Y LAS LEYES QUE SE PROMETÍA DEROGAR?

Hay asuntos que no admiten ser despachados mediante cuatro frases ambiguas.

VOX se ha presentado reiteradamente como defensor de la vida humana desde su concepción.

El PP, mientras tanto, ha terminado aceptando en lo esencial el sistema legal de plazos sobre el aborto.

El programa presentado hoy por Feijóo incorpora ayudas vinculadas al concebido no nacido, pero no establece expresamente una derogación de la legislación vigente sobre el aborto.

¿Estamos hablando de transformar profundamente las leyes o de introducir algunas ayudas complementarias?

Son dos cosas diferentes.

Con la eutanasia sucede algo semejante.

Feijóo anuncia una ley nacional de cuidados paliativos, una iniciativa que merece examinarse por su importancia para quienes sufren enfermedades graves.

Pero una ley de cuidados paliativos no resuelve por sí sola la discusión sobre la continuidad o derogación de la legislación vigente sobre la eutanasia.

Conviene aclararlo.

Lo mismo cabe preguntar respecto a la legislación sobre memoria histórica y democrática, determinadas leyes relativas a las relaciones entre hombres y mujeres, el sistema educativo o las disposiciones que condicionan la libertad de expresión.

¿Cuáles serán derogadas?

¿Cuáles modificadas?

¿Cuáles continuarán vigentes?

Y, sobre todo, ¿qué sucederá cuando Feijóo y Abascal defiendan posiciones incompatibles?

Porque no basta con repetir solemnemente que ambos quieren poner fin al Gobierno de Sánchez.

EL ANTISANCHISMO NO ES UN PROGRAMA DE GOBIERNO.

Es una posición política frente a un gobernante.

Nada más.

Para gobernar hace falta explicar qué modelo de Estado, sociedad, economía y convivencia se pretende establecer.

Y reconocer qué diferencias existen entre quienes desean formar un Gobierno conjunto.

ESPAÑA NECESITA ALGO MÁS QUE CAMBIAR LOS NOMBRES DE LOS MINISTROS

Hay otra cuestión que considero decisiva.

Durante más de veinte años, los gobiernos de Rodríguez Zapatero, Rajoy y Sánchez han contribuido a multiplicar las normas, los organismos y las obligaciones administrativas.

El Instituto Juan de Mariana y CEU-CEFAS han presentado recientemente un estudio sobre 598 normas con rango de ley aprobadas entre 2004 y 2025.

Sus autores consideran que 453, aproximadamente el 76 por ciento, deberían derogarse, simplificarse o reformarse profundamente.

No se trata de afirmar que esas leyes sean ilegales. Es una valoración de los investigadores sobre su necesidad, utilidad y consecuencias.

Pero el estudio proporciona abundante materia para una discusión que rara vez ocupa el centro de las campañas electorales.

¿Hasta dónde debe llegar el poder político?

¿Qué actividades deberían dejar de estar sometidas a autorizaciones innecesarias?

¿Qué administraciones podrían simplificarse?

¿Qué organismos han dejado de justificar su existencia?

¿Qué subvenciones deberían desaparecer?

¿Cuántas leyes se aprobaron para resolver problemas que ellas mismas contribuyeron después a agravar?

Y aquí conviene recordar algo que los partidos políticos parecen olvidar con extraordinaria facilidad.

EL DINERO PÚBLICO NO ES DINERO DE LOS POLÍTICOS.

Lo obtienen de los ciudadanos mediante impuestos y cotizaciones, o recurriendo al endeudamiento que habrá que atender posteriormente.

Los pasivos financieros totales de las administraciones públicas españolas alcanzaron los 2.309.015 millones de euros en el segundo trimestre de 2026, según la magnitud contable utilizada en las estadísticas correspondientes.

Más de 2,3 billones de euros.

No debemos confundir esa cifra con la deuda consolidada calculada según el procedimiento europeo de déficit excesivo, pero tampoco debemos ignorarla.

Porque detrás de las magnitudes contables existen obligaciones, intereses, refinanciaciones y recursos que dejarán de estar disponibles para otras necesidades.

Y entretanto los partidos continúan prometiendo nuevas ayudas, nuevas prestaciones, nuevas inversiones, nuevas infraestructuras y nuevas ventajas para prácticamente todos.

El PP promete reconstruir España.

VOX promete recuperar España.

El PSOE asegura defender España de quienes pretenden destruir sus conquistas sociales.

¡Qué extraordinaria unanimidad en el propósito de salvarnos!

La dificultad aparece cuando preguntamos cuánto cuesta semejante salvación y quién tendrá que pagarla.

Feijóo y Abascal deberían presentar cifras concretas.

No declaraciones de intenciones.

No promesas de combatir el despilfarro.

No compromisos genéricos de mejorar la eficacia administrativa.

CIFRAS. ORGANISMOS. LEYES. PLAZOS. RESPONSABLES.

¿Qué van a suprimir?

¿Cuánto pretenden ahorrar?

¿Qué impuestos reducirán?

¿Qué gastos conservarán?

¿Cómo abordarán la financiación de las pensiones?

¿Qué reformas impulsarán para impedir que el endeudamiento siga aumentando?

Y, muy especialmente, ¿qué privilegios políticos están dispuestos a eliminar aunque perjudique a sus propios partidos?

Porque cualquier gobernante acepta con entusiasmo reducir los privilegios de sus adversarios.

Lo verdaderamente difícil es comenzar por los propios.

FEIJÓO PROMETE QUE PODREMOS EXAMINARLO DENTRO DE CUATRO AÑOS

Una de las afirmaciones más interesantes de Feijóo durante la presentación de su programa ha sido su compromiso de aceptar que los electores lo juzguen al finalizar la legislatura.

¡Por fin!

Un candidato reconoce que los gobernantes deben responder por sus compromisos.

Pero tengo que hacerle una observación.

SEÑOR FEIJÓO: LOS ELECTORES YA PODÍAMOS JUZGAR A LOS GOBERNANTES CADA CUATRO AÑOS.

Eso no constituye ninguna novedad.

Se llama celebrar elecciones.

Lo que necesitamos es que los compromisos electorales dejen de ser una colección de buenas intenciones cuyo incumplimiento se disculpa automáticamente por razones de oportunidad.

Y que los gobernantes respondan también por los actos cometidos durante sus mandatos, cuando estos constituyan infracciones administrativas, ilícitos contables o delitos.

La responsabilidad política y la responsabilidad jurídica son cosas diferentes, pero ambas son indispensables.

No estoy proponiendo encarcelar a un gobernante porque una previsión económica resulte equivocada.

Tampoco pretendo convertir cada discrepancia parlamentaria en una causa judicial.

Estoy reclamando algo mucho más elemental.

Que quien solicita nuestros votos asuma compromisos públicos, precisos y comprobables.

Que explique sus incumplimientos.

Que acepte consecuencias políticas por las renuncias deliberadas a sus compromisos fundamentales.

Y que, cuando existan negligencias graves, malversaciones, irregularidades administrativas o conductas delictivas, se investiguen y exijan las responsabilidades correspondientes.

Porque gobernar no debería proporcionar una patente de irresponsabilidad.

EL MAL MENOR: UNA EXTRAORDINARIA TOMADURA DE PELO

Llegamos nuevamente al problema fundamental.

En cuanto un ciudadano manifiesta dudas sobre Feijóo o Abascal, aparece el correspondiente especialista en advertirle de los peligros de no votar al mal menor.

Que si Pedro Sánchez.

Que si los socialistas.

Que si los separatistas.

Que si los comunistas.

Que si la continuidad del actual Gobierno sería una catástrofe.

Perfectamente.

Cada ciudadano tiene derecho a considerar que la permanencia de Sánchez en la Moncloa representa un perjuicio para España.

Pero esa opinión no obliga a conceder un cheque en blanco a quienes pretenden sustituirlo.

Ni convierte automáticamente en virtuosos a todos sus adversarios.

Ni garantiza que un nuevo Gobierno modifique las estructuras políticas y administrativas responsables de los males que denuncia.

Y mucho menos justifica que los electores debamos renunciar anticipadamente a nuestros principios para facilitar un reparto de ministerios.

La expresión votar con la nariz tapada resume admirablemente semejante despropósito.

Reconocemos que algo huele mal.

Admitimos que el candidato no nos inspira confianza.

Recordamos anteriores incumplimientos.

Desconfiamos de sus promesas.

Sospechamos que determinados principios serán abandonados.

Pero terminamos votándolo porque nos aseguran que el adversario huele todavía peor.

Y encima pretenden que nos sintamos moralmente superiores por semejante demostración de responsabilidad.

¡Conmovedor!

Pues no.

El voto es un derecho.

No una obligación de resignarse.

Y tampoco constituye una propiedad de los partidos políticos que éstos puedan reclamar cada cuatro años alegando que las demás opciones son peores.

Por supuesto, cada ciudadano debe valorar las consecuencias de su decisión. Una abstención, un voto en blanco o un voto a una candidatura minoritaria no producen necesariamente los mismos efectos.

Pero ninguna consideración electoral convierte la fidelidad a las propias convicciones en un defecto moral.

Ni obliga a aceptar indefinidamente el engaño como precio inevitable de la política.

Y LOS ELECTORES, ¿NO TENEMOS NINGUNA RESPONSABILIDAD?

Sería demasiado sencillo atribuir todos nuestros males a los dirigentes políticos.

Los gobernantes no aparecen por generación espontánea.

Llegan al poder gracias a los votos de los ciudadanos.

Y aunque las responsabilidades de quienes gobiernan son muy superiores a las de quienes los eligen, tampoco podemos fingir que nuestra conducta carece de consecuencias.

Si un partido incumple reiteradamente sus compromisos y continúa recibiendo el respaldo de sus electores sin que éstos exijan explicaciones, sus dirigentes disponen de pocos incentivos para cambiar de comportamiento.

¿Por qué habrían de hacerlo?

¿Porque un buen día descubran repentinamente la importancia de la decencia?

¿Porque experimenten una conversión moral mientras contemplan sus despachos ministeriales?

¿Porque decidan voluntariamente renunciar a privilegios que los propios electores llevan décadas consintiendo?

Resulta bastante ingenuo confiar en semejante milagro.

Y es que muchas veces los ciudadanos denunciamos la corrupción, los abusos, el despilfarro y los incumplimientos, pero terminamos justificándolos cuando sus responsables pertenecen al partido al que hemos decidido votar.

Nos indignamos ante las mentiras de nuestros adversarios.

Y encontramos circunstancias atenuantes para las de nuestros preferidos.

Así resulta muy difícil conseguir gobernantes decentes.

La decencia no consiste en disculpar los abusos de quienes consideramos próximos.

Consiste en exigir a todos el cumplimiento de unas mismas obligaciones morales.

Especialmente a quienes solicitan nuestra confianza.

ANTES DEL 29 DE NOVIEMBRE, UN COMPROMISO CLARO Y POR ESCRITO

Por eso vuelvo a formular una propuesta que considero perfectamente razonable.

Si Feijóo y Abascal contemplan la posibilidad de gobernar juntos, deberían explicar antes de las elecciones qué están dispuestos a hacer conjuntamente.

No después.

No cuando comiencen las negociaciones sobre las vicepresidencias.

No cuando se discuta quién ocupará Interior, Defensa, Hacienda o Justicia.

No cuando aparezca el inevitable argumento de que la aritmética parlamentaria obliga a renunciar a compromisos fundamentales.

ANTES.

Que publiquen las leyes que pretenden derogar.

Que identifiquen las competencias que desean recuperar para el Estado.

Que expliquen qué harán con el sistema autonómico.

Que aclaren sus posiciones sobre el aborto, la eutanasia, la enseñanza y las demás cuestiones en las que existen discrepancias importantes.

Que concreten la reducción del gasto público.

Que establezcan un calendario para las reformas.

Que publiquen sus previsiones económicas.

Y que reconozcan expresamente qué propuestas de cada partido no están dispuestos a aceptar.

No sería necesario fingir que están de acuerdo en todo.

Precisamente al contrario.

La honradez política exige reconocer las diferencias.

Y, si llegan a un acuerdo, deberían establecer un procedimiento público para comprobar su cumplimiento.

Durante los primeros cien días.

Al concluir el primer año.

A mitad de legislatura.

Y antes de las siguientes elecciones.

Que sepamos qué se prometió, qué se hizo, qué permanece pendiente y qué compromisos han sido abandonados.

No estoy proponiendo un contrato mercantil que permita exigir judicialmente el cumplimiento literal de cada promesa electoral.

Estoy reclamando un compromiso político solemne, público y verificable.

Porque si un empresario debe responder por las condiciones de sus contratos y un ciudadano corriente responde por sus obligaciones, no parece excesivo exigir que quienes aspiran a administrar el Estado español se comprometan seriamente a cumplir su palabra.

LA DECENCIA, SEÑORES FEIJÓO Y ABASCAL, NO ES NEGOCIABLE

Termino.

Ayer, 9 de noviembre, escuchamos a Santiago Abascal debatir con David Broncano.

Hoy, 10 de noviembre, hemos conocido las grandes promesas electorales de Alberto Núñez Feijóo.

Dentro de diecinueve días los españoles estamos llamados a votar.

Y yo sigo sin aceptar que el problema principal consista en averiguar cuál de los candidatos conseguirá sentarse en el sillón presidencial.

No.

El problema es mucho más profundo.

España necesita saber si quienes pretenden gobernarla están dispuestos a reducir su propio poder, a respetar verdaderamente las libertades de los ciudadanos, a abandonar privilegios, a corregir abusos y a responder por sus actuaciones.

Porque cambiar a Pedro Sánchez por Alberto Núñez Feijóo no garantiza por sí mismo que cambie sustancialmente la manera de gobernar España.

Y añadir a Santiago Abascal a un eventual Gobierno de coalición tampoco garantiza que las reformas fundamentales defendidas por VOX lleguen a realizarse.

Todo dependerá de los compromisos asumidos, de las mayorías disponibles, de la coherencia de los dirigentes y, sobre todo, de su voluntad de cumplir la palabra dada.

Por eso les reitero las preguntas.

Señor Feijóo: ¿qué hará usted que no hiciera Mariano Rajoy cuando dispuso de mayoría absoluta?

Señor Abascal: ¿qué principios está dispuesto a defender aunque ello le impida entrar en el Gobierno?

Señores Feijóo y Abascal: ¿qué reformas consideran verdaderamente irrenunciables?

Y si ambos pretenden alcanzar un acuerdo para gobernar España, tengan al menos la decencia de explicarnos anticipadamente qué conservarán, qué derogarán, qué reformarán y a qué propuestas están dispuestos a renunciar.

No queremos descubrir después de las elecciones que todo aquello que ayer era fundamental se ha convertido repentinamente en secundario.

No queremos más discursos grandilocuentes.

No queremos nuevas promesas condenadas a terminar en el cajón de los recuerdos.

No queremos que la necesidad de desalojar a un Gobierno sirva para justificar anticipadamente todos los incumplimientos del siguiente.

Y tampoco queremos que se nos trate como a una colección de ingenuos que pierden la memoria cada vez que se convocan elecciones generales.

¡YA ESTÁ BIEN DE TOMARNOS EL PELO!

Si quieren nuestros votos, expliquen para qué.

Si defienden determinados principios, comprométanse a respetarlos.

Si pretenden cambiar España, concreten lo que piensan cambiar.

Si desean gobernar juntos, expliquen antes sus acuerdos y sus desacuerdos.

Y si no están dispuestos a realizar determinadas reformas, tengan la honradez de reconocerlo.

Porque los principios no son mercancías que puedan intercambiarse por ministerios.

La confianza no es un cheque en blanco.

Y el poder no concede a nadie el derecho a engañar.

SEÑORES FEIJÓO Y ABASCAL: PRIMERO LOS PRINCIPIOS. DESPUÉS LOS COMPROMISOS. Y SOLO ENTONCES, EL VOTO.

Y, por favor, no vuelvan a explicarnos que debemos conformarnos con el mal menor.

Que llevamos demasiados años soportando males cada vez mayores en nombre de males supuestamente menores.

CARLOS AURELIO CALDITO AUNIÓN

10 de noviembre de 2026.

La redacción incorpora informaciones contrastadas de hoy: la presentación y las propuestas anunciadas por el PP, las siete medidas reservadas para la campaña, el contenido de la entrevista de Abascal y los antecedentes documentados del Gobierno de Rajoy. También he comprobado las cifras del estudio del Instituto Juan de Mariana y CEU-CEFAS.

Partido Popular+6

La diferencia esencial con el artículo de ayer es que ahora la crítica se enfrenta a hechos electorales concretos: un programa recién presentado, compromisos todavía por precisar y la posibilidad de un acuerdo entre dos partidos que discrepan sobre cuestiones fundamentales.Convertir a PDF