Cuando la excusa sustituye al deber

CARLOS AURELIO CALDITO AUNIÓN

Resumen para lectores con prisas

¡Dejad ya de tocar los huevos con el cambio climático!

Cada vez que España sufre un gran incendio, una inundación, un desprendimiento o cualquier otra catástrofe natural, el discurso oficial parece escrito de antemano. La explicación siempre es la misma: el cambio climático.

Sin negar que el clima cambie —como lo ha hecho siempre a lo largo de la historia de la Tierra—, este artículo denuncia que esa expresión se ha convertido en una coartada política universal para evitar afrontar el verdadero problema: el abandono de las obligaciones más elementales de las administraciones públicas.

Los incendios no empiezan únicamente por el calor, sino porque durante años se abandonan los montes, desaparecen los trabajos forestales y se acumulan toneladas de combustible vegetal.

Las inundaciones no sólo dependen de la intensidad de la lluvia, sino también de cauces invadidos por la maleza, arroyos sin limpiar, barrancos obstruidos, acequias abandonadas y una deficiente conservación de infraestructuras hidráulicas.

Los desprendimientos, los daños en carreteras, los cortes ferroviarios o el deterioro de presas y puentes tampoco aparecen de un día para otro. Suelen ser la consecuencia de años de mantenimiento insuficiente, inversiones aplazadas y prioridades políticas equivocadas.

Gobernar no consiste en comparecer ante las cámaras cuando ya se ha producido la tragedia.

Gobernar significa prever, mantener, conservar y prevenir.

Sin embargo, el mantenimiento apenas produce titulares. La propaganda, sí.

Mientras proliferan observatorios, agencias, comisiones, campañas institucionales y discursos grandilocuentes sobre la emergencia climática, demasiados montes permanecen abandonados, los cauces continúan sin limpiarse y numerosas infraestructuras envejecen sin la conservación necesaria.

El artículo recuerda que la prevención no constituye una recomendación, sino una obligación propia de cualquier administración responsable. Los ciudadanos pagan impuestos para que existan servicios públicos capaces de reducir riesgos previsibles, no para escuchar siempre la misma excusa cuando esos riesgos terminan convirtiéndose en tragedias.

También se analiza la responsabilidad que puede derivarse de la inacción administrativa. El Derecho no sólo contempla las consecuencias de las acciones, sino también de las omisiones cuando existe un deber jurídico de actuar. Por ello, el texto defiende que las decisiones —y también las negligencias— de quienes gobiernan deben ser examinadas con rigor, recuperando el principio, hoy casi olvidado, de la auténtica rendición de cuentas.

Inspirándose en el antiguo juicio de residencia, el artículo sostiene que quienes ejercen el poder deberían responder, al finalizar su mandato, no sólo de las obras inauguradas, sino también de las infraestructuras abandonadas, de los montes sin gestionar, de los cauces olvidados y de todas aquellas actuaciones que nunca llegaron a ejecutarse pese a ser necesarias.

La tesis central puede resumirse en una idea muy sencilla:

La naturaleza provoca fenómenos inevitables; la desidia administrativa convierte muchos de ellos en catástrofes mucho mayores de lo que deberían ser.

Por ello, España necesita menos propaganda y más gestión; menos discursos y más cuadrillas forestales; menos fotografías y más mantenimiento; menos observatorios y más ingenieros, hidrólogos, forestales y técnicos de conservación.

Porque la mejor política ambiental no empieza en una cumbre internacional ni delante de un micrófono.

Empieza limpiando un monte.

Desbrozando un cortafuegos.

Retirando sedimentos de un embalse.

Conservando una presa.

Manteniendo un puente.

Revisando una vía férrea.

Limpiando un arroyo antes de que llegue la tormenta.

En definitiva, haciendo el trabajo para el que existen las administraciones públicas.

Y concluye con una llamada tan rotunda como provocadora, destinada a sacudir conciencias y exigir responsabilidades:

¡Dejad de tocar los huevos con el CAMBIO CLIMÁTICO!

¡Empezad a prevenir, a mantener, a conservar y a rendir cuentas!

¡Y dejad ya de comportaros como hijos de la gran puta!

Sigue leyendo si quieres saber más.

Hay momentos en los que las palabras medidas ya no bastan.

No porque haya que perder las formas, sino porque la realidad acaba imponiendo un lenguaje acorde con la indignación que provoca.

Cada verano se repite la misma historia.

Arden miles de hectáreas de monte.

Cada otoño vuelven las riadas, las inundaciones y los desprendimientos.

Cada cierto tiempo colapsan carreteras, se interrumpen líneas ferroviarias, se destruyen puentes y pueblos enteros quedan anegados.

Y, apenas unas horas después, comparecen los responsables públicos con el mismo discurso cansino, aburrido y previsible:

«Ha sido el cambio climático.»

Da igual cuál haya sido el desastre.

La explicación siempre es la misma.

Parece que el cambio climático se ha convertido en una especie de comodín político capaz de justificar absolutamente todo.

Ya no existen administraciones negligentes.

Ya no existen errores de planificación.

Ya no existe abandono del patrimonio público.

Ya no existe falta de mantenimiento.

Todo queda reducido a dos palabras mágicas que sirven para cerrar cualquier debate y evitar cualquier responsabilidad.

Pues no.

Ya está bien.

El verdadero problema no es el clima

El clima cambia desde que existe el planeta.

Ha habido glaciaciones.

Períodos cálidos.

Grandes sequías.

Inundaciones históricas.

Incendios forestales mucho antes de que existieran automóviles, fábricas o centrales eléctricas.

La cuestión no consiste en negar que el clima cambie.

La verdadera cuestión es otra.

¿Por qué, con todos los conocimientos técnicos y todos los recursos económicos de que dispone un Estado moderno, seguimos asistiendo a catástrofes cuyos efectos podrían haberse reducido enormemente mediante una gestión responsable?

Ésa es la pregunta que casi nadie parece dispuesto a responder.

Gobernar significa prever

Gobernar no consiste en recorrer la zona afectada cuando ya se ha producido la tragedia.

No consiste en hacerse fotografías con chaleco reflectante.

No consiste en anunciar ayudas millonarias cuando ya hay muertos, viviendas destruidas o miles de hectáreas convertidas en ceniza.

Gobernar significa prever.

Anticiparse.

Mantener.

Conservar.

Corregir.

Prevenir.

Porque precisamente para eso existen las administraciones públicas.

El mantenimiento no da votos

Existe una enorme diferencia entre inaugurar una obra y conservarla durante cincuenta años.

La inauguración proporciona fotografías.

La conservación exige trabajo diario.

Limpiar un arroyo no suele abrir un telediario.

Desbrozar un monte no genera titulares.

Retirar sedimentos de un embalse apenas despierta interés.

Revisar un puente o una línea ferroviaria carece de atractivo propagandístico.

Sin embargo, todas esas tareas salvan vidas.

Y precisamente por eso deberían constituir una prioridad permanente.

La naturaleza no entiende de propaganda

Los incendios no leen boletines oficiales.

Las riadas no distinguen entre ideologías.

Las lluvias torrenciales desconocen los programas electorales.

La naturaleza seguirá comportándose exactamente igual.

La diferencia la marca el estado en que encuentra el territorio.

Un monte limpio arde menos.

Un cortafuegos mantenido frena el avance del fuego.

Un cauce despejado evacua mejor el agua.

Una presa bien conservada ofrece mayores garantías.

Una carretera correctamente mantenida resiste mejor los temporales.

Todo esto se conoce desde hace décadas.

No estamos descubriendo nada nuevo.

Menos observatorios y más cuadrillas

Durante los últimos años se han multiplicado organismos, oficinas, agencias, observatorios, comisiones de expertos, planes estratégicos y campañas institucionales.

Mientras tanto, muchos montes permanecen abandonados.

Los cauces se llenan de vegetación.

Las acequias desaparecen bajo toneladas de tierra y maleza.

Los caminos forestales resultan intransitables.

Los embalses acumulan sedimentos.

Las infraestructuras envejecen sin la conservación adecuada.

No faltan diagnósticos.

Falta mantenimiento.

El cambio climático no puede convertirse en la coartada universal

Resulta extraordinariamente cómodo atribuir cualquier desastre al cambio climático.

Si la culpa siempre pertenece al clima, nadie responde por las decisiones adoptadas durante años.

Nadie explica por qué no se limpiaron los cauces.

Nadie responde por qué desaparecieron los trabajos forestales.

Nadie justifica por qué determinadas infraestructuras llegaron al límite de su vida útil sin inversiones suficientes.

Nadie asume las consecuencias del abandono.

Todo queda oculto tras una explicación que sirve para cualquier situación.

Y cuando una explicación sirve para todo, termina por no explicar absolutamente nada.

Dejad ya de tomarnos el pelo

Los ciudadanos pagan impuestos para mantener administraciones eficaces.

No para financiar una maquinaria permanente de propaganda.

No para escuchar siempre el mismo discurso.

No para comprobar cómo, tras cada catástrofe, nadie dimite, nadie es destituido y nadie responde por los errores cometidos.

Porque una sociedad madura no exige milagros.

Exige responsabilidad.

Exige previsión.

Exige mantenimiento.

Exige rendición de cuentas.

Y exige que quienes han incumplido sus obligaciones respondan por ello.

Por eso muchos ciudadanos sienten que ya basta de discursos vacíos.

Dejad ya de tocar los huevos con el cambio climático.

Dejad ya de comportaros como hijos de la gran puta.

Y, de una vez por todas, dejad de tomarnos el pelo.

APÉNDICE I

La prevención no es una opción: es una obligación legal

Con frecuencia se presenta la prevención como si fuera una cuestión de oportunidad política o de disponibilidad presupuestaria.

No lo es.

La conservación del dominio público, de las infraestructuras y del patrimonio natural constituye una obligación permanente de las administraciones públicas.

Los poderes públicos no existen únicamente para reaccionar cuando ocurre una desgracia.

Su primera misión consiste precisamente en reducir la probabilidad de que esa desgracia produzca víctimas y daños evitables.

El mantenimiento de montes, cauces, presas, carreteras, ferrocarriles, canales y demás infraestructuras forma parte de esa obligación.

Cuando esas actuaciones se posponen indefinidamente, el riesgo aumenta.

Y cuando ese incremento del riesgo era objetivamente previsible, resulta legítimo preguntarse si determinadas omisiones deben generar responsabilidades.

No toda catástrofe puede evitarse.

Pero muchas de sus consecuencias sí pueden mitigarse.

Y ahí es donde aparece la verdadera responsabilidad de quienes gobiernan.

En un Estado de Derecho no basta con lamentar los hechos consumados.

También hay que analizar qué decisiones se adoptaron antes de que ocurrieran y cuáles dejaron de adoptarse.

Porque las omisiones también producen consecuencias.

Y, en ocasiones, esas consecuencias pueden resultar tan graves como determinadas acciones.

APÉNDICE II

La inacción también tiene consecuencias: responsabilidad patrimonial, disciplinaria y penal

Existe una idea profundamente equivocada, pero muy extendida.

Se cree que las administraciones únicamente responden cuando hacen algo ilegal.

No es cierto.

También pueden responder cuando dejan de hacer aquello que estaban obligadas a hacer.

El Derecho distingue perfectamente entre la acción y la omisión.

Tan responsable puede ser quien provoca directamente un daño como quien, teniendo el deber jurídico de impedirlo o reducirlo, permanece inactivo.

Precisamente por eso las administraciones públicas no sólo tienen competencias.

Tienen deberes.

Y esos deberes no desaparecen porque resulte más cómodo atribuir todos los males al cambio climático.

Gobernar no consiste únicamente en reaccionar

Cuando se produce una inundación, un incendio o el derrumbe de una infraestructura, la primera pregunta suele ser:

—¿Qué ha ocurrido?

Pero inmediatamente debería formularse otra mucho más importante:

—¿Qué dejaron de hacer quienes tenían la obligación de prevenirlo?

Porque las catástrofes naturales existen.

Las negligencias administrativas también.

Y ambas cosas pueden coincidir.

Cuando ello ocurre, el debate ya no gira únicamente en torno al fenómeno natural.

Pasa a centrarse en la actuación —o en la inacción— de quienes administraban los recursos públicos.

Los impuestos también financian la prevención

Los ciudadanos aceptan pagar impuestos porque esperan recibir determinados servicios esenciales.

Entre ellos figura uno especialmente importante:

la protección frente a riesgos previsibles.

Ese dinero no se recauda únicamente para construir nuevas infraestructuras.

También debe servir para conservar las ya existentes.

Una carretera abandonada acaba deteriorándose.

Un puente sin revisiones termina presentando patologías.

Un cauce sin limpieza pierde capacidad hidráulica.

Un monte sin gestión acumula combustible vegetal.

Nada de esto constituye un descubrimiento científico.

Se conoce desde hace generaciones.

Precisamente por eso resulta tan difícil aceptar que, después de décadas de abandono, algunos responsables pretendan sorprenderse cuando llegan las consecuencias.

El coste de no hacer nada

Existe una vieja máxima según la cual siempre resulta más barato conservar que reconstruir.

Es completamente cierta.

Un euro invertido en prevención suele ahorrar decenas o centenares de euros en reparaciones posteriores.

Sin embargo, la prevención tiene un inconveniente político.

No se ve.

Nadie inaugura una cuneta limpia.

Nadie corta una cinta para celebrar que un cauce permanece despejado.

Nadie organiza una rueda de prensa porque un puente ha superado correctamente una inspección.

En cambio, las grandes reconstrucciones permiten repartir contratos, anunciar inversiones extraordinarias y protagonizar titulares.

El incentivo político resulta perverso.

¿Quién responde?

Ésta constituye probablemente la pregunta más incómoda de todas.

Cuando una empresa privada incumple sus obligaciones, responde.

Cuando un particular causa un daño por negligencia, responde.

Cuando un profesional actúa con impericia, responde.

¿Por qué habría de ser distinto cuando quien incumple sus obligaciones es una administración pública?

El principio debería ser exactamente el mismo.

Cada autoridad.

Cada cargo público.

Cada responsable administrativo.

Debe responder dentro del ámbito de las competencias que la ley le atribuye.

No para buscar cabezas de turco.

Sino para reforzar un principio esencial de cualquier Estado de Derecho:

quien ejerce poder también debe responder por cómo lo ejerce.

La cultura de la impunidad

Uno de los mayores problemas de la vida pública española consiste en la escasa exigencia de responsabilidades.

Sucede una tragedia.

Se anuncian investigaciones.

Se crean comisiones.

Se prometen reformas.

Pasan los meses.

Pasan los años.

Y todo continúa prácticamente igual.

Rara vez alguien dimite.

Con menor frecuencia aún alguien es destituido.

Y más excepcional resulta todavía que las negligencias tengan consecuencias personales para quienes las cometieron.

Mientras esa cultura de la impunidad continúe instalada en nuestras instituciones, seguirá existiendo un poderoso incentivo para repetir los mismos errores.

Porque quien sabe que nunca responderá por sus omisiones tampoco tiene demasiados motivos para corregirlas.

---

APÉNDICE III

Del mantenimiento al abandono: cuando la ideología sustituye a la gestión

Durante demasiado tiempo se ha confundido la política medioambiental con la mera producción de discursos.

Se organizan cumbres.

Se aprueban declaraciones solemnes.

Se fijan objetivos para dentro de veinte o treinta años.

Se anuncian ambiciosos planes de descarbonización.

Todo eso puede tener interés.

Pero ninguna declaración institucional limpia un barranco.

Ningún manifiesto desbroza un monte.

Ninguna campaña publicitaria retira sedimentos de un embalse.

Ningún eslogan sustituye el trabajo de una brigada forestal.

La buena gestión ambiental empieza mucho antes de hablar del clima.

Empieza con cuadrillas trabajando durante todo el año.

Con ingenieros revisando infraestructuras.

Con agentes forestales recorriendo el terreno.

Con maquinaria limpiando cauces.

Con presupuestos destinados al mantenimiento y no únicamente a la propaganda.

Porque la naturaleza no distingue entre gobiernos de izquierdas o de derechas.

Sólo responde a una realidad física.

Cuando un monte permanece abandonado durante años, arde con mayor facilidad.

Cuando un cauce se colmata, transporta peor el agua.

Cuando una infraestructura envejece sin mantenimiento, aumenta la probabilidad de fallo.

No es ideología.

Es sentido común.

Y precisamente por eso resulta tan frustrante comprobar cómo el sentido común parece haberse convertido en el recurso más escaso de nuestra vida pública.

APÉNDICE IV

El juicio de residencia del siglo XXI: quien gobierna debe responder de lo que hizo… y de lo que dejó de hacer

Una de las mayores debilidades de nuestro sistema político consiste en que casi nunca ocurre nada.

Sucede una tragedia.

Se anuncian investigaciones.

Se prometen reformas.

Se constituye una comisión.

Se redacta un informe.

Pasan unos meses.

La actualidad cambia.

Y todo termina cayendo en el olvido.

Mientras tanto, quienes dirigían la administración durante los hechos continúan su carrera política como si nada hubiera ocurrido.

En demasiadas ocasiones ascienden.

Cambian de ministerio.

Pasan a otro cargo.

O simplemente desaparecen de la escena pública sin que nadie les pida cuentas.

Hace siglos existía una institución mucho más sensata.

Se llamaba juicio de residencia.

Un principio tan sencillo como revolucionario

Al concluir su mandato, corregidores, gobernadores, virreyes y otros altos cargos no podían marcharse inmediatamente.

Debían permanecer durante un tiempo en el territorio que habían administrado.

Cualquier ciudadano podía presentar denuncias, quejas o reclamaciones por abusos, negligencias o incumplimientos cometidos durante su mandato.

Sólo después de responder por su gestión podían abandonar definitivamente el cargo.

El principio era de una lógica aplastante:

quien ha ejercido poder debe explicar cómo lo ha ejercido.

No bastaba con inaugurar obras.

También debía responder por las abandonadas.

No bastaba con pronunciar discursos.

Había que demostrar resultados.

Hoy sucede exactamente lo contrario

En la actualidad abundan las evaluaciones de impacto.

Los planes estratégicos.

Los observatorios.

Las memorias.

Las auditorías.

Los indicadores.

Pero rara vez existe una verdadera rendición de cuentas personal.

Cuando una infraestructura fracasa…

Nadie responde.

Cuando un monte lleva veinte años abandonado…

Nadie responde.

Cuando un cauce permanece obstruido durante décadas…

Nadie responde.

Cuando una obra pública presenta deficiencias evidentes pocos años después de inaugurarse…

Nadie responde.

Siempre aparece una explicación.

Nunca aparece un responsable.

El clima no firma expedientes

Ningún temporal redacta presupuestos.

Ninguna tormenta decide eliminar partidas destinadas al mantenimiento.

Ninguna ola de calor suprime brigadas forestales.

Ninguna inundación paraliza la limpieza de cauces durante años.

Esas decisiones las adoptan personas.

Y precisamente porque las adoptan personas deben poder ser examinadas.

No para alimentar la venganza.

Sino para fortalecer la responsabilidad.

Porque allí donde nadie responde por sus errores, los errores terminan convirtiéndose en costumbre.

---

APÉNDICE V

La política del titular frente a la política del mantenimiento

Vivimos en la época del impacto inmediato.

Lo importante parece ser anunciar.

Inaugurar.

Presentar.

Prometer.

Difundir.

Grabar un vídeo.

Publicar un mensaje en las redes sociales.

Pero la conservación no funciona así.

El mantenimiento exige constancia.

No entiende de campañas electorales.

No puede aplazarse cuatro años.

No admite improvisaciones.

Un bosque necesita atención permanente.

Un río necesita vigilancia continua.

Una carretera requiere inspecciones periódicas.

Una presa necesita revisiones técnicas.

Una vía férrea exige conservación constante.

Todo ello supone trabajo silencioso.

Y precisamente por ser silencioso suele resultar políticamente poco rentable.

Sin embargo, constituye una de las obligaciones más importantes de cualquier administración.

Lo visible y lo invisible

Los ciudadanos suelen ver el resultado final.

El incendio.

La inundación.

El derrumbe.

El accidente.

Lo que no ven son los años anteriores.

Los expedientes archivados.

Los informes ignorados.

Las advertencias técnicas desatendidas.

Los presupuestos recortados.

Las actuaciones aplazadas.

Las prioridades equivocadas.

Y, sin embargo, muchas tragedias empiezan precisamente ahí.

Mucho antes de que aparezcan las llamas o el agua.

Empiezan en un despacho.

Con una firma.

O con la ausencia de una firma.

El abandono también es una decisión

Con frecuencia se habla del abandono como si fuera un fenómeno espontáneo.

No lo es.

Abandonar también constituye una decisión política.

Decidir no limpiar.

Decidir no conservar.

Decidir no reparar.

Decidir retrasar una actuación imprescindible.

Todo eso son decisiones.

Y como tales deberían poder ser evaluadas.

Porque la omisión deliberada de una obligación puede producir consecuencias tan graves como una actuación equivocada.

---

APÉNDICE VI

Menos propaganda climática y más sentido común

Nadie discute que el clima influya sobre la naturaleza.

Lo que muchos ciudadanos cuestionan es otra cosa muy distinta:

Que el cambio climático se haya convertido en la explicación automática para ocultar cualquier deficiencia de gestión.

Cuando todo se atribuye al clima, desaparecen las preguntas incómodas.

¿Por qué ese monte llevaba años sin limpiarse?

¿Por qué ese cauce estaba completamente invadido por la vegetación?

¿Por qué esa infraestructura no había recibido el mantenimiento recomendado?

¿Por qué no existían planes eficaces de prevención?

¿Por qué siempre se actúa después y casi nunca antes?

Ésas son las preguntas que deberían abrir todos los informativos.

No limitarse a repetir, una vez más, el estribillo de siempre.

Porque los ciudadanos no pagan impuestos para financiar excusas.

Los pagan para que existan administraciones capaces de anticiparse a los problemas.

Y cuando esa obligación se incumple de manera reiterada, el debate deja de ser climático.

Pasa a ser político.

Administrativo.

Y, llegado el caso, también jurídico.

Conclusión

España necesita menos profetas del apocalipsis y más ingenieros, forestales, hidrólogos, técnicos de conservación, brigadas de mantenimiento y gestores competentes.

Necesita menos discursos y más trabajo.

Menos excusas y más prevención.

Menos propaganda y más responsabilidad.

Porque el mejor homenaje que puede hacerse a las víctimas de incendios, inundaciones y demás catástrofes no consiste en pronunciar solemnes discursos institucionales.

Consiste en hacer todo lo posible para que esas tragedias no vuelvan a repetirse.

Y eso empieza por recuperar una idea tan antigua como elemental:

Gobernar es prever. Gobernar es conservar. Gobernar es responder. Y quien no esté dispuesto a asumir esas obligaciones debería dejar paso a quien sí lo esté.

EPÍLOGO

Basta ya de excusas

Nadie pide a los gobernantes que controlen el clima.

Nadie les exige que impidan que llueva, que haga calor o que sople el viento.

Lo que los ciudadanos esperan de quienes administran el dinero público es algo mucho más sencillo y mucho más razonable:

Que hagan su trabajo.

Que limpien los montes.

Que mantengan los cauces.

Que conserven carreteras, puentes y vías férreas.

Que cuiden presas, canales y acequias.

Que escuchen a los técnicos.

Que inviertan en prevención.

Que respondan por sus decisiones… y también por sus omisiones.

Porque gobernar no consiste en buscar excusas cuando ya se ha producido la tragedia.

Gobernar consiste en hacer todo lo posible para evitarla o, al menos, reducir sus consecuencias.

Cuando una administración abandona durante años sus obligaciones más elementales y después pretende justificarlo todo recurriendo al mismo argumento, deja de inspirar confianza.

Empieza a inspirar indignación.

Y esa indignación es perfectamente comprensible.

Por eso, después de escuchar durante años el mismo discurso, muchos ciudadanos sienten la necesidad de decir, con toda claridad y sin rodeos:

¡Dejad de tocar los huevos con el CAMBIO CLIMÁTICO!

¡Empezad a cumplir con vuestro deber, a prevenir, a mantener y a conservar lo que es de todos!

¡Y dejad ya de comportaros como hijos de la gran puta!