EL PUCHERAZO DEL SIGLO XXI: YA NO HACE FALTA METER LA MANO EN LA URNA
La «ley de nietos», el crecimiento del censo exterior y el frenazo del Tribunal Supremo devuelven a España a Joaquín Costa: cuando el poder teme perder las elecciones, la tentación consiste en cambiar las condiciones antes de que se abran las urnas.
CARLOS AURELIO CALDITO AUNIÓN
Durante mucho tiempo hemos asociado el fraude electoral con una imagen bastante elemental: un cacique comprando votos, un alcalde haciendo desaparecer papeletas, un secretario corrigiendo un acta, una urna rellena antes de comenzar la votación o unos cuantos muertos que, desde el cementerio, sienten de pronto una irresistible vocación democrática.
El viejo pucherazo.
España sabe bastante de eso.
Pero conviene actualizar la imagen.
En el siglo XXI no hace falta entrar de madrugada en un colegio electoral con una caja de papeletas debajo del brazo. Hay procedimientos mucho más limpios, silenciosos y eficaces.
Puede controlarse la confección de las candidaturas.
Puede inundarse el país de propaganda pagada con dinero público.
Puede utilizarse a los medios públicos en beneficio de quien gobierna.
Puede modificarse la ley electoral.
Puede escogerse el momento más conveniente para convocar las elecciones.
Puede favorecerse a determinados partidos mediante las reglas de reparto.
Y puede intentarse algo todavía más importante:
Alterar la composición del censo electoral.
Es decir, intervenir no sobre el voto después de ser emitido, sino sobre quién puede votar antes de que las urnas se abran.
El pucherazo ya no necesita puchero.
Le basta con el Boletín Oficial del Estado.
JOAQUÍN COSTA NO HA ENVEJECIDO
Vengo escribiendo desde hace años sobre Joaquín Costa y su estremecedora actualidad.
Volver a releerlo hoy produce bastante desasosiego.
Costa no veía el caciquismo como una colección de pequeñas trampas electorales cometidas por cuatro sinvergüenzas de pueblo. Denunciaba algo mucho más profundo: un régimen en el cual las instituciones aparentemente representativas terminaban sirviendo a quienes dominaban los partidos, la Administración y los resortes del poder.
Lo resumió con una idea demoledora: no eran los elegidos quienes quedaban sometidos a los electores, sino los electores quienes terminaban sometidos a los elegidos. Y describió unas elecciones organizadas por quienes gobernaban para procurar el resultado apetecido.
¿Suena antiguo?
Más bien parece escrito ayer.
La Restauración inventó el encasillado, el turno entre conservadores y liberales, el cacique provincial y el pucherazo.
La partitocracia contemporánea ha perfeccionado el arte.
El cacique de antaño necesitaba dominar a un pueblo.
El moderno dispone de ministerios.
El de antaño compraba unas docenas de votos.
El moderno puede influir sobre cientos de miles.
El de antaño manipulaba un acta.
El moderno puede modificar las reglas que determinan quién entra en el censo.
Hemos progresado una barbaridad.
LA LLAMADA «LEY DE NIETOS»
Lo que se conoce como «ley de nietos» forma parte de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática.
Su disposición adicional octava abrió el acceso a la nacionalidad española a determinados descendientes de españoles: nacidos fuera de España de padre, madre, abuelo o abuela originariamente españoles que hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad como consecuencia del exilio; hijos nacidos en el extranjero de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad al casarse con extranjeros antes de la Constitución de 1978; y otros descendientes incluidos expresamente por la norma.
Pero después ocurrió algo especialmente interesante.
El 25 de octubre de 2022, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, dependiente del Ministerio de Justicia, dictó una instrucción destinada a determinar cómo debía aplicarse aquella disposición.
Y la propia instrucción reconoce algo verdaderamente llamativo.
Después de reproducir lo establecido por la ley, señala que el precepto «parece dirigirse únicamente» a determinados descendientes y, a continuación, busca una interpretación más amplia recurriendo a lo que considera la «verdadera voluntad del legislador» y al «espíritu de la ley».
Traducido al román paladino:
la ley decía una cosa y una instrucción administrativa decidió ensanchar su alcance.
Y aquí comienza el problema.
Porque una instrucción no es una ley.
Una Dirección General no son las Cortes.
Y la Administración no está para inventarse lo que el legislador habría querido decir, sino para aplicar lo que éste escribió y aprobó.
Más aún cuando estamos hablando de nacionalidad.
Y muchísimo más cuando la nacionalidad lleva consigo el derecho a votar.
DEL PASAPORTE A LA PAPELETA
Aquí aparece la cuestión que algunos parecen empeñados en separar artificialmente.
Una cosa es conceder la nacionalidad española.
Otra es la consecuencia inmediata de haberla obtenido.
El nuevo español residente en el extranjero puede incorporarse al Censo Electoral de Residentes Ausentes, el CERA, y participar en las elecciones españolas.
Por tanto, cada ampliación extraordinaria de la nacionalidad española en el exterior puede traducirse en una ampliación extraordinaria del cuerpo electoral.
No hay que haber estudiado matemáticas superiores para comprenderlo.
Nacionalidad.
Censo.
Voto.
Tres palabras.
Tres pasos.
Y una posible papeleta al final del camino.
El asunto adquiere otra dimensión cuando sabemos que, en julio de 2026, el CERA alcanzaba ya 2.736.522 electores. Sólo Madrid tenía 492.076 inscritos en el censo exterior. Son cifras recogidas incluso en iniciativas registradas en el Senado.
Dos millones setecientos treinta y seis mil quinientos veintidós electores.
Eso ya no es una anécdota administrativa.
Es una masa electoral.
Y ENTONCES APARECIÓ EL TRIBUNAL SUPREMO
El 8 de septiembre de 2026, el Tribunal Supremo puso el pie en el freno.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo aceptó las medidas cautelares solicitadas por Iustitia Europa y Vox y suspendió provisionalmente determinados efectos electorales de las inscripciones en el CERA derivadas de la aplicación de la llamada «ley de nietos».
La decisión tiene una precisión fundamental.
No paraliza la nacionalidad.
Paraliza, en los casos afectados, sus consecuencias electorales mientras se resuelve el litigio.
Los expedientes pueden continuar.
Pero cuando la inscripción en el censo se apoya en la presunción de exilio establecida por la instrucción del Ministerio de Justicia, sus efectos electorales quedan suspendidos cautelarmente. Para quienes ya estuvieran inscritos mediante ese procedimiento, se suspenden igualmente esos efectos.
Quedan fuera de esa suspensión quienes hayan acreditado documentalmente el exilio de sus ascendientes sin acogerse a aquella presunción.
La diferencia es esencial.
Una cosa es demostrar que el padre, la madre, el abuelo o la abuela sufrieron exilio en las condiciones fijadas por la ley.
Otra muy distinta es convertir ese exilio en una presunción general.
La instrucción de 2022 estableció precisamente que se presumiría la condición de exiliado respecto de los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.
Y ahora el Supremo tendrá que decidir si semejante ensanchamiento cabía realmente dentro de la ley.
LA PREGUNTA INCÓMODA: ¿POR QUÉ?
Y llegamos a la pregunta que verdaderamente importa políticamente.
¿Por qué semejante empeño?
¿Por qué ampliar extraordinariamente el número de posibles nacionalizaciones?
¿Por qué hacerlo mediante una interpretación administrativa tan generosa?
¿Por qué convertir en presunción lo que en determinados casos debería probarse?
¿Por qué permitir que todo ello desemboque después en nuevas incorporaciones al censo electoral?
Y, sobre todo:
¿A quién puede beneficiar electoralmente?
No estamos hablando de una cuestión académica.
Las próximas elecciones generales se acercan y los estudios de opinión publicados durante estos días son poco halagüeños para Pedro Sánchez.
El barómetro de 40dB terminado el 2 de septiembre coloca al PP en el 32,4 %, al PSOE en el 27,6 % y a Vox en el 17,8 %. PP y Vox suman el 50,2 % de los votos estimados.
Sigma Dos, en su estudio de finales de agosto, sitúa al PP en el 33,1 %, al PSOE en el 25,4 % y a Vox en el 17,9 %.
Dos estudios distintos.
Dos fotografías diferentes.
La misma mala noticia para el PSOE:
Hoy Pedro Sánchez perdería las elecciones frente al bloque formado por PP y Vox.
Y precisamente cuando el Gobierno necesita votos como agua de mayo aparece un enorme crecimiento potencial del censo exterior mediante una norma promovida por ese mismo Gobierno y ensanchada después por una instrucción del Ministerio de Justicia.
Blanco y en botella.
NO HACE FALTA SABER CÓMO VOTARÁ CADA NUEVO ELECTOR.
Algunos pretenden contestar a esta cuestión con una pregunta tramposa:
«¿Y cómo saben ustedes que esos nuevos españoles votarán al PSOE?»
No hace falta saberlo.
Ese no es el asunto.
El problema no consiste en adivinar qué papeleta introducirá cada ciudadano en el sobre.
El problema consiste en que quien gobierna no debe tener capacidad para alterar sustancialmente el número y distribución de quienes podrán decidir si continúa gobernando.
Ésa es la cuestión democrática elemental.
Quien arbitra un partido no puede cambiar las porterías cuando comienza a perder.
Quien compite en unas elecciones no debe moldear a su conveniencia el terreno electoral.
Y el censo es parte esencial de ese terreno.
Después cada elector votará lo que le dé la gana.
Como debe ser.
Pero primero debemos saber con absoluta claridad por qué está en el censo, conforme a qué ley, qué requisitos ha cumplido y en qué circunscripción queda inscrito.
Porque tampoco resulta indiferente dónde se contabiliza un voto.
España no constituye una circunscripción electoral única para elegir al Congreso.
Los diputados se reparten por provincias.
Y un puñado de votos puede decidir el último diputado de una provincia.
Lo vimos en Madrid después de las elecciones generales de 2023.
Por tanto, la asignación provincial de cientos de miles de electores residentes en el extranjero no es una minucia.
Puede tener consecuencias políticas enormes.
EL CACIQUISMO HA APRENDIDO DERECHO ADMINISTRATIVO
Joaquín Costa reconocería perfectamente el principio, aunque quizá se sorprendería ante la elegancia del procedimiento.
El cacique de la Restauración necesitaba matones, alcaldes dóciles y gobernadores civiles.
El del siglo XXI necesita asesores, abogados del Estado, altos cargos y una pluma capaz de redactar una instrucción.
No se amenaza al jornalero.
Se interpreta una disposición.
No se compra directamente un voto.
Se amplía un supuesto.
No se falsifica necesariamente un acta.
Se altera el número de electores que pueden participar.
Mucho más fino.
Muchísimo más respetable.
Y todo lleno de sellos oficiales.
Costa describía el caciquismo como una red en la que oligarcas, funcionarios, alcaldes y demás servidores del sistema terminaban trabajando conjuntamente para conservar el poder.
El decorado ha cambiado.
La tentación permanece.
EL VIEJO «ENCASILLADO» Y EL NUEVO CENSO
Durante la Restauración se practicaba el llamado encasillado.
Antes de celebrarse las elecciones, ya se negociaba quién debía obtener cada escaño.
Después venían los gobernadores, los caciques y, cuando hacía falta, el pucherazo para procurar que la realidad se pareciera suficientemente a lo pactado.
Aquello tenía al menos la virtud de ser tosco.
Ahora puede hacerse de manera infinitamente más refinada.
Primero se establecen las reglas.
Después se controlan las listas electorales cerradas.
Luego se reparten enormes cantidades de dinero público entre partidos.
Se alimenta una gigantesca red de asociaciones, fundaciones y organizaciones subvencionadas.
Se utilizan medios públicos de comunicación.
Se gobierna mediante decretos.
Se colocan a los fieles.
Y, cuando las encuestas comienzan a anunciar una derrota, aparece una pregunta inevitable:
¿Qué más puede tocarse?
El censo.
Costa escribió que los partidos acababan funcionando como agrupaciones de intereses particulares y que el Parlamento había dejado de representar verdaderamente a la Nación. Aquella denuncia atraviesa también el viejo artículo que sirve de origen a estas reflexiones: candidaturas decididas desde arriba, disciplina de partido, desigualdad entre quienes compiten y enormes ventajas para quienes ya forman parte del aparato político.
Añadamos ahora una pieza nueva:
la disputa por determinar quién forma parte del cuerpo electoral.
PEDRO SÁNCHEZ Y LA ARITMÉTICA DE LA SUPERVIVENCIA
Pedro Sánchez ha demostrado sobradamente una virtud política: una extraordinaria capacidad para sobrevivir.
Ha hecho de la necesidad virtud.
Ha pactado con quien necesitaba.
Ha cambiado de posición cuando lo necesitaba.
Ha buscado un voto aquí y otro allá hasta conseguir investiduras que parecían aritméticamente imposibles.
Por eso resulta perfectamente razonable contemplar la ampliación del censo exterior desde la misma lógica:
cada voto cuenta.
Un diputado puede decidir un Gobierno.
Unos cientos de votos pueden decidir un diputado.
Y cientos de miles de nuevos electores pueden modificar el resultado de numerosas circunscripciones.
No hace falta imaginar una habitación oscura en La Moncloa donde alguien diseñe un mapa con chinchetas.
Basta observar los hechos.
El Gobierno promovió la Ley de Memoria Democrática.
Una Dirección General del Ministerio de Justicia interpretó ampliamente uno de sus supuestos de nacionalidad.
Esa interpretación facilitó nuevas nacionalizaciones.
La nacionalidad permite incorporarse al censo exterior.
El Tribunal Supremo acaba de paralizar cautelarmente los efectos electorales de una parte de esas inscripciones.
Y el Gobierno ha manifestado públicamente que no comparte la decisión del Supremo.
Cada lector puede unir los puntos.
No son precisamente puntos muy alejados.
UNA LEY DE «MEMORIA» ACABA TROPEZANDO CON LAS URNAS
Hay además una ironía formidable.
Todo comenzó con una denominada Ley de Memoria Democrática.
Y hemos terminado hablando de quién podrá votar en las próximas elecciones.
Memoria ayer.
Censo hoy.
Papeleta mañana.
La Historia española posee un sentido del humor bastante negro.
Una ley concebida oficialmente para reparar agravios del pasado termina provocando una batalla jurídica sobre el cuerpo electoral del futuro.
Y el Tribunal Supremo se ve obligado a intervenir cautelarmente para evitar que, mientras se decide el fondo del asunto, determinadas inscripciones produzcan consecuencias electorales.
Eso debería bastar para comprender la magnitud del problema.
EL CENSO NO PERTENECE AL GOBIERNO
Hay cosas que ningún Gobierno debería poder tratar como patrimonio propio.
Las urnas.
El recuento.
La Junta Electoral.
Y el censo.
Gobierne Sánchez, Feijóo, Abascal, Perico el de los Palotes o San Cucufato.
Precisamente porque todos quieren ganar.
El censo no pertenece a quien ocupa La Moncloa.
Pertenece al sistema electoral y debe responder únicamente a la ley.
Ni un ciudadano menos de los que tengan derecho.
Ni uno más de quienes no reúnan los requisitos.
Así de sencillo.
Y precisamente por eso resulta especialmente grave que una instrucción administrativa pueda ampliar materialmente los supuestos establecidos por una ley cuando esa ampliación acaba teniendo consecuencias sobre el número de electores.
No estamos discutiendo una licencia para poner un toldo.
Estamos hablando de la composición del soberano.
Porque, según la propia Constitución, la soberanía nacional reside en el pueblo español.
Y antes de preguntarnos qué decide el pueblo hay que saber quién forma legalmente parte del pueblo llamado a decidir.
JOAQUÍN COSTA SIGUE SENTADO ENTRE NOSOTROS
Joaquín Costa murió en 1911.
Pero uno sospecha que continúa sentado en algún rincón de España, contemplando el espectáculo con esa expresión de quien ya había avisado.
Su diagnóstico del régimen oligárquico y caciquil atravesaba partidos, Parlamentos, prensa y elecciones. Consideraba que las apariencias parlamentarias podían esconder un poder real ejercido desde las cúpulas y que los ciudadanos acababan reducidos a espectadores de decisiones tomadas previamente.
Ciento quince años después hemos informatizado el caciquismo.
Le hemos puesto aire acondicionado.
Lo hemos llenado de asesores.
Le hemos dado teléfonos móviles.
Y lo hemos enseñado a citar artículos y disposiciones adicionales.
Pero debajo del traje nuevo continúa latiendo la misma tentación:
Quien controla el procedimiento tiene una enorme ventaja sobre quien sólo deposita una papeleta.
Ahí está el verdadero peligro.
DEL PUCHERAZO DEL «TURNISMO» AL PUCHERAZO SIN URNAS
El viejo pucherazo consistía en cambiar votos.
El moderno puede consistir en cambiar previamente las condiciones que determinan el resultado.
Aquél actuaba durante el escrutinio.
Éste puede empezar años antes.
Aquél necesitaba ocultarse.
Éste puede publicarse en el Boletín Oficial del Estado.
Aquél falsificaba la voluntad de los electores.
Éste corre el riesgo de deformar el terreno en el que esa voluntad se expresa.
El Tribunal Supremo ha puesto ahora un freno.
Veremos hasta dónde llega cuando resuelva el fondo.
Pero el aviso político ya está lanzado.
Y debería escucharse mucho más allá de la llamada «ley de nietos».
Porque hoy se discute una presunción de exilio y unas altas en el CERA.
Mañana puede discutirse cualquier otro procedimiento empleado para alterar las condiciones electorales en beneficio de quienes poseen temporalmente el poder.
El problema nunca son únicamente los nombres.
El problema son los mecanismos.
Los gobiernos pasan.
Los abusos que consiguen convertirse en costumbre permanecen.
«CERRAR CON SIETE LLAVES EL SEPULCRO DEL CACIQUE»
Costa pedía escuela, despensa y acabar con el caciquismo.
España nunca terminó de hacerle caso.
Quizá por eso seguimos tropezando con las mismas piedras.
Cambiamos los nombres de los partidos.
Cambiamos las leyes.
Cambiamos las siglas.
Cambiamos los edificios.
Hasta cambiamos el vocabulario para que las cosas antiguas parezcan nuevas.
Pero el poder continúa sintiendo la misma tentación de siempre:
perpetuarse.
Cuando puede hacerlo convenciendo al ciudadano, lo convence.
Cuando puede comprar su conformidad con dinero público, lo intenta.
Cuando puede dominar la información, la domina.
Cuando puede cambiar las reglas, las cambia.
Y cuando comienza a faltarle el voto, resulta inevitable mirar con enorme atención cualquier iniciativa destinada a aumentar extraordinariamente el número de electores.
La pregunta de Costa sigue ahí.
La pregunta del caciquismo.
La pregunta que debería formularse cualquier español, vote a quien vote:
¿están los gobernantes sometidos a los electores o están intentando someter a los electores a sus necesidades?
Hace más de un siglo el pucherazo se hacía metiendo la mano en una urna.
En 2026 puede resultar muchísimo más sencillo.
Basta con llegar al censo antes que los votantes.
