Ramiro Grau Morancho

Hace años solicité el voto por correo porque preveía que estaría fuera de mi ciudad el día de unas elecciones generales.

Hice la solicitud con tiempo suficiente.

Esperé.

Pasaron los días.

La certificación censal, las papeletas y los sobres no llegaban.

Llamé repetidas veces a la Oficina Provincial del Censo Electoral. Nadie contestaba o comunicaba constantemente. Más o menos lo mismo que sucede hoy con tantas administraciones públicas y esa maravillosa invención de la «cita previa», que consiste en reconocerle a uno el derecho a ser atendido siempre que consiga previamente que alguien se digne permitirle ejercerlo.

Finalmente logré hablar con una persona.

Me explicó que estaban desbordados de peticiones y que los envíos se atendían por orden de solicitud.

Había un pequeño inconveniente: yo había pedido el voto por correo durante los primeros días del plazo.

La explicación, por tanto, no me convenció demasiado.

Pasaron los días.

Llegó la jornada electoral.

Y la documentación seguía sin aparecer.

La conferencia que debía pronunciar fuera de mi ciudad había sido suspendida, así que acudí personalmente a la sección y Mesa electoral donde me correspondía votar.

Presenté mi Documento Nacional de Identidad.

Y llegó la sorpresa.

No podía votar.

En el censo constaba que había solicitado el voto por correo.

Le expliqué al presidente de la Mesa que jamás había recibido la documentación.

Daba igual.

Había pedido el voto postal y, por tanto, ya no podía votar presencialmente.

La ley sigue funcionando así.

La LOREG establece el procedimiento del voto por correspondencia y, una vez anotada la solicitud en el censo, el elector queda privado de la posibilidad de votar personalmente en su Mesa.

Resultado de aquella magnífica maquinaria administrativa:

yo quería votar, había hecho todo lo que debía hacer y terminé sin poder votar.

Ni por correo.

Ni personalmente.

Y aquí paz y después gloria.

SI CORREOS FALLA, USTED PIERDE EL VOTO

Éste es el primer problema.

El ciudadano solicita votar por correo.

Desde ese momento queda señalado en el censo como elector postal.

Si la documentación no llega, llega tarde, se extravía o surge cualquier incidencia que impida completar el procedimiento, el ciudadano no puede presentarse tranquilamente el domingo en su Mesa y decir:

—Como no he votado por correo, voto aquí.

No.

Se queda sin votar.

El sistema protege celosamente contra la posibilidad de votar dos veces, cosa perfectamente lógica, pero ofrece una solución bastante menos satisfactoria al problema contrario: que alguien que no ha votado ni una sola vez se quede definitivamente sin hacerlo por un fallo ajeno a su voluntad.

En pleno siglo XXI esto resulta difícil de justificar.

Si la Administración dispone de sistemas capaces de saber en segundos si debemos tres euros a Hacienda, parece razonable pensar que debería poder saberse también si un ciudadano que pidió el voto postal llegó efectivamente a depositarlo.

Y, si no lo hizo, debería existir un procedimiento extraordinario para permitirle votar personalmente.

No parece ingeniería aeroespacial.

Y AHORA LLEGA LA PREGUNTA INCÓMODA: ¿QUIÉN CUSTODIA LOS VOTOS?

Correos.

Millones de papeletas pueden pasar por las oficinas, centros de tratamiento, vehículos, almacenes y dependencias de una sociedad estatal antes de llegar a las Mesas electorales.

La propia LOREG dispone que Correos conserve la correspondencia electoral dirigida a las Mesas y la traslade durante la jornada de votación. También obliga a llevar un registro de esa documentación a disposición de las Juntas Electorales.

No estamos hablando de cuatro sobres.

En las elecciones generales del 23 de julio de 2023 se admitieron 2.622.808 solicitudes de voto por correo.

Finalmente se depositaron 2.471.935 votos.

Dos millones cuatrocientos setenta y un mil novecientos treinta y cinco.

Récord histórico.

Repito la cifra porque conviene contemplarla despacio:

2.471.935 votos.

En unas elecciones ajustadas, unas pocas decenas de miles de papeletas pueden decidir varios escaños.

Y varios escaños pueden decidir quién gobierna España.

Por eso me parece disparatado que cada vez que alguien pregunta por la seguridad del voto por correo aparezca inmediatamente el coro de tranquilizadores profesionales:

—No piense usted mal.

Pues precisamente hay que pensar mal.

Y después establecer controles para que pensar mal resulte inútil porque el procedimiento sea prácticamente imposible de manipular.

Ésa es la esencia de cualquier sistema serio de garantías.

LA DESCONFIANZA ES UN ARMA CARGADA DE FUTURO

Una democracia no debe pedir fe.

Debe ofrecer comprobaciones.

No debería importar que el director de una oficina de Correos sea del PSOE, del PP, de VOX, comunista, anarquista, vegetariano o aficionado al parchís.

No debería importar que un cartero sea afiliado a UGT, CC.OO., USO, CSIF o al club ornitológico de Villaconejos.

El procedimiento tendría que estar diseñado de tal manera que las preferencias políticas de cualquiera de las personas que intervienen resultaran completamente irrelevantes.

Porque ése es precisamente el problema.

Cuando un sistema obliga a confiar en la bondad personal de quienes lo gestionan, el sistema está mal diseñado.

Las garantías existen para no tener que confiar.

Cerraduras.

Actas.

Interventores.

Apoderados.

Precintos.

Registros.

Recuentos.

Firmas.

Identificación.

Custodia.

Todo eso existe porque desde que el mundo es mundo sabemos que la virtud humana tiene límites.

Y TAN DESCABELLADA NO DEBÍA SER LA DESCONFIANZA.

En 2023 ocurrió algo especialmente revelador.

Durante las elecciones municipales y autonómicas se investigó judicialmente el posible uso fraudulento del voto por correo en distintas localidades.

En Melilla hubo incluso sustracciones violentas de documentación electoral y una investigación sobre una posible utilización fraudulenta de esos votos.

¿Qué hizo entonces la Junta Electoral Central?

Cambió las reglas.

Hasta ese momento, la ley exigía identificar al elector cuando solicitaba el voto postal y cuando recibía la documentación, pero no se venía exigiendo de manera general que fuese él personalmente quien entregara después el voto en Correos.

La Junta Electoral Central modificó esa doctrina.

Desde junio de 2023 el elector debe entregar personalmente su voto en la oficina de Correos e identificarse, salvo los casos excepcionales debidamente autorizados.

Y los votos depositados simplemente en buzones son inválidos.

Es decir:

existía una vulnerabilidad;

ocurrieron hechos suficientemente graves;

se abrieron investigaciones;

saltaron las alarmas;

y hubo que reforzar el procedimiento.

Luego tan extravagante no era desconfiar.

La propia Junta Electoral Central reconoció expresamente en su instrucción que las investigaciones habían provocado inquietud sobre la seguridad del voto por correspondencia y que era necesario establecer nuevas garantías.

Eso debería bastar para terminar de una vez con la cantinela de que cuestionar la seguridad del voto postal equivale a ser un conspiranoico.

No.

Equivale a tener memoria.

CORREOS SIGUE SIENDO UNA SOCIEDAD ESTATAL SOMETIDA AL PODER POLÍTICO

Cuando escribí por primera vez este artículo presidía Correos Juan Manuel Serrano, antiguo jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE.

Ese dato ya ha quedado desfasado.

Desde diciembre de 2023 preside Correos Pedro Saura García.

¿Y quién es Pedro Saura?

Economista, antiguo diputado socialista, antiguo secretario de Estado de Transportes y antiguo presidente de Paradores y ENAIRE.

En octubre de 2026 continúa siendo presidente ejecutivo de Correos. La propia empresa lo confirma en su portal de transparencia.

Magnífico.

Hemos cambiado a un antiguo alto cargo socialista por otro antiguo alto cargo socialista.

Y después quieren explicarnos que no debemos preguntarnos si resulta conveniente que millones de votos permanezcan durante días bajo la custodia material de una sociedad estatal cuya cúpula nombra el poder político.

Pues yo sí me lo pregunto.

Y seguiré preguntándomelo gobierne quien gobierne.

Porque el problema no consiste en que Pedro Saura sea socialista.

El problema consiste en que la custodia de millones de votos no debería depender de una estructura cuya presidencia decide el Gobierno de turno.

Hoy es éste.

Mañana será otro.

Exactamente por eso hacen falta instituciones y procedimientos construidos para desconfiar del poder.

Del de hoy.

Del de mañana.

Y del que venga dentro de veinte años.

¿POR QUÉ NO CUSTODIAN LOS VOTOS LAS JUNTAS ELECTORALES?

Ésta es la pregunta que llevo años haciéndome.

Correos puede recoger los votos.

Puede transportarlos.

Puede clasificarlos.

Puede llevarlos hasta el lugar donde corresponda.

Pero una vez emitidos, ¿por qué deben permanecer bajo custodia postal hasta la jornada electoral?

¿Por qué no trasladarlos diariamente, debidamente registrados, precintados y documentados, a dependencias de las Juntas Electorales?

O, previa reforma legislativa, a depósitos judiciales habilitados para ello.

Un sistema sencillo:

cada envío queda registrado;

se crea una cadena de custodia;

se entrega diariamente;

se comprueba el número de sobres;

firman quien entrega y quien recibe;

se precintan los contenedores;

se conserva constancia electrónica y documental de cada movimiento;

y cualquier discrepancia queda registrada inmediatamente.

No inventaríamos nada extraordinario.

La Policía y los juzgados llevan décadas trabajando con cadenas de custodia para objetos muchísimo menos importantes que unas elecciones generales.

Si se puede documentar el recorrido de una bolsa de cocaína desde que es intervenida hasta que llega a un laboratorio y posteriormente a un tribunal, quizá podamos hacer algo parecido con dos millones y medio de votos.

LA CUESTIÓN NO ES MANIPULAR DOS MILLONES DE PAPELETAS

Hay otra trampa argumental frecuente.

Cuando alguien plantea la posible manipulación del voto postal, enseguida aparece quien responde:

—¿Pero usted cree que alguien puede falsificar dos millones de votos?

No hace falta.

Ése no es el problema.

En unas elecciones reñidas, bastan muchos menos.

La cuestión correcta no es:

¿puede alguien manipular millones de votos?

La cuestión correcta es:

¿cuántos votos sería necesario alterar, hacer desaparecer, retrasar, invalidar o desviar para modificar el resultado de una circunscripción concreta?

Porque los diputados no se adjudican sobre una gigantesca urna nacional única.

Se adjudican por circunscripciones.

Y existen provincias donde un escaño puede depender de unos pocos cientos o unos pocos miles de votos.

Ahí está el problema.

No hace falta mover una montaña.

Basta con saber qué piedra mover.

CUANDO LA POLÍTICA ENTRA POR LA VENTANA…

Yo no desconfío de todos los trabajadores de Correos.

Sería una estupidez.

Conozco personalmente a carteros y empleados honrados, responsables y trabajadores.

Pero tampoco tengo la obligación de creer que los miles y miles de personas que participan en una maquinaria gigantesca son todas incorruptibles por definición.

No lo son los jueces.

No lo son los policías.

No lo son los médicos.

No lo son los empresarios.

No lo son los profesores.

No lo son los sacerdotes.

No lo son los políticos.

¿Por qué iban a serlo todos los trabajadores de Correos?

De nuevo:

no se trata de insultar a nadie.

Se trata de no construir un sistema democrático apoyado sobre la santidad de nadie.

Cuando la política entra por la ventana, la confianza sale por la puerta.

Y conviene que salga.

Porque en unas elecciones no necesitamos confianza.

Necesitamos garantías.

Y PEDRO SÁNCHEZ NO AYUDA PRECISAMENTE A GENERARLA

Hay además una cuestión política inevitable.

Pedro Sánchez llegó a la secretaría general de su partido después de unas primarias cuya historia interna estuvo rodeada de acusaciones, denuncias de irregularidades, guerras intestinas y episodios que forman parte ya de la crónica del PSOE contemporáneo.

Desde entonces hemos contemplado una manera de ejercer el poder que justifica sobradamente la desconfianza política.

Cambios de criterio radicales.

Promesas convertidas en papel mojado.

Pactos que antes se negaban y después se firmaban.

Indultos que se rechazaban hasta que dejaron de rechazarse.

Una amnistía que se negaba hasta que los votos necesarios para gobernar la hicieron conveniente.

Instituciones colonizadas progresivamente por personas vinculadas a los partidos.

Y una concepción del Estado según la cual demasiadas veces parece confundirse Gobierno, partido y Administración.

Con semejantes antecedentes, pedirnos que confiemos resulta cómico.

Yo no quiero confiar en Pedro Sánchez.

Ni en Alberto Núñez Feijóo.

Ni en Santiago Abascal.

Ni en Yolanda Díaz.

Ni en ningún gobernante.

Quiero que ninguno de ellos pueda meter la mano en el procedimiento electoral aunque quisiera hacerlo.

Ésa es la diferencia.

LO QUE PROPONGO

Reformaría el voto por correo de arriba abajo.

Primero, identificación personal rigurosa al solicitarlo, recibir la documentación y depositar el voto.

Eso ya se ha reforzado desde 2023.

Segundo, seguimiento individualizado del envío mediante un código que permita al elector saber en todo momento si su documentación ha sido remitida, recibida y posteriormente entregada a la autoridad electoral.

Tercero, traslado diario de los votos emitidos desde Correos hasta dependencias bajo responsabilidad directa de las Juntas Electorales.

Cuarto, cadena de custodia formal con registro de cada entrega.

Quinto, almacenamiento bajo precinto y vigilancia.

Sexto, acceso permanente de representantes de las candidaturas a la información sobre número de votos recibidos, incidencias y movimientos de documentación, sin quebrantar naturalmente el secreto del sufragio.

Séptimo, procedimiento extraordinario para aquellos electores que solicitaron el voto postal pero no recibieron la documentación.

Si puede comprobarse que no han depositado voto alguno, deberían recuperar el derecho a votar personalmente.

Octavo, publicación después de cada elección de todos los datos:

solicitudes;

documentaciones enviadas;

documentaciones entregadas;

votos depositados;

votos que llegaron fuera de plazo;

votos rechazados;

incidencias;

reclamaciones;

y diferencias entre unas cifras y otras.

Todo negro sobre blanco.

¿POR QUÉ TANTA RESISTENCIA A SER CONTROLADOS?

Ésta es otra pregunta fascinante.

Cada vez que alguien propone más controles electorales, parece que estuviera atacando a la democracia.

Es exactamente al revés.

Si el sistema es impecable, los primeros interesados en demostrarlo deberían ser quienes lo administran.

Más observadores.

Más interventores.

Más documentación.

Más trazabilidad.

Más publicidad.

Más recuentos.

Más posibilidades de comprobación.

Más garantías.

¿Dónde está el problema?

Sólo existen dos posibilidades.

O el sistema funciona perfectamente, y entonces todos esos controles demostrarán que funciona perfectamente.

O existen fallos, y entonces servirán para descubrirlos.

En ambos casos ganamos.

MI EXPERIENCIA FUE MUY SENCILLA

Yo quería votar.

Solicité el voto por correo.

No recibí la documentación.

Acudí a mi Mesa electoral.

Y no pude votar.

Así de simple.

El sistema consiguió que un ciudadano que deseaba ejercer su derecho terminara sin ejercerlo.

Desde entonces no considero el voto postal una comodidad.

Lo considero un recurso que utilizaría únicamente cuando no exista otra posibilidad.

Porque entre depositar personalmente una papeleta en una urna, delante del presidente, los vocales, interventores, apoderados y demás electores, o entregarla varios días antes para que emprenda un viaje administrativo hasta llegar finalmente a la Mesa, tengo bastante claro cuál de los dos procedimientos me inspira más confianza.

NO QUIERO QUE ME PIDAN FE

Quiero saber dónde está mi voto.

Quiero saber quién lo recibió.

Quiero saber cuándo fue trasladado.

Quiero saber quién lo custodió.

Quiero saber cuándo llegó a la Mesa.

Quiero que quede constancia de cada paso.

Y quiero que, si algo falla antes de que mi voto haya sido depositado, pueda ejercer personalmente el derecho que la Constitución reconoce.

Nada extraordinario.

Simplemente controles.

Porque hablamos del mecanismo mediante el cual se entrega el poder político durante cuatro años.

Y porque después de haber visto en 2023 cómo tuvieron que modificarse las reglas ante investigaciones por posibles fraudes, ya sabemos que las vulnerabilidades no pertenecen al reino de la fantasía.

Por eso seguiré defendiendo una regla elemental:

cuanto menos tengamos que confiar en quienes organizan unas elecciones, mejor será el sistema electoral.

Y otra todavía más sencilla:

el voto no debe ser sólo secreto y libre. También debe ser rastreable en su custodia, comprobable en su recorrido e imposible de hacer desaparecer sin dejar huella.

La democracia no necesita actos de fe.

Necesita vigilancia.

Porque, como he repetido muchas veces:

LA DESCONFIANZA ES UN ARMA CARGADA DE FUTURO.