¿CUÁNDO CARAJOS VAN A SENTARSE PP Y VOX A ELABORAR UN PROGRAMA DE GOBIERNO PARA LA ESPAÑA REAL?
PROGRAMA, PROGRAMA Y PROGRAMA. Con diagnóstico, objetivos, plazos, medios, responsables, presupuesto de ingresos y gastos y obligación de rendir cuentas. Y sin volver a engañar a los españoles con promesas que se incumplen en cuanto se conquistan los despachos.
Por Carlos Aurelio Caldito Aunión
Hay una pregunta que, a estas alturas de la película, cuando nos aproximamos a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, me parece bastante más importante que todas las declaraciones, ocurrencias, disputas y representaciones teatrales con que nuestros políticos nos obsequian diariamente.
¿CUÁNDO CARAJOS VAN A SENTARSE ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO Y SANTIAGO ABASCAL, CON SUS RESPECTIVOS EQUIPOS, A ELABORAR UN VERDADERO PROGRAMA DE GOBIERNO PARA ESPAÑA?
Sí, señores.
Un programa.
PROGRAMA, PROGRAMA Y PROGRAMA.
No un catálogo de buenos deseos.
No una colección de promesas electorales.
No una sucesión de frases destinadas a provocar aplausos.
No un inventario de agravios contra Pedro Sánchez.
No una competición para determinar quién es más patriota, más español, más liberal, más conservador o más contundente a la hora de insultar al adversario.
Y, por supuesto, tampoco una negociación clandestina para distribuir ministerios, secretarías de Estado, direcciones generales, presidencias de organismos públicos, asesorías, coches oficiales y demás golosinas que proporciona el ejercicio del poder.
Hablo de algo mucho más serio.
UN PROGRAMA DE GOBIERNO.
Con un diagnóstico inicial de la situación real de España.
Con problemas claramente identificados.
Con objetivos concretos y cuantificables.
Con prioridades.
Con plazos de ejecución.
Con medios humanos y materiales.
Con procedimientos administrativos y legislativos.
Con responsables de cada actuación.
Con presupuestos aproximados de gastos e ingresos.
Con mecanismos de evaluación.
Y, sobre todo, con un sistema público y permanente de rendición de cuentas.
¿Es pedir demasiado?
Porque, en ocasiones, viendo cómo funciona nuestra política, uno tiene la impresión de estar exigiendo que los aspirantes a gobernar descubran el movimiento de los planetas, resuelvan la cuadratura del círculo o encuentren la fórmula de la eterna juventud.
Cuando, en realidad, estoy reclamando algo que cualquier persona mínimamente responsable exigiría antes de confiar sus ahorros, su empresa o su patrimonio a un administrador.
Y resulta que hablamos de administrar España.
Nada menos.
I. EL PRECEDENTE DE MARIANO RAJOY: DONDE DIJE DIGO, DIGO DIEGO
Antes de continuar, conviene refrescar la memoria.
20 DE NOVIEMBRE DE 2011.
Mariano Rajoy obtiene una victoria electoral extraordinaria.
El Partido Popular consigue 186 diputados, una mayoría absoluta que le permite gobernar sin necesitar los votos de ninguna otra formación política.
Millones de españoles han depositado su confianza en Rajoy, convencidos de que el cambio político permitirá afrontar la gravísima crisis económica y financiera que atraviesa el país.
Durante la campaña se han formulado compromisos.
Se ha hablado de reducir impuestos, impulsar la economía, crear empleo y administrar mejor los recursos públicos.
Rajoy llega a La Moncloa.
Y, apenas unos días después, comienza la transformación de las promesas en recuerdos.
El nuevo Gobierno comunica que el déficit público es considerablemente superior al previsto.
Donde se esperaba aproximadamente un 6 % del producto interior bruto, aparece una desviación que eleva la estimación hasta el 8 %.
En enero de 2012, Rajoy explica que había conocido la magnitud del problema el 27 de diciembre anterior, cuando la Intervención General del Estado le comunicó que las administraciones habían gastado unos 20.000 millones de euros más de lo previsto.
¡Vaya por Dios!
Resulta que quien llevaba años aspirando a presidir el Gobierno descubría, después de conseguirlo, que las cuentas públicas estaban considerablemente peor de lo que suponía.
Y aquella desagradable sorpresa se convirtió en la justificación de una modificación sustancial de las decisiones anunciadas.
El 30 de diciembre de 2011, su Gobierno aprobó aumentos impositivos y recortes del gasto.
Subió el IRPF.
Aumentó la presión fiscal sobre los inmuebles mediante el IBI.
Llegaron medidas de ajuste y restricciones presupuestarias.
Y meses después, el 11 de julio de 2012, el propio Mariano Rajoy reconoció ante el Congreso:
«Dije que bajaría impuestos, y los estoy subiendo».
Una frase que merece figurar, en letras de molde, en cualquier manual sobre las relaciones entre las promesas electorales y el ejercicio del poder.
Aquel verano anunció también la subida del IVA general del 18 al 21 %, del reducido del 8 al 10 %, la supresión de la paga extraordinaria de Navidad de los empleados públicos y otros ajustes.
Naturalmente, todo se justificó por la gravedad de las circunstancias.
Que la situación económica fuera verdaderamente grave no constituye motivo de discusión.
Lo que estoy cuestionando es otra cosa.
¿CÓMO SE PUEDE ASPIRAR A GOBERNAR UN PAÍS, PROMETER DETERMINADAS MEDIDAS Y DESCUBRIR DESPUÉS QUE NO SE CONOCÍA SUFICIENTEMENTE LA SITUACIÓN ECONÓMICA SOBRE LA QUE SE PRETENDÍA ACTUAR?
¿Para qué sirven los equipos económicos de los partidos?
¿Para qué están los asesores?
¿Para qué se dispone de estadísticas oficiales, informes presupuestarios, publicaciones del Banco de España, documentación parlamentaria y análisis nacionales e internacionales?
¿Para qué se presume de experiencia y capacidad de gestión?
¿Y qué responsabilidad corresponde a quien promete algo sin haber comprobado previamente si existen recursos para cumplirlo?
Todavía hay un detalle particularmente interesante.
Parte de aquella desviación presupuestaria procedía de las comunidades autónomas, varias de las cuales estaban gobernadas por el propio Partido Popular.
Es decir, que el desconocimiento alegado alcanzaba también a administraciones dirigidas por correligionarios.
Todo muy edificante.
Y aquí no se trata de negar la obligación de rectificar cuando cambian las circunstancias. Un Gobierno responsable tiene que corregir sus previsiones si aparecen datos nuevos.
Lo que se trata de evitar es que la ignorancia previa, real o alegada, se convierta en una autorización general para incumplir los compromisos electorales.
Porque los ciudadanos no entregan su confianza para que, una vez celebradas las elecciones, los gobernantes descubran que necesitan otro programa completamente distinto.
Y de aquellos polvos, estos lodos.
El precedente de Rajoy debería bastar para establecer una exigencia irrenunciable de cara a las elecciones de 2026:
SEÑORES FEIJÓO Y ABASCAL: NO NOS CUENTEN DESPUÉS QUE DESCONOCÍAN LA SITUACIÓN REAL DE ESPAÑA. ESTÚDIENLA AHORA. PUBLÍQUENLA AHORA. Y EXPLIQUEN AHORA LO QUE ESTÁN EN CONDICIONES DE HACER.
II. LA DEUDA PÚBLICA: MÁS DE DOS BILLONES TRESCIENTOS MIL MILLONES DE EUROS EN PASIVOS FINANCIEROS
Y ya que hablamos de conocer la situación de partida, comencemos por algo tan elemental como saber cuánto debemos.
Porque existe una cuestión extraordinariamente reveladora que debería ocupar las primeras páginas de cualquier diagnóstico económico serio.
Según las cuentas financieras del Banco de España correspondientes al segundo trimestre de 2026, las Administraciones Públicas españolas acumulan 2.309.015 millones de euros en pasivos financieros no consolidados.
Lo repito, para que no se pierda entre discursos y porcentajes:
DOS BILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL QUINCE MILLONES DE EUROS.
Sin embargo, la deuda pública calculada conforme al Protocolo de Déficit Excesivo, la cifra que habitualmente aparece en los titulares, se sitúa en aproximadamente 1.763.000 millones de euros al cierre de ese mismo trimestre.
La diferencia ronda los 546.000 MILLONES DE EUROS.
¡Más de medio billón!
Cerca de seiscientos mil millones de euros de diferencia entre dos magnitudes estadísticas oficiales.
Conviene explicar su significado con absoluta precisión.
Los pasivos financieros totales incluyen obligaciones que no se computan de la misma manera en la deuda del Protocolo de Déficit Excesivo. Además, la primera cifra no está consolidada: comprende deudas entre administraciones públicas que se eliminan al calcular la deuda consolidada del conjunto.
No estamos, por tanto, ante 546.000 millones adicionales de deuda exterior escondida, sino ante una diferencia de perímetro, instrumentos y criterios contables que necesita explicarse.
Y aquí está precisamente mi exigencia.
¿POR QUÉ NO SE PRESENTA A LOS CIUDADANOS UN BALANCE COMPLETO, COMPRENSIBLE Y DESGLOSADO DE TODAS LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS?
¿Cuánto debemos frente a terceros?
¿Cuánto se deben entre sí las distintas administraciones?
¿Qué créditos tiene el Estado frente a otros organismos públicos?
¿Qué activos financieros posee?
¿Qué parte de los pasivos vence a corto plazo?
¿Qué cantidades deben refinanciarse cada año?
¿Qué intereses se pagan?
¿Qué compromisos futuros existen?
¿Cuánto dinero se necesita para atender las obligaciones actuales y cuánto margen queda para asumir otras nuevas?
Porque también existen activos financieros públicos, y un balance riguroso debe mostrarlos.
Lo que reclamo no es multiplicar artificialmente la deuda para provocar alarma.
Es exactamente lo contrario: CONOCER TODAS LAS CUENTAS, SIN OCULTAR NI DUPLICAR UNA SOLA PARTIDA.
Y si para comprenderlas hay que distinguir entre deuda bruta, deuda consolidada, pasivos totales, activos financieros y obligaciones futuras, se explica.
Que para eso existen los economistas y los responsables de Hacienda.
No para convertir la contabilidad nacional en un misterio reservado a una casta sacerdotal de iniciados.
Y, sobre todo, para impedir que un futuro presidente del Gobierno vuelva a decirnos, con expresión compungida, que las cuentas estaban mucho peor de lo que le habían contado.
¡Pues averígüenlo antes, carajo!
III. LA PRIMERA OBLIGACIÓN: UN INVENTARIO DE LA ESPAÑA REAL
Antes de prometer una sola reforma, PP y VOX deberían presentar un diagnóstico elaborado con datos contrastables sobre la situación económica, financiera, institucional y social de España.
No la España de los discursos.
No la España de las encuestas electorales.
No la España de las tertulias.
LA ESPAÑA REAL.
La de quienes tienen que trabajar para pagar una hipoteca o un alquiler.
La de quienes no consiguen emanciparse.
La de los trabajadores autónomos asfixiados por obligaciones administrativas.
La de las empresas que necesitan seguridad jurídica, energía asequible, financiación y trabajadores cualificados.
La de los agricultores y ganaderos que ven amenazada la continuidad de sus explotaciones.
La de quienes esperan una intervención quirúrgica.
La de los ciudadanos que necesitan acudir a los tribunales y descubren que obtener justicia puede llevar años.
La de los padres que se preguntan qué están aprendiendo realmente sus hijos en los centros de enseñanza.
La de las personas mayores que necesitan asistencia.
La de los españoles que viven en pueblos donde cada servicio que desaparece constituye otra invitación a marcharse.
La de quienes quieren formar una familia y no encuentran las condiciones materiales necesarias.
Y también la de quienes se preocupan por la seguridad, las fronteras, la defensa nacional, la integridad territorial y el funcionamiento de las instituciones.
Ese diagnóstico debe comprender, como mínimo, el estado de las finanzas públicas, el mercado laboral, la productividad, la vivienda, las pensiones, la sanidad, la enseñanza, la Justicia, la dependencia, las infraestructuras, las administraciones territoriales, la seguridad y la defensa.
Con datos actuales.
Con comparaciones históricas.
Con identificación de las causas.
Con explicación de las competencias que corresponden a cada administración.
Y distinguiendo los problemas heredados de aquellos que han surgido o se han agravado recientemente.
SIN DIAGNÓSTICO NO HAY PROGRAMA. Y SIN PROGRAMA NO HAY MÁS QUE PROPAGANDA.
IV. PROGRAMA, PROGRAMA Y PROGRAMA: NO QUIERO SABER SOLAMENTE QUÉ PROMETEN, SINO CÓMO LO HARÁN
Aquí llegamos al centro del asunto.
Estoy harto de escuchar que se van a bajar los impuestos.
Que se van a mejorar los servicios públicos.
Que se van a garantizar las pensiones.
Que se va a resolver el problema de la vivienda.
Que se van a eliminar organismos innecesarios.
Que se va a combatir la corrupción.
Que se va a asegurar la independencia judicial.
Que se va a racionalizar la administración.
Que se va a defender la unidad nacional.
Que se va a controlar la inmigración irregular.
Que se va a acabar con el despilfarro.
Maravilloso.
¿Y cómo?
Porque UN OBJETIVO SIN PROCEDIMIENTO ES UN DESEO. UN PROCEDIMIENTO SIN MEDIOS ES UNA FANTASÍA. Y UNA PROMESA SIN PLAZO NI RESPONSABLE ES UNA INVITACIÓN AL INCUMPLIMIENTO.
Por eso, el programa que reclamo debería establecer, para cada actuación importante, diez elementos perfectamente reconocibles.
1. SITUACIÓN DE PARTIDA. Qué problema existe, cuál es su dimensión y qué causas lo explican.
2. OBJETIVO CONCRETO. Qué resultado se pretende conseguir y mediante qué indicadores se medirá.
3. ACTUACIONES. Qué decisiones se adoptarán y qué leyes, reglamentos o procedimientos administrativos deberán modificarse.
4. PRIORIDADES. Qué debe acometerse inmediatamente y qué admite una ejecución posterior.
5. PLAZOS. Qué se hará durante los primeros cien días, el primer año, el segundo y el conjunto de la legislatura.
6. RESPONSABLES. Qué ministro, departamento, organismo o administración deberá ejecutar cada medida.
7. MEDIOS. Qué personal, instalaciones, tecnología, equipamientos y recursos materiales harán falta.
8. PRESUPUESTO. Qué gastos generará, qué ahorros producirá, qué ingresos se esperan y cómo se financiará.
9. OBSTÁCULOS. Qué decisiones dependerán de mayorías parlamentarias, acuerdos territoriales, reformas constitucionales o negociaciones con instituciones europeas.
10. RENDICIÓN DE CUENTAS. Cómo se comprobará el cumplimiento y quién responderá públicamente por los resultados.
No estamos hablando de una extravagancia.
Estamos hablando de planificación.
De organización.
De administración.
De responsabilidad.
De las cosas que hacen las personas serias cuando tienen que dirigir una empresa, construir un hospital, ejecutar una obra pública o administrar recursos ajenos.
¿O acaso alguien contrataría la construcción de su vivienda con un presupuesto que se limitara a prometerle una casa estupenda, confortable, económica y terminada cuanto antes?
¿Aceptaría que el constructor le dijera que ya determinarían el coste cuando empezaran las obras?
¿Y que, si aparecieran dificultades, habría que cambiar completamente el proyecto, aumentar el precio y retrasar indefinidamente la entrega?
Pues eso mismo llevamos décadas tolerando en política.
V. EJEMPLOS PARA QUE NADIE ALEGUE QUE NO COMPRENDE LO QUE ESTOY PIDIENDO
Pongamos algunos ejemplos.
VIVIENDA.
No basta con prometer viviendas asequibles.
¿Cuántas se pretende construir o facilitar que se construyan?
¿Dónde?
¿En qué plazos?
¿Qué suelo estará disponible?
¿Qué normas urbanísticas se modificarán?
¿Qué inversiones públicas serán necesarias?
¿Qué incentivos se ofrecerán a la iniciativa privada?
¿Cuánto costará cada actuación?
¿Cómo se evaluará si las medidas aumentan realmente la oferta y facilitan el acceso a la vivienda?
SANIDAD.
No basta con prometer una sanidad excelente.
¿Cuál es la situación inicial de las listas de espera?
¿Qué reducción se pretende conseguir?
¿Cuántos profesionales serán necesarios?
¿Dónde se necesitan nuevas instalaciones?
¿Cuáles son los problemas organizativos?
¿Qué recursos adicionales harán falta?
¿Cómo se comprobará que disminuyen los retrasos y mejora la atención?
ENSEÑANZA.
No basta con hablar de calidad educativa.
¿Cuál es el nivel real de conocimientos de los alumnos?
¿Qué objetivos se fijarán en matemáticas, comprensión lectora y ciencias?
¿Qué reformas se proponen para mejorar la formación del profesorado y los procedimientos de evaluación?
¿Qué costes tienen?
¿Cuándo se medirán los primeros resultados?
JUSTICIA.
No basta con proclamar la separación de poderes.
¿Qué reformas concretas se introducirán?
¿Cómo se garantizará la independencia de los órganos judiciales?
¿Qué se hará para reducir los retrasos?
¿Cuántos jueces, fiscales, funcionarios y medios técnicos se necesitan?
¿Qué modificaciones legislativas harán falta?
¿Qué compromisos requieren mayorías reforzadas?
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
No basta con prometer menos burocracia.
¿Cuántos organismos existen?
¿Qué funciones cumplen?
¿Cuáles están duplicadas?
¿Cuáles resultan prescindibles?
¿Cuánto cuesta mantenerlos?
¿Qué ahorro efectivo producirá su supresión o reorganización?
¿Qué servicios deben conservarse?
¿Qué se hará con el personal y los recursos afectados?
Y si se propone una reforma profunda del Estado autonómico, habrá que explicar qué competencias se modificarán, qué procedimientos se utilizarán y qué cambios constitucionales resultarán necesarios.
EMPLEO, FISCALIDAD Y ACTIVIDAD ECONÓMICA.
No basta con prometer más puestos de trabajo y menos impuestos.
¿Qué tributos se reducirán?
¿Cuánto disminuirá inicialmente la recaudación?
¿Qué efectos se esperan sobre la inversión, el consumo y el empleo?
¿Qué obstáculos administrativos se eliminarán?
¿Qué previsiones justifican las medidas?
¿Y qué ajustes presupuestarios se realizarán para mantener la sostenibilidad de las cuentas públicas?
FRONTERAS, CEUTA, MELILLA Y DEFENSA NACIONAL.
No basta con proclamar que se defenderá la soberanía española.
¿Qué riesgos se han identificado?
¿Qué medios necesitan las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad?
¿Qué inversiones se consideran prioritarias?
¿Qué medidas fronterizas, diplomáticas y de cooperación internacional se proponen?
¿Qué capacidad administrativa existe para ejecutar la política migratoria dentro del marco legal?
¿Cuáles son los costes?
¿Y qué calendario de actuaciones se establece?
Podríamos continuar con las pensiones, la dependencia, el agua, la energía, las infraestructuras, el transporte, la natalidad, la familia, el mundo rural y un largo etcétera.
Pero la idea es perfectamente comprensible.
PROGRAMA, PROGRAMA Y PROGRAMA.
Y no otro rosario de promesas destinadas a olvidarse después de las elecciones.
VI. LAS CUENTAS DEBEN CUADRAR. TAMBIÉN CUANDO GOBIERNAN LOS NUESTROS
Llegados a este punto, conviene recordar una obviedad que parece desaparecer cada vez que comienza una campaña electoral.
No se puede prometer simultáneamente una reducción gigantesca de impuestos, un aumento generalizado de prestaciones, grandes inversiones, mejores servicios públicos y una disminución acelerada de la deuda sin explicar cómo se financiará todo ello.
No basta con pronunciar la palabra ahorro.
Ni con anunciar que se eliminarán gastos superfluos.
Ni con atribuir a la corrupción, al despilfarro o a la burocracia una capacidad prácticamente ilimitada para financiar cualquier promesa.
Si existen gastos innecesarios, identifíquense.
Si hay organismos prescindibles, demuéstrese.
Si determinadas estructuras pueden funcionar con menos recursos, explíquese cómo.
Pero no se presenten ahorros hipotéticos como si fueran cantidades ingresadas en el Tesoro.
Un programa económico serio debe incluir una previsión presupuestaria para toda la legislatura.
Con ingresos estimados.
Con gastos comprometidos.
Con nuevas inversiones.
Con ahorros comprobables.
Con costes de transición.
Con previsiones de déficit y deuda.
Y con escenarios alternativos para el caso de que la economía crezca menos de lo previsto, aumenten los intereses o aparezcan acontecimientos imprevistos.
Porque si algo hemos aprendido durante las últimas décadas es que los acontecimientos imprevistos existen.
Y gobernar consiste precisamente en estar preparado para afrontar dificultades.
No en utilizar cada dificultad como una coartada para incumplir cuanto se prometió.
LA CONTABILIDAD NO ES DE DERECHAS NI DE IZQUIERDAS. Y LAS FACTURAS NO DESAPARECEN POR MUCHO QUE UN MINISTRO SE ENVUELVA EN LA BANDERA NACIONAL.
VII. ¿POR QUÉ DEBEN REUNIRSE PP Y VOX ANTES DE LAS ELECCIONES?
Aclaremos otra cuestión.
No les estoy exigiendo que se abracen.
Ni que se declaren amor eterno.
Ni que disuelvan sus organizaciones para fundar un partido nuevo.
Ni siquiera que se comprometan anticipadamente a gobernar juntos.
Les estoy reclamando que hagan algo razonable si contemplan la posibilidad de colaborar en la formación o el sostenimiento de un Gobierno.
QUE EXPLIQUEN ANTES DE LAS ELECCIONES QUÉ ESTÁN DISPUESTOS A HACER JUNTOS.
¿Coinciden en el diagnóstico de la situación económica?
¿Comparten los objetivos presupuestarios?
¿Están de acuerdo en las principales reformas institucionales?
¿Qué discrepancias tienen sobre el Estado autonómico?
¿En qué coinciden y en qué discrepan respecto a inmigración, política exterior, defensa, educación, fiscalidad y Justicia?
¿Qué medidas consideran irrenunciables?
¿Qué reformas pueden apoyar mutuamente?
¿Qué desacuerdos impedirían un pacto?
Todo eso debería conocerse antes del 29 de noviembre.
Y si sus diferencias son demasiado profundas para elaborar un programa común, también deberían explicarlo.
No hay ninguna obligación de fingir coincidencias inexistentes.
Pero sí existe una obligación elemental de claridad hacia los ciudadanos cuando se solicita su confianza.
Porque el elector debe saber si las promesas de cada partido son compatibles con los acuerdos parlamentarios que posteriormente puede necesitar.
Y no descubrir después que algunas de las medidas más publicitadas durante la campaña resultan incompatibles con las exigencias de un eventual socio.
Lo que no resulta serio es pedir el voto en nombre de unas reformas y comenzar inmediatamente después una negociación que termina por vaciarlas de contenido.
A veces parece que nuestros partidos conocen perfectamente el procedimiento para repartirse el poder, pero encuentran dificultades extraordinarias cuando se trata de explicar qué piensan hacer con él.
PRIMERO EL PROGRAMA. DESPUÉS, SI PROCEDE, EL REPARTO DE RESPONSABILIDADES.
No al revés.
VIII. PROGRAMA ELECTORAL Y PROGRAMA DE GOBIERNO NO SON SINÓNIMOS
Aquí existe otra confusión que conviene despejar.
Un programa electoral expresa lo que una formación política pretende impulsar.
Un programa de gobierno debe establecer qué decisiones concretas está en condiciones de ejecutar, con qué apoyos, qué recursos y en qué plazos.
La diferencia es sustancial.
Un partido puede defender una reforma constitucional.
Pero si carece de la mayoría necesaria para aprobarla, debe reconocerlo y explicar cómo pretende conseguir los apoyos indispensables.
Puede comprometerse a reducir determinados impuestos.
Pero si el impacto presupuestario exige recortar gastos, debe identificar cuáles.
Puede anunciar la eliminación de organismos.
Pero debe conocer las funciones que desempeñan y establecer quién las asumirá cuando desaparezcan.
Puede prometer mejoras en servicios gestionados por las comunidades autónomas.
Pero debe explicar qué competencias tiene el Gobierno central para intervenir y qué acuerdos deberán alcanzarse.
En definitiva, debe distinguir LO QUE DESEA HACER, LO QUE PUEDE HACER Y LO QUE REALMENTE SE COMPROMETE A EJECUTAR.
Porque esas tres cosas no siempre coinciden.
Y una democracia seria debería exigir que las diferencias se conozcan antes de votar.
IX. ¿QUIÉN RESPONDE CUANDO EL PROGRAMA SE INCUMPLE?
Llegamos a otra de las cuestiones fundamentales.
La rendición de cuentas.
Porque los programas electorales españoles se parecen con demasiada frecuencia a esos prospectos publicitarios que prometen resultados maravillosos y después incluyen una letra diminuta explicando que el fabricante no se responsabiliza de casi nada.
Durante la campaña, todo son certezas.
Cuando se consigue el poder, comienzan las excepciones.
Y cuando llega el momento de evaluar los resultados, aparecen las explicaciones, las excusas y las estadísticas cuidadosamente seleccionadas.
Propongo una exigencia perfectamente razonable.
Que los compromisos fundamentales de cualquier Gobierno figuren en un registro público, accesible por internet, con su presupuesto, responsables, indicadores y calendario.
Que a los cien días se publique una primera evaluación.
Que trimestralmente se informe de los avances y desviaciones.
Que anualmente comparezcan los responsables para explicar los resultados.
Y que una evaluación independiente permita comprobar la correspondencia entre las promesas, los recursos empleados y los objetivos alcanzados.
Cada medida debería tener un historial visible para cualquier ciudadano.
Qué se prometió.
Qué se aprobó.
Cuánto se presupuestó.
Cuánto se gastó.
Qué resultados se obtuvieron.
Qué dificultades aparecieron.
Y por qué se modificó, aplazó o abandonó el compromiso inicial.
Con datos verificables.
Con documentos públicos.
Con posibilidad de examen parlamentario y ciudadano.
Sin obligarnos a recorrer interminables páginas de propaganda institucional para encontrar una cifra concreta.
Y si un ministro incumple de manera grave los compromisos que le corresponden, deberá explicar las razones y asumir las consecuencias políticas.
RENDIR CUENTAS NO SIGNIFICA ORGANIZAR UNA RUEDA DE PRENSA PARA DECIR QUE TODO VA ESTUPENDAMENTE.
Significa responder ante aquellos que han confiado el ejercicio del poder a sus representantes.
Aunque la respuesta resulte desagradable.
Aunque obligue a reconocer errores.
Aunque suponga destituir a algún responsable.
X. LA TECNOLOGÍA PERMITE CONTROLAR A LOS GOBERNANTES. ¿POR QUÉ NO APROVECHARLA?
No estamos en 1978.
Ni siquiera en 2011.
Disponemos de medios técnicos que permiten ofrecer información pública detallada, actualizada y accesible.
Es perfectamente posible desarrollar sistemas de seguimiento presupuestario, cumplimiento de objetivos, evaluación de servicios y participación ciudadana.
Y facilitar consultas públicas sobre decisiones relevantes, con garantías suficientes de identificación, seguridad, accesibilidad y protección de los datos.
Deberían existir procedimientos para que los ciudadanos puedan examinar la ejecución de los compromisos políticos sin depender exclusivamente de la información seleccionada por los gabinetes de prensa.
La representación parlamentaria y la participación directa no tienen por qué excluirse.
Pueden complementarse.
La cuestión es si existe voluntad política para que la ciudadanía disponga de instrumentos efectivos de información y control.
Porque resulta bastante cómodo solicitar la participación de los españoles cada cuatro años y considerar después que ya han cumplido todas sus obligaciones democráticas.
Depositar una papeleta en una urna no significa entregar la soberanía popular en régimen de usufructo a una colección de dirigentes.
EL PODER POLÍTICO ES UNA RESPONSABILIDAD TEMPORAL, NO UNA PROPIEDAD PRIVADA DE LOS PARTIDOS.
Y los avances tecnológicos permiten establecer controles mucho más rigurosos y frecuentes que los existentes hace medio siglo.
XI. DECIR LA VERDAD PUEDE COSTAR VOTOS. MENTIR DEBERÍA COSTAR CREDIBILIDAD
Hay algo que considero todavía más importante que todas las medidas anteriores.
La obligación de decir la verdad.
Incluso cuando es desagradable.
Incluso cuando contradice las expectativas de los propios electores.
Incluso cuando amenaza con perjudicar electoralmente al partido.
Si las cuentas públicas obligan a establecer prioridades incómodas, explíquense.
Si no es posible reducir simultáneamente todos los impuestos anunciados, dígase.
Si determinada reforma exige muchos años, no se prometa resolverla en unos meses.
Si hay que mantener durante un tiempo medidas impopulares, justifíquese con datos.
Si una inversión no puede financiarse sin aumentar el déficit, reconózcase.
Si determinados cambios requieren acuerdos parlamentarios que no están garantizados, adviértase.
Y si una propuesta electoral resulta sencillamente inviable, abandónese.
NO EXISTE OBLIGACIÓN ALGUNA DE PROMETER IMPOSIBLES PARA CONSEGUIR APLAUSOS.
Sin embargo, hemos convertido la política en una competición permanente por ofrecer al ciudadano aquello que desea escuchar.
Se le promete que disfrutará de mejores servicios públicos, que pagará menos impuestos, que dispondrá de prestaciones más generosas y que no tendrá que afrontar sacrificios.
Todo simultáneamente.
Y después llega la realidad.
Y con ella la consabida explicación:
Que las circunstancias han cambiado.
Que el déficit es superior al previsto.
Que las administraciones anteriores dejaron una herencia desastrosa.
Que los compromisos europeos impiden cumplir las promesas.
Que la situación internacional obliga a rectificar.
Que no existe mayoría parlamentaria suficiente.
Que hay que esperar.
Que habrá que estudiar el asunto.
Que, en definitiva, aquello que parecía indispensable durante la campaña ha dejado de ser urgente después de las elecciones.
La historia de Mariano Rajoy debería haber vacunado a los españoles contra esta forma de actuar.
Pero tengo la impresión de que nuestros dirigentes consideran que la memoria política de los ciudadanos tiene una duración inferior a la de una barra de hielo abandonada en una playa de agosto.
Y no.
NO QUIERO VOLVER A ESCUCHAR A UN PRESIDENTE DEL GOBIERNO DECIR QUE HA DESCUBIERTO, DESPUÉS DE GANAR LAS ELECCIONES, QUE LA SITUACIÓN DEL PAÍS ES MUCHO PEOR DE LO QUE HABÍA SUPUESTO.
Para eso existen los diagnósticos.
Para eso se elaboran los presupuestos.
Para eso se estudian las estadísticas.
Para eso se calculan los riesgos.
Para eso se preparan los programas.
PROGRAMA, PROGRAMA Y PROGRAMA.
XII. NO CONFUNDAN ECHAR A SÁNCHEZ CON TENER UN PROYECTO PARA ESPAÑA
También conviene aclarar que sustituir a un Gobierno no constituye, por sí solo, un programa para el siguiente.
La crítica al Ejecutivo de Pedro Sánchez, por intensa y fundada que se considere, no exime a sus adversarios de presentar alternativas precisas.
Una cosa es explicar por qué debería producirse un cambio político.
Y otra, muy distinta, demostrar que se dispone de un proyecto viable para gobernar.
El ciudadano tiene derecho a exigir ambas explicaciones.
¿Qué quieren corregir?
¿Qué piensan conservar?
¿Qué pretenden reformar?
¿Qué consideran urgente?
¿Qué están dispuestos a dejar para más adelante?
¿Y cómo justificarán cada decisión?
Porque tampoco sería serio presentar como necesariamente perjudicial toda actuación de un Gobierno por el mero hecho de haber sido impulsada por el adversario.
Un programa riguroso debería comenzar por distinguir lo que funciona y merece conservarse de aquello que necesita reformas.
Lo contrario conduce a una tradición política bastante conocida: cada nuevo Gobierno deshace lo que hizo el anterior, aunque después descubra que tiene que volver a reconstruirlo.
Y así vamos acumulando leyes, contrarreformas, reorganizaciones y cambios administrativos que cuestan dinero, generan inseguridad y dificultan cualquier planificación a largo plazo.
Los problemas de España no comienzan ni terminan en Pedro Sánchez.
Algunos son muy anteriores.
Otros derivan de decisiones adoptadas por administraciones de distinto signo.
Y algunos exigirán acuerdos que vayan más allá de una legislatura.
Precisamente por ello, la elaboración de un programa serio requiere un diagnóstico que no se limite a distribuir culpas entre adversarios.
XIII. SEÑORES FEIJÓO Y ABASCAL: LAS FOTOGRAFÍAS DESPUÉS. LAS CUENTAS, PRIMERO
Voy terminando.
Y quiero hacerlo regresando a la pregunta inicial.
Señores Feijóo y Abascal:
¿Para cuándo una reunión pública, acompañada de equipos de especialistas, destinada a examinar qué programa de gobierno pueden compartir?
¿Para cuándo un diagnóstico conjunto de la situación económica y financiera de España?
¿Para cuándo un inventario de problemas y prioridades?
¿Para cuándo una previsión presupuestaria?
¿Para cuándo un calendario de reformas?
¿Para cuándo un compromiso de rendición de cuentas?
¿Para cuándo la identificación de sus diferencias, sin disimulos ni ambigüedades?
¿Y para cuándo el reconocimiento de que algunas medidas pueden resultar desagradables, exigir sacrificios y provocar la pérdida de votos?
No les estoy pidiendo que renuncien a sus ideas.
Les estoy pidiendo que expliquen cómo piensan convertirlas en decisiones de gobierno.
No les exijo que garanticen resultados milagrosos.
Les exijo que identifiquen objetivos realistas, medios adecuados y procedimientos comprobables.
No les pido infalibilidad.
Les pido competencia.
Y no pretendo que todos los problemas de España se resuelvan en cuatro años.
Pretendo saber cuáles se comprometen a abordar, qué avances esperan conseguir y cómo responderán por sus compromisos.
LA ESPAÑA REAL NECESITA MUCHO MÁS QUE UNA ALTERNANCIA DE SIGLAS EN LA PUERTA DE LOS MINISTERIOS.
Necesita que sus instituciones funcionen.
Que las cuentas públicas se conozcan.
Que los servicios se presten eficazmente.
Que la seguridad jurídica deje de ser un deseo.
Que las administraciones respondan ante los ciudadanos.
Que las decisiones tengan responsables identificables.
Y que el poder político deje de funcionar como una interminable competición por conquistar y conservar puestos.
EPÍLOGO. DE AQUELLOS POLVOS, ESTOS LODOS
El 20 de noviembre de 2011, Mariano Rajoy consiguió una mayoría absoluta de 186 diputados.
Poco después alegó que había encontrado una situación presupuestaria mucho peor de la prevista.
Y el programa con el que había solicitado la confianza de los españoles comenzó a sufrir rectificaciones sustanciales.
El 11 de julio de 2012 reconoció públicamente que estaba subiendo los impuestos que había prometido bajar.
Aquella experiencia debería haber dejado una enseñanza elemental:
NO SE PUEDE PEDIR EL VOTO PARA GOBERNAR UN PAÍS SIN HABER EXAMINADO PREVIAMENTE SU SITUACIÓN REAL Y CALCULADO LA VIABILIDAD DE LAS PRINCIPALES PROMESAS.
Estamos en octubre de 2026.
Las estadísticas oficiales permiten conocer una deuda pública conforme al criterio europeo de aproximadamente 1,763 billones de euros y unos pasivos financieros totales no consolidados de 2,309 billones.
Disponemos de información económica, financiera, demográfica y administrativa suficiente para comenzar un diagnóstico riguroso.
Existen especialistas, instituciones, publicaciones y herramientas de análisis.
Por tanto, no cabe admitir tranquilamente que quienes aspiran a gobernar se presenten ante los ciudadanos con una colección de consignas y dejen para después el examen de las cuentas.
QUE NADIE VUELVA A DECIRNOS QUE NO SABÍA LO QUE HABÍA.
Y, si hay incertidumbres importantes, que se identifiquen y cuantifiquen antes.
Que nadie vuelva a pedir nuestra confianza con un programa imposible de financiar.
Que nadie convierta el desconocimiento en excusa para incumplir.
Que nadie sustituya la planificación por la propaganda.
Y que nadie confunda obtener una mayoría parlamentaria con recibir un cheque en blanco.
Señores Feijóo y Abascal:
Si realmente contemplan la posibilidad de gobernar juntos, o de sostener parlamentariamente un Gobierno, expliquen en qué coinciden y en qué discrepan.
Pongan a trabajar a sus equipos.
Calculen los costes.
Determinen las prioridades.
Establezcan los plazos.
Identifiquen los responsables.
Y comprométanse a dar cuenta pública de los resultados.
PROGRAMA, PROGRAMA Y PROGRAMA.
Con números.
Con fechas.
Con medios.
Con presupuestos.
Con responsables.
Y con consecuencias políticas cuando se incumplan los compromisos.
Todo ello ANTES DEL 29 DE NOVIEMBRE.
No después.
Porque para hacer promesas maravillosas ya tenemos suficientes charlatanes.
Y para conocer las verdaderas intenciones de quienes pretenden gobernarnos no deberíamos tener que esperar a que consigan instalarse en La Moncloa.
ANTES DE PEDIR LAS LLAVES DEL PODER, ENSEÑEN LAS CUENTAS Y PRESENTEN EL PROGRAMA.
Y si para conseguir votos necesitan ocultar las dificultades, disimular los costes o prometer lo imposible, quizá deberían reconsiderar sus aspiraciones.
Porque gobernar no consiste en ganar unas elecciones y descubrir después qué hacer.
Consiste en saber qué se pretende hacer, disponer de un programa viable, explicar los sacrificios necesarios y someterse al juicio de los ciudadanos.
SEÑORES FEIJÓO Y ABASCAL: MENOS TEATRO, MENOS FOTOGRAFÍAS, MENOS OCURRENCIAS Y MÁS PROGRAMA.
PROGRAMA, PROGRAMA Y PROGRAMA.
Y, después, a cumplirlo.
PUES ESO.
