LA DELINCUENCIA EN ESPAÑA ES UN GIGANTESCO ICEBERG
LA VERDADERA CRIMINALIDAD, LAS ESTADÍSTICAS DE MARLASKA, LAS DENUNCIAS DE LOS POLICÍAS Y LA INVASIÓN DE CEUTA
Cuando el Gobierno presume de seguridad, los policías denuncian la falta de medios, los ciudadanos padecen la delincuencia y las fronteras españolas quedan desbordadas.
RAMIRO GRAU MORANCHO
RESUMEN PARA LECTORES APRESURADOS
La delincuencia en España es como un gigantesco iceberg: vemos una parte, la que aparece en las estadísticas policiales, mientras otra permanece sumergida. Delitos que nadie denuncia, otros que nunca se esclarecen, delincuentes que acumulan detenciones, víctimas que no recuperan lo perdido y actuaciones policiales que jamás terminan en condena.
El Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, presume periódicamente de sus cifras de seguridad. Sin embargo, organizaciones policiales como JUPOL, JUCIL y la Confederación Española de Policía llevan años denunciando carencias de personal, falta de medios y problemas que las comparecencias ministeriales no reflejan adecuadamente.
También investigadores como Rubén Pulido vienen examinando cuestiones incómodas relacionadas con la inmigración irregular, la delincuencia, la reincidencia y el control de fronteras.
Y hay otra cuestión que merece una atención especial: la nacionalidad de los delincuentes. El Instituto Nacional de Estadística reconoce que, en 2025, la tasa de condenados adultos de nacionalidad extranjera fue 2,5 veces la correspondiente a los españoles. No es una invención, ni una consigna: es un dato oficial que merece un análisis serio.
Por si faltara algo, los acontecimientos de julio de 2026 en Ceuta introdujeron un problema de una gravedad extraordinaria: la entrada masiva de más de 70.000 personas desde Marruecos, coincidiendo con incursiones no autorizadas de buques militares marroquíes en aguas españolas.
La crisis de Ceuta no fue un simple problema de delincuencia común. Fue un desafío de control fronterizo, seguridad y soberanía nacional.
La cuestión no es solamente cuántos delitos se cometen, sino cuántos se conocen, cuántos se esclarecen, quiénes los cometen, qué consecuencias tienen y qué hacen nuestros gobernantes para impedir que se repitan.
I. EL ICEBERG: LO QUE SE VE Y LO QUE PERMANECE SUMERGIDO
Todos sabemos, o deberíamos saber, que los icebergs son gigantescas masas de hielo que flotan en el mar, mostrando apenas una pequeña parte de su volumen. La mayor parte permanece sumergida.
Y ahí reside precisamente su peligro.
El capitán de un barco puede contemplar lo que sobresale del agua, admirar su belleza y calcular erróneamente sus dimensiones.
Pero si olvida lo que permanece bajo la superficie, acabará llevándose una sorpresa bastante desagradable.
Algo semejante sucede con la delincuencia en España.
Lo que vemos, lo que nos cuentan, lo que aparece en las estadísticas del Ministerio del Interior, constituye solamente una parte de la realidad.
Otra queda fuera de los registros oficiales, porque muchos delitos no se denuncian.
Y otra, pese a haber sido denunciada, jamás termina con la identificación y condena de sus responsables.
Tenemos, por tanto, distintos niveles de conocimiento de la delincuencia.
Está la delincuencia que se comete.
La que se denuncia.
La que registra la policía.
La que se esclarece.
La que llega a los tribunales.
Y la que termina con una sentencia condenatoria.
Confundir todas esas cosas es una excelente manera de engañarse.
O de engañar a los demás.
Un delito no deja de existir porque nadie lo denuncie. Un ladrón no se convierte en honrado porque no lo hayan detenido. Y una víctima no deja de serlo porque el juzgado haya archivado su denuncia.
Sin embargo, cada vez que se publican las estadísticas oficiales asistimos al mismo espectáculo.
Comparece el ministro o alguno de sus colaboradores, presenta una colección de porcentajes y nos explica lo seguros que estamos.
Y uno acaba preguntándose si las estadísticas describen el país en el que vivimos o el país que al Gobierno le gustaría que creyéramos que existe.
II. MARLASKA Y EL PRODIGIO DE LAS ESTADÍSTICAS TRANQUILIZADORAS
Durante 2025 se registraron en España alrededor de dos millones y medio de infracciones penales.
En el primer semestre de 2026, el Ministerio del Interior contabilizó 1.217.476 infracciones penales.
Más de seis mil setecientas cada día.
Y eso contando únicamente las conocidas por las autoridades.
Naturalmente, no todos los delitos son iguales.
Pero examinemos algunas cifras correspondientes a los seis primeros meses de 2026:
- 10.971 delitos contra la libertad sexual.
- 2.747 agresiones sexuales con penetración.
- 60 secuestros.
- 15.893 delitos graves y menos graves de lesiones y riñas tumultuarias.
- 29.392 robos con violencia o intimidación.
- 33.745 robos con fuerza en domicilios.
- 16.052 sustracciones de vehículos.
- 245.936 delitos informáticos.
Las infracciones penales registradas aumentaron un 0,5 % respecto al primer semestre de 2025.
Algunos delitos descendieron, entre ellos los robos con violencia y los robos en domicilios.
Otros aumentaron.
Los secuestros crecieron un 17,6 %; los delitos graves y menos graves de lesiones y riñas tumultuarias, un 10,1 %; y los delitos contra la libertad sexual, un 4 %.
Estas cifras son las del propio Ministerio del Interior.
No las ha elaborado un partido de la oposición.
Ni un sindicato policial.
Ni un periodista incómodo.
Y, sin embargo, basta con elegir determinados porcentajes y dejar otros en segundo plano para ofrecer una imagen considerablemente más tranquilizadora.
¿Han disminuido los hurtos?
Magnífico.
¿Han descendido los robos con fuerza en domicilios?
También es una buena noticia.
Pero ¿qué hacemos con los secuestros, las agresiones sexuales, las lesiones y los delitos informáticos?
¿Los escondemos debajo de la alfombra?
¿Los compensamos aritméticamente con los delitos que han disminuido?
Si mañana se redujeran los robos de bicicletas, pero aumentaran considerablemente las violaciones, ¿deberíamos celebrar la mejora del balance general?
Las estadísticas son instrumentos para conocer la realidad, no detergentes para blanquearla.
Y el problema comienza cuando quienes gobiernan parecen prestar más atención a la presentación de los resultados que a las preguntas que esos resultados deberían provocar.
III. CUANDO LOS POLICÍAS DENUNCIAN LO QUE EL MINISTRO PREFIERE DESTACAR MENOS
Hay un detalle especialmente revelador.
Las críticas al discurso oficial sobre la seguridad no proceden únicamente de periodistas, comentaristas o partidos políticos.
También proceden de los propios profesionales de las Fuerzas de Seguridad.
JUPOL denunció públicamente en junio de 2026 que el Gobierno estaba maquillando la presentación de los datos de delincuencia.
El sindicato llamó la atención sobre el incremento de los homicidios durante el primer trimestre, que alcanzó el 10,6 %, así como sobre las subidas de los secuestros, las lesiones y determinadas agresiones sexuales.
También denunció que los agentes afrontaban estos problemas con plantillas insuficientes y falta de medios.
Y no estamos hablando de una organización dedicada a especular desde la comodidad de una tertulia.
Estamos hablando de representantes de policías nacionales.
JUCIL, por su parte, ha denunciado reiteradamente problemas de plantilla, retribuciones y condiciones de servicio de la Guardia Civil.
Otras organizaciones policiales, entre ellas la Confederación Española de Policía y la Unión Federal de Policía, también han reclamado refuerzos frente a la criminalidad organizada en determinados territorios.
Podemos discutir las reivindicaciones de cada organización.
Podemos examinar sus cifras, sus argumentos y sus propuestas.
Pero no resulta razonable despachar todas sus advertencias como si fueran simples molestias para el ministro.
Porque los agentes son quienes atienden las denuncias, patrullan las calles, investigan los delitos y se enfrentan a delincuentes que no siempre tienen demasiada consideración por la integridad física de los policías.
Mientras el Ministerio habla de cifras globales, ellos conocen lo que sucede en las comisarías, los cuarteles y las calles.
Y cuando advierten de la violencia, la multirreincidencia o la falta de medios, lo mínimo que se les debe es una explicación.
No otra campaña de propaganda.
Hay algo profundamente absurdo en presumir de seguridad mientras quienes deben garantizarla denuncian que no disponen de suficientes medios para hacer su trabajo.
IV. LA REFORMA DE 2015: LOS DELITOS SIN AUTOR CONOCIDO
Durante el Gobierno de Mariano Rajoy se aprobó la Ley 41/2015, que modificó, entre otras disposiciones, el artículo 284 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
La reforma estableció que, cuando se desconoce al autor de determinados delitos, la Policía Judicial puede conservar el atestado a disposición del Ministerio Fiscal y del juez sin remitirlo automáticamente.
La norma contiene excepciones, particularmente para delitos contra la vida, la integridad física, la libertad sexual y los relacionados con la corrupción, además de otros supuestos en los que procede la remisión.
La justificación fue evitar que los juzgados se llenaran de procedimientos destinados al archivo por no haberse identificado al responsable.
Dicho así, parece una medida de extraordinaria sensatez.
Menos papeles.
Menos procedimientos.
Menos asuntos pendientes.
Pero hay un inconveniente.
La finalidad de la justicia no consiste en reducir el número de expedientes, sino en perseguir los delitos y proteger a las víctimas.
Supongamos que alguien entra en una vivienda y roba cuanto encuentra.
La víctima presenta una denuncia.
La policía investiga, pero no consigue identificar al ladrón.
Si el atestado queda conservado en dependencias policiales, el hecho sigue registrado como delito conocido. No desaparece de la estadística de Interior.
Sin embargo, puede no dar lugar a una investigación judicial abierta.
Y aquí empiezan las preguntas.
¿Cuántos atestados permanecen en esas circunstancias?
¿Cuántos son reabiertos?
¿Cuántos terminan esclarecidos?
¿Cuántas víctimas reciben posteriormente alguna noticia?
¿Cuántos delincuentes siguen actuando porque nadie ha conseguido relacionar distintos delitos cometidos por las mismas personas?
Esos datos deberían publicarse de manera comprensible y conjunta.
Porque no basta con contar cuántos delitos se denuncian.
También hay que explicar qué ocurre después.
De lo contrario, terminaremos presumiendo de la rapidez con la que se archivan los problemas.
Un método formidable para reducir el trabajo administrativo.
Y bastante menos formidable para reducir la delincuencia.
V. LOS DELITOS QUE NADIE DENUNCIA
Todavía queda una parte más profunda del iceberg.
La delincuencia que nunca llega a conocimiento de las autoridades.
Pensemos en los ancianos estafados que sienten vergüenza de reconocer lo sucedido.
En las víctimas de agresiones sexuales que no denuncian por miedo.
En los comerciantes que sufren pequeños robos reiterados.
En quienes reciben amenazas y consideran que acudir a la policía puede empeorar su situación.
O en los ciudadanos que han denunciado anteriormente y han terminado convencidos de que no sirve para nada.
Nadie conoce con precisión el número total de delitos que se cometen y no se denuncian.
Eso es precisamente lo inquietante.
En criminología existe una expresión para referirse a esta realidad: cifra negra.
Yo prefiero llamarla delincuencia oculta.
Resulta mucho más comprensible.
Y además describe perfectamente lo que sucede.
¿Qué proporción representa del total?
No disponemos de una cifra única que pueda aplicarse a todos los delitos.
Pero sería una temeridad suponer que resulta insignificante.
La denuncia depende de muchos factores: la gravedad del hecho, la confianza en las autoridades, la posibilidad de recuperar lo robado, el temor a represalias e incluso la situación personal de quien ha sufrido el delito.
Y aquí conviene hacerse una pregunta elemental.
Si desconocemos cuántos delitos no se denuncian, ¿con qué fundamento podemos asegurar que conocemos la dimensión real de la delincuencia?
Podemos conocer los hechos registrados.
Podemos comparar series estadísticas.
Podemos estudiar tendencias.
Pero no deberíamos confundir el mapa con el territorio.
Ni la contabilidad de los delitos con la delincuencia verdaderamente existente.
VI. DELINCUENCIA, NACIONALIDAD E INMIGRACIÓN: LOS DATOS QUE TAMBIÉN HAY QUE EXAMINAR
Llegamos a uno de los asuntos que más controversias provoca.
La relación entre delincuencia, nacionalidad e inmigración.
Durante años se ha convertido en motivo de disputa política cualquier intento de analizar estas cuestiones.
Pero las cifras existen.
Y algunas resultan especialmente significativas.
Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2025 fueron condenadas mediante sentencia firme 306.237 personas adultas.
El 70,2 % tenía nacionalidad española.
El 29,8 % tenía nacionalidad extranjera.
Y aquí aparece el dato verdaderamente revelador.
La tasa de condenados adultos fue de 6,1 por cada mil habitantes españoles mayores de edad, frente a 15,3 por cada mil habitantes extranjeros mayores de edad.
Es decir, una tasa 2,5 veces superior entre los extranjeros.
No es un cálculo mío.
Es la estadística oficial publicada por el INE.
Por supuesto, esa diferencia no significa que todos los extranjeros delincan ni que la nacionalidad, por sí sola, explique la conducta criminal.
También influyen la edad, el sexo, las circunstancias económicas y la composición de los grupos comparados.
Pero esos factores deben estudiarse, no utilizarse como pretexto para esconder el dato inicial.
Porque una sociedad que aspire a comprender la delincuencia necesita conocer quiénes son los condenados, qué delitos cometen y qué características aparecen con mayor frecuencia entre los responsables.
Y conviene distinguir cuestiones que a menudo se mezclan.
No es lo mismo un extranjero residente legalmente que una persona que ha entrado irregularmente.
Ni un extranjero condenado que otro que jamás ha cometido un delito.
Ni un ciudadano de origen extranjero que ha adquirido la nacionalidad española, pues las estadísticas por nacionalidad lo registrarán como español.
Por tanto, conocer la nacionalidad es necesario, pero no suficiente para estudiar todas las cuestiones relacionadas con la inmigración y la delincuencia.
¿Por qué no publicar también información completa, con las garantías correspondientes, sobre antecedentes, reincidencia, situación administrativa de los extranjeros condenados y ejecución de las expulsiones legalmente acordadas?
¿A quién puede perjudicar disponer de mejores datos?
Desde luego, no a quien pretenda analizar seriamente la situación.
La delincuencia no se combate prohibiendo determinadas preguntas. Se combate encontrando respuestas y actuando sobre sus causas.
VII. RUBÉN PULIDO Y LOS INVESTIGADORES QUE HACEN PREGUNTAS INCÓMODAS
Rubén Pulido lleva tiempo investigando y divulgando información relacionada con la inmigración irregular, las redes que facilitan las entradas clandestinas, la reincidencia y los problemas de control fronterizo.
Su trabajo se ha convertido en referencia para quienes consideran insuficientes las explicaciones habituales del Ministerio del Interior.
Pero no es el único.
También existen periodistas especializados en sucesos, investigaciones sobre delincuencia organizada, asociaciones profesionales policiales y organizaciones de víctimas que ofrecen perspectivas distintas de las comparecencias oficiales.
La cuestión verdaderamente importante no es convertir a ninguno de ellos en dueño exclusivo de la verdad.
Es poder confrontar sus investigaciones con los datos del Gobierno y conocer de dónde procede cada cifra.
Porque cuando se denuncia la existencia de delincuentes multirreincidentes, de personas con identidades falsas o de redes que trafican con documentación, la respuesta no puede limitarse a recordar que España presenta una tasa de criminalidad relativamente baja.
Eso equivale a responder a quien denuncia una gotera enseñándole una estadística sobre la sequía.
Una cosa no resuelve la otra.
¿Cuántos delincuentes acumulan varias detenciones en un mismo año?
¿Cuántos utilizan identidades diferentes?
¿Cuántos tienen órdenes de expulsión pendientes de ejecutar?
¿Cuántos pertenecen a redes de delincuencia organizada?
¿Cuántos ciudadanos terminan siendo víctimas repetidamente de los mismos delincuentes?
Todas esas preguntas merecen respuestas.
Y las merecen aunque resulten incómodas para quien ocupa el Ministerio.
VIII. LA MULTIRREINCIDENCIA: CUANDO DELINQUIR SE CONVIERTE EN OFICIO
Hay delincuentes ocasionales.
Y hay delincuentes habituales.
Confundirlos constituye un error de consecuencias extraordinariamente graves.
El primero puede haber cometido un delito aislado.
El segundo ha convertido la delincuencia en una actividad repetida.
Y cuando un delincuente descubre que puede acumular detenciones sin que ello se traduzca en una respuesta judicial suficientemente rápida, el sistema empieza a perder su capacidad de disuasión.
El problema no está necesariamente en que la policía no haga su trabajo.
Muchas veces ocurre precisamente lo contrario.
Los agentes detienen.
Identifican.
Redactan atestados.
Ponen a los investigados a disposición judicial.
Y, poco después, vuelven a encontrarse con ellos.
Naturalmente, la detención no equivale a culpabilidad. Ni cabe mantener indefinidamente privado de libertad a alguien sin fundamento legal.
Pero eso no elimina la necesidad de procedimientos ágiles, investigaciones rigurosas y respuestas proporcionadas ante la reincidencia.
Porque el ciudadano que sufre por quinta vez un robo cometido por el mismo delincuente difícilmente encontrará consuelo escuchando una conferencia sobre las virtudes teóricas del sistema.
Querrá saber por qué continúa sucediendo.
Y qué piensan hacer las autoridades para impedir el sexto.
Una justicia que llega demasiado tarde puede acabar siendo una justicia inútil para quien necesita protección inmediata.
IX. LA DELINCUENCIA INFORMÁTICA: EL LADRÓN YA NO NECESITA ENTRAR POR LA VENTANA
En los últimos años ha aparecido otro fenómeno que modifica profundamente el panorama delictivo.
El delincuente ya no necesita forzar una cerradura.
Puede encontrarse a miles de kilómetros.
Le basta con utilizar un teléfono, enviar un mensaje o crear una página electrónica aparentemente legítima.
Las estafas informáticas se han multiplicado extraordinariamente durante la última década.
En el primer semestre de 2026 se registraron más de 214.000.
Son centenares cada día.
Falsos empleados bancarios.
Mensajes fraudulentos.
Suplantaciones de identidad.
Compraventas inexistentes.
Engaños a personas mayores.
Organizaciones que actúan desde varios países.
¿Y cuántos responsables acaban siendo identificados?
¿Cuántos terminan condenados?
¿Cuánto dinero consiguen recuperar las víctimas?
Una vez más, el dato que interesa no es solamente cuántas denuncias se han presentado.
Interesa conocer los resultados de las investigaciones.
Porque al ciudadano al que han vaciado la cuenta bancaria no le sirve de gran cosa descubrir que su caso ha contribuido a mejorar la precisión de las estadísticas.
Lo que quiere es recuperar sus ahorros.
Y que quienes se los robaron respondan por ello.
X. CEUTA: EL ICEBERG SE CONVIERTE EN UN PROBLEMA DE SOBERANÍA NACIONAL
Y entonces llegó julio de 2026.
Los días 30 y 31, Ceuta sufrió una entrada masiva de personas procedentes de Marruecos.
Las informaciones publicadas hablan de más de 70.000 entradas, con cifras superiores en algunas estimaciones.
Estamos hablando de una ciudad española de poco más de ochenta mil habitantes.
Para comprender la magnitud de lo sucedido, basta imaginar que una población semejante a la de la propia ciudad atravesara su frontera en apenas unas jornadas.
¿Quién estaba preparado para semejante situación?
¿Con qué medios contaban la Policía Nacional, la Guardia Civil y las autoridades locales?
¿Qué capacidad real existía para identificar a cada persona?
¿Cuántos entraron con documentos fiables?
¿Cuántos carecían de documentación?
¿Cuántos regresaron posteriormente a Marruecos?
¿Cuántos continúan en Ceuta?
¿Cuántos fueron trasladados a la Península?
La crisis no puede despacharse como una simple incidencia migratoria.
Fue un desbordamiento extraordinario del control fronterizo español.
Y para comprender su gravedad conviene recordar que Ceuta no es un territorio extranjero al que España envía ayuda humanitaria.
Ceuta es España.
Su frontera es una frontera española.
Sus habitantes son ciudadanos españoles.
Y su seguridad constituye una obligación directa del Estado.
No estamos hablando de una colonia, de un territorio provisional ni de una ciudad cuya soberanía pueda negociarse a conveniencia.
Estamos hablando de territorio nacional.
Conviene repetirlo cuantas veces sea necesario, especialmente para quienes parecen encontrar extraordinariamente difícil defender una evidencia geográfica, histórica y jurídica.
XI. LA MARINA DE GUERRA MARROQUÍ EN AGUAS ESPAÑOLAS
Pero lo sucedido en Ceuta tuvo otra dimensión todavía más grave.
Durante aquella crisis, buques de la Marina de Guerra de Marruecos penetraron sin autorización en aguas españolas.
No estamos hablando de una sospecha difundida por redes sociales.
El propio Pedro Sánchez reconoció públicamente el 12 de octubre que se habían producido incursiones de unidades navales marroquíes.
Las informaciones publicadas describieron la presencia de patrulleras y fragatas marroquíes, la intervención de unidades de la Armada española y momentos de considerable tensión.
De manera que la situación tenía dos componentes simultáneos.
Por tierra, una entrada masiva de personas desde Marruecos.
Por mar, incursiones no autorizadas de buques militares marroquíes.
La coincidencia temporal es un hecho. La posible coordinación entre ambos acontecimientos requiere una investigación específica.
Pero incluso sin dar por demostrada esa coordinación, la gravedad del episodio resulta evidente.
Un Estado que contempla cómo se desborda su frontera terrestre mientras buques militares de otro país entran sin autorización en sus aguas territoriales tiene un problema de seguridad nacional de primer orden.
Y eso exige algo más que declaraciones de buena vecindad.
Exige explicar qué ocurrió.
Qué órdenes recibieron las unidades españolas.
Qué instrucciones transmitió el Gobierno.
Qué actuaciones diplomáticas se realizaron.
Y qué medidas se adoptaron para impedir que semejante situación vuelva a repetirse.
Porque la buena vecindad no consiste en que uno de los vecinos entre en casa del otro y después le explique que no conviene enfadarse.
Eso tiene otro nombre.
Y desde luego no es cortesía diplomática.
XII. ¿CUÁNTOS HAN QUEDADO EN CEUTA Y QUIÉN LOS HA IDENTIFICADO?
Después de la entrada masiva comenzaron las dificultades para conocer con precisión cuántas personas permanecían en Ceuta.
Las cifras publicadas han variado según las fechas y según se contabilicen únicamente las personas alojadas en instalaciones oficiales o también quienes permanecen fuera de ellas.
En octubre seguían siendo miles.
Y la cuestión es importante.
Porque una ciudad de dimensiones reducidas no puede absorber indefinidamente un incremento repentino y extraordinario de población sin consecuencias para sus servicios públicos, sus recursos y sus mecanismos de control.
Pero existe otra pregunta fundamental.
¿Cuál es la identidad real de las personas que consiguieron entrar?
No se trata de atribuir delitos a nadie por haber cruzado una frontera.
Se trata de recordar que el Estado tiene la obligación de identificar a quienes se encuentran bajo su jurisdicción y aplicar las leyes correspondientes.
Y aquí debemos hablar de un suceso conocido precisamente hoy, 15 de octubre.
La Policía Nacional ha detenido a cuarenta personas e investigado a otras cinco dentro de una operación contra la utilización de documentos ajenos para viajar desde Ceuta a Algeciras.
Según la investigación, algunas personas llegaron a pagar hasta seis mil euros por utilizar documentos de identidad de otras con parecido físico.
Seis mil euros.
Por unos documentos que permitían intentar burlar los controles.
¿No constituye esto una demostración de que existen personas dispuestas a pagar cantidades considerables para sortear los mecanismos de identificación?
¿No demuestra también la existencia de individuos que obtienen beneficios facilitando tales prácticas?
Y conviene reconocer igualmente la eficacia de los policías que han descubierto esos intentos.
Porque el problema no es que todos los mecanismos de vigilancia fallen.
El problema es saber si los recursos disponibles resultan suficientes para controlar una crisis de semejante magnitud.
La frontera no puede convertirse en una puerta cuya vigilancia depende de la buena voluntad de quienes pretenden atravesarla.
XIII. ¿Y QUÉ HACE EL GOBIERNO?
Aquí llegamos a la responsabilidad política.
El Gobierno central dirige la política de seguridad nacional y tiene competencias fundamentales sobre la inmigración y las fronteras.
También dirige, a través de los ministerios correspondientes, la Policía Nacional, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas dentro del marco legal establecido.
Por tanto, corresponde al Gobierno explicar lo sucedido.
Y no basta con atribuir los acontecimientos a circunstancias excepcionales.
Porque precisamente para responder a las situaciones excepcionales existen los gobiernos.
Cuando todo funciona, hasta el más mediocre de los administradores puede presumir de eficacia.
La verdadera capacidad de un gobernante se demuestra cuando aparecen los problemas.
Y en Ceuta hubo problemas.
Graves.
Extraordinariamente graves.
¿Qué instrucciones recibió la Guardia Civil?
¿Qué órdenes recibió la Policía Nacional?
¿Qué medidas se adoptaron para controlar las entradas?
¿Qué ocurrió durante las incursiones militares marroquíes?
¿Qué conversaciones mantuvieron los gobiernos español y marroquí?
¿Qué datos se han facilitado a los ciudadanos?
Y, sobre todo, ¿qué garantías existen de que no volverá a suceder?
Las visitas institucionales, las fotografías y los discursos pueden expresar respaldo político y solidaridad.
Pero no sustituyen las medidas materiales de seguridad.
Un ciudadano puede agradecer que lo visiten después de que hayan desvalijado su vivienda.
Lo que agradecerá todavía más es que impidan el siguiente robo.
XIV. LOS CIUDADANOS CORRIENTES Y LOS PROTEGIDOS POR EL ESTADO
En el artículo que escribí hace años mencionaba una propuesta de VOX que provocó una formidable polémica: ampliar las posibilidades legales de disponer de armas para defender el domicilio.
La discusión se convirtió rápidamente en un intercambio de exageraciones.
Unos hablaban de legítima defensa.
Otros imaginaban a los ciudadanos disparando desde las ventanas.
Y entre ambas posiciones desapareció la cuestión fundamental.
¿Qué protección real recibe un ciudadano cuando sufre una agresión en su propia casa?
Porque hay una diferencia evidente entre vivir rodeado de escoltas y dispositivos de seguridad y hacerlo dependiendo exclusivamente de los medios ordinarios de protección.
Quien disfruta de vigilancia permanente puede permitirse determinadas reflexiones acerca de la seguridad pública.
Quien ha sufrido un atraco o una agresión quizá tenga una opinión diferente.
Eso no significa que facilitar la posesión de armas sea necesariamente la solución.
Las consecuencias de semejante medida requieren un examen riguroso.
Pero tampoco debemos confundir el derecho a la legítima defensa con la obligación de aceptar pasivamente una agresión.
La primera obligación del Estado es proteger a los ciudadanos. Y cuando esa protección falla, debe explicar por qué y corregir las deficiencias.
No parece una exigencia excesiva.
Sobre todo, teniendo en cuenta la cantidad de impuestos que pagamos para financiar nuestras instituciones.
XV. LAS VÍCTIMAS: LAS GRANDES AUSENTES DE LOS DISCURSOS
Hay algo que me llama particularmente la atención.
En las discusiones políticas acerca de la delincuencia aparecen continuamente los ministros, los partidos, los sindicatos policiales, las estadísticas y los especialistas.
Pero las víctimas suelen terminar convertidas en un número.
Una cifra.
Un porcentaje.
Una línea en una tabla.
Sin embargo, detrás de cada denuncia puede haber una persona que ha perdido sus ahorros, una mujer agredida, un comerciante arruinado, una familia desvalijada o alguien que ha sufrido lesiones irreparables.
Y esas personas no necesitan principalmente que les expliquen cómo se presenta una estadística.
Necesitan protección.
Justicia.
Reparación.
Y garantías razonables de que no volverán a sufrir lo mismo.
La delincuencia no es un problema contable.
Es un problema humano, económico, policial y judicial.
Pero también político.
Porque los ciudadanos delegamos en el Estado determinadas funciones esenciales precisamente para que garantice nuestra seguridad y haga cumplir las leyes.
Si las instituciones no cumplen adecuadamente esas funciones, tienen la obligación de explicarse.
No de exigir a las víctimas que agradezcan la supuesta excelencia del sistema.
XVI. LO QUE DEBERÍAMOS EXIGIR
Llegados a este punto, creo que resulta necesario plantear algunas exigencias perfectamente concretas.
Primera: que las estadísticas de criminalidad publiquen, de manera comprensible, los delitos conocidos, los esclarecidos, las detenciones realizadas y la evolución de las investigaciones.
Segunda: que se conozcan los datos de reincidencia, tanto policial como judicial, distinguiendo adecuadamente entre detenciones, antecedentes y condenas.
Tercera: que se publiquen datos suficientemente detallados sobre la nacionalidad de las personas condenadas y, cuando proceda, sobre la situación administrativa de los extranjeros sometidos a procedimientos penales.
Cuarta: que se realicen encuestas periódicas de victimización para conocer mejor los delitos que nunca llegan a denunciarse.
Quinta: que las organizaciones policiales puedan explicar públicamente sus problemas y propuestas, y que las autoridades respondan a sus reclamaciones con argumentos y datos.
Sexta: que se refuercen los medios de investigación frente a la delincuencia organizada, la multirreincidencia, las agresiones sexuales y las estafas informáticas.
Séptima: que las víctimas conozcan el recorrido de sus denuncias y reciban atención adecuada.
Octava: que se publiquen datos completos y comparables sobre el control de fronteras, las identificaciones realizadas, los retornos y las órdenes de expulsión ejecutadas.
Novena: que se aclaren todas las circunstancias de la crisis de Ceuta, incluidas las incursiones militares marroquíes y las decisiones adoptadas por las autoridades españolas.
Y décima: que los gobernantes dejen de utilizar las estadísticas como si fueran anuncios publicitarios.
No necesitamos que nos vendan seguridad.
Necesitamos que la garanticen.
Y que rindan cuentas cuando fracasen.
XVII. EL TITANIC TAMBIÉN PARECÍA SEGURO
Regresemos al iceberg.
A esas enormes masas de hielo cuya parte visible apenas permite imaginar lo que permanece sumergido.
España registra millones de infracciones penales.
Una parte de los delitos no se denuncia.
Muchos de los denunciados no se esclarecen.
Existe delincuencia reiterada que exige respuestas judiciales eficaces.
Hay problemas de identificación, delincuencia organizada y control fronterizo que no quedan suficientemente explicados por los balances generales de Interior.
Y las propias organizaciones policiales cuestionan aspectos importantes del discurso ministerial sobre la seguridad.
Por si todo ello fuera poco, la crisis de Ceuta ha demostrado que la seguridad nacional puede verse comprometida por acontecimientos que superan ampliamente las categorías ordinarias de la delincuencia común.
Mientras tanto, los gobernantes continúan compareciendo con sus gráficos, sus porcentajes y sus discursos tranquilizadores.
Y uno no puede evitar recordar la historia del Titanic.
Aquel gigantesco transatlántico que representaba el triunfo de la técnica, del progreso y de la confianza en la capacidad humana.
Sus pasajeros navegaban convencidos de encontrarse a bordo de una embarcación extraordinariamente segura.
Hasta que apareció un iceberg.
El problema no fue solamente la parte de hielo que podían contemplar.
Fue todo lo que permanecía oculto bajo el agua.
Y también la confianza desmedida en la seguridad del barco.
Algo semejante puede sucederle a cualquier sociedad.
Cuando sus gobernantes confunden la propaganda con la realidad.
Cuando desprecian las advertencias de los profesionales.
Cuando consideran que las estadísticas favorables bastan para demostrar que todo funciona.
Cuando los ciudadanos dejan de confiar en que las instituciones puedan protegerlos.
Y cuando una crisis fronteriza de dimensiones extraordinarias se presenta como un episodio del que basta con pasar página.
La delincuencia no disminuye porque el ministro sonría ante una cámara.
Los delincuentes no desaparecen porque se archiven los procedimientos.
Las víctimas no recuperan lo perdido porque se publique una estadística favorable.
Y las fronteras españolas no quedan protegidas simplemente porque nuestros gobernantes proclamen su compromiso con la soberanía nacional.
Para combatir la delincuencia hay que conocerla.
Para conocerla hay que investigarla.
Y para investigarla hay que disponer de policías, jueces, medios, información y voluntad política.
Todo lo demás es palabrería.
Y, mientras tanto, el iceberg sigue ahí.
Con su parte visible.
Con su parte sumergida.
Y con un capitán que parece mucho más preocupado por convencer a los pasajeros de que navegan en el barco más seguro del mundo que por explicar qué medidas ha tomado para evitar la colisión.
La cuestión no es si España puede presumir de unas estadísticas bonitas.
La cuestión es si los españoles estamos tan protegidos como nuestros gobernantes pretenden hacernos creer.
Y, sobre todo, si quienes tienen la obligación de protegernos están dispuestos a escuchar a los policías, atender a las víctimas, controlar las fronteras y responder de sus decisiones.
Porque un Estado que no garantiza razonablemente la seguridad de sus ciudadanos empieza a fallar en una de sus obligaciones fundamentales.
Y ningún gráfico de colores conseguirá remediarlo.
FIN.
Fuentes contrastadas para esta actualización
Las cifras y hechos principales proceden de estas fuentes, consultadas para esta redacción:
- Agencia EFE, 17 de septiembre de 2026: balance de criminalidad del primer semestre.
EFE Noticias
- INE, Estadística de la Población Condenada, 2025: tasas de condenados por nacionalidad y sexo.
INE
- El Español, 5 de junio de 2026: denuncias de JUPOL sobre el tratamiento de las cifras y la falta de efectivos.
EL ESPAÑOL
- Ley 41/2015: modificación de la tramitación de atestados sin autor conocido.
Congreso de los Diputados
- Reuters, 12 de octubre de 2026: reconocimiento de las incursiones de buques militares marroquíes.
Reuters
- El País, 15 de octubre de 2026: investigación policial sobre el uso de documentos ajenos en Ceuta.
El País
Las investigaciones de Rubén Pulido se mencionan por su línea de trabajo, sin atribuirle cifras concretas no contrastadas en esta consulta. Las críticas al maquillaje estadístico se presentan como denuncias de JUPOL, no como una falsificación material demostrada.
Este es el artículo completo y unificado, con la crítica a las cifras de Interior, las organizaciones policiales, la nacionalidad de los condenados, la reincidencia y la crisis de Ceuta integradas en una sola narración.
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