¡ESTÚPIDOS, ES LA CORRUPCIÓN! ¿CUÁNTAS VIVIENDAS, HOSPITALES Y ESCUELAS NOS CUESTAN LOS NEGOCIOS DEL PODER?
5.432 millones de euros entre pérdidas, rescates, contratos cuestionados e investigaciones judiciales. El Instituto Juan de Mariana pone cifras a una parte del problema. Pero el verdadero precio de la corrupción no se limita al dinero: también se paga en viviendas que no se construyen, inversiones que no llegan, impuestos que aumentan y oportunidades que desaparecen.
CARLOS AURELIO CALDITO AUNIÓN.
El dinero que desaparece, las viviendas que no se construyen y la prosperidad que nos arrebatan
CARLOS AURELIO CALDITO AUNIÓN
El Instituto Juan de Mariana acaba de poner cifras a una parte de la corrupción, las irregularidades y el despilfarro relacionados con el Gobierno de Pedro Sánchez y el PSOE: 5.432 millones de euros en doce expedientes, dentro de un inventario de 22 grandes tramas.
De esa cantidad, 2.166 millones corresponden a operaciones, gastos y pérdidas que el informe considera acreditados; los restantes 3.266 millones están relacionados con investigaciones todavía abiertas. No todo es dinero robado ni todo contrato investigado constituye una pérdida. Pero todos esos expedientes merecen explicaciones, y las operaciones irregulares, sus correspondientes responsabilidades.
Entre los asuntos examinados figuran las pérdidas de Correos, los rescates empresariales, los casos Koldo-Ábalos y Santos Cerdán-Servinabar, Plus Ultra, Forestalia, los fondos europeos y el fraude del IVA de los hidrocarburos.
¿Y qué significan 5.432 millones de euros?
Pues, por ejemplo, el equivalente al presupuesto necesario para construir entre 21.700 y 27.200 viviendas, tomando como referencia costes de entre 200.000 y 250.000 euros por vivienda, incluidos los gastos correspondientes a cada promoción.
Viviendas que servirían para aliviar las dificultades de miles de familias, facilitar la emancipación de muchos jóvenes y reducir una parte de la escasez residencial.
La comparación no significa que esas viviendas se hayan perdido efectivamente: muestra la magnitud de los recursos económicos examinados.
La cifra equivale, además, a casi el 78 % de los 7.000 millones anunciados para el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.
Pero hay algo todavía más importante.
El verdadero coste de la corrupción no consiste solamente en lo que algunos se llevan, sino en lo que todos los demás dejamos de ganar.
El informe recoge estimaciones económicas según las cuales España podría alcanzar, a largo plazo, un nivel de renta por habitante un 10,7 % superior si mejorase considerablemente la calidad de sus instituciones.
Trasladado al producto interior bruto de 2025, hablamos de una diferencia potencial equivalente a unos 181.000 millones de euros anuales, aproximadamente 3.660 euros por habitante.
No es una cantidad sustraída de las arcas públicas. Es una estimación de la riqueza adicional que podría generar una España con instituciones mejores.
¿De dónde procede semejante perjuicio?
De la corrupción, del favoritismo, del despilfarro, de la inseguridad jurídica, de las adjudicaciones amañadas, del nombramiento de incompetentes por obediencia política y de la utilización de las instituciones para proteger los intereses de quienes gobiernan.
Una empresa que pierde un contrato porque no tiene amigos en el poder deja de crecer.
Un inversor que desconfía de la seguridad jurídica busca otro país.
Un profesional competente que contempla cómo ascienden los aduladores pierde incentivos para esforzarse.
Y un ciudadano que comprueba que las reglas no son iguales para todos termina desconfiando del propio Estado.
Todo eso empobrece a España.
Y todo eso lo pagamos los españoles.
La corrupción no nació con Pedro Sánchez ni desaparecerá automáticamente cuando abandone la Moncloa.
Filesa, Roldán, Gürtel, Bárcenas, los ERE, Púnica, Lezo, Palau, las cajas de ahorro, las tarjetas negras y tantos otros escándalos demuestran que el problema viene de lejos.
Cambian los partidos, los gobiernos, las caras y los discursos.
Pero demasiadas veces permanecen los mismos procedimientos: dinero ajeno, nombramientos partidistas, controles insuficientes, favores a los amigos y responsabilidades que se diluyen.
Joaquín Costa lo denunció al combatir el caciquismo. Robert Michels advirtió de la tendencia de las organizaciones a convertirse en instrumentos de sus dirigentes. Mancur Olson explicó cómo determinados grupos consiguen vivir a costa de los demás. Y Acemoglu, Johnson y Robinson mostraron la importancia decisiva de la calidad institucional para la prosperidad de las naciones.
El problema no consiste solamente en echar a los corruptos. Consiste en impedir que quienes los sustituyan puedan seguir haciendo lo mismo.
Para conseguirlo hacen falta una verdadera separación de poderes, organismos de control independientes, transparencia en las cuentas públicas, menos cargos innecesarios, mayor competencia en las adjudicaciones y responsabilidades personales efectivas por los abusos cometidos.
Y convendría recuperar el espíritu del antiguo juicio de residencia: quien termina de gobernar debe explicar qué hizo con el poder y con el dinero que los ciudadanos pusieron en sus manos.
Porque hay algo que ningún gobernante debería olvidar.
El dinero público no pertenece al Gobierno.
No pertenece a los ministros.
No pertenece a los partidos.
Pertenece a los ciudadanos que lo han ganado trabajando y que están obligados a entregarlo mediante impuestos.
Antes de exigir nuevos sacrificios a los españoles, nuestros gobernantes deberían explicar hasta el último euro gastado y justificar qué beneficios hemos recibido a cambio.
No basta con prometer viviendas, hospitales, colegios, pensiones dignas y mejores servicios públicos.
Hay que administrar honradamente los recursos disponibles y responder cuando se utilizan de manera ilícita.
La cuestión fundamental no es cuánto dinero consigue recaudar el Estado.
Es cuánto dinero necesita realmente, cómo lo administra, qué resultados obtiene y quién responde cuando lo malgasta.
Porque una nación no prospera por tener muchos gobernantes, muchos impuestos o muchos organismos públicos.
Prospera cuando sus ciudadanos pueden trabajar, emprender, ahorrar, invertir y confiar en que la ley se aplica por igual a todos.
Y mientras los partidos continúen utilizando el Estado como un botín que se conquista en las elecciones, seguiremos pagando las consecuencias de una corrupción que no solamente saquea el presente, sino que hipoteca el futuro.
Por eso, cuando vuelvan a explicarnos que falta dinero para resolver los problemas de España, conviene recordarles una verdad tan sencilla como incómoda:
¡ESTÚPIDOS, ES LA CORRUPCIÓN!
Y mientras no cambiemos las reglas que la hacen posible, seguiremos cambiando de administradores sin recuperar el control de nuestro dinero.
SI QUIERES SABER MÁS, PROFUNDIZAR… SIGUE LEYENDO.
EL IMPACTO ECONÓMICO DE LAS TRAMAS POLÍTICAS
¡ESTÚPIDOS, ES LA CORRUPCIÓN! ¿CUÁNTAS VIVIENDAS, HOSPITALES Y ESCUELAS NOS CUESTAN LOS NEGOCIOS DEL PODER?
5.432 millones de euros entre pérdidas, rescates, contratos cuestionados e investigaciones judiciales. El Instituto Juan de Mariana pone cifras a una parte del problema. Pero el verdadero precio de la corrupción no se limita al dinero: también se paga en viviendas que no se construyen, inversiones que no llegan, impuestos que aumentan y oportunidades que desaparecen.
CARLOS AURELIO CALDITO AUNIÓN
14 de octubre de 2026
CUANDO EL DINERO PÚBLICO SE CONVIERTE EN BOTÍN
Imagínese el lector que descubre que el administrador de su comunidad de propietarios ha gastado una fortuna en obras innecesarias, ha adjudicado contratos a sus amigos, ha contratado a familiares sin preparación y ha comprometido los ahorros de todos en negocios cuya utilidad nadie consigue explicar.
Imagínese, además, que ese administrador, cuando alguien le exige explicaciones, responde acusando a los vecinos de atacar a la comunidad, fomentar el odio y perjudicar la convivencia.
Probablemente acabaría en la calle antes de terminar la reunión.
Pero cuando quien administra el dinero ajeno es un gobernante, las cosas cambian.
Entonces, el despilfarro se llama inversión estratégica; el favor al amigo, colaboración institucional; el enchufe, incorporación de talento; la subvención arbitraria, compromiso social; y la negativa a rendir cuentas, defensa de la democracia frente a quienes pretenden desestabilizarla.
En España hemos llegado a perfeccionar hasta tal punto este arte de cambiar el nombre de las cosas que cualquier día nos anunciarán que la corrupción ha desaparecido por decreto.
El dinero seguirá faltando, naturalmente.
Pero el problema habrá dejado de existir en los discursos oficiales.
Porque aquí no solamente se administra mal el dinero: también se maltrata el lenguaje para disimularlo.
5.432 MILLONES DE EUROS: LA FACTURA QUE EL GOBIERNO DE PEDRO SÁNCHEZ DEBE EXPLICAR
El Instituto Juan de Mariana acaba de publicar un informe titulado Blindaje democrático. Una agenda de reformas institucionales para proteger el Estado de Derecho y el imperio de la ley en España, acompañado de un inventario de las principales tramas de corrupción, irregularidades y opacidad relacionadas con el Gobierno de Pedro Sánchez y el PSOE.
Sus autores han examinado más de 2.300 informaciones periodísticas y han identificado 22 grandes tramas de ámbito nacional.
Doce de ellas permiten asignar cantidades económicas concretas.
La suma alcanza los 5.432 millones de euros.
El instituto distingue 2.166 millones correspondientes a hechos que clasifica como confirmados —entre los que incluye pérdidas contables, rescates oficiales y actuaciones de organismos de control— y otros 3.266 millones relacionados con investigaciones en curso.
Conviene comprender qué representan esas cifras. No todos esos millones han sido robados, ni todos los contratos examinados han ocasionado pérdidas equivalentes a su importe. Algunos corresponden a ayudas concedidas, otros a adjudicaciones investigadas y otros a pérdidas empresariales.
Precisamente por eso, la pregunta resulta aún más amplia que la responsabilidad penal de los participantes en cada trama.
¿Qué se ha hecho con nuestro dinero? ¿Quién autorizó cada operación? ¿Qué recibió la sociedad a cambio? ¿Quién comprobó que la decisión beneficiaba al interés general? ¿Y quién responde cuando las cuentas salen mal?
Porque una sentencia condenatoria sirve para castigar un delito, pero no hace falta que un juez condene a nadie para comprobar que una empresa pública ha perdido cientos de millones o que un rescate empresarial ha consumido recursos que podían destinarse a otros fines.
El Gobierno debe responder políticamente por su gestión, además de las responsabilidades personales que determine la justicia.
Y debe hacerlo con cifras, contratos y documentos, no con discursos sentimentales.
LOS NOMBRES Y LAS CIFRAS DEL INVENTARIO
El catálogo ofrece una relación que merece ser examinada.
Correos: 1.250 millones de euros. Es la cifra de pérdidas contables acumuladas entre 2018 y 2023 que recoge el informe. Las pérdidas no demuestran por sí solas corrupción, pero obligan a examinar las decisiones empresariales, los nombramientos, las adjudicaciones y la responsabilidad de los directivos.
Zapatero y las operaciones relacionadas con Plus Ultra: 750 millones. La cuantía que recoge el instituto corresponde a una valoración conjunta de operaciones de rescate examinadas en ese ámbito, no exclusivamente a la ayuda recibida por Plus Ultra. El informe vincula este capítulo con las investigaciones relativas al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y su entorno.
Koldo y Ábalos: 700 millones. Contratos de obra pública examinados en unas investigaciones que han sacado a la luz un entramado de relaciones entre responsables políticos, intermediarios y empresarios.
Air Europa y otros rescates examinados: 616 millones. El importe corresponde a los 475 millones de financiación concedida a Air Europa mediante la SEPI y los 141 millones vinculados al ICO que recoge el instituto. Un préstamo público no equivale necesariamente a una pérdida: importa cuánto se recupera, con qué intereses y qué riesgos asumieron los contribuyentes.
Santos Cerdán y Servinabar: 537 millones. Adjudicaciones de obra pública bajo investigación por posibles comisiones y trato de favor.
Forestalia: 500 millones. La investigación examina posibles irregularidades relacionadas con autorizaciones ambientales y operaciones empresariales que habrían generado importantes plusvalías.
Fondos europeos: 465 millones. Cantidad vinculada a investigaciones sobre posibles fraudes en el uso de recursos del Plan de Recuperación.
Hidrocarburos: unos 300 millones. Fraude fiscal en el IVA, con conexiones investigadas con personas relacionadas con otros procedimientos.
A esos expedientes se añaden otros importes: 148 millones en contratos y ayudas a empresas relacionadas con familiares de altos cargos; 133 millones vinculados a las investigaciones sobre Leire Díez; 25 millones relacionados con irregularidades denunciadas en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas; y ocho millones correspondientes al contrato examinado en el caso de Begoña Gómez.
El inventario es suficientemente grave sin necesidad de convertir cada euro contratado en un euro sustraído.
Más aún: cuando se mezclan todas las cantidades como si representaran lo mismo, se facilita a los responsables una escapatoria.
Basta demostrar que una de ellas corresponde a un préstamo o a una pérdida empresarial para intentar desacreditar toda la denuncia.
No les concedamos semejante regalo.
La corrupción, el favoritismo, la incompetencia y el despilfarro son problemas distintos que pueden presentarse juntos. Todos merecen examen; cada uno exige responsabilidades concretas.
¿CUÁNTAS VIVIENDAS REPRESENTAN 5.432 MILLONES DE EUROS?
Llegamos a una pregunta que cualquier español comprende sin necesidad de haber estudiado Economía.
¿Cuántas viviendas se pueden financiar con esa cantidad?
El precio de construir una vivienda depende del suelo, la localidad, los materiales, la superficie y los gastos de urbanización.
Tomemos dos costes orientativos de promoción por vivienda: 200.000 y 250.000 euros.
Las cuentas son sencillas.
| Coste por vivienda | Viviendas equivalentes |
|---|---|
| 200.000 euros | 27.160 |
| 225.000 euros | 24.142 |
| 250.000 euros | 21.728 |
Estamos hablando de una capacidad de gasto equivalente a entre 21.700 y 27.200 viviendas.
No son viviendas efectivamente perdidas por culpa de aquellas tramas: para sostener eso habría que demostrar qué dinero se desvió o malgastó y qué destino habría tenido. Es una comparación de cantidades que permite apreciar la magnitud económica.
Existe, además, una referencia real especialmente ilustrativa.
Este mismo 14 de octubre se ha anunciado en Galicia una promoción de 32 viviendas protegidas en Salceda de Caselas, con una inversión prevista de 6,7 millones de euros y suelo cedido gratuitamente por el Ayuntamiento.
El coste previsto equivale aproximadamente a 209.375 euros por vivienda.
Aplicando esa referencia, los 5.432 millones representarían el presupuesto necesario para unas 25.945 viviendas semejantes, siempre que se dispusiera gratuitamente del suelo y se mantuvieran los mismos costes.
Veintiséis mil viviendas.
Imagínese lo que supone semejante cantidad para miles de jóvenes que no consiguen emanciparse, matrimonios que aplazan la llegada de sus hijos y familias que destinan una parte desmesurada de sus ingresos a pagar un alquiler.
Y ahora contemple otra comparación.
El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 dispone de una inversión anunciada de 7.000 millones de euros para cinco años. Su finalidad no es solamente construir viviendas: también incluye adquisiciones, rehabilitación y distintas ayudas.
Pues bien, los 5.432 millones del inventario del Juan de Mariana equivalen al 77,6 % de todo ese plan quinquenal.
Es una comparación presupuestaria, no una afirmación de que todo ese dinero pudiera recuperarse mañana.
Pero permite advertir la dimensión de lo que estamos examinando.
Después se presentan ante las cámaras, con gesto compungido, para anunciarnos que la vivienda constituye una prioridad nacional.
La prioridad habrá que demostrarla administrando bien el dinero público, facilitando suelo edificable, suprimiendo trabas innecesarias y permitiendo que se construyan las viviendas que necesitamos.
Porque las declaraciones solemnes no sirven para pagar alquileres.
¿Y CUÁNTOS HOSPITALES, CUÁNTAS ESCUELAS Y CUÁNTOS SERVICIOS?
La vivienda es solamente un ejemplo.
Con cantidades semejantes también pueden financiarse hospitales, centros de salud, colegios, carreteras, redes de abastecimiento, infraestructuras ferroviarias e investigación científica.
No existe un coste universal de esas obras. Un hospital comarcal no cuesta lo mismo que uno universitario; una escuela rural no exige la misma inversión que un gran centro educativo urbano.
Pero el principio económico es idéntico.
Cada euro público tiene usos alternativos.
Cuando se despilfarra, se pierde la posibilidad de emplearlo donde resulta más útil.
Éste es el coste de oportunidad, una idea elemental de la economía que nuestros gobernantes parecen olvidar con extraordinaria facilidad.
Un millón gastado inútilmente no puede gastarse otra vez en aquello que necesitamos.
Y si para financiar el nuevo gasto se recurre al endeudamiento, habrá que devolverlo más adelante, generalmente con intereses.
Por eso la mala administración no perjudica solamente a quienes viven hoy.
También compromete recursos de quienes todavía no han nacido.
Hay una forma especialmente indecente de ejercer el poder: disfrutar ahora del dinero, repartir ahora los favores y dejar la factura para quienes lleguen después.
Y ésa es una de las grandes especialidades de nuestra política.
EL COSTE QUE NO APARECE EN LOS SUMARIOS: LA RIQUEZA QUE ESPAÑA DEJA DE CREAR
Los 5.432 millones constituyen la parte más visible del estudio.
Sin embargo, su conclusión económica más importante aparece cuando examina las consecuencias de la mala calidad institucional.
El Instituto Juan de Mariana recupera una investigación de los economistas Francisco Alcalá y Fernando Jiménez, realizada para la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas.
Aquellos investigadores estimaron cuánto aumentaría la renta española si nuestras instituciones mejoraran hasta alcanzar la calidad correspondiente a una economía de nuestro nivel de desarrollo.
En el escenario más conservador que recoge el nuevo informe, la renta por habitante podría ser un 10,7 % superior a largo plazo.
Aplicando ese porcentaje al producto interior bruto de 2025, el Instituto Juan de Mariana calcula una diferencia potencial de unos 181.000 millones de euros de renta anual.
La cifra equivale aproximadamente a 3.660 euros por habitante.
No son 181.000 millones robados cada año por un Gobierno. Son una estimación del nivel de renta adicional que podría alcanzar España con instituciones más eficaces, independientes y fiables.
Y aquí está la verdadera gravedad del problema.
La corrupción no solamente cambia de dueño una cantidad de dinero.
También impide que se produzca riqueza.
El empresario que deja de invertir porque teme una decisión arbitraria no construye su fábrica.
El inversor que desconfía de los tribunales dirige sus recursos hacia otro país.
El profesional que advierte que la obediencia política vale más que su capacidad termina marchándose o resignándose.
La empresa que no dispone de los contactos adecuados puede quedar excluida de una adjudicación, aunque ofrezca mejores condiciones.
Y el ciudadano que sabe que las reglas cambian según quién gobierne acaba perdiendo la confianza en quienes las imponen.
Ésa es la verdadera factura.
No solamente lo que se llevan algunos.
También lo que los demás dejamos de ganar.
CINCO MIL MILLONES MÁS EN CONTRATACIÓN OPACA
El informe identifica, además, alrededor de 5.000 millones de euros en contratación pública sin concurrencia abierta.
No los incorpora a los 5.432 millones anteriores.
La ausencia de concurso abierto no constituye automáticamente un delito. Hay procedimientos distintos legalmente previstos.
La cuestión es comprobar si esos procedimientos se emplearon correctamente, si había razones justificadas y si la Administración consiguió las mejores condiciones.
Porque cuando desaparece la competencia entre proveedores pueden aparecer los sobreprecios, las adjudicaciones de favor y las prestaciones de calidad inferior.
Dicho en román paladino: si una administración compra lo mismo por más dinero del necesario, alguien tiene que explicar por qué.
Y si compra a una empresa porque sus propietarios son amigos de quienes mandan, la cuestión pasa a ser todavía más grave.
La contratación pública no puede convertirse en una ventanilla para recompensar fidelidades políticas.
El dinero pertenece a los contribuyentes, no al partido que gana las elecciones.
EL VERDADERO PROBLEMA ESPAÑOL NO ES SOLAMENTE PEDRO SÁNCHEZ
Sería un error pensar que toda esta enfermedad nació con Pedro Sánchez.
El actual presidente responde por su Gobierno y por las decisiones que le corresponden. Pero la historia de la corrupción española comenzó mucho antes.
Filesa, Roldán, los fondos reservados, Gürtel, Bárcenas, los ERE, Púnica, Lezo, Palau, Malaya, las tarjetas negras, los negocios de las cajas de ahorro y tantos otros episodios forman parte de nuestra historia reciente.
Cambian los gobiernos.
Cambian las siglas.
Cambian los ministros.
Cambian quienes prometen regenerar la vida pública.
Pero el problema reaparece.
¿Por qué?
Porque el poder dispone de demasiadas oportunidades para recompensar a los suyos y los controles no siempre funcionan con la eficacia necesaria.
Joaquín Costa denunció hace más de un siglo las oligarquías y el caciquismo.
Robert Michels explicó cómo las grandes organizaciones terminan desarrollando una minoría dirigente interesada en perpetuarse.
Mancur Olson estudió los grupos organizados que consiguen privilegios a costa del resto de la sociedad.
Y Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson, galardonados con el Premio Nobel de Economía en 2024, ayudaron a explicar por qué unas naciones prosperan mientras otras quedan atrapadas en el atraso.
La cuestión esencial es la calidad de las instituciones.
Cuando la ley limita al poder, aumenta la seguridad de los ciudadanos.
Cuando el poder consigue utilizar la ley en beneficio propio, aparecen los privilegios.
Y cuanto mayores son las oportunidades de obtener riqueza mediante favores políticos, menor es el incentivo para conseguirla mediante el trabajo, la inversión y la competencia.
En España llevamos décadas discutiendo acerca de los síntomas mientras apenas conseguimos curar la enfermedad.
LA PARTITOCRACIA: UNA MÁQUINA DE REPARTIR DINERO AJENO
En nuestro sistema político, los partidos ejercen una influencia enorme sobre la composición de numerosos organismos que deberían vigilar a quienes gobiernan.
Deciden listas electorales, negocian nombramientos, ocupan cargos, reparten responsabilidades y administran presupuestos.
Además, alrededor del poder político se ha desarrollado una extensa red de empresas públicas, fundaciones, organismos, agencias, consorcios y entidades de muy diversa naturaleza.
No todos son inútiles ni todos sus responsables son incompetentes.
Pero cada organismo necesita un presupuesto, una dirección y un sistema eficaz de vigilancia.
Y cuando se crean organismos para acomodar a dirigentes políticos, recompensar servicios o repartir cargos, el gasto pierde su justificación.
Ésa es una forma de corrupción institucional que puede no aparecer nunca en un sumario.
La obediencia sustituye al mérito.
La afiliación abre puertas.
La discrepancia se castiga.
El amigo asciende.
Y el ciudadano paga.
A esto se añade una diferencia fundamental entre quien administra sus propios recursos y quien administra dinero público.
El primero conoce las consecuencias económicas de sus errores.
El segundo puede terminar su mandato, abandonar el cargo y dejar que sus sucesores se ocupen de las pérdidas.
No todos los errores de gestión merecen un castigo personal. Pero las conductas fraudulentas, los abusos y los perjuicios graves causados mediante actos ilícitos deben llevar aparejadas responsabilidades efectivas.
Porque la responsabilidad que nunca se exige acaba pareciéndose demasiado a la impunidad.
MENOS PROMESAS Y MÁS CUENTAS
No necesitamos otro Gobierno que llegue anunciando una regeneración histórica para comenzar, unos meses después, a repartir los cargos entre los compañeros del partido.
Tampoco necesitamos que la oposición utilice los escándalos como munición electoral y olvide sus denuncias en cuanto alcance el poder.
Necesitamos cambiar las reglas.
La separación efectiva de poderes debe dejar de ser una declaración solemne para convertirse en una realidad.
Los organismos de vigilancia han de actuar con independencia de los partidos.
Las adjudicaciones deben poder examinarse, con sus importes, adjudicatarios, modificaciones y resultados.
Las ayudas y subvenciones han de publicarse de manera comprensible para cualquier ciudadano.
Los responsables de actos ilícitos que causen perjuicios deben responder conforme a la ley, incluso patrimonialmente cuando proceda.
Los denunciantes que descubran irregularidades necesitan protección frente a las represalias.
Y las cuentas de empresas y organismos públicos deben someterse a controles independientes cuyos resultados tengan consecuencias.
También convendría recuperar el espíritu de una antigua institución española: el juicio de residencia.
Quien termina de gobernar debe rendir cuentas de lo que hizo mientras tuvo el poder.
No basta con abandonar el despacho, llevarse las fotografías y publicar unas memorias en las que, curiosamente, siempre resulta inocente de cuanto salió mal.
Quien pidió el voto prometiendo administrar bien los recursos públicos tiene que explicar cómo los administró.
Y quien utilizó su cargo para enriquecerse o enriquecer ilícitamente a sus allegados debe responder por ello.
LA CORRUPCIÓN TAMBIÉN COBRA IMPUESTOS
Hay algo particularmente irritante en la relación entre la corrupción y la presión fiscal.
Al ciudadano corriente se le exige una disciplina que demasiadas veces parece desaparecer en las alturas del poder.
Debe pagar puntualmente sus impuestos.
Debe presentar declaraciones.
Debe justificar ingresos.
Debe conservar facturas.
Debe soportar inspecciones.
Y si se equivoca, tendrá que enfrentarse a los recargos o sanciones que correspondan.
Mientras tanto, las administraciones pueden aprobar operaciones por cientos de millones cuyos resultados, riesgos y beneficiarios apenas llegan a conocerse.
Después, cuando falta dinero, la solución acostumbrada consiste en pedir nuevos sacrificios a los contribuyentes.
Rara vez se comienza por preguntar cuánto se ha despilfarrado.
Por eso conviene recordar una verdad elemental:
Antes de exigir otro euro al ciudadano, quienes gobiernan deberían explicar qué han hecho con los euros que ya recibieron.
Es una cuestión de justicia.
Y también de economía.
Porque los impuestos reducen los recursos disponibles para consumir, ahorrar e invertir. Eso obliga a utilizarlos con el máximo cuidado.
El despilfarro público no es gratuito.
Lo paga alguien.
Siempre.
CONCLUSIÓN: EL DINERO NO DESAPARECE POR ARTE DE MAGIA
Los 5.432 millones del inventario del Instituto Juan de Mariana no permiten afirmar que toda esa cantidad haya sido robada. Permiten comprobar la enorme magnitud económica de los expedientes examinados y exigir explicaciones por cada uno de ellos.
Las equivalencias con la construcción de viviendas sirven para hacer visible esa magnitud.
Pero el verdadero daño económico de la corrupción es mayor que cualquier comparación presupuestaria.
Afecta a la confianza.
A la inversión.
A la competencia.
Al ahorro.
Al empleo.
A la productividad.
Y, finalmente, a la prosperidad de una nación.
Una España con instituciones mejores, reglas estables y un poder político sometido a controles eficaces sería una España con más oportunidades para quienes trabajan, emprenden, estudian, ahorran e invierten.
No necesitamos gobernantes providenciales.
Necesitamos gobernantes limitados por la ley.
No necesitamos salvadores que prometan hacerlo todo por nosotros.
Necesitamos instituciones que impidan a los desaprensivos hacer cuanto les venga en gana con nuestro dinero.
Porque el problema de España no se soluciona sustituyendo a Pedro Sánchez por otro dirigente que conserve intactas las mismas posibilidades de abuso.
Se soluciona cuando los partidos dejan de considerar el Estado una propiedad que se recibe al ganar las elecciones.
Y cuando los ciudadanos dejan de aceptar que el dinero público no pertenece a nadie.
Pertenece a quienes lo aportan.
A quienes trabajan.
A quienes emprenden.
A quienes pagan impuestos.
A quienes mantienen los servicios públicos con su esfuerzo.
Cada millón despilfarrado es un millón que deja de servir a sus legítimos dueños.
Cada contrato amañado perjudica a quienes habrían podido competir limpiamente.
Cada cargo innecesario consume recursos que podían dedicarse a otras necesidades.
Y cada institución utilizada para proteger a los poderosos debilita las garantías de los ciudadanos corrientes.
Por eso, cuando nuestros gobernantes vuelvan a explicarnos que faltan viviendas, hospitales, escuelas, inversiones o dinero para atender las necesidades de los españoles, convendrá hacerles una pregunta muy sencilla:
¿CUÁNTO DINERO HABRÍA DISPONIBLE SI LO ADMINISTRARAIS COMO SI FUERA VUESTRO Y TUVIERAIS QUE RESPONDER POR CADA EURO MALGASTADO?
A lo mejor entonces empezamos a comprender que la prosperidad de una nación no depende solamente de cuánto dinero recauda el Estado.
Depende también de cuánto dinero permite conservar y crear a los ciudadanos, de cómo utiliza los recursos que administra y de quién vigila a quienes mandan.
Porque, después de tantos años de escándalos, promesas incumplidas, favores, subvenciones, adjudicaciones sospechosas e impunidad, la conclusión sigue siendo la misma:
¡ESTÚPIDOS, ES LA CORRUPCIÓN!
Y mientras no cambiemos las reglas que la favorecen, seguiremos pagando la factura.
Nosotros.
Nuestros hijos.
Y nuestros nietos.
Fuentes principales
- Instituto Juan de Mariana: Blindaje democrático. Una agenda de reformas institucionales para proteger el Estado de Derecho y el imperio de la ley en España, octubre de 2026. Especialmente el anexo sobre corrupción y opacidad.
- Gobierno de España: Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.
- Fundación BBVA e IVIE: investigación de Francisco Alcalá y Fernando Jiménez, Los costes económicos del déficit de calidad institucional y la corrupción en España, 2018, citada en el informe del Instituto Juan de Mariana.
- Cadena SER, 14 de octubre de 2026: Inversión de 6,7 millones para 32 viviendas protegidas en Salceda de Caselas.
Así es.
SE LO ESTÁN LLEVANDO CRUDO, y ese latrocinio, generalizado, del régimen sanchista, HA EMPOBRECIDO A LA NACIÓN…