EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL DEJA SOLA A LA JUEZA BEATRIZ BIEDMA
RESUMEN PARA LECTORES APRESURADOS
El 14 de octubre de 2026, diez vocales del CGPJ propusieron emitir una declaración institucional de respaldo a Beatriz Biedma, magistrada que investigó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.
La jueza había denunciado seguimientos, posibles intimidaciones y actuaciones relacionadas con su entorno familiar. La gravedad de las informaciones conocidas llevó al Ministerio del Interior a proporcionarle protección policial.
Nueve vocales del sector progresista rechazaron el comunicado alegando prudencia y neutralidad ante una investigación judicial abierta. Al faltar unanimidad, el texto no llegó a votarse.
La declaración propuesta no atribuía culpabilidad a nadie. Se limitaba a expresar solidaridad con Biedma y a defender la independencia judicial.
El resultado es tan sencillo como preocupante: el Consejo encargado de defender a los jueces no consiguió ponerse de acuerdo para manifestar públicamente su apoyo a una magistrada que denuncia amenazas y seguimientos.
El problema no es únicamente Beatriz Biedma. Es la confianza de todos los españoles en una justicia verdaderamente independiente.
Nueve vocales del sector progresista impiden que el CGPJ apruebe un comunicado de apoyo a la magistrada que investigó al hermano de Pedro Sánchez, pese a las denuncias de seguimientos, amenazas y posibles maniobras de intimidación contra ella y su familia.
Madrid, 16 de octubre de 2026.
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Hay silencios que son prudencia. Otros son cobardía. Y algunos resultan especialmente difíciles de justificar cuando proceden de quienes tienen la obligación de defender a las personas a las que se pretende intimidar.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano constitucional encargado de gobernar a los jueces y garantizar su independencia, ha sido incapaz de aprobar un sencillo comunicado de respaldo a la magistrada Beatriz Biedma, titular de un juzgado de instrucción de Badajoz y responsable de la investigación que llevó ante los tribunales a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno.
No se trataba de condenar anticipadamente a nadie. Tampoco de sustituir a los tribunales ni de declarar culpable a ningún investigado.
Se trataba de manifestar públicamente que ningún juez español debe verse sometido a amenazas, seguimientos, presiones o intimidaciones por cumplir con su obligación de investigar posibles delitos, con independencia del apellido, el cargo o las relaciones políticas de las personas investigadas.
Diez vocales del CGPJ quisieron expresar ese respaldo. Nueve vocales del denominado sector progresista se opusieron. Y el comunicado quedó sin aprobar.
El enfrentamiento se produjo en el Pleno del miércoles 14 de octubre de 2026. La propuesta ni siquiera llegó a someterse a votación porque las declaraciones institucionales del Consejo requieren unanimidad, según explicaron fuentes del propio órgano.
La cuestión que merece una explicación es bastante sencilla: ¿cómo puede resultar inaceptable para nueve integrantes del gobierno de los jueces una declaración que se limita a defender la independencia de una magistrada y a mostrar preocupación por su seguridad?
Una magistrada que investigó a quien muchos habrían preferido no investigar
La jueza Beatriz Biedma alcanzó notoriedad nacional por instruir el procedimiento relacionado con la contratación de David Sánchez en la Diputación Provincial de Badajoz.
Aquella investigación terminó con una sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz que impuso penas de inhabilitación al hermano del presidente del Gobierno y al entonces dirigente socialista Miguel Ángel Gallardo. La resolución ha sido recurrida y la Fiscalía ha solicitado la absolución de los condenados.
Pero, paralelamente, la magistrada se ha convertido en protagonista de otro asunto bastante más inquietante.
La investigación judicial sobre las presuntas maniobras del denominado caso Leire Díez ha incorporado testimonios, documentos y diligencias relacionados con posibles actuaciones encaminadas a desacreditarla, intimidarla e interferir en su actividad profesional.
El 7 de octubre, RTVE informó de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil había recogido declaraciones sobre supuestos seguimientos a Biedma y contactos con personas relacionadas con el narcotráfico en los que se habría hablado incluso de eliminarla.
No estamos, por tanto, ante una simple discusión entre magistrados ni ante un intercambio de descalificaciones en las redes sociales.
Estamos ante denuncias de una gravedad extraordinaria, sometidas a investigación judicial, que afectan directamente a la seguridad personal de una jueza y de sus hijas.
Y el propio Ministerio del Interior ha considerado necesario asignarle protección policial.
Las amenazas, los seguimientos y el temor por sus hijas
El 8 de octubre, Beatriz Biedma compareció ante el juez Santiago Pedraz, en la Audiencia Nacional, para explicar las actuaciones que, según los testimonios conocidos, se habrían desarrollado contra ella.
Relató que dos abogados le habían advertido de maniobras dirigidas a perjudicarla. También explicó que personas desconocidas habían preguntado por ella en lugares que frecuentaba y, especialmente, en el colegio de sus hijas.
Una circunstancia particularmente perturbadora: personas que, según su declaración, se presentaban como familiares o colaboradores de la magistrada, pese a no serlo.
La jueza expresó su preocupación por la posibilidad de que conocieran sus desplazamientos, sus costumbres y los lugares que frecuentaban sus hijas.
El asunto adquirió todavía mayor gravedad con una denuncia presentada ante la Policía Nacional de Badajoz.
Según informó la Agencia EFE el 15 de octubre, Biedma denunció que el mismo día de su comparecencia ante la Audiencia Nacional, mientras regresaba desde el aeropuerto de Talavera la Real a su domicilio, un automóvil blanco se situó junto al suyo.
Una de sus hijas reconoció presuntamente a su ocupante como Luis José Sáenz de Tejada, antiguo magistrado investigado en la causa relacionada con Leire Díez.
Biedma manifestó incluso el temor de que alguien hubiera instalado un dispositivo de localización en su vehículo.
La existencia de ese dispositivo no ha quedado acreditada, pero el temor expresado por la magistrada consta en su denuncia. Sáenz de Tejada rechaza las acusaciones y sostiene que se le atribuyen hechos que no ha cometido.
Conviene advertir la gravedad de lo ocurrido, incluso sin anticipar el resultado de las investigaciones.
Una magistrada denuncia seguimientos, teme por la integridad de sus hijas y recibe protección policial. Y nueve integrantes del órgano encargado de defender la independencia judicial consideran inoportuno expresarle públicamente su apoyo.
Diez vocales pidieron lo que debería haber sido elemental
Los promotores de la declaración fueron José Antonio Montero, José Luis Costa, Pilar Jiménez, Eduardo Martínez Mediavilla, Gema Espinosa, José María Páez, Esther Rojo, Carlos Orga, Isabel Revuelta y Alejandro Abascal.
El texto que presentaron no contiene una sola petición de condena, sanción o castigo contra persona alguna.
Se limita a expresar preocupación, solidaridad, respaldo institucional y defensa de la independencia judicial.
Su afirmación central merece destacarse:
La independencia judicial no constituye un privilegio de quienes juzgan, sino una garantía de todos los ciudadanos.
Y su conclusión resulta igualmente difícil de discutir:
Defender la independencia de cada juez es defender el Estado de Derecho.
¿Dónde está el problema?
¿Qué parte de semejantes afirmaciones resulta inadmisible?
¿Acaso expresar solidaridad con una jueza equivale a anticipar una sentencia contra quienes supuestamente la intimidan?
¿Desde cuándo las instituciones necesitan conocer la identidad y culpabilidad definitiva de un presunto acosador para expresar respaldo a quien denuncia sentirse amenazado?
No estamos hablando de aprobar una sentencia condenatoria en un salón de reuniones. Estamos hablando de acompañar institucionalmente a una magistrada que denuncia hechos suficientemente graves como para haber provocado una investigación judicial y la adopción de medidas policiales de protección.
Los nueve vocales que se opusieron: nombres y apellidos
Son nueve los integrantes del sector progresista que rechazaron respaldar la propuesta:
- Ángel Arozamena.
- Ricardo Bodas.
- Bernardo Fernández.
- Luis Martín Contreras.
- José María Fernández Seijo.
- Esther Erice.
- Argelia Queralt.
- Inés Herrero.
- Lucía Avilés.
Sus nombres deben conocerse porque ejercen responsabilidades públicas y porque su decisión ha impedido una declaración institucional que afectaba directamente a la independencia judicial.
Los nueve han defendido su postura alegando que el Consejo debe mantener la prudencia y la neutralidad ante unos hechos sometidos a investigación. También han señalado que el texto les fue presentado poco antes de comenzar el Pleno y que Beatriz Biedma no había solicitado formalmente el amparo del CGPJ.
Son explicaciones que merecen una respuesta.
La prudencia institucional no obliga a la indiferencia.
La neutralidad ante una investigación penal no impide defender públicamente la libertad de los jueces para ejercer sus funciones.
Y que la magistrada no haya presentado una solicitud formal de amparo no impide expresar solidaridad con ella.
Una cosa es pronunciarse sobre quién cometió unos hechos todavía investigados y otra, muy distinta, recordar que ningún magistrado debe desempeñar su trabajo bajo amenazas.
Los promotores del comunicado habían tenido precisamente el cuidado de no prejuzgar responsabilidades.
Por eso, la explicación de los nueve vocales resulta tan poco convincente.
Su postura puede defenderse como una opción de prudencia institucional. Pero deja sin responder una pregunta esencial: ¿qué daño habría causado una declaración unánime de apoyo a la independencia de Beatriz Biedma, sin atribuir culpabilidad a nadie?
El doble rasero: una cuestión que el CGPJ debe aclarar
España lleva años escuchando discursos solemnes sobre la independencia judicial, la separación de poderes, las garantías constitucionales y el respeto a los tribunales.
Son palabras que se repiten hasta el agotamiento en inauguraciones del año judicial, conferencias, comparecencias y declaraciones institucionales.
Pero las palabras adquieren su verdadero valor cuando llega el momento de actuar.
Y aquí nos encontramos con una magistrada que ha investigado a una persona estrechamente vinculada al presidente del Gobierno, que ha denunciado actuaciones intimidatorias y que ha terminado necesitando protección policial.
La coincidencia política no prueba que exista una orden gubernamental detrás de esas actuaciones. Tampoco autoriza a atribuir responsabilidades penales a quienes no han sido condenados.
Ahora bien, las circunstancias políticas de la investigación hacen todavía más necesario que las instituciones encargadas de proteger a los jueces extremen su vigilancia y eviten cualquier apariencia de parcialidad.
El ciudadano tiene derecho a preguntarse si la reacción del Consejo habría sido la misma ante una magistrada amenazada después de investigar a un familiar de un presidente del Partido Popular o de cualquier otra formación.
No conocemos esa respuesta.
Pero el propio Consejo ha creado las condiciones para que semejante sospecha resulte inevitable.
Y ese es precisamente el daño institucional que provoca convertir una declaración elemental de solidaridad en otra batalla entre conservadores y progresistas.
El CGPJ no está para servir a los partidos
El artículo 122 de la Constitución configura al Consejo General del Poder Judicial como órgano de gobierno de los jueces.
No como una segunda cámara parlamentaria.
No como una sucursal de los partidos.
No como una prolongación de las disputas entre el PSOE y el PP.
Sin embargo, el funcionamiento del Consejo continúa condicionado por su división en bloques identificados políticamente, consecuencia de un sistema de elección de vocales cuya reforma lleva décadas pendiente.
Las noticias del Pleno del 14 de octubre muestran que las discrepancias no se limitaron al comunicado sobre Biedma. También quedaron pendientes acuerdos sobre la renovación de comisiones internas y diversos nombramientos en el Tribunal Supremo.
El problema de fondo aparece entonces con toda claridad.
Cuando los integrantes de un órgano destinado a garantizar la independencia judicial actúan divididos en bandos de procedencia partidista, la confianza de los ciudadanos resulta perjudicada.
Porque la justicia no puede funcionar como un partido de fútbol en el que unos jueces juegan de rojo y otros de azul.
Un juez debe responder exclusivamente ante la ley.
Y quienes gobiernan a los jueces deberían asumir exactamente la misma obligación.
La independencia judicial no consiste únicamente en impedir que un ministro telefonee a un magistrado para indicarle cómo debe resolver un procedimiento.
También exige que ningún juez pueda sentirse abandonado institucionalmente cuando investigar a determinadas personas lo expone a presiones o amenazas.
La presidenta Isabel Perelló y la responsabilidad del Consejo
Hay otra cuestión que tampoco debe pasar inadvertida.
La declaración institucional no llegó a votarse porque no existía la unanimidad necesaria.
Esa circunstancia explica formalmente su fracaso, pero no resuelve el problema de fondo.
El Consejo conserva sus competencias y sus obligaciones aunque no consiga aprobar comunicados solemnes.
Puede valorar solicitudes de amparo cuando se presentan, denunciar ataques a la independencia judicial, adoptar acuerdos dentro de sus atribuciones y expresar, mediante las vías que correspondan, su compromiso con la protección de los magistrados.
La presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, tiene una responsabilidad especialmente relevante en la preservación de la autoridad institucional del Consejo.
No se trata de exigirle que obligue a unos vocales a votar como otros quieren.
Se trata de exigir que la protección de la independencia judicial no termine subordinada a los enfrentamientos internos.
Si una magistrada protegida por la Policía no consigue suscitar una declaración unánime de solidaridad de su propio órgano de gobierno, algo funciona muy mal en la institución.
El caso Leire Díez y las preguntas que siguen abiertas
La investigación que dirige el juez Santiago Pedraz sobre las presuntas maniobras de Leire Díez y otras personas ha adquirido una dimensión que trasciende las disputas políticas habituales.
Entre los asuntos investigados figuran posibles campañas para desprestigiar a integrantes de la judicatura y de las fuerzas de seguridad que participaban en investigaciones especialmente sensibles.
Las declaraciones recogidas por la Guardia Civil sobre Biedma y los supuestos contactos con personas relacionadas con el narcotráfico han elevado considerablemente la gravedad de las sospechas.
Es imprescindible esclarecer quiénes participaron realmente en esas actuaciones, qué pretendían conseguir y si existió alguna forma de coordinación.
También debe investigarse si los presuntos seguimientos tuvieron relación con la instrucción del procedimiento sobre David Sánchez.
Y, especialmente, si las amenazas denunciadas se limitaron a expresiones intimidatorias o existieron preparativos para causar un daño físico.
La gravedad de esas preguntas no disminuye porque uno de los investigados niegue las acusaciones. Precisamente por eso debe investigarse con rigor y sin interferencias.
No estamos ante la seguridad personal de una magistrada únicamente. Está en juego la posibilidad de que cualquier juez investigue a personas poderosas sin temer consecuencias para sí mismo o para su familia.
La verdadera independencia judicial se demuestra cuando incomoda
Hay algo profundamente contradictorio en proclamar la defensa de la democracia y, simultáneamente, negarse a respaldar una declaración que recuerda la obligación de proteger a los jueces frente a la intimidación.
No hace falta compartir las decisiones de Beatriz Biedma.
No hace falta simpatizar con ella.
Ni siquiera hace falta considerar acertada su instrucción del procedimiento relacionado con David Sánchez.
La independencia judicial significa precisamente que el magistrado debe poder adoptar decisiones ajustadas a su criterio jurídico, aunque desagraden al Gobierno, a la oposición, a los medios de comunicación o a cualquier grupo de presión.
Si un juez comete errores, existen recursos y procedimientos para corregirlos.
Si incurre en una infracción, existen mecanismos para exigirle responsabilidades.
Pero seguirlo, amenazarlo, intimidarlo o intentar perjudicar a su familia no forma parte de los instrumentos legítimos de discrepancia.
Y quienes gobiernan a los jueces deberían poder suscribir semejante afirmación sin necesidad de preguntar antes a qué partido se atribuye cada vocal.
Conclusión: nueve negativas y una institución que sale perdiendo
Los diez vocales que impulsaron el comunicado han hecho pública su incomprensión ante la oposición de sus nueve compañeros.
Y tienen razones de sobra para exigir explicaciones.
El texto propuesto no reclamaba privilegios.
No pedía impunidad.
No pretendía interferir en una investigación penal.
Pedía algo tan elemental como que el Consejo expresara su cercanía a una jueza que denuncia intimidaciones y recordara que la independencia judicial pertenece al conjunto de los ciudadanos.
Sus compañeros del sector progresista no quisieron suscribirlo.
Tienen derecho a disentir. Pero también tienen la obligación de explicar por qué consideraron más importante evitar ese pronunciamiento que expresar conjuntamente una solidaridad institucional perfectamente compatible con la presunción de inocencia.
La consecuencia es que el CGPJ ha vuelto a aparecer ante los españoles como un organismo atrapado en sus divisiones políticas, incapaz de ponerse de acuerdo siquiera en una declaración de respaldo a una magistrada amenazada.
Y lo más inquietante es el mensaje que puede recibir cualquier juez español cuando tenga que investigar a personas influyentes.
Que quizá reciba protección policial.
Que quizá reciba solidaridad de algunos compañeros.
Pero que no debe dar por supuesto que el órgano encargado de defender su independencia sea capaz de hablar con una sola voz.
Una justicia independiente no necesita jueces dóciles, ni jueces valientes abandonados a su suerte. Necesita instituciones que cumplan con su obligación precisamente cuando hacerlo incomoda a quienes tienen poder.
Y si el Consejo General del Poder Judicial no es capaz de ponerse de acuerdo siquiera en eso, los españoles tenemos motivos para preguntarnos a quién sirve realmente y qué clase de independencia judicial está dispuesto a defender.
