EL CONSENSO SOCIALDEMÓCRATA, EL ESTADO DEL BIENESTAR Y EL CACAO MARAVILLAO

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De Felipe González a Pedro Sánchez, pasando por Mariano Rajoy: cuarenta años de promesas, incumplimientos y partitocracia. Del baile de Alaska y Dinarama al perreo electoral. ¡Y que el ritmo no pare!

Por Carlos Aurelio Caldito Aunión

21 de noviembre de 2026

Resumen para lectores con prisas y fanáticos repetidores de eslóganes

En 2011 Mariano Rajoy obtuvo una mayoría absoluta de 186 diputados. Había prometido no subir determinados impuestos, pero su Gobierno elevó el IRPF y el IVA. También conservó buena parte de las estructuras políticas y administrativas que había criticado.

En 2018 perdió el Gobierno mediante una moción de censura apoyada por socialistas, fuerzas de izquierda, nacionalistas y separatistas, entre ellas EH Bildu. Pedro Sánchez llegó a la Moncloa.

En 2020 se constituyó el Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos.

En 2026 los pasivos financieros totales de las administraciones públicas ya superaban los 2,3 billones de euros, según las cuentas oficiales del segundo trimestre.

Y mientras tanto, Pedro Sánchez aparece bailando en plena campaña electoral.

El próximo 29 de noviembre habrá elecciones generales.

Lo decisivo será lo que ocurra después: qué compromisos se cumplen, qué instituciones se reforman, cómo se administran los recursos públicos y qué responsabilidades asumen quienes gobiernan.

Porque la democracia exige algo más que cambiar periódicamente de gobernantes.

Exige controlar su actuación.

El 29 de noviembre se vota. El 30 empieza la obligación de exigir cuentas.

Y que la fiesta continúe o termine dependerá, en buena medida, de que los ciudadanos dejemos de conformarnos con la música y empecemos a examinar el contenido del envase.

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«Bailando, me paso el día bailando…», cantaban Alaska y Dinarama en aquellos años en que España estrenaba modernidad, libertades políticas, televisiones privadas y una extraordinaria afición a confundir el progreso con la multiplicación de organismos públicos, ministerios, consejerías, subvenciones y promesas electorales.

Habíamos dejado atrás el franquismo, aprobado una Constitución y celebrado unas cuantas elecciones generales. Y nuestros gobernantes, con independencia del partido al que pertenecieran, comenzaron a convencernos de que la felicidad nacional consistía en dejar buena parte de nuestras responsabilidades en manos del Estado.

El Estado del bienestar, lo llamaban.

Y para garantizar ese bienestar había que aumentar las competencias de las administraciones, multiplicar organismos, crear nuevos derechos, repartir subvenciones y establecer una formidable maquinaria política y burocrática que, naturalmente, necesitaba cantidades crecientes de dinero.

El dinero de los contribuyentes.

Y cuando no alcanzaba, siempre quedaba el recurso del endeudamiento.

La fiesta no podía detenerse.

Había que seguir bailando.

Y así hemos llegado a noviembre de 2026, con Pedro Sánchez moviendo las caderas en un mitin electoral celebrado en Santiago de Compostela, mientras los españoles afrontamos una situación económica, institucional y política que merece bastante más atención que las habilidades coreográficas del presidente.

El diario ESdiario titulaba el 21 de noviembre: «Sánchez ordena al PSOE seguir perreando».

¡Extraordinario!

Cuarenta años después, el consenso socialdemócrata continúa interpretando su música.

Han cambiado los bailarines.

Han cambiado los presentadores.

Han cambiado los directores de orquesta.

Pero el espectáculo sigue siendo fundamentalmente el mismo.

Y el producto anunciado también.

¡Cacao Maravillao!

I. El Cacao Maravillao: una formidable lección de propaganda

A comienzos de los años noventa, Telecinco emitía un programa presentado por Emilio Aragón en el que aparecía un ballet de llamativas bailarinas anunciando las supuestas virtudes de un producto denominado Cacao Maravillao.

La canción era pegadiza.

Las bailarinas, espectaculares.

El presentador, simpático.

Y el anuncio, tan eficaz que algunos espectadores comenzaron a preguntar dónde podían adquirir aquel maravilloso cacao.

Solamente existía un pequeño inconveniente.

El producto no existía.

Era una ficción publicitaria importada de Italia.

Habían conseguido despertar el deseo de comprar algo que nadie fabricaba.

Y contemplando nuestra historia política desde la Transición, uno comprende que aquel experimento televisivo constituye una metáfora casi perfecta de lo que nuestros partidos han venido haciendo durante décadas.

Prometer prosperidad sin explicar cómo producirla.

Ofrecer servicios sin calcular sus costes.

Anunciar derechos sin recordar las obligaciones correspondientes.

Presentar el endeudamiento como una solución permanente.

Y convertir la propaganda en sustituto de la gestión.

Porque si algo ha caracterizado al consenso socialdemócrata español es precisamente su extraordinaria capacidad para presentar como conquistas políticas decisiones cuyos costes recaen sobre los ciudadanos.

Nada es gratis.

Ni la sanidad.

Ni la enseñanza.

Ni las pensiones.

Ni las infraestructuras.

Ni los servicios públicos.

Todo necesita financiación.

Y el dinero no lo pone el presidente del Gobierno de su bolsillo.

Lo ponemos los españoles.

Los que trabajamos, ahorramos, producimos, invertimos y pagamos impuestos.

Y, cuando esos ingresos no alcanzan, lo ponen también las generaciones futuras mediante una deuda que alguien tendrá que atender.

Pero mientras suene la música, nadie parece demasiado interesado en examinar la factura.

II. Felipe González: reconversión industrial, corrupción y modernidad de escaparate

Felipe González llegó al Gobierno en 1982, acompañado de un entusiasmo político que parecía anunciar una España completamente nueva.

Hubo modernización económica, integración europea y transformaciones institucionales importantes.

Pero también una reconversión industrial que afectó gravemente a la siderurgia, la minería, los astilleros y numerosos sectores productivos.

Muchas empresas públicas fueron reorganizadas, privatizadas o cerradas.

Comarcas enteras perdieron miles de empleos.

La incorporación a la Comunidad Económica Europea exigió transformaciones profundas de nuestra agricultura, ganadería y pesca.

La industria española perdió capacidad productiva en determinados sectores estratégicos.

Y nuestro país avanzó hacia una economía crecientemente dependiente del turismo, la construcción y los servicios.

No se trata de negar la necesidad de modernizar empresas deficitarias ni de ignorar las dificultades económicas heredadas.

Se trata de preguntarse si las decisiones adoptadas y las políticas posteriores consiguieron desarrollar una base productiva suficientemente diversificada.

Porque España no puede aspirar a una prosperidad duradera limitándose a ofrecer alojamiento, restaurantes, playas y servicios turísticos.

Necesita industria competitiva, energía abundante, tecnología, investigación, agricultura moderna y empresas capaces de proporcionar empleos productivos y bien remunerados.

Pero mientras se transformaba nuestra economía, el Gobierno socialista también consolidaba una estructura política que terminaría condicionando profundamente el futuro nacional.

El Estado de las autonomías.

Diecisiete comunidades autónomas.

Parlamentos.

Gobiernos.

Consejerías.

Empresas públicas.

Agencias.

Organismos de toda clase.

Y una proliferación administrativa que facilitó la consolidación de redes territoriales de poder.

A ello se sumaron escándalos como los GAL, Filesa, Roldán, Juan Guerra y la utilización irregular de fondos reservados.

El socialismo que prometía regeneración moral terminó demostrando que el poder, cuando carece de controles suficientes, ofrece oportunidades extraordinarias para el abuso.

Y mientras tanto, la propaganda seguía vendiéndonos el Cacao Maravillao.

III. Aznar: la derecha descubre las comodidades del consenso

En 1996 llegó José María Aznar.

El Partido Popular prometía eficacia, modernización, crecimiento económico y una forma diferente de gobernar.

Su etapa estuvo acompañada de privatizaciones, reformas económicas y creación de empleo.

Pero también de la consolidación del Estado autonómico y nuevas transferencias competenciales.

La derecha que había criticado determinados aspectos del sistema terminó administrando buena parte de ellos.

Y allí quedó establecida una costumbre que habría de repetirse.

El PSOE ampliaba la intervención estatal.

El PP la criticaba.

El PP llegaba al Gobierno y conservaba numerosas estructuras.

Después regresaba el PSOE y continuaba ampliándolas.

El sistema no necesitaba impedir la alternancia.

Le bastaba con garantizar que la alternancia no alterara sus fundamentos principales.

Y así fue consolidándose un modelo en el que las grandes diferencias entre partidos convivían con una notable continuidad en la organización territorial, la financiación pública y la influencia de las organizaciones políticas sobre las instituciones.

Lo importante parecía ser quién dirigía la orquesta.

No qué música interpretaba.

IV. Zapatero: ingeniería social, crisis económica y el regreso de la derecha

José Luis Rodríguez Zapatero llegó al Gobierno en 2004.

Su etapa estuvo marcada por importantes reformas sociales y una intensa intervención legislativa en asuntos relacionados con la familia, la enseñanza y las relaciones entre ciudadanos.

También coincidió con la acumulación de desequilibrios económicos que quedaron al descubierto cuando estalló la crisis financiera de 2008.

El desempleo aumentó extraordinariamente.

Muchas empresas cerraron.

Miles de familias perdieron sus viviendas.

Las cajas de ahorros, frecuentemente sometidas a una intensa influencia política, acabaron protagonizando uno de los capítulos más lamentables de nuestra historia financiera.

Y los españoles volvieron a escuchar que la solución consistía en cambiar de Gobierno.

El Partido Popular, dirigido por Mariano Rajoy, prometía recuperar la confianza, sanear las cuentas públicas, reducir el despilfarro, administrar eficazmente los recursos y devolver a España a la senda de la prosperidad.

Y los ciudadanos respondieron.

El 20 de noviembre de 2011, Rajoy obtuvo una mayoría absoluta de 186 diputados.

Tenía una oportunidad extraordinaria.

Disponía de respaldo parlamentario suficiente para impulsar reformas profundas.

Podía abordar los problemas de la organización territorial, revisar estructuras administrativas, reducir privilegios y establecer controles efectivos sobre el gasto público.

Podía demostrar que la alternancia política servía para algo más que sustituir a unos dirigentes por otros.

Pero comenzó otra función del Cacao Maravillao.

V. Mariano Rajoy: la mayoría absoluta de las promesas incumplidas

Mariano Rajoy representa un capítulo esencial para comprender la trayectoria política española de las últimas décadas.

Porque llegó al Gobierno después de prometer una orientación económica y fiscal que comenzó a modificar apenas instalado en la Moncloa.

Había rechazado las subidas de impuestos.

Pero las aprobó.

Elevó el IRPF y el IBI.

En 2012 aumentó el IVA general del 18 al 21 %, y el reducido del 8 al 10 %.

En septiembre de aquel año reconoció expresamente que había prometido no subir el IVA y que había terminado haciéndolo.

Es decir, no estamos hablando solamente de interpretaciones políticas.

Estamos hablando de incumplimientos reconocidos por el propio presidente. 10/09/2012 [Presidente]+1

Su Gobierno aprobó también una regularización fiscal extraordinaria, habitualmente denominada amnistía fiscal.

Aplicó recortes presupuestarios.

Redujo determinadas prestaciones.

Y justificó sus cambios de orientación por la gravedad de la situación económica y las exigencias de consolidación fiscal.

Las circunstancias eran difíciles, ciertamente.

Pero precisamente por eso los ciudadanos habían elegido un Gobierno que prometía unas soluciones determinadas.

La democracia representativa pierde una parte fundamental de su sentido cuando los programas electorales se convierten en simples instrumentos propagandísticos que pueden abandonarse sin consecuencias políticas suficientes.

Y Rajoy no se limitó a modificar sus promesas fiscales.

Tampoco emprendió la profunda reforma del entramado territorial que algunos de sus votantes esperaban.

No redujo de manera decisiva la influencia de los partidos sobre numerosas instituciones.

No desmanteló las principales estructuras del consenso socialdemócrata.

No transformó sustancialmente el modelo de financiación política.

Y no aprovechó su mayoría absoluta para establecer un sistema de responsabilidad de los gobernantes que impidiera repetir los abusos del pasado.

Hubo reformas y decisiones relevantes, desde luego, algunas de ellas con efectos económicos positivos. Pero eso no elimina los incumplimientos ni resuelve la cuestión fundamental.

¿Para qué sirve una mayoría absoluta si quienes la reciben renuncian a buena parte de los cambios que habían prometido?

Rajoy pasó de presentarse como alternativa al socialismo a convertirse en administrador de muchas de las estructuras que había criticado.

Y lo hizo mientras sus votantes comprobaban que las diferencias entre las promesas electorales y las decisiones gubernamentales resultaban cada vez más difíciles de explicar.

No fue una simple oportunidad perdida.

Fue una experiencia que contribuyó a deteriorar la confianza de numerosos ciudadanos en la capacidad del Partido Popular para transformar verdaderamente el sistema.

Y todo ello, naturalmente, sin detener el Cacao Maravillao.

VI. Rajoy, ETA, Bildu y el precio político de la continuidad

Existe otro aspecto de la presidencia de Mariano Rajoy que merece especial atención.

Su actuación respecto al terrorismo de ETA y al entramado político surgido en el País Vasco tras el final de la actividad armada de la organización.

ETA había anunciado el cese definitivo de su actividad armada en octubre de 2011, antes de la llegada de Rajoy al Gobierno.

El Ejecutivo popular recibió, por tanto, una situación muy distinta a la que habían afrontado anteriores gobiernos durante décadas de asesinatos, secuestros y extorsiones.

Era una oportunidad para reforzar la memoria de las víctimas, exigir responsabilidades y garantizar que la desaparición de la violencia no supusiera la desaparición de la exigencia de justicia.

Sin embargo, en abril de 2012 el Ministerio del Interior presentó un plan de reinserción penitenciaria que contemplaba posibilidades de traslado para determinados presos terroristas, bajo condiciones específicas.

El Gobierno negó que esa medida supusiera beneficios penitenciarios automáticos, pero la iniciativa provocó críticas y preocupación entre asociaciones de víctimas. RTVE.es

Y mientras tanto EH Bildu continuó participando en las instituciones y recibiendo financiación pública conforme a la legislación vigente.

No se trata de una conjetura.

En febrero de 2017, el Consejo de Ministros presidido por Rajoy autorizó subvenciones estatales ordinarias a los partidos políticos y la relación oficial incluía a Euskal Herria Bildu, con 418.423,18 euros de financiación ordinaria y 379.174,21 euros de asignación para gastos de seguridad. 24/02/2017 [Consejo de Ministros]

Es importante precisar que se trataba de financiación contemplada por la legislación aplicable a las formaciones políticas, no de una entrega discrecional cuya ilegalidad esté acreditada.

Pero ese hecho no impide formular una crítica política.

Quienes consideramos que el final del terrorismo exigía una respuesta especialmente firme ante cualquier justificación de la violencia tenemos derecho a preguntarnos si los distintos gobiernos fueron suficientemente exigentes con la memoria, el reconocimiento y la reparación de las víctimas.

También resulta legítimo cuestionar una legislación que permite financiar con fondos públicos a partidos cuya trayectoria, dirigentes o discursos suscitan graves objeciones entre numerosas víctimas del terrorismo.

La cuestión de fondo es si el sistema político español terminó incorporando a EH Bildu a su funcionamiento institucional sin exigir todas las garantías éticas y políticas que una parte de la sociedad consideraba indispensables.

En el lenguaje de sus críticos, aquello representó una normalización o un blanqueamiento político.

Sus defensores sostienen que la participación institucional de una formación legal forma parte del pluralismo democrático.

Pero lo que no admite discusión es que Rajoy no impidió esa incorporación institucional, mantuvo la aplicación del sistema de financiación correspondiente y gobernó durante años sin modificar sustancialmente ese marco.

Y para muchos de quienes habían depositado su confianza en el Partido Popular en noviembre de 2011, aquella conducta constituyó otra decepción profunda.

VII. El desenlace: Rajoy terminó abriéndole la puerta a Pedro Sánchez

El 1 de junio de 2018 se produjo uno de los acontecimientos decisivos de nuestra historia política reciente.

Mariano Rajoy perdió una moción de censura presentada por el PSOE.

Pedro Sánchez obtuvo 180 votos favorables, 169 contrarios y una abstención.

La moción prosperó gracias al apoyo de distintas formaciones, entre ellas Unidos Podemos, ERC, PNV, PDeCAT y EH Bildu. Congreso

Rajoy abandonó el Gobierno.

Y Pedro Sánchez llegó a la Moncloa.

La paradoja resulta verdaderamente llamativa.

El dirigente que había obtenido una mayoría absoluta en 2011 prometiendo corregir los excesos del socialismo acabó perdiendo el poder en 2018 y dejando paso a una nueva mayoría parlamentaria articulada alrededor del PSOE, apoyada por fuerzas de izquierda y partidos nacionalistas y separatistas.

No fue Rajoy quien votó la moción de censura contra sí mismo.

Tampoco puede atribuirse exclusivamente a sus decisiones la conducta de las demás formaciones parlamentarias.

Pero su responsabilidad política en el deterioro de la posición del PP, los incumplimientos de su programa y el desgaste institucional de sus gobiernos merece un examen riguroso.

La sentencia del caso Gürtel, los problemas de corrupción que afectaban al PP y la pérdida de apoyos parlamentarios precipitaron su salida.

Y así terminó una experiencia que había comenzado con enormes expectativas.

La mayoría absoluta de 2011 no había producido la transformación institucional que muchos electores esperaban.

El Gobierno había cambiado.

El sistema había permanecido en buena medida.

Y la presidencia de Rajoy concluyó abriendo paso a una etapa política que sus propios seguidores consideraban precisamente aquello que habían querido evitar.

Después, en enero de 2020, Pedro Sánchez constituyó con Unidas Podemos el primer Gobierno de coalición de la democracia española posterior a 1978.

Sus adversarios lo denominaron Gobierno socialcomunista.

Su estabilidad parlamentaria dependió de acuerdos y apoyos de distintas formaciones.

Y el Cacao Maravillao siguió sonando.

Cambió el presentador.

Cambió el ballet.

Pero la música continuó.

VIII. La deuda que no cabe en el anuncio: 2.309.015 millones de euros

Esta es una de las cuestiones económicas que merece mayor atención.

Cuando el Gobierno informa de la deuda pública, suele utilizar la magnitud definida por el Protocolo de Déficit Excesivo, que permite comparar las cuentas de los países europeos conforme a unos criterios comunes.

En septiembre de 2026 esa deuda se situaba aproximadamente en 1,767 billones de euros.

Pero las cuentas financieras de las administraciones públicas muestran una magnitud más amplia.

PASIVOS FINANCIEROS TOTALES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS · 2.º TRIMESTRE DE 2026

2.309.015 millones €

Fuente: INE y Banco de España. Incluye categorías de pasivos que no forman parte de la deuda PDE. INE+1

Más de dos billones trescientos mil millones de euros.

Una cifra de una magnitud verdaderamente extraordinaria.

Conviene insistir en que los pasivos financieros totales y la deuda PDE no son indicadores idénticos. Los primeros ofrecen una visión más amplia de los compromisos financieros contabilizados, mientras que la segunda responde a una definición estadística europea específica.

Ambas cifras son oficiales.

Pero limitar la explicación pública a una sola de ellas puede impedir que el ciudadano comprenda la dimensión completa de las obligaciones financieras de nuestras administraciones.

Y aquí aparece nuevamente una de las características más irritantes del consenso socialdemócrata.

Los partidos anuncian nuevas prestaciones.

Prometen nuevas inversiones.

Proponen nuevos organismos.

Ofrecen ayudas y subvenciones.

Pero rara vez explican con suficiente claridad cómo piensan financiar todas esas decisiones sin incrementar indefinidamente la carga que soportarán los contribuyentes actuales y futuros.

Porque el endeudamiento no constituye una fuente inagotable de prosperidad.

Es una obligación financiera.

Y sus intereses también deben pagarse.

España necesita discutir seriamente qué Estado puede sostener, qué servicios desea financiar y cómo aumentar su capacidad productiva para atender esas obligaciones.

Lo que no necesita es otra campaña publicitaria dedicada a convencernos de que el dinero público aparece milagrosamente cuando un ministro anuncia una nueva partida presupuestaria.

El Cacao Maravillao podrá ser imaginario.

Los 2.309.015 millones de euros de pasivos financieros, no.

IX. Pedro Sánchez: del Cacao Maravillao al perreo electoral

Y así llegamos a noviembre de 2026.

Después de ocho años de presidencia, Pedro Sánchez vuelve a presentarse ante los electores.

En Santiago de Compostela, el 20 de noviembre, participa en un mitin acompañado de música y baile.

Sus seguidores aplauden.

Las cámaras registran el espectáculo.

Y la campaña continúa.

La escena parece diseñada expresamente para cerrar esta historia.

En los años noventa, Emilio Aragón anunciaba un cacao inexistente acompañado de bailarinas.

En 2026, Pedro Sánchez intenta convencer a los electores de las virtudes de su continuidad gubernamental mediante discursos, música y una escenografía festiva.

El paralelismo resulta irresistible.

Porque mientras el presidente baila, las obligaciones financieras de nuestras administraciones siguen existiendo.

Los problemas de vivienda no desaparecen.

Las infraestructuras necesitan mantenimiento.

La enseñanza requiere reformas.

La productividad continúa reclamando inversiones y mejoras.

Y el sistema político permanece sometido a los mismos problemas estructurales que llevamos décadas denunciando.

No hay nada censurable en que un político baile.

Lo censurable políticamente sería pretender que el entusiasmo del espectáculo sustituya a la explicación de los resultados.

Una nación no se gobierna con coreografías.

Y una deuda gigantesca no desaparece moviendo las caderas.

Pero tampoco sería justo atribuir exclusivamente a Sánchez el recurso a la propaganda.

Los demás partidos también utilizan emociones, símbolos, músicas, eslóganes y concentraciones de seguidores.

Cada cual presenta su particular producto milagroso.

Todos quieren convencer al público de que su fórmula es diferente.

Y casi ninguno parece demasiado interesado en explicar qué privilegios propios está dispuesto a sacrificar.

Porque ahí se encuentra la verdadera prueba.

No en denunciar los privilegios ajenos.

Sino en renunciar a ellos cuando se consigue el poder.

X. El 29 de noviembre: todos quieren dirigir la orquesta

El próximo domingo 29 de noviembre los españoles acudirán nuevamente a las urnas.

Los candidatos pedirán confianza.

Los partidos presentarán sus programas.

Habrá promesas de cambio, estabilidad, prosperidad, regeneración y defensa de España.

Pedro Sánchez defenderá la continuidad de su proyecto.

Alberto Núñez Feijóo presentará su alternativa de Gobierno.

Santiago Abascal insistirá en sus propuestas de transformación institucional.

Y las restantes formaciones defenderán sus respectivos programas.

Pero la gran cuestión continúa siendo la misma.

¿Qué harán realmente cuando reciban el poder?

¿Cumplirán sus compromisos?

¿O repetirán el comportamiento de quienes prometieron unas cosas y gobernaron haciendo otras?

¿Renunciarán a los privilegios que actualmente denuncian?

¿O se limitarán a sustituir a sus beneficiarios?

¿Revisarán la estructura territorial y administrativa?

¿O encontrarán nuevas razones para conservarla?

¿Garantizarán una Justicia independiente?

¿O intentarán influir sobre las instituciones encargadas de controlar sus decisiones?

¿Afrontarán la situación financiera de nuestras administraciones con transparencia?

¿O seguirán anunciando nuevas prestaciones sin explicar adecuadamente sus costes?

Las elecciones son indispensables en una democracia.

Pero votar no basta para garantizar que los gobernantes cumplan sus obligaciones.

Hace falta fiscalización.

Hace falta transparencia.

Hace falta responsabilidad.

Y hacen falta ciudadanos dispuestos a exigir a sus propios partidos lo mismo que reclaman a sus adversarios.

Porque ningún programa electoral debería convertirse en papel mojado apenas concluido el escrutinio.

XI. El lunes 30 de noviembre: que empiece la rendición de cuentas

Y aquí llegamos a la fecha verdaderamente importante.

El lunes 30 de noviembre.

Porque ese día, con independencia de quién haya ganado las elecciones, España seguirá teniendo los mismos problemas estructurales.

Los pasivos financieros no desaparecerán.

Las familias seguirán pagando sus facturas.

Los jóvenes continuarán necesitando vivienda.

Las empresas tendrán que seguir produciendo.

Los agricultores y ganaderos continuarán afrontando sus dificultades.

Los pensionistas seguirán dependiendo de la sostenibilidad del sistema.

Y los contribuyentes continuarán financiando una maquinaria administrativa cuya dimensión, eficacia y coste merecen un examen permanente.

Ese día comenzarán las negociaciones para formar Gobierno, si los resultados no permiten una mayoría suficiente.

Y entonces podremos comprobar qué valor conceden los partidos a sus promesas.

Porque los principios políticos deben mantenerse también cuando existen incentivos para abandonarlos.

Y la regeneración institucional comienza precisamente cuando los dirigentes aceptan límites a su propio poder.

No basta con cambiar al presidente.

No basta con sustituir a los ministros.

No basta con reorganizar consejerías.

No basta con poner otros nombres en los consejos de administración de las empresas públicas.

Lo importante es que las instituciones funcionen correctamente con independencia de quién las dirija.

Y que los gobernantes respondan por sus decisiones.

Por eso resulta necesario recuperar el principio histórico del juicio de residencia, adaptándolo a las garantías y procedimientos de nuestro ordenamiento constitucional.

Quien administra recursos públicos debe rendir cuentas.

Quien incurre en ilegalidades debe afrontar las responsabilidades correspondientes.

Quien causa perjuicios por actuaciones jurídicamente reprochables no debería quedar protegido simplemente porque haya abandonado el cargo.

Y quien promete unas reformas para obtener los votos debería explicar públicamente por qué no las cumple.

Sin controles eficaces, la alternancia electoral corre el riesgo de convertirse en una simple renovación del reparto de poder.

Y eso no es suficiente.

XII. Epílogo: Rajoy dejó la puerta abierta, Sánchez sigue bailando y la orquesta no se detiene

Hemos recorrido más de cuatro décadas de historia política española.

Desde la modernización socialista de Felipe González hasta los gobiernos de Pedro Sánchez.

Desde las reconversiones industriales hasta la proliferación administrativa.

Desde los primeros grandes escándalos de corrupción hasta la persistencia de los problemas de control institucional.

Desde las promesas de Aznar hasta la mayoría absoluta de Mariano Rajoy.

Y precisamente Rajoy merece permanecer en el centro de esta reflexión.

Porque recibió en noviembre de 2011 una confianza parlamentaria extraordinaria.

Porque prometió determinadas políticas y después incumplió compromisos importantes, especialmente en materia fiscal.

Porque administró el sistema autonómico y buena parte de las estructuras que sus votantes esperaban reformar.

Porque mantuvo un marco político e institucional en el que EH Bildu pudo continuar participando y recibiendo la financiación legalmente prevista.

Y porque su Gobierno terminó cayendo mediante una moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa.

Desde entonces han cambiado muchas cosas, pero otras permanecen notablemente constantes.

El endeudamiento.

La influencia de los partidos sobre numerosas instituciones.

La tendencia a presentar el gasto público como sinónimo de progreso.

Las promesas electorales que después se reinterpretan.

Y la extraordinaria resistencia de nuestras estructuras políticas a reducir sus propias dimensiones.

Ahora Sánchez baila.

En la oposición, otros prometen cambiar la música.

Y los ciudadanos volvemos a escuchar que todo será diferente después de las elecciones.

¿De verdad?

¿O volveremos a descubrir que el único cambio consiste en sustituir al director de orquesta?

En el Titanic también hubo música hasta los últimos momentos.

Pero sus músicos no eran responsables del rumbo del barco.

Aquí, en cambio, nuestros gobernantes no pueden limitarse a entretener a los pasajeros.

Tienen la obligación de dirigir correctamente la nave y responder por sus decisiones.

Y cuando las cosas van mal, no basta con aumentar el volumen de los altavoces.

Porque España necesita mucho más que una campaña electoral.

Necesita un Estado eficaz, limitado por las leyes, sometido al control de los ciudadanos y capaz de administrar correctamente sus recursos.

Necesita una economía productiva.

Necesita seguridad jurídica.

Necesita instituciones independientes.

Y necesita gobernantes que recuerden que el poder no les pertenece.

El próximo 29 de noviembre volveremos a votar.

El 30 comenzará el verdadero examen.

Y si los elegidos terminan reproduciendo los mismos comportamientos que denunciaban desde la oposición, si vuelven a multiplicar privilegios, si incumplen sus programas y si continúan aumentando las obligaciones públicas sin afrontar las reformas necesarias, habremos descubierto que la fiesta sigue exactamente igual.

Cambiarán las caras.

Cambiarán los cargos.

Cambiarán los discursos.

Pero la música continuará.

¡Cacao Maravillao!

¡Que siga el perreo!

¡Que el ritmo no pare!

Mientras tanto, quienes pagamos la orquesta seguiremos teniendo derecho a preguntar:

¿Hasta cuándo pretenden ustedes continuar la fiesta a nuestra costa?

Porque hay algo que nuestros gobernantes deberían comprender de una vez.

España no es suya. El dinero público tampoco. Y ganar unas elecciones no les concede el derecho a incumplir impunemente sus compromisos ni a administrar las instituciones como si fueran propiedades particulares.

El domingo, elecciones.

El lunes, cuentas pendientes.

Y después, responsabilidades.

Porque ya está bien de Cacao Maravillao.

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