ALGUNOS PRETENDEN «EUTANASIAR» A ESPAÑA
La cultura de la muerte, la familia y los principios que no están en venta
Carlos Aurelio Caldito Aunión
19 de noviembre de 2026

Una civilización no desaparece solamente cuando la conquistan: también desaparece cuando renuncia a sus fundamentos.
LA EUTANASIA DE ESPAÑA
La cultura de la muerte, la familia y los principios que no están en venta
Por Carlos Aurelio Caldito Aunión
19 de noviembre de 2026
Una civilización no desaparece solamente cuando la conquistan: también desaparece cuando renuncia a sus fundamentos
Hay cuestiones que trascienden los intereses económicos, los programas electorales, las promesas de los charlatanes de feria y las conveniencias de quienes convierten la política en una profesión vitalicia.
Hay principios que no admiten rebajas, componendas ni transacciones oportunistas. Para quienes consideran sagrada la vida humana, su protección constituye uno de esos principios. Para quienes entienden la familia como fundamento de la sociedad, su defensa tampoco representa una cuestión accesoria.
Y para quienes contemplan España como una comunidad histórica que enlaza generaciones, la conservación de su patrimonio cultural, lingüístico y espiritual no es una extravagancia nostálgica.
Son convicciones que afectan a la concepción misma del ser humano y de la civilización.
Por eso, cuando hablamos de aborto, eutanasia, familia, natalidad y tradición judeocristiana, no estamos discutiendo únicamente unos cuantos artículos de un programa electoral. Estamos examinando qué principios deben orientar las leyes y qué obligaciones tiene el poder político hacia las generaciones presentes y futuras.
Juan Pablo II denominó «cultura de la muerte» a una concepción moral que, a su juicio, había comenzado a debilitar la protección de la vida humana en sus etapas de mayor vulnerabilidad.
La expresión conserva toda su fuerza polémica porque señala una contradicción que merece un debate profundo: una sociedad que proclama solemnemente la dignidad de cada persona debe explicar por qué su ordenamiento jurídico establece diferentes formas de protección de la vida humana según las circunstancias.
El aborto: el conflicto moral que ninguna consigna resuelve
España regula la interrupción voluntaria del embarazo mediante una legislación que permite abortar durante las primeras catorce semanas a petición de la mujer, además de contemplar otros supuestos específicos.
La reforma promovida por el Gobierno de Pedro Sánchez en 2023 amplió diversos aspectos del acceso al aborto, incluido el reconocimiento de la capacidad de decisión de las jóvenes de dieciséis y diecisiete años sin autorización paterna.
Sus promotores lo presentan como una conquista de autonomía y derechos reproductivos. Sus detractores ven en ello un debilitamiento de la protección de la vida prenatal.
Y ésa es la verdadera cuestión.
El conflicto entre la autonomía de la embarazada y el valor moral atribuido a la vida del concebido no desaparece por obra de la terminología administrativa.
Quienes defienden la protección de la vida desde su concepción consideran que ningún cálculo de oportunidad, ninguna comodidad política y ninguna mayoría parlamentaria resuelven por sí solos ese conflicto moral.
Pero la seriedad de esa posición exige algo más que condenar el aborto.
Exige preguntarse por las mujeres que afrontan embarazos en condiciones de pobreza, abandono, inseguridad laboral o absoluta falta de apoyo familiar.
¿Dónde están las viviendas accesibles? ¿Dónde están las ayudas suficientes para criar a los hijos? ¿Dónde están las medidas que permiten a los padres trabajar sin renunciar a su vida familiar?
Una política que proclama la defensa de la vida y abandona a las madres ante sus dificultades incurre en una contradicción grave.
Y una política que proclama la libertad de elección mientras deja intactas las circunstancias materiales que restringen las opciones reales tampoco merece quedar exenta de examen.
La eutanasia: ¿cuidar hasta el final o provocar la muerte?
La Ley Orgánica 3/2021 incorporó al ordenamiento español la prestación de ayuda para morir, sometida a requisitos y procedimientos legales.
La controversia ética es de una gravedad extraordinaria.
Para sus defensores, la eutanasia representa una manifestación de la autonomía personal ante determinados sufrimientos. Para quienes se oponen, el deber de la medicina consiste en acompañar, aliviar y cuidar al enfermo, sin provocar deliberadamente su fallecimiento.
No estamos ante una discrepancia menor.
El anciano dependiente, el enfermo incurable, el discapacitado que necesita asistencia permanente y la persona que atraviesa una situación de sufrimiento intenso conservan íntegramente su dignidad.
Nadie pierde su valor por dejar de trabajar, producir riqueza o desenvolverse sin ayuda.
Precisamente por eso, cualquier debate serio sobre la eutanasia necesita examinar también los cuidados paliativos, la atención domiciliaria, las ayudas a los familiares cuidadores y las condiciones reales de vida de quienes solicitan morir.
Una sociedad debe responder por la calidad de los cuidados que ofrece a sus ciudadanos más vulnerables.
No basta con aprobar una ley y declarar concluido el problema.
La familia: mucho más que una institución jurídica
La familia ha sido, durante siglos, uno de los principales ámbitos de transmisión de responsabilidades, costumbres, conocimientos, creencias y vínculos entre generaciones.
Allí se aprende a convivir. Allí se descubren las primeras obligaciones hacia los demás. Allí se transmite una memoria que no comienza con el individuo ni termina con él.
La familia no es perfecta. Existen familias desestructuradas, padres irresponsables, abandono y violencia doméstica. Reconocer esas realidades forma parte de cualquier defensa seria de la institución familiar.
Pero sus defectos no eliminan la importancia de sus funciones.
El artículo 39 de nuestra Constitución establece la protección social, económica y jurídica de la familia.
La pregunta es qué significado práctico tiene ese mandato en la España de 2026.
Una pareja joven que no encuentra vivienda difícilmente contempla con tranquilidad la posibilidad de tener varios hijos. Un matrimonio sometido a horarios incompatibles con la crianza descubre que los discursos sobre conciliación sirven de bien poco. Unos abuelos que asumen diariamente responsabilidades que corresponden a los servicios públicos o a los propios progenitores conocen las limitaciones de muchas políticas familiares.
Mientras tanto, los partidos discuten sobre las distintas formas de convivencia y sobre el alcance de la intervención pública en la educación de los hijos.
Son debates legítimos, pero no sustituyen la obligación de facilitar las condiciones materiales para formar y mantener una familia.
La familia necesita respeto, independencia y protección efectiva.
No necesita convertirse en una dependencia ideológica del Gobierno de turno.
España envejece mientras discute su porvenir
Los datos demográficos publicados por el Instituto Nacional de Estadística el 18 de noviembre de 2026 permiten comprender la importancia de esta discusión.
En 2025 se registraron 321.684 nacimientos, y el número medio de hijos por mujer fue de 1,11, una cifra muy inferior a la necesaria para el relevo generacional.
El saldo vegetativo resultó negativo: 121.237 defunciones más que nacimientos.
Estos datos no prueban una relación causal directa entre la legislación sobre el aborto, las convicciones religiosas y la baja fecundidad. Intervienen circunstancias económicas, culturales y demográficas muy diversas.
Pero sí muestran un problema que ninguna formación política debería tratar con indiferencia.
¿Cómo sostener las pensiones y los servicios públicos en una sociedad cada vez más envejecida? ¿Qué medidas favorecen la maternidad y la paternidad? ¿Cómo asegurar que quienes desean tener hijos dispongan de condiciones razonables para hacerlo?
Son cuestiones que afectan a la continuidad material de España mucho más directamente que numerosos enfrentamientos parlamentarios.
España y su herencia judeocristiana
España posee una historia que ningún Gobierno ha inventado ni puede atribuirse en exclusiva.
Su lengua, su patrimonio artístico, sus tradiciones, sus instituciones jurídicas y su proyección en Hispanoamérica forman parte de una herencia construida durante siglos.
El cristianismo desempeñó un papel fundamental en ese proceso. También fueron decisivas las aportaciones del mundo romano, la tradición judía, el pensamiento clásico y numerosas corrientes culturales e intelectuales posteriores.
Conservar esa herencia no exige desconocer las injusticias del pasado.
Tampoco exige imponer una determinada confesión religiosa al conjunto de los españoles.
Exige conocer la historia sin reducirla a una sucesión de consignas ni convertir el patrimonio recibido en objeto de desprecio automático.
La memoria de una civilización merece estudio, crítica y conservación.
Una nación no necesita fingir que su historia fue perfecta. Necesita comprenderla para decidir responsablemente qué transmite a sus descendientes.
El PSOE y la controversia sobre el modelo de sociedad
El PSOE ha desempeñado un papel central en la aprobación y defensa de reformas legislativas relacionadas con el aborto, la eutanasia y otros aspectos de la vida familiar.
Sus dirigentes presentan esas políticas como ampliaciones de derechos, autonomía individual e igualdad.
Desde una perspectiva provida y conservadora, esas mismas decisiones suscitan objeciones profundas respecto de la protección de la vida humana, el papel de la familia y el fundamento moral del ordenamiento jurídico.
La discrepancia no es simplemente económica o administrativa.
Afecta al modo de comprender la libertad, la responsabilidad y los límites de la intervención estatal.
La metáfora de la «eutanasia de España» expresa el temor de quienes consideran que determinadas transformaciones políticas y culturales amenazan los fundamentos históricos de la nación.
No constituye, por sí sola, una prueba de que exista un propósito deliberado de destruirla.
Precisamente por eso, el examen de las actuaciones del PSOE y de las demás formaciones exige atender a sus leyes, compromisos, presupuestos y resultados.
También exige comprobar si los partidos que se declaran defensores de la vida y de la familia mantienen esas posiciones cuando participan en gobiernos, negocian acuerdos o ejercen responsabilidades institucionales.
Los principios proclamados desde la oposición encuentran su verdadera prueba en el ejercicio del poder.
Hay principios que no tienen precio
Una sociedad plural reconoce distintas concepciones sobre el aborto, la eutanasia, la familia, la religión y la identidad nacional.
Para algunas personas, la autonomía individual constituye el principio decisivo. Para otras, la protección de la vida humana desde su origen hasta su término natural representa un deber moral absoluto.
Esas discrepancias no desaparecen mediante negociaciones parlamentarias.
Tampoco tienen por qué convertirse en cuestiones secundarias frente a las promesas sobre impuestos, salarios, pensiones o subvenciones.
La política afecta a la economía, pero también a la manera en que una comunidad comprende sus obligaciones morales.
La protección de los seres humanos vulnerables, la libertad de conciencia, la responsabilidad familiar y la transmisión del patrimonio cultural son asuntos de primera importancia.
Y quienes consideran alguno de esos principios irrenunciable tienen razones para exigir explicaciones precisas sobre su cumplimiento.
Un principio absoluto deja de serlo cuando su observancia depende exclusivamente de la conveniencia del momento.
29 de noviembre: la papeleta y la conciencia
El próximo domingo, 29 de noviembre de 2026, España celebrará elecciones generales.
Durante la campaña electoral volverán a escucharse promesas sobre prosperidad, vivienda, impuestos, pensiones, servicios públicos y crecimiento económico.
Son materias importantes. Muchas afectan directamente a la vida cotidiana de millones de españoles.
Pero existen otras preguntas que también forman parte del examen de los programas y de la trayectoria de quienes aspiran a gobernar.
¿Qué protección jurídica atribuyen las distintas candidaturas a la vida prenatal? ¿Qué posición mantienen sobre la eutanasia? ¿Qué compromisos concretos ofrecen respecto de los cuidados paliativos, la maternidad, la paternidad y la familia? ¿Qué importancia conceden a la libertad de conciencia, a la transmisión de la historia y al patrimonio cultural de España?
Y, sobre todo, ¿qué distancia existe entre las declaraciones de principios y los actos de gobierno?
La papeleta es una decisión individual. No constituye un certificado de decencia ni una demostración automática de superioridad moral.
Cada elector establece sus prioridades, examina las consecuencias de las distintas propuestas y decide conforme a su conciencia.
Para algunos ciudadanos, determinados principios morales ocupan un lugar que ninguna oferta económica compensa. Para otros, la jerarquía de obligaciones y derechos es diferente.
La profundidad de esas discrepancias aconseja discutirlas abiertamente, no esconderlas detrás de eslóganes.
Epílogo: las cuestiones que sobreviven a los gobiernos
Los gobiernos pasan. Los dirigentes abandonan sus cargos. Los programas electorales envejecen, las mayorías parlamentarias cambian y las promesas de campaña terminan enfrentándose a la realidad.
Sin embargo, las cuestiones fundamentales de una civilización permanecen.
¿Qué valor reconocemos a la vida humana? ¿Cuáles son nuestras obligaciones hacia los enfermos, los ancianos y las personas dependientes? ¿Cómo protegemos a los hijos y a quienes desean formar una familia? ¿Qué parte de nuestro patrimonio histórico y cultural queremos transmitir a las generaciones futuras?
No son asuntos reservados a teólogos, filósofos o juristas.
Afectan a la convivencia diaria de los españoles y al porvenir de nuestro país.
España no necesita que sus habitantes renuncien a sus convicciones para participar en la vida pública. Necesita que los principios se discutan con claridad, que las promesas se contrasten con los hechos y que quienes ejercen el poder respondan por sus decisiones.
La conciencia no cabe entera en una papeleta electoral.
Pero las decisiones políticas tienen consecuencias que perduran mucho después de que se cierren las urnas.
Resumen para lectores apresurados y fanáticos repetidores de eslóganes
El aborto, la eutanasia, la familia, la natalidad y la conservación de la herencia judeocristiana de España no son asuntos accesorios.
Constituyen materias de profunda trascendencia moral, social y cultural.
Los Gobiernos del PSOE han promovido reformas que sus defensores consideran avances en autonomía y derechos, mientras sus adversarios las cuestionan desde la defensa de la vida y de determinadas instituciones históricas.
España presenta, además, un problema demográfico acreditado por las cifras del INE: una fecundidad de 1,11 hijos por mujer en 2025 y un saldo vegetativo negativo.
El 29 de noviembre de 2026 se celebrarán elecciones generales. Las distintas propuestas legislativas y los compromisos sobre estas cuestiones forman parte de la información que los electores tienen a su disposición.
Hay convicciones que sus defensores consideran irrenunciables. La responsabilidad democrática exige conocer qué propone cada candidatura, qué ha hecho cuando ha gobernado y cuáles son las consecuencias de sus decisiones.
Porque una nación no se sostiene exclusivamente con cifras económicas, discursos solemnes y promesas de campaña. También se sostiene con familias, memoria, responsabilidades compartidas y principios capaces de sobrevivir a las circunstancias políticas.
SI QUIRES PROFUNDIZAR, SIGUE LEYENDO.
Hay cuestiones que trascienden los intereses económicos, los programas electorales, las promesas de los charlatanes de feria y las conveniencias de quienes convierten la política en una profesión vitalicia.
Hay principios que no admiten rebajas, componendas ni transacciones oportunistas. Para quienes consideran sagrada la vida humana, su protección constituye uno de esos principios. Para quienes entienden la familia como fundamento de la sociedad, su defensa tampoco representa una cuestión accesoria.
Y para quienes contemplan España como una comunidad histórica que enlaza generaciones, la conservación de su patrimonio cultural, lingüístico y espiritual no es una extravagancia nostálgica.
Son convicciones que afectan a la concepción misma del ser humano y de la civilización.
Por eso, cuando hablamos de aborto, eutanasia, familia, natalidad y tradición judeocristiana, no estamos discutiendo únicamente unos cuantos artículos de un programa electoral. Estamos examinando qué principios deben orientar las leyes y qué obligaciones tiene el poder político hacia las generaciones presentes y futuras.
Juan Pablo II denominó «cultura de la muerte» a una concepción moral que, a su juicio, había comenzado a debilitar la protección de la vida humana en sus etapas de mayor vulnerabilidad.
La expresión conserva toda su fuerza polémica porque señala una contradicción que merece un debate profundo: una sociedad que proclama solemnemente la dignidad de cada persona debe explicar por qué su ordenamiento jurídico establece diferentes formas de protección de la vida humana según las circunstancias.
El aborto: el conflicto moral que ninguna consigna resuelve
España regula la interrupción voluntaria del embarazo mediante una legislación que permite abortar durante las primeras catorce semanas a petición de la mujer, además de contemplar otros supuestos específicos.
La reforma promovida por el Gobierno de Pedro Sánchez en 2023 amplió diversos aspectos del acceso al aborto, incluido el reconocimiento de la capacidad de decisión de las jóvenes de dieciséis y diecisiete años sin autorización paterna.
Sus promotores lo presentan como una conquista de autonomía y derechos reproductivos. Sus detractores ven en ello un debilitamiento de la protección de la vida prenatal.
Y ésa es la verdadera cuestión.
El conflicto entre la autonomía de la embarazada y el valor moral atribuido a la vida del concebido no desaparece por obra de la terminología administrativa.
Quienes defienden la protección de la vida desde su concepción consideran que ningún cálculo de oportunidad, ninguna comodidad política y ninguna mayoría parlamentaria resuelven por sí solos ese conflicto moral.
Pero la seriedad de esa posición exige algo más que condenar el aborto.
Exige preguntarse por las mujeres que afrontan embarazos en condiciones de pobreza, abandono, inseguridad laboral o absoluta falta de apoyo familiar.
¿Dónde están las viviendas accesibles? ¿Dónde están las ayudas suficientes para criar a los hijos? ¿Dónde están las medidas que permiten a los padres trabajar sin renunciar a su vida familiar?
Una política que proclama la defensa de la vida y abandona a las madres ante sus dificultades incurre en una contradicción grave.
Y una política que proclama la libertad de elección mientras deja intactas las circunstancias materiales que restringen las opciones reales tampoco merece quedar exenta de examen.
La eutanasia: ¿cuidar hasta el final o provocar la muerte?
La Ley Orgánica 3/2021 incorporó al ordenamiento español la prestación de ayuda para morir, sometida a requisitos y procedimientos legales.
La controversia ética es de una gravedad extraordinaria.
Para sus defensores, la eutanasia representa una manifestación de la autonomía personal ante determinados sufrimientos. Para quienes se oponen, el deber de la medicina consiste en acompañar, aliviar y cuidar al enfermo, sin provocar deliberadamente su fallecimiento.
No estamos ante una discrepancia menor.
El anciano dependiente, el enfermo incurable, el discapacitado que necesita asistencia permanente y la persona que atraviesa una situación de sufrimiento intenso conservan íntegramente su dignidad.
Nadie pierde su valor por dejar de trabajar, producir riqueza o desenvolverse sin ayuda.
Precisamente por eso, cualquier debate serio sobre la eutanasia necesita examinar también los cuidados paliativos, la atención domiciliaria, las ayudas a los familiares cuidadores y las condiciones reales de vida de quienes solicitan morir.
Una sociedad debe responder por la calidad de los cuidados que ofrece a sus ciudadanos más vulnerables.
No basta con aprobar una ley y declarar concluido el problema.
La familia: mucho más que una institución jurídica
La familia ha sido, durante siglos, uno de los principales ámbitos de transmisión de responsabilidades, costumbres, conocimientos, creencias y vínculos entre generaciones.
Allí se aprende a convivir. Allí se descubren las primeras obligaciones hacia los demás. Allí se transmite una memoria que no comienza con el individuo ni termina con él.
La familia no es perfecta. Existen familias desestructuradas, padres irresponsables, abandono y violencia doméstica. Reconocer esas realidades forma parte de cualquier defensa seria de la institución familiar.
Pero sus defectos no eliminan la importancia de sus funciones.
El artículo 39 de nuestra Constitución establece la protección social, económica y jurídica de la familia.
La pregunta es qué significado práctico tiene ese mandato en la España de 2026.
Una pareja joven que no encuentra vivienda difícilmente contempla con tranquilidad la posibilidad de tener varios hijos. Un matrimonio sometido a horarios incompatibles con la crianza descubre que los discursos sobre conciliación sirven de bien poco. Unos abuelos que asumen diariamente responsabilidades que corresponden a los servicios públicos o a los propios progenitores conocen las limitaciones de muchas políticas familiares.
Mientras tanto, los partidos discuten sobre las distintas formas de convivencia y sobre el alcance de la intervención pública en la educación de los hijos.
Son debates legítimos, pero no sustituyen la obligación de facilitar las condiciones materiales para formar y mantener una familia.
La familia necesita respeto, independencia y protección efectiva.
No necesita convertirse en una dependencia ideológica del Gobierno de turno.
España envejece mientras discute su porvenir
Los datos demográficos publicados por el Instituto Nacional de Estadística el 18 de noviembre de 2026 permiten comprender la importancia de esta discusión.
En 2025 se registraron 321.684 nacimientos, y el número medio de hijos por mujer fue de 1,11, una cifra muy inferior a la necesaria para el relevo generacional.
El saldo vegetativo resultó negativo: 121.237 defunciones más que nacimientos.
Estos datos no prueban una relación causal directa entre la legislación sobre el aborto, las convicciones religiosas y la baja fecundidad. Intervienen circunstancias económicas, culturales y demográficas muy diversas.
Pero sí muestran un problema que ninguna formación política debería tratar con indiferencia.
¿Cómo sostener las pensiones y los servicios públicos en una sociedad cada vez más envejecida? ¿Qué medidas favorecen la maternidad y la paternidad? ¿Cómo asegurar que quienes desean tener hijos dispongan de condiciones razonables para hacerlo?
Son cuestiones que afectan a la continuidad material de España mucho más directamente que numerosos enfrentamientos parlamentarios.
España y su herencia judeocristiana
España posee una historia que ningún Gobierno ha inventado ni puede atribuirse en exclusiva.
Su lengua, su patrimonio artístico, sus tradiciones, sus instituciones jurídicas y su proyección en Hispanoamérica forman parte de una herencia construida durante siglos.
El cristianismo desempeñó un papel fundamental en ese proceso. También fueron decisivas las aportaciones del mundo romano, la tradición judía, el pensamiento clásico y numerosas corrientes culturales e intelectuales posteriores.
Conservar esa herencia no exige desconocer las injusticias del pasado.
Tampoco exige imponer una determinada confesión religiosa al conjunto de los españoles.
Exige conocer la historia sin reducirla a una sucesión de consignas ni convertir el patrimonio recibido en objeto de desprecio automático.
La memoria de una civilización merece estudio, crítica y conservación.
Una nación no necesita fingir que su historia fue perfecta. Necesita comprenderla para decidir responsablemente qué transmite a sus descendientes.
El PSOE y la controversia sobre el modelo de sociedad
El PSOE ha desempeñado un papel central en la aprobación y defensa de reformas legislativas relacionadas con el aborto, la eutanasia y otros aspectos de la vida familiar.
Sus dirigentes presentan esas políticas como ampliaciones de derechos, autonomía individual e igualdad.
Desde una perspectiva provida y conservadora, esas mismas decisiones suscitan objeciones profundas respecto de la protección de la vida humana, el papel de la familia y el fundamento moral del ordenamiento jurídico.
La discrepancia no es simplemente económica o administrativa.
Afecta al modo de comprender la libertad, la responsabilidad y los límites de la intervención estatal.
La metáfora de la «eutanasia de España» expresa el temor de quienes consideran que determinadas transformaciones políticas y culturales amenazan los fundamentos históricos de la nación.
No constituye, por sí sola, una prueba de que exista un propósito deliberado de destruirla.
Precisamente por eso, el examen de las actuaciones del PSOE y de las demás formaciones exige atender a sus leyes, compromisos, presupuestos y resultados.
También exige comprobar si los partidos que se declaran defensores de la vida y de la familia mantienen esas posiciones cuando participan en gobiernos, negocian acuerdos o ejercen responsabilidades institucionales.
Los principios proclamados desde la oposición encuentran su verdadera prueba en el ejercicio del poder.
Hay principios que no tienen precio
Una sociedad plural reconoce distintas concepciones sobre el aborto, la eutanasia, la familia, la religión y la identidad nacional.
Para algunas personas, la autonomía individual constituye el principio decisivo. Para otras, la protección de la vida humana desde su origen hasta su término natural representa un deber moral absoluto.
Esas discrepancias no desaparecen mediante negociaciones parlamentarias.
Tampoco tienen por qué convertirse en cuestiones secundarias frente a las promesas sobre impuestos, salarios, pensiones o subvenciones.
La política afecta a la economía, pero también a la manera en que una comunidad comprende sus obligaciones morales.
La protección de los seres humanos vulnerables, la libertad de conciencia, la responsabilidad familiar y la transmisión del patrimonio cultural son asuntos de primera importancia.
Y quienes consideran alguno de esos principios irrenunciable tienen razones para exigir explicaciones precisas sobre su cumplimiento.
Un principio absoluto deja de serlo cuando su observancia depende exclusivamente de la conveniencia del momento.
29 de noviembre: la papeleta y la conciencia
El próximo domingo, 29 de noviembre de 2026, España celebrará elecciones generales.
Durante la campaña electoral volverán a escucharse promesas sobre prosperidad, vivienda, impuestos, pensiones, servicios públicos y crecimiento económico.
Son materias importantes. Muchas afectan directamente a la vida cotidiana de millones de españoles.
Pero existen otras preguntas que también forman parte del examen de los programas y de la trayectoria de quienes aspiran a gobernar.
¿Qué protección jurídica atribuyen las distintas candidaturas a la vida prenatal? ¿Qué posición mantienen sobre la eutanasia? ¿Qué compromisos concretos ofrecen respecto de los cuidados paliativos, la maternidad, la paternidad y la familia? ¿Qué importancia conceden a la libertad de conciencia, a la transmisión de la historia y al patrimonio cultural de España?
Y, sobre todo, ¿qué distancia existe entre las declaraciones de principios y los actos de gobierno?
La papeleta es una decisión individual. No constituye un certificado de decencia ni una demostración automática de superioridad moral.
Cada elector establece sus prioridades, examina las consecuencias de las distintas propuestas y decide conforme a su conciencia.
Para algunos ciudadanos, determinados principios morales ocupan un lugar que ninguna oferta económica compensa. Para otros, la jerarquía de obligaciones y derechos es diferente.
La profundidad de esas discrepancias aconseja discutirlas abiertamente, no esconderlas detrás de eslóganes.
Epílogo: las cuestiones que sobreviven a los gobiernos
Los gobiernos pasan. Los dirigentes abandonan sus cargos. Los programas electorales envejecen, las mayorías parlamentarias cambian y las promesas de campaña terminan enfrentándose a la realidad.
Sin embargo, las cuestiones fundamentales de una civilización permanecen.
¿Qué valor reconocemos a la vida humana? ¿Cuáles son nuestras obligaciones hacia los enfermos, los ancianos y las personas dependientes? ¿Cómo protegemos a los hijos y a quienes desean formar una familia? ¿Qué parte de nuestro patrimonio histórico y cultural queremos transmitir a las generaciones futuras?
No son asuntos reservados a teólogos, filósofos o juristas.
Afectan a la convivencia diaria de los españoles y al porvenir de nuestro país.
España no necesita que sus habitantes renuncien a sus convicciones para participar en la vida pública. Necesita que los principios se discutan con claridad, que las promesas se contrasten con los hechos y que quienes ejercen el poder respondan por sus decisiones.
La conciencia no cabe entera en una papeleta electoral.
Pero las decisiones políticas tienen consecuencias que perduran mucho después de que se cierren las urnas.
Resumen para lectores apresurados y fanáticos repetidores de eslóganes
El aborto, la eutanasia, la familia, la natalidad y la conservación de la herencia judeocristiana de España no son asuntos accesorios.
Constituyen materias de profunda trascendencia moral, social y cultural.
Los Gobiernos del PSOE han promovido reformas que sus defensores consideran avances en autonomía y derechos, mientras sus adversarios las cuestionan desde la defensa de la vida y de determinadas instituciones históricas.
España presenta, además, un problema demográfico acreditado por las cifras del INE: una fecundidad de 1,11 hijos por mujer en 2025 y un saldo vegetativo negativo.
El 29 de noviembre de 2026 se celebrarán elecciones generales. Las distintas propuestas legislativas y los compromisos sobre estas cuestiones forman parte de la información que los electores tienen a su disposición.
Hay convicciones que sus defensores consideran irrenunciables. La responsabilidad democrática exige conocer qué propone cada candidatura, qué ha hecho cuando ha gobernado y cuáles son las consecuencias de sus decisiones.
Porque una nación no se sostiene exclusivamente con cifras económicas, discursos solemnes y promesas de campaña. También se sostiene con familias, memoria, responsabilidades compartidas y principios capaces de sobrevivir a las circunstancias políticas.