CONSEJOS VENDO QUE PARA MÍ NO TENGO: LOS RENTISTAS PROGRESISTAS.
El ladrillo progresista, los rentistas, el derecho a la vivienda y quienes regulan las casas de los demás
DOSSIER SOBRE PROPIEDAD INMOBILIARIA, ALQUILERES, POLÍTICA, SINDICATOS, ACTIVISMO, ARTISTAS E «INTELECTUALES DE IZQUIERDA»…
Octubre de 2026
I. CONSEJOS VENDO…
España lleva años hablando de vivienda como si únicamente existieran dos personajes.
De un lado, el inquilino.
Del otro, el propietario.
Y entre ambos, un relato cada vez más elemental: el primero necesita una casa; el segundo posee algo que el primero necesita; por consiguiente, el segundo empieza a aparecer como sospechoso.
Si posee dos viviendas, ahorra.
Si posee cuatro, invierte.
Si posee diez, ya empiezan los adjetivos.
Rentista.
Acaparador.
Especulador.
Gran tenedor.
Fondo buitre, aunque no sea fondo ni buitre.
Pero existe una circunstancia que raramente ocupa el centro del debate:
¡Quienes redactan, defienden y aplican las reglas del mercado inmobiliario también poseen viviendas!
Algunos una.
Otros varias.
Algunos cobran alquileres.
Otros poseen fincas, locales, solares y oficinas.
Algunos administran sociedades inmobiliarias.
Otros tienen propiedades en el extranjero.
Y no faltan personajes del mundo cultural, sindical o asociativo que participan intensamente en el debate sobre el alquiler mientras mantienen, directamente o a través de sociedades o familiares, una relación económica con el mundo inmobiliario.
Nada de eso constituye por sí mismo una irregularidad.
Éste es precisamente el punto de partida.
Tener propiedades es legítimo.
Alquilarlas es legítimo.
Invertir en ellas es legítimo.
Heredarlas es legítimo.
Crear una sociedad inmobiliaria es legítimo.
Si partimos de ahí, aparece inevitablemente la pregunta que inspira este dossier:
¿POR QUÉ LO QUE ES LEGÍTIMO CUANDO LO HAGO YO SE CONVIERTE EN SOSPECHOSO CUANDO LO HACE OTRO?
O, dicho de una forma que nuestros abuelos entendían perfectamente:
CONSEJOS VENDO QUE PARA MÍ NO TENGO.
II. ANTES DEL REPARTO HAY QUE CONSTRUIR
Una casa no nace de una ley.
Ni de una declaración parlamentaria.
Ni de un artículo constitucional.
Antes de que una familia pueda vivir en una vivienda hacen falta:
- terreno;
- urbanización;
- materiales;
- proyecto;
- arquitectos;
- aparejadores;
- albañiles;
- electricistas;
- fontaneros;
- maquinaria;
- financiación;
- permisos;
- seguros;
- tiempo.
Todo ello cuesta dinero.
El lenguaje político puede decidir quién debe sufragar una parte mayor o menor de ese coste.
Lo que no puede hacer es suprimirlo.
Una vivienda subvencionada cuesta dinero.
Una vivienda pública cuesta dinero.
Una vivienda social cuesta dinero.
Una vivienda que el usuario recibe sin pagar directamente el precio completo también cuesta dinero.
La diferencia consiste únicamente en
quién paga.
Éste debería ser el primer mandamiento de cualquier discusión seria sobre vivienda:
GRATIS NO SIGNIFICA SIN COSTE.
Significa que paga otro.
Puede pagar el contribuyente.
Puede pagar la Administración mediante deuda.
Puede pagar el promotor mediante una obligación urbanística.
Puede pagar una parte el propietario.
Puede repartirse el coste entre millones de contribuyentes.
Cada modelo será discutible.
Pero el coste continúa existiendo.
III. UNA NECESIDAD NO PRODUCE AUTOMÁTICAMENTE EL BIEN NECESARIO
Todos necesitamos comida.
Agua.
Ropa.
Energía.
Medicamentos.
Vivienda.
Que algo resulte imprescindible para la vida no explica todavía cómo producirlo ni quién debe pagarlo.
La discusión sobre el llamado derecho a la vivienda mezcla con frecuencia dos planos diferentes.
Uno jurídico y político:
qué obligaciones asumimos colectivamente para procurar que nadie carezca de alojamiento digno.
Otro económico:
quién debe construir y financiar las viviendas necesarias.
La Constitución española proclama el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y encomienda a los poderes públicos promover las condiciones necesarias para hacerlo efectivo.
Pero escribir esa obligación política no hace aparecer una vivienda.
Alguien debe producirla.
Por eso el verdadero problema comienza después de proclamar el derecho:
¿QUIÉN PAGA?
¿El conjunto de los contribuyentes?
¿El usuario?
¿El propietario particular?
¿El promotor?
¿El constructor?
¿La Administración?
¿Las generaciones futuras mediante deuda pública?
Ésta es la pregunta material que ningún artículo constitucional puede evitar.
IV. PROPIEDAD NO SIGNIFICA SOLAMENTE TENER UNA ESCRITURA
La propiedad adquiere sentido porque concede facultades sobre una cosa.
Usarla.
Venderla.
Alquilarla.
Donarla.
Transmitirla.
Heredarla.
Reformarla dentro de la legalidad.
Dejarla temporalmente vacía.
Toda sociedad establece límites al propietario.
Naturalmente.
Nadie puede utilizar su casa para incendiar la del vecino.
Ni contaminar su terreno.
Ni provocar daños a terceros.
La cuestión más delicada aparece cuando la limitación deja de impedir un daño ajeno y empieza a determinar qué debe hacer el propietario con su propio bien.
Cuánto puede cobrar.
Durante cuánto tiempo.
A quién debe alquilar.
Cuándo puede recuperar la vivienda.
Qué consecuencias soporta ante un impago.
Qué impuestos deberá pagar si la mantiene vacía. ¿Por qué?
Qué usos quedan prohibidos.
Cuántas propiedades puede acumular antes de recibir un tratamiento jurídico diferente.
Se puede defender cada una de esas medidas.
Pero conviene llamar a las cosas por su nombre:
Son restricciones sobre las facultades del propietario.
La pregunta política legítima no consiste en fingir que no existen.
Consiste en determinar hasta dónde deben llegar.
V. EL PROBLEMA DEL «QUE PAGUE OTRO»
Cuando la sociedad decide ayudar a una familia «vulnerable» existe otra pregunta que a menudo queda oculta:
¿QUIÉN SOPORTA MATERIALMENTE LA AYUDA?
Una posibilidad consiste en financiarla mediante los presupuestos generales.
Es decir, repartirla entre millones de contribuyentes.
Otra consiste en trasladarla parcialmente al propietario concreto cuya vivienda ocupa esa familia.
Entonces ocurre algo peculiar.
La política social deja de financiarse exclusivamente mediante impuestos generales y una parte de su coste recae sobre una persona determinada por una casualidad: resulta ser el dueño de esa vivienda.
Ésta es una de las cuestiones centrales de la política de alquiler.
Se puede proteger al vulnerable.
La cuestión es quién debe financiar esa protección.
Si la respuesta es la sociedad, el vehículo natural son los presupuestos públicos.
Si la respuesta es un propietario particular, conviene explicar por qué ese ciudadano concreto debe asumir una obligación superior a la del resto.
VI. EL PROBLEMA ESPAÑOL NO ES SOLAMENTE EL PRECIO: ES LA OFERTA
Durante años se ha hablado de vivienda como si su precio pudiera comprenderse mirando únicamente a los propietarios.
Pero existe otra variable decisiva:
¿CUÁNTAS VIVIENDAS HAY DISPONIBLES DONDE LA GENTE QUIERE VIVIR?
El Banco de España ha identificado precisamente las restricciones que limitan el crecimiento de la oferta como el principal factor detrás de los actuales problemas de acceso a la vivienda y ha destacado la insuficiente respuesta de la construcción residencial frente al crecimiento de la demanda.
El problema, por tanto, no puede reducirse al carácter moral de quien cobra un alquiler.
Hay una insuficiencia material.
Faltan viviendas en determinadas zonas.
Y cuando muchos demandantes compiten por pocas viviendas, los precios tienden a subir.
No porque los propietarios hayan descubierto súbitamente la codicia.
La codicia, si ésa fuera la explicación, probablemente ya existía hace veinte años.
Lo que ha cambiado es la relación entre oferta y demanda.
VII. ESPAÑA NO CARECE DE TIERRA; CARECE DE SUELO EDIFICABLE DONDE HACE FALTA.
La paradoja resulta visible desde un avión.
España dispone de enormes superficies sin edificar.
Sin embargo, encontrar suelo inmediatamente disponible para construir viviendas en determinados municipios puede resultar difícil y caro.
¿Por qué?
Porque terreno y suelo edificable no son lo mismo.
Entre uno y otro aparecen:
- planes generales;
- modificaciones;
- clasificación;
- reparcelación;
- urbanización;
- informes;
- alegaciones;
- recursos;
- licencias;
- acometidas;
- infraestructuras.
Y, naturalmente:
TIEMPO.
El Banco de España ha señalado precisamente la lentitud en la generación de suelo y en la ejecución del planeamiento como una de las restricciones relevantes de la oferta residencial.
Por tanto, existe también una escasez creada administrativamente.
No porque un funcionario decida deliberadamente que falten casas.
Sino porque un sistema lento y complejo dificulta que terrenos físicamente disponibles se conviertan en viviendas reales.
VIII. LA BUROCRACIA TAMBIÉN TIENE PRECIO POR METRO CUADRADO
Una promoción que permanece paralizada dieciocho meses esperando trámites no permanece económicamente congelada.
Durante ese período hay:
- intereses;
- financiación;
- salarios;
- inflación;
- seguros;
- asesoramiento;
- alquileres;
- costes de oportunidad.
Todo acaba incorporándose al precio final.
Por eso una licencia tardía no es únicamente una molestia administrativa.
ES UN COSTE.
Y alguien termina pagándolo.
Generalmente el comprador.
O el inquilino.
O ambos.
IX. EL CAPITAL TAMBIÉN SABE LEER
Existe una tendencia política a imaginar al propietario como personaje inmóvil.
El Gobierno regula.
Y el propietario obedece.
Pero las personas cambian su comportamiento.
Si aumenta el riesgo de alquilar, algunos propietarios:
- venderán;
- exigirán mayores garantías;
- buscarán otro tipo de arrendamiento;
- trasladarán costes;
- invertirán en otra cosa;
- dejarán de comprar viviendas destinadas al alquiler.
Lo mismo ocurre con los promotores.
Si una operación deja de resultar rentable:
No construyen.
Ninguna ley puede obligar a alguien a considerar atractivo un negocio que considera ruinoso.
De ahí una regla elemental:
TODA LEY CREA INCENTIVOS.
Y los ciudadanos responden a ellos.
X. CONTROLAR UN PRECIO NO CONSTRUYE UNA CASA
El poder público puede limitar jurídicamente un alquiler.
Lo que no puede decretar es que aparezca una vivienda adicional.
Puede establecer el precio máximo de un bien.
Pero no puede obligar a alguien a producirlo.
Y ése es uno de los dilemas más antiguos de la economía.
Cuando se interviene un precio hay que analizar simultáneamente:
- qué ocurre con el consumidor actual;
- qué ocurre con el propietario actual;
- qué ocurre con futuros propietarios;
- qué ocurre con la inversión;
- qué ocurre con la oferta futura.
La experiencia internacional con los controles de alquiler ha producido resultados distintos según diseño, ámbito y duración, pero existe un problema recurrente: proteger al inquilino actual puede alterar los incentivos para aumentar o mantener la oferta.
Por eso cualquier política seria necesita dos patas:
Protección social
y
Aumento de la oferta.
Si sólo existe la primera, terminaremos repartiendo cada vez más intensamente un número insuficiente de viviendas.
XI. LA FISCALIDAD TAMBIÉN VIVE DENTRO DE LA CASA
Una vivienda soporta impuestos durante casi toda su existencia.
Hay cargas asociadas a:
- suelo;
- construcción;
- adquisición;
- transmisión;
- propiedad;
- alquiler;
- plusvalías;
- sucesiones;
- determinadas reformas.
Los impuestos no se trasladan mecánicamente al cien por cien al comprador o inquilino.
Depende de la oferta y la demanda.
Pero tampoco desaparecen.
Forman parte del coste económico.
Si queremos abaratar un producto resulta razonable estudiar qué porcentaje de su precio final procede de:
- suelo;
- construcción;
- financiación;
- regulación;
- fiscalidad.
No basta con preguntar cuánto gana el propietario.
XII. Y AHORA MIREMOS A QUIENES HACEN LAS LEYES
Aquí comienza la segunda parte del dossier.
Tras una investigación sobre las declaraciones de los diputados, 316 declaraciones completas.
El resultado:
273 DIPUTADOS DECLARAN AL MENOS UN INMUEBLE.
Es decir:
EL 86,4 %.
Además:
EL 41 % DECLARA DOS O MÁS VIVIENDAS
en propiedad total o parcial.
Y:
54 DIPUTADOS DECLARAN RENTAS INMOBILIARIAS.
La fotografía resulta extraordinariamente útil.
Porque rompe un tópico.
No existe un Parlamento de inquilinos regulando a propietarios externos.
Existe un Parlamento formado abrumadoramente por propietarios regulando un mercado en el que muchos de ellos participan.
Y eso ocurre en partidos de izquierda, centro y derecha.
XIII. EL CASO MÁS LLAMATIVO: DIEGO ANTONIO TAIBO
El diputado socialista declara:
9 VIVIENDAS.
Y además:
24 FINCAS RÚSTICAS.
Total:
33 PROPIEDADES INMOBILIARIAS.
A ello añade más de:
20.700 EUROS
en rendimientos del capital inmobiliario.
Éste es el caso perfecto para explicar por qué este dossier no cuenta únicamente casas.
Si dijéramos «Taibo posee nueve viviendas» estaríamos diciendo la verdad.
Pero ocultaríamos veinticuatro bienes inmobiliarios adicionales.
Su patrimonio declarado comprende treinta y tres propiedades.
XIV. MARÍA MERCÈ PEREA
La diputada del PSC declara:
13 VIVIENDAS.
Situadas en distintos municipios catalanes.
Muchas proceden de donaciones.
Además declara:
18.400 EUROS ANUALES
en rendimientos procedentes del alquiler.
Aquí no existe artificio estadístico.
No estamos sumando garajes.
Ni huertos.
Ni locales.
Son viviendas.
Trece.
XV. PILAR ALEGRÍA
Su declaración patrimonial actualizada en Aragón recoge:
7 VIVIENDAS.
Además:
3 PARCELAS.
Total:
10 PROPIEDADES INMOBILIARIAS.
Y consta también el arrendamiento de un inmueble.
XVI. RAFAEL COFIÑO
El diputado de Sumar declara:
5 VIVIENDAS.
Más:
6 PARCELAS.
Total:
11 BIENES INMOBILIARIOS.
XVII. PEPE MERCADAL
Su patrimonio incluye varios inmuebles residenciales, uno de ellos en Bélgica, y rendimientos procedentes del alquiler.
La documentación recogida que sirve de base a esta investigación sitúa sus ingresos netos de alquiler por encima de:
12.800 EUROS ANUALES.
XVIII. ÓSCAR PUENTE
Declara:
4 VIVIENDAS.
Tres en Valladolid.
Una en Alicante.
El interés político del dato resulta evidente porque Puente ha participado activamente en el debate sobre fondos inmobiliarios y propietarios.
Poseer cuatro viviendas no invalida ninguna de sus propuestas.
Pero constituye información relevante cuando quien propone reglas para propietarios es él mismo multipropietario.
XIX. PEDRO SÁNCHEZ TAMBIÉN COBRA RENTAS INMOBILIARIAS
La declaración patrimonial de Pedro Sánchez incluye:
4 INMUEBLES URBANOS
y:
12.845 EUROS
por «arrendamientos de inmuebles».
También Alberto Núñez Feijóo declara rendimientos inmobiliarios —5.584,40 euros—, lo que confirma que la propiedad y la percepción de rentas atraviesan el espectro político y no constituyen una singularidad exclusiva de la izquierda.
Este dato es importante.
El objeto del dossier no debe confundirse con una fantasía según la cual solamente los progresistas poseen ladrillo.
No es verdad.
Lo interesante es comparar discurso y situación material de quien interviene en la regulación.
XX. OTROS PATRIMONIOS PARLAMENTARIOS
Las declaraciones examinadas permiten identificar además patrimonios como los siguientes:
Joaquín Martínez Salmerón
8 inmuebles.
7 viviendas.
Roberto García Morís
9 inmuebles.
4 viviendas.
Isabel María Pérez Ortiz
8 inmuebles.
3 viviendas.
Carmen Martínez Ramírez
7 inmuebles.
4 viviendas.
María Luz Martínez Seijo
6 inmuebles.
5 viviendas.
César Joaquín Ramos Esteban
10 inmuebles.
2 viviendas.
María Araceli Poblador
7 inmuebles.
2 viviendas.
Víctor Ruiz de Diego
6 inmuebles.
4 viviendas.
Patricia Blanquer
6 inmuebles.
2 viviendas.
Ignasi Conesa
6 inmuebles.
2 viviendas.
Luis Gómez Piña
6 inmuebles.
2 viviendas.
Las listas difundidas por internet confundieron en diversos casos «inmueble» con «vivienda». La comprobación de las declaraciones permite separar ambas categorías.
Eso resulta esencial.
Un local es un inmueble.
Pero no una vivienda.
Una parcela es un inmueble.
Pero no una vivienda.
Un garaje es un inmueble.
Pero no una vivienda.
Este dossier cuenta todos.
Y después dice qué son.
XXI. CANARIAS: DIEZ VIVIENDAS Y NUMEROSOS ARRENDADORES
La investigación de declaraciones patrimoniales canarias amplía considerablemente el mapa.
Destaca Alicia Vanoostende, del PSOE, con participación en:
10 VIVIENDAS.
Parte procede de herencias en Bélgica y varias propiedades tienen titularidad compartida.
También figuran terrenos y activos canalizados mediante sociedad.
La misma investigación localiza numerosos dirigentes que perciben alquileres.
Entre ellos aparecen:
- Gustavo Matos;
- Gustavo Santana;
- Manuel Hernández;
- Lucía Tejera;
- Lucía Fuentes Mesa;
- Rafael Nogales;
- Manuel Fajardo Palarea;
- Ramón Morales Quesada.
Hay viviendas.
Locales.
Oficinas.
Garajes.
Solares.
Alquiler residencial.
Y alquiler vacacional.
El fenómeno, por tanto, no se limita a Madrid.
XXII. EL GRAN WYOMING: DIECINUEVE INMUEBLES
José Miguel Monzón reconoció públicamente en 2014 que poseía:
19 INMUEBLES EN MADRID.
La documentación disponible no permite afirmar que los diecinueve sean viviendas.
Éste es un buen ejemplo de cómo una cifra verdadera puede convertirse en falsa mediante una sola palabra.
Verdadero:
19 inmuebles.
No demostrado:
19 viviendas.
XXIII. JOAN MANUEL SERRAT
En internet se le atribuyen veinte viviendas.
La cifra no dispone de un inventario público suficiente que permita aceptarla sin más.
Lo que sí está documentado es bastante interesante.
Serrat figura como administrador de varias sociedades vinculadas al sector inmobiliario.
Entre sus actividades aparecen:
- promoción inmobiliaria;
- alquiler de bienes inmuebles;
- compraventa;
- explotación de fincas;
- locales;
- viviendas.
Por tanto:
VEINTE VIVIENDAS: NO DEMOSTRADAS.
ACTIVIDAD EMPRESARIAL INMOBILIARIA: SÍ.
XXIV. PEDRO ALMODÓVAR
También circulan cifras de más de veinte viviendas.
Tampoco existe un inventario público completo que permita convertirlas en hecho demostrado.
Sí consta actividad societaria relacionada con:
- inversión inmobiliaria;
- compra;
- tenencia;
- explotación de propiedades.
Por tanto debe figurar en el dossier como personaje con actividad patrimonial inmobiliaria societaria, no mediante cifras virales que no pueden reconstruirse documentalmente.
XXV. MIQUEL ICETA: MÁS DE UN MILLÓN EN INMUEBLES DECLARADOS TRAS UNA HERENCIA
Existe además otro caso que merece incorporarse.
Miquel Iceta declaró, al cesar como ministro en 2023, un patrimonio de unos 905.804 euros, de los cuales aproximadamente 656.871 correspondían a inmuebles.
Después de recibir una herencia familiar, su patrimonio declarado al ser nombrado embajador ante la UNESCO en 2024 ascendió a aproximadamente 3,36 millones de euros, de los cuales 1,065 millones correspondían a inmuebles.
Además, sus hijos heredaron participaciones en una sociedad dedicada a promover locales industriales para arrendarlos y posteriormente a adquirir otros activos inmobiliarios.
Aquí vemos por qué el número de pisos no basta.
También hay que estudiar:
VALOR DEL PATRIMONIO.
XXVI. JOSÉ BONO: EL PATRIMONIO QUE SALTA FRONTERAS
La antigua declaración parlamentaria de Bono recogía varias propiedades.
Pero su actividad patrimonial posterior resulta mucho más interesante.
La sociedad Joasa 2012, vinculada al antiguo presidente de Castilla-La Mancha, ministro de Defensa y presidente del Congreso, declaró en sus cuentas de 2024 activos por:
1,84 MILLONES DE EUROS.
Y un patrimonio neto superior a:
1 MILLÓN DE EUROS.
Entre sus activos figuraban:
CINCO INMUEBLES EN TÁNGER.
XXVII. BONO EN MARRUECOS Y REPÚBLICA DOMINICANA
La actividad empresarial de Bono se ha extendido también a República Dominicana.
Una investigación publicada en 2026 cifra en seis las sociedades relacionadas con su actividad en ese país y atribuye a esas estructuras activos de varios millones de euros.
En Marruecos se documentan cinco inmuebles contiguos en Tánger que conforman un conjunto de aproximadamente 1.800 metros cuadrados.
El caso Bono demuestra de nuevo que contar solamente propiedades inscritas directamente a nombre de una persona puede proporcionar una fotografía incompleta.
Hay que seguir también:
- sociedades;
- participaciones;
- inmovilizado;
- propiedades extranjeras.
XXVIII. JOSÉ LUIS ÁBALOS: EL RENTISTA SEGÚN LA UCO
Ábalos constituye otro caso singular.
La UCO ha estudiado sus ingresos durante una década y ha identificado:
85.100 EUROS
procedentes del arrendamiento de dos propiedades entre 2014 y 2022.
De ellos:
56.300 EUROS
procedieron del alquiler de un bajo en Valencia.
Y:
28.800 EUROS
del alquiler de una vivienda en Bétera a una sociedad propiedad de su hijo.
La UCO investigó además pagos relacionados con otra vivienda madrileña.
Aquí el uso económico de la palabra rentista no necesita intención peyorativa.
Ábalos obtuvo rentas de bienes inmuebles.
Eso es exactamente lo que significa.
XXIX. ÁBALOS EN PERÚ Y COLOMBIA
Las investigaciones sobre el antiguo ministro localizaron también conexiones inmobiliarias fuera de España.
En Perú aparecieron inmuebles relacionados históricamente con FIADELSO, fundación vinculada durante años a Ábalos.
En Colombia apareció una finca adquirida en Tuluá.
La UCO cometió inicialmente un error al confundir millones de pesos colombianos con millones de dólares; posteriormente rectificó la valoración.
Ábalos sostiene que la finca fue vendida años después.
Por tanto, la propiedad colombiana pertenece a su historial inmobiliario, no debe computarse sin más como patrimonio actual.
XXX. ONG Y FUNDACIONES: TAMBIÉN HAY QUE SEGUIR EL LADRILLO
Las organizaciones sin ánimo de lucro no viven en un universo ajeno a la propiedad.
Pueden poseer:
- sedes;
- terrenos;
- oficinas;
- viviendas;
- instalaciones;
- edificios adquiridos para proyectos;
- propiedades en países donde desarrollan cooperación.
El caso FIADELSO plantea una pregunta especialmente interesante:
¿QUÉ SUCEDE CON LOS INMUEBLES CUANDO LA ORGANIZACIÓN DESAPARECE?
Cuando investigamos una fundación no basta con seguir subvenciones.
Hay que seguir también:
EL PATRIMONIO.
Y determinar:
- quién lo adquirió;
- con qué dinero;
- quién figura registralmente;
- qué ocurrió tras la extinción.
XXXI. EL SINDICATO DE INQUILINAS
Cuando abandonamos los cargos públicos aparece un problema diferente.
Un diputado debe declarar sus bienes.
Un portavoz de una asociación privada no.
Por tanto, no existe un registro donde podamos consultar automáticamente cuántas viviendas posee cada dirigente del Sindicato de Inquilinas.
Eso obliga a cambiar el método.
Hay que investigar:
- Registro Mercantil;
- sociedades;
- cargos empresariales;
- ayudas;
- relaciones económicas;
- propiedades que aparezcan documentadas.
XXXII. FERNANDO DE LOS SANTOS
Fernando de los Santos, uno de los portavoces más visibles del Sindicato de Inquilinas de Madrid durante las protestas de 2026, figura en el Registro Mercantil como:
APODERADO
de una constructora fundada por su padre.
La comprobación documental fue realizada en octubre de 2026 y no se había localizado entonces inscripción de su cese.
Otra constructora familiar aparece administrada por su padre fallecido y con su madre como apoderada, sin que Fernando figure en ella como cargo.
Ésta es exactamente la distinción que debe mantenerse:
empresa familiar no equivale automáticamente a patrimonio personal.
Pero sí resulta pertinente consignar que uno de los portavoces de una organización dedicada al mercado de la vivienda mantiene una relación mercantil documentada con una constructora.
XXXIII. UGT: «LA VIVIENDA ES UN BIEN PÚBLICO»
Pepe Álvarez, secretario general de UGT, ha sostenido públicamente que:
«La vivienda es un bien público, de uso privado, pero público».
La propia UGT vincula esta posición a su defensa de la vivienda como derecho fundamental frente a la especulación.
Es una formulación políticamente muy significativa.
Porque vuelve a situarnos ante la pregunta central de este dossier:
si la propiedad es privada, ¿hasta dónde alcanza la facultad pública para decidir el uso que debe hacerse de ella?
XXXIV. CCOO: «SACAR A GORRAZOS» A LOS FONDOS
Unai Sordo ha reclamado literalmente:
«SACAR A GORRAZOS»
a los llamados fondos buitre del mercado residencial.
También ha defendido modificar la ley y la fiscalidad para conseguir que «acaparar viviendas no sea rentable».
Es una posición política perfectamente identificable.
Pero abre dos cuestiones distintas.
Primera:
qué efectos tendría retirar capital institucional del mercado.
Segunda:
quién proporcionaría el capital necesario para construir, comprar y poner en alquiler las viviendas que dejen de financiar esos inversores.
Expulsar capital es jurídicamente imaginable.
Sustituirlo exige encontrar otro.
XXXV. EL PATRIMONIO DE LOS SINDICATOS
Existe además una investigación diferente:
no sobre Pepe Álvarez o Unai Sordo personalmente, sino sobre UGT y CCOO como organizaciones.
Ambas utilizan una extensa red de:
- sedes;
- locales;
- edificios;
- centros formativos;
- oficinas;
- fundaciones.
Pero no todo inmueble utilizado por un sindicato pertenece al sindicato.
Puede tratarse de:
- propiedad;
- arrendamiento;
- cesión;
- patrimonio sindical histórico;
- patrimonio sindical acumulado;
- otro título de uso.
Por tanto, el inventario exige examinar propiedad por propiedad.
No basta con fotografiar una sede y sumarla.
XXXVI. EL MAPA INTERNACIONAL
A estas alturas del dossier ya aparecen patrimonios o conexiones inmobiliarias en:
ESPAÑA
Naturalmente, la inmensa mayoría.
BÉLGICA
Viviendas o participaciones declaradas por distintos dirigentes.
MARRUECOS
José Bono y su estructura societaria en Tánger.
REPÚBLICA DOMINICANA
Actividad societaria vinculada a José Bono.
PERÚ
Bienes relacionados con el historial de FIADELSO y Ábalos.
COLOMBIA
Antigua propiedad relacionada con Ábalos.
Quedan todavía líneas de investigación abiertas en países como:
- Portugal;
- Guinea Ecuatorial;
- Panamá;
- Andorra;
- Francia;
- México;
- Estados Unidos.
No se incorporará ningún nombre simplemente porque «se diga».
Para entrar en el inventario debe existir documentación patrimonial, mercantil, registral, judicial o periodística sustentada documentalmente.
XXXVII. EL PRIMER RÁNKING: TOTAL DE INMUEBLES
Tomando las declaraciones concretas examinadas:
| Persona | Total de bienes inmobiliarios identificado | Viviendas identificadas |
|---|---|---|
| Diego Taibo | 33 | 9 |
| Gran Wyoming | 19 | sin desglose completo |
| Mercè Perea | 13 | 13 |
| Rafael Cofiño | 11 | 5 |
| Pilar Alegría | 10 | 7 |
| César Joaquín Ramos | 10 | 2 |
| Roberto García Morís | 9 | 4 |
| Joaquín Martínez Salmerón | 8 | 7 |
| Isabel María Pérez | 8 | 3 |
| Carmen Martínez | 7 | 4 |
| María Araceli Poblador | 7 | 2 |
| María Luz Martínez Seijo | 6 | 5 |
| Víctor Ruiz de Diego | 6 | 4 |
| Irene Montero | 6 | 3 |
| Pepe Mercadal | 6 residenciales | 6 |
| Agustín Santos | 5 | 4 residenciales |
| María Jesús Montero | 5 | 3 |
| Rafael Simancas | 4 | 4 |
| Óscar Puente | 4 | 4 |
| Alberto Garzón | 4 | 3 |
| Pablo Iglesias | 2 | 2 |
| Yolanda Díaz | 2 | 1 |
Las declaraciones corresponden a fechas diferentes y deben entenderse como fotografías patrimoniales del momento en que fueron presentadas.
XXXVIII. EL SEGUNDO RÁNKING: QUIÉN COBRA ALQUILERES
Entre las rentas documentadas aparecen:
Diego Taibo
Más de 20.700 euros anuales.
Mercè Perea
Unos 18.400 euros anuales.
Pedro Sánchez
12.845 euros declarados por arrendamientos.
Pepe Mercadal
Más de 12.800 euros netos anuales.
Rafael Simancas
10.800 euros.
José Luis Ábalos
85.100 euros acumulados entre 2014 y 2022.
A éstos se añaden numerosos dirigentes canarios con rendimientos procedentes del alquiler.
Aquí aparece una paradoja semántica curiosa.
La palabra «rentista» suele funcionar como reproche.
Pero buena parte de quienes participan políticamente en su crítica son, en sentido económico literal:
PERCEPTORES DE RENTAS.
XXXIX. EL NÚMERO DE CASAS NO ES EL PATRIMONIO
Sin embargo, contar propiedades presenta otro problema.
Un propietario de treinta fincas rústicas pequeñas puede poseer menos riqueza que quien tiene un solo edificio en Madrid.
Por eso el dossier necesita una segunda variable:
VALOR DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO.
Ahí adquieren mayor importancia:
- Bono;
- Almodóvar;
- Serrat;
- Iceta;
- patrimonios canalizados mediante sociedades.
El número de propiedades mide acumulación física.
El valor mide dimensión económica.
Son cosas diferentes.
XL. Y TAMPOCO ES LO MISMO PROPIETARIO QUE EMPRESARIO INMOBILIARIO
Debemos distinguir cuatro categorías.
MULTIPROPIETARIO
Posee varias viviendas.
RENTISTA
Obtiene renta de un patrimonio.
INVERSOR INMOBILIARIO
Compra activos buscando conservación o aumento de valor.
EMPRESARIO INMOBILIARIO
Opera mediante sociedades dedicadas a comprar, promover, vender o alquilar bienes.
Una persona puede pertenecer simultáneamente a varias.
Pero no son sinónimos.
XLI. ¿QUIÉN ES REALMENTE EL «CASERO» ESPAÑOL?
El lenguaje político tiende a hablar del propietario como si fuera una gran corporación.
Pero buena parte del parque residencial español pertenece a personas físicas.
Detrás de muchas viviendas alquiladas hay:
- jubilados;
- matrimonios;
- herederos;
- pequeños ahorradores;
- familias que conservaron el piso anterior al mudarse;
- personas que compraron una segunda vivienda como complemento para su jubilación.
La existencia de grandes fondos no elimina esa realidad.
Por eso cualquier regulación que trate a todos los propietarios como si fueran una enorme sociedad de inversión corre el riesgo de aplicar el diagnóstico de una minoría a un universo mucho más diverso.
XLII. LA PARADOJA CENTRAL
Y regresamos al principio.
Nada hay reprochable en que Mercè Perea posea trece viviendas.
Ni en que Diego Taibo tenga nueve viviendas y veinticuatro fincas.
Ni en que Wyoming posea diecinueve inmuebles.
Ni en que Bono invierta mediante sociedades.
Ni en que Serrat participe en empresas inmobiliarias.
Ni en que Sánchez cobre alquileres.
Ni en que Ábalos los haya cobrado.
Precisamente por eso surge la pregunta.
Si poseer, invertir y arrendar son conductas legítimas cuando las realizan ellos:
¿POR QUÉ EL PEQUEÑO PROPIETARIO APARECE TAN FRECUENTEMENTE COMO CULPABLE?
XLIII. «MI PATRIMONIO» Y «TU ESPECULACIÓN»
Éste es quizá el problema más revelador del lenguaje.
Cuando hablamos de nosotros solemos utilizar expresiones como:
- patrimonio;
- ahorro;
- inversión;
- herencia;
- previsión;
- seguridad económica.
Cuando hablamos del adversario:
- acaparamiento;
- especulación;
- rentismo;
- beneficio abusivo.
Pero una misma conducta no cambia de naturaleza porque cambie el propietario.
Una vivienda alquilada produce una renta independientemente de que su dueño vote:
PSOE.
PP.
Sumar.
Vox.
Podemos.
O no vote.
XLIV. LA CRISIS NO SE RESUELVE BUSCANDO PECADORES
Todo este debate corre el riesgo de transformarse en una disputa moral sobre quién merece poseer una casa.
Pero la pregunta fundamental continúa ahí:
¿CÓMO PRODUCIMOS MÁS VIVIENDAS?
Podemos:
- liberalizar suelo;
- aumentar densidad;
- acelerar licencias;
- transformar oficinas;
- construir parque público;
- colaborar con promotores privados;
- movilizar suelo público;
- reducir burocracia;
- revisar impuestos;
- garantizar alquileres;
- mejorar seguridad jurídica;
- subvencionar a personas vulnerables.
Se puede discutir cada mecanismo.
Lo que no puede hacerse es sustituir la producción de vivienda por un combate moral contra quien ya posee la existente.
Porque repartir de otra manera puede modificar quién ocupa cada casa.
PERO NO AUMENTA EL NÚMERO DE CASAS.
XLV. EL ESTADO PUEDE SER PARTE DE LA SOLUCIÓN Y PARTE DEL PROBLEMA
El Estado tiene herramientas formidables.
Puede:
- urbanizar;
- liberar suelo;
- construir;
- subvencionar;
- garantizar;
- promover vivienda social;
- financiar infraestructuras.
Pero también puede:
- retrasar;
- encarecer;
- duplicar trámites;
- crear incertidumbre;
- bloquear suelo;
- cambiar reglas continuamente.
Por eso no basta con preguntar:
¿QUÉ HARÁ EL ESTADO PARA RESOLVER LA CRISIS?
También hay que preguntar:
¿QUÉ PARTE DE LA CRISIS PROCEDE DE LAS REGLAS EXISTENTES?
El Banco de España ha situado las restricciones de oferta en el corazón del problema.
No es una cuestión ideológica.
Es una cuestión de cuántas viviendas llegan efectivamente al mercado.
XLVI. UNA POLÍTICA SOCIAL NO DEBE CONVERTIR AL PROPIETARIO EN SERVICIO SOCIAL
Aquí aparece otro principio que convendría discutir sin eufemismos.
Cuando una familia carece de recursos, el Estado debe decidir qué protección ofrece.
Pero la factura de esa protección debería aparecer claramente en los presupuestos.
Porque cuando se obliga a un propietario determinado a soportar durante meses una situación que corresponde a un problema social general, estamos sustituyendo:
solidaridad colectiva
por
solidaridad obligatoria de un individuo concreto.
Puede defenderse.
Pero debe decirse así.
XLVII. CONSTRUIR MÁS ES MENOS FOTOGÉNICO QUE SEÑALAR A UN CASERO
La política tiene incentivos propios.
Es mucho más sencillo identificar un culpable que explicar:
- planeamiento;
- suelo;
- financiación;
- edificabilidad;
- densidad;
- licencias;
- costes de construcción.
«Fondos buitre» cabe en un titular.
«Reforma integral de los procedimientos de generación de suelo urbanizable» no.
Pero las casas se construyen con la segunda clase de política.
No con la primera clase de consigna.
XLVIII. EL CONGRESO DE LOS CASEROS
Volvamos finalmente a la cifra más significativa.
86,4 %.
Ése es el porcentaje de diputados con declaración completa que declara al menos un inmueble.
Y cuatro de cada diez declaran dos o más viviendas.
Y 54 declaran rentas inmobiliarias.
La expresión «Congreso de los caseros» sería retóricamente exagerada porque no todos alquilan.
Pero «Congreso de propietarios» resulta bastante próximo a la realidad.
Y eso debería producir una consecuencia sana:
menos moralina.
Más economía.
Menos demonización del propietario.
Más discusión sobre oferta.
Menos etiquetas.
Más números.
XLIX. CONSEJOS VENDO QUE PARA MÍ NO TENGO
Llegados aquí, el refrán deja de ser simplemente un título ingenioso.
Resume un problema político antiguo.
Aconsejar a otro que renuncie a aquello que uno conserva.
Considerar sospechoso en los demás aquello que uno denomina patrimonio cuando aparece en su propia declaración de bienes.
Criticar la obtención de rentas mientras se perciben rentas.
Desconfiar de la acumulación mientras se acumulan propiedades.
Nada de eso prueba que una política concreta sea incorrecta.
Pero sí exige una explicación.
Porque quien predica una norma tiene derecho a defenderla.
Y los ciudadanos tienen exactamente el mismo derecho a preguntar:
¿TE LA APLICARÍAS A TI MISMO?
L. LAS CUATRO PREGUNTAS
A partir de ahora, cada propuesta de vivienda debería someterse a cuatro preguntas muy sencillas.
PRIMERA
¿QUIÉN PAGA?
SEGUNDA
¿AUMENTA EL NÚMERO DE VIVIENDAS DISPONIBLES?
TERCERA
¿QUÉ INCENTIVOS CREA?
CUARTA
¿QUIEN LA PROPONE SE ENCUENTRA TAMBIÉN AFECTADO POR ELLA?
Con estas cuatro preguntas desaparecería buena parte de la niebla retórica que rodea el mercado inmobiliario.
LI. EL DERECHO A LA VIVIENDA NO PUEDE SER EL DERECHO A LA VIVIENDA DE OTRO
Ésta es probablemente la cuestión filosófica fundamental.
Una sociedad civilizada debe procurar que nadie duerma en la calle.
Puede construir vivienda social.
Puede garantizar alquileres.
Puede ayudar a quienes carecen de recursos.
Puede subvencionar.
Puede ofrecer alojamiento público.
Pero existe una diferencia entre:
TENER DERECHO A RECIBIR AYUDA DE LA COMUNIDAD
y
TENER DERECHO SOBRE EL BIEN CONCRETO DE OTRO CIUDADANO.
Confundir ambas cosas convierte un deber colectivo en una carga particular.
Y ahí comienza buena parte del conflicto contemporáneo sobre vivienda.
LII. PARA REPARTIR CASAS, PRIMERO TIENE QUE HABER CASAS
Puede regularse.
Puede gravarse.
Puede subvencionarse.
Puede expropiarse.
Puede redistribuirse.
Puede limitarse.
Pero ninguna de esas operaciones sustituye el hecho material:
HACEN FALTA VIVIENDAS.
No puede repartirse lo que no existe.
No puede alquilarse lo que no se ha construido.
No puede ofrecerse vivienda social sin construirla o adquirirla.
No puede abaratarse indefinidamente un bien cuya oferta permanece rígida mientras aumenta la demanda.
Por eso la auténtica política de vivienda comienza mucho antes del contrato de alquiler.
Comienza en:
- el suelo;
- el proyecto;
- la licencia;
- la financiación;
- la construcción.
LIII. CONCLUSIÓN: EL LADRILLO NO TIENE CARNET
Después de examinar declaraciones patrimoniales, alquileres, sociedades, sindicatos, activistas, exministros y personajes públicos, aparece una conclusión bastante menos ideológica de lo que cabría esperar:
EL LADRILLO NO TIENE CARNET.
Hay propietarios de izquierdas.
De derechas.
Socialistas.
Conservadores.
Comunistas.
Liberales.
Sindicalistas.
Artistas.
Periodistas.
Empresarios.
Jubilados.
Trabajadores.
Hay políticos que cobran alquileres.
Hay artistas que administran sociedades inmobiliarias.
Hay antiguos ministros con activos en otros países.
Hay asociaciones que combaten el llamado rentismo.
Y hay millones de familias que simplemente poseen una segunda vivienda.
Nada de eso convierte automáticamente a nadie en culpable de la crisis.
La vivienda española tiene problemas mucho más profundos:
- oferta insuficiente;
- suelo lento;
- burocracia;
- costes;
- fiscalidad;
- inseguridad;
- crecimiento de la demanda;
- inversión insuficiente en determinadas zonas;
- escasez de parque público.
Y mientras no afrontemos esas causas, podremos cambiar innumerables veces el nombre del culpable.
Pero seguiremos teniendo el mismo número insuficiente de viviendas.
LIV. EPÍLOGO
Hay una escena que resume toda esta historia.
Un político sube a una tribuna.
Denuncia a los rentistas.
Habla de acaparadores.
Señala a especuladores.
Promete intervenir alquileres.
Termina el discurso.
Regresa a casa.
O a una de sus casas.
Al final del año presenta su declaración patrimonial.
Varios inmuebles.
Alguna finca.
Quizá un local.
Quizá ingresos por alquiler.
Nada ilegal.
Nada censurable.
Precisamente.
Ésa es toda la cuestión.
Si es legítimo cuando aparece en mi declaración de bienes, quizá convenga pensarlo dos veces antes de convertirlo en pecado cuando aparece en la declaración del vecino.
Porque el viejo refranero español, que no necesitó un ministerio de Vivienda para comprender la naturaleza humana, ya había encontrado hace siglos la expresión exacta:
