EL GOBIERNO INDULTA A CORRUPTOS Y PREVARICADORES.
RAMIRO GRAU MORANCHO
Desde hace varios años hay un creciente malestar respecto a la facultad gubernamental de indultar, pues supone un ataque en toda regla a la “independencia” judicial.
El Tribunal Supremo ya ha venido restringiendo esta facultad del gobierno, al exigir la necesaria “motivación” de la decisión correspondiente, y poder revisar, en sede judicial, la misma, lo que supone un control y una restricción del omnímodo poder del ejecutivo en esta materia.
También es cierto que el código penal vigente establece en su art. 4, 3, que el poder judicial podrá acudir al Gobierno “exponiendo lo conveniente sobre…la concesión de indulto, sin perjuicio de ejecutar desde luego la sentencia, cuando de la rigurosa aplicación de las disposiciones de la Ley resulte penada una acción u omisión que, a juicio del Juez o Tribunal, no debiera serlo, o cuando la pena sea notablemente excesiva, atendidos el mal causado por la infracción y las circunstancias personales del reo”.
Lo cierto es que los tribunales hacen muy escasa utilización de esta facultad, y que la mayoría de los indultos son concedidos por el poder político, y obedeciendo sabe Dios a qué intereses, presiones y circunstancias.
La verdad es, y creo que es público y notorio, que para que alguien reciba un indulto debe de ir debidamente “recomendado”, y que muchos son los llamamos –anualmente se registran miles de peticiones de indultos-, pero pocos los elegidos…
Consultados los datos recabados por la Fundación CIVIO, que hace una gran labor, digna de todo elogio, en su sección “El Indultómetro”, observo que, a 29 de julio de 2026, desde 1996 se habían concedido 234 indultos a personas condenadas por delitos relacionados con la corrupción, conforme a la clasificación utilizada por el Consejo General del Poder Judicial. Los distintos gobiernos de Pedro Sánchez sumaban ya siete perdones de esta naturaleza: los cuatro concedidos anteriormente a condenados por malversación vinculada al procés y otros tres aprobados en julio de 2026: los de Laura Borràs, Juan Fernández y Natalio Grueso, condenados por delitos relacionados con la prevaricación, la malversación y otras conductas de corrupción.
A pesar de ser delitos cometidos por personas que teóricamente deberían ser ejemplares, y que están al servicio público, lo cierto es que también han delinquido…, pero no pasa nada, que por algo son de los nuestros: se les indulta, para que puedan volver a sus puestos de trabajo, y, mucho nos tememos, que a las andadas.
En fin, para que seguir. Vivimos en un país que no consigue salir del medievo, donde los reyes hacían lo que les daba la gana. Ahora son los políticos en el poder, pero para el caso, es lo mismo.
