EUROPA ANTE LA NUEVA BARBARIE: LA PLENA ACTUALIDAD DE JOSÉ ANTONIO PRIMO DE RIVERA, NOVENTA AÑOS DESPUÉS
De la amenaza comunista de 1936 al terrorismo yihadista, la violencia revolucionaria y el fanatismo político y religioso que amenazan la civilización europea
Una reflexión sobre la sorprendente actualidad de los diagnósticos de José Antonio Primo de Rivera, la descomposición de las naciones, la claudicación de los gobernantes y el peligro de que Europa acabe renunciando a los principios que hicieron posible su existencia.
CARLOS AURELIO CALDITO AUNIÓN
RESUMEN PARA LECTORES APRESURADOS
EUROPA ANTE LA NUEVA BARBARIE: LA PLENA ACTUALIDAD DE JOSÉ ANTONIO PRIMO DE RIVERA, NOVENTA AÑOS DESPUÉS
Europa está sufriendo un maremoto de violencia política, fanatismo religioso, terrorismo y descomposición institucional. Y lo más preocupante no es solamente la existencia de organizaciones violentas, sectarias y fanatizadas, sino la incapacidad de numerosos gobernantes para enfrentarse a ellas con la firmeza necesaria.
Hace noventa años, José Antonio Primo de Rivera advertía, desde su prisión, de los peligros de la violencia revolucionaria, la pérdida de identidad nacional y la subordinación de los intereses permanentes de España a las ambiciones de los partidos políticos.
Sus escritos España y la barbarie, Carta a los militares de España y Germánicos contra bereberes contienen reflexiones que, pese a pertenecer a unas circunstancias históricas muy diferentes, recuperan hoy una actualidad inquietante.
El comunismo revolucionario que José Antonio denunciaba en 1936 ha dejado paso a un panorama distinto, en el que confluyen el terrorismo yihadista, las organizaciones revolucionarias violentas, el antisemitismo, la intimidación política y otras manifestaciones del fanatismo.
No existe necesariamente una dirección común entre todos esos movimientos. Pero comparten, cuando recurren al terror, una característica fundamental: consideran legítimo imponer sus convicciones mediante la violencia y negar a sus adversarios los derechos que reclaman para sí mismos.
Las estadísticas de Europol demuestran que el yihadismo continúa constituyendo una de las principales amenazas terroristas para Europa. Los disturbios violentos, los ataques contra las fuerzas de seguridad y las agresiones por motivos ideológicos o religiosos completan un panorama preocupante.
Particularmente contradictoria resulta la coincidencia de determinados sectores revolucionarios de izquierda con discursos islamistas profundamente contrarios a la libertad individual, la igualdad de las mujeres y otros derechos que aquellos aseguran defender.
Mientras tanto, numerosos gobiernos parecen más preocupados por administrar los conflictos mediante declaraciones y campañas propagandísticas que por resolver sus causas y perseguir eficazmente a sus responsables.
José Antonio comprendió que una nación necesita algo más que elecciones, partidos y administraciones: necesita conciencia histórica, cohesión social, instituciones eficaces y voluntad de permanencia.
También advirtió de que no se puede invocar la patria para encubrir el hambre, los privilegios y las injusticias sociales. La defensa nacional carece de credibilidad cuando se desentiende de las condiciones de vida de los ciudadanos.
Su pensamiento autoritario y su llamamiento a la intervención militar pertenecen, sin embargo, a una época cuyas consecuencias trágicas no deben olvidarse. La actualidad de algunas de sus advertencias no obliga a adoptar aquellas soluciones.
La defensa de Europa exige hoy instituciones firmes, fronteras controladas conforme a la ley, seguridad pública, justicia independiente, integración basada en derechos y obligaciones comunes, y una educación que transmita el patrimonio de la civilización occidental grecorromana y judeocristiana.
Porque una civilización no desaparece únicamente cuando la conquistan desde fuera. También puede desmoronarse cuando sus dirigentes dejan de defenderla, sus instituciones pierden autoridad y sus ciudadanos olvidan aquello que merece ser conservado.
La barbarie comienza a vencer cuando el fanatismo impone el miedo, la violencia encuentra disculpas y las víctimas deben esconderse para no provocar a sus verdugos.
Noventa años después, José Antonio nos obliga a recuperar una pregunta esencial: ¿qué sucede cuando los gobernantes dejan de distinguir entre sus intereses partidistas y la supervivencia histórica de la nación?
La respuesta está ante nuestros ojos.
Europa no necesita más discursos grandilocuentes ni gobernantes especializados en justificar su impotencia. Necesita recuperar la confianza en su propia civilización, cumplir sus leyes, proteger a sus ciudadanos y hacer responder a quienes pretenden imponer el terror.
Porque las civilizaciones no son eternas. Y la nuestra tampoco tiene garantizada su supervivencia.
O Europa defiende sus libertades, su identidad cultural y sus instituciones, o terminará perdiendo aquello que durante siglos la convirtió en una de las grandes civilizaciones de la historia.
I. CUANDO LOS BÁRBAROS YA NO NECESITAN LLAMAR A LA PUERTA
Hay textos que parecen escritos para una época determinada y otros que, transcurridas varias generaciones, recuperan una actualidad verdaderamente inquietante.
En mayo de 1936, desde la Cárcel Modelo de Madrid, José Antonio Primo de Rivera dirigió una carta a los militares españoles en la que advertía de que España atravesaba una situación que, a su juicio, excedía con mucho las habituales disputas partidistas.
Para él, estaba en peligro la propia continuidad histórica de España.
Su enemigo inmediato era el comunismo revolucionario, al que atribuía una estrategia internacional dirigida desde Moscú y orientada a destruir las instituciones, las tradiciones y los fundamentos de la civilización europea.
Noventa años después, cuando contemplamos los episodios de violencia política, los atentados terroristas, las amenazas yihadistas, el antisemitismo y los disturbios que sacuden diversas sociedades europeas, resulta difícil leer aquellos escritos sin encontrar paralelismos dignos de un examen detenido.
No porque la Europa de 2026 sea idéntica a la España de 1936.
Tampoco porque todos los diagnósticos de José Antonio resultasen acertados.
Sino porque algunas de sus preguntas siguen pendientes de respuesta.
¿Qué sucede cuando una sociedad pierde la voluntad de defender sus principios?
¿Qué ocurre cuando el Estado se muestra incapaz de garantizar la seguridad de los ciudadanos?
¿Cuánto tiempo puede sobrevivir una comunidad política cuando sus dirigentes anteponen los intereses partidistas a las necesidades permanentes de la nación?
¿Hasta dónde puede llegar la tolerancia frente a quienes recurren a la intimidación, al terrorismo y al asesinato?
Y, sobre todo, ¿qué distingue a una civilización que todavía está viva de otra que ha comenzado a resignarse ante su propia descomposición?
La actualidad de José Antonio debe buscarse, en buena medida, en estas preguntas.
Porque las naciones no desaparecen solamente cuando un ejército extranjero ocupa su territorio. También pueden descomponerse cuando dejan de reconocerse a sí mismas y pierden la capacidad de defender las instituciones que garantizan su existencia.
II. LA BARBARIE NO ES UNA OPINIÓN POLÍTICA: ES LA VIOLENCIA CONVERTIDA EN MÉTODO
Conviene comenzar por una precisión que no es meramente terminológica.
Durante demasiado tiempo, el lenguaje político europeo ha utilizado expresiones como «organizaciones extremistas» para referirse a realidades profundamente diferentes.
Pero una cosa es defender ideas extremas y otra muy distinta organizarse para imponerlas mediante la violencia.
Una persona puede sostener concepciones políticas extravagantes, incluso contrarias a los principios mayoritarios de su sociedad, sin cometer delito alguno.
Otra cuestión aparece cuando se amenaza, se persigue, se incendia, se agrede o se asesina para imponer una determinada concepción del mundo.
En ese momento ya no estamos simplemente ante opiniones extremas.
Estamos ante organizaciones violentas, fanatizadas, sectarias y, cuando concurren sus elementos constitutivos, terroristas.
La distinción importa porque no hablamos de una controversia académica.
Hablamos de grupos capaces de convertir las calles en escenarios de intimidación, reclutar a jóvenes para actividades criminales, celebrar atentados y presentar el asesinato como una obligación ideológica o religiosa.
El fanatismo no es exclusivo de una tradición política.
Lo encontramos en el yihadismo, en organizaciones revolucionarias violentas, en movimientos neonazis y en otros grupos que consideran legítimo destruir al adversario.
Sus doctrinas pueden ser diferentes e incluso incompatibles.
Sus métodos, sin embargo, presentan semejanzas perfectamente reconocibles.
El individuo deja de ser una persona dotada de derechos y se convierte en un obstáculo que debe eliminarse.
La discrepancia se transforma en traición.
La intimidación sustituye a la discusión.
Y el crimen termina siendo presentado como un servicio a una supuesta causa superior.
José Antonio conoció una Europa en la que buena parte de la política se estaba transformando en un enfrentamiento entre organizaciones que no reconocían límites aceptables para conseguir el poder.
El continente pagó un precio espantoso por aquella degradación.
Sería una insensatez histórica despreciar la advertencia.
III. 1936 Y 2026: LOS ENEMIGOS CAMBIAN, LOS MECANISMOS SE REPITEN
En su carta del 4 de mayo de 1936, José Antonio atribuía a Moscú un papel central en la expansión de la revolución comunista.
La Unión Soviética promovía efectivamente organizaciones y movimientos comunistas internacionales. Pero el texto joseantoniano convertía aquella influencia en una explicación prácticamente universal de la violencia y de los conflictos políticos españoles.
Su diagnóstico respondía tanto a realidades de la época como a su particular interpretación del enfrentamiento revolucionario.
Hoy resultaría igualmente desacertado atribuir todos los fenómenos violentos que afectan a Europa a un único centro de dirección.
No existe una organización común que gobierne simultáneamente al terrorismo yihadista, a los grupos anarquistas violentos y a los movimientos revolucionarios de extrema izquierda.
Pero tampoco hace falta imaginar semejante organismo para reconocer la existencia de amenazas graves.
Las cifras son suficientemente elocuentes.
Según el informe de Europol publicado el 13 de julio de 2026, durante 2025 los Estados de la Unión Europea notificaron 45 atentados terroristas, incluyendo los consumados, frustrados y fallidos.
Veinticuatro estuvieron relacionados con el yihadismo.
Doce fueron atribuidos al terrorismo de extrema izquierda y anarquista.
Cinco correspondieron al terrorismo de extrema derecha.
El terrorismo yihadista fue el más mortífero: cinco fallecidos y 81 heridos. Un atentado atribuido a la extrema derecha provocó otra muerte.
Durante ese mismo año se practicaron 486 detenciones por delitos de terrorismo.
De ellas, 347 estuvieron relacionadas con el yihadismo.
Es decir, más de siete de cada diez.
España encabezó la clasificación europea de detenciones vinculadas al terrorismo yihadista, con cien.
Y hay otro dato alarmante: entre las personas detenidas por terrorismo en la Unión Europea figuraban 130 jóvenes de dieciocho años o menos.
No estamos ante una discusión sobre el significado de determinadas palabras.
Estamos ante un problema de seguridad pública, adoctrinamiento, fanatización y violencia criminal que afecta directamente al futuro de nuestras sociedades.
El panorama descrito por Europol tampoco confirma que Europa esté padeciendo una avalancha creciente de atentados en todas las categorías. El número total descendió respecto de 2024, cuando se notificaron 58.
Pero confirma la permanencia de amenazas que ninguna democracia puede permitirse despreciar.
Los responsables políticos deberían comprender algo elemental: un atentado frustrado por la policía no demuestra que el peligro sea imaginario.
Demuestra, precisamente, la necesidad de disponer de policías, servicios de información y mecanismos de prevención eficaces.
IV. FRANCIA: UNA DEMOSTRACIÓN DE HASTA DÓNDE PUEDE LLEGAR LA DESCOMPOSICIÓN DEL ORDEN PÚBLICO
Los acontecimientos franceses de octubre de 2026 ofrecen un ejemplo especialmente preocupante.
Lo que comenzó como una movilización estudiantil contra las deficiencias educativas, extendida posteriormente a protestas contra el encarecimiento de la vida y otros problemas sociales, desembocó en gravísimos disturbios.
Durante el fin de semana del 17 y 18 de octubre, Francia fue escenario de incendios, saqueos, destrucción de edificios públicos y violentos enfrentamientos con la policía.
Las autoridades comunicaron 2.397 detenciones y más de quinientos agentes heridos.
Centenares de establecimientos resultaron dañados. Entre los edificios atacados figuró el histórico Ayuntamiento de Limoges.
La dimensión de la violencia obligó al Gobierno francés a adoptar medidas extraordinarias de seguridad en varias ciudades.
Naturalmente, las manifestaciones pacíficas y los disturbios violentos no constituyen el mismo fenómeno.
Centenares de miles de ciudadanos protestaron sin participar en actos criminales.
Pero precisamente por eso resulta tan importante denunciar a las organizaciones fanatizadas y a los individuos violentos que aprovechan las movilizaciones para provocar incendios, saqueos y agresiones.
Las reivindicaciones legítimas de los manifestantes no conceden una licencia para delinquir.
Y los delincuentes tampoco pueden utilizar el sufrimiento social como coartada para justificar sus actuaciones.
El Gobierno francés ha responsabilizado a sectores de extrema izquierda y a delincuentes oportunistas de buena parte de los disturbios. Es una atribución política que debe contrastarse con la investigación de los hechos, no una prueba de que todos los participantes compartan idéntica ideología.
Lo indiscutible es el resultado: una parte de la vida pública francesa ha quedado sometida durante varios días a una violencia incompatible con el normal funcionamiento de una sociedad libre.
Francia es un país con una larga tradición revolucionaria, pero la revolución no puede convertirse en excusa perpetua para quemar cuanto se encuentra por delante.
Una cosa es tomar la Bastilla en 1789 y otra muy distinta considerar que cada generación tiene derecho a incendiar media Francia cuando no le gusta el Gobierno.
Y, sin embargo, ciertos grupos parecen empeñados en confundir la protesta con la destrucción.
La autoridad del Estado se mide también por su capacidad para impedir que una minoría violenta secuestre la vida pública de millones de ciudadanos.
La libertad de manifestación pertenece a quienes protestan pacíficamente, no a quienes utilizan esas manifestaciones para imponer el terror.
V. LA INSÓLITA COINCIDENCIA ENTRE EL ISLAMISMO Y ALGUNAS CORRIENTES REVOLUCIONARIAS
Uno de los fenómenos contemporáneos que más invitan a la reflexión es la coincidencia, en determinadas campañas y movilizaciones, de sectores de la izquierda revolucionaria con organizaciones y discursos islamistas.
La contradicción ideológica resulta evidente.
El comunismo clásico procede de una tradición materialista que, en numerosas ocasiones, combatió a las religiones organizadas.
El islamismo político más fanatizado pretende, por el contrario, establecer un orden social y jurídico subordinado a sus propias interpretaciones religiosas.
Tampoco resulta fácil conciliar la proclamada emancipación de las mujeres con los preceptos de organizaciones que defienden su subordinación.
Ni la defensa de la libertad sexual con regímenes que persiguen penalmente determinadas relaciones personales.
Ni la libertad de pensamiento con el castigo de la apostasía.
¿Cómo explicar, entonces, determinadas coincidencias?
En parte, por la identificación de adversarios comunes: Estados Unidos, Israel, el capitalismo occidental o unas instituciones europeas consideradas representantes de un orden que se desea transformar profundamente.
Esa coincidencia no significa necesariamente que exista una alianza organizada.
Pero sí permite examinar una paradoja política: movimientos que se presentan como defensores de la emancipación humana pueden terminar disculpando comportamientos profundamente represivos cuando proceden de organizaciones que consideran aliadas en un enfrentamiento internacional.
El problema alcanza especial gravedad cuando se intenta justificar el terrorismo.
Los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023, con aproximadamente 1.200 personas asesinadas en Israel y más de doscientas cincuenta secuestradas, constituyeron una demostración de violencia terrorista dirigida en gran medida contra civiles.
La condena de aquellos crímenes no impide criticar decisiones del Gobierno israelí ni defender los derechos de la población palestina.
Pero ninguna reivindicación territorial o política transforma el asesinato deliberado de civiles en un acto moralmente legítimo.
Esta distinción debería ser perfectamente comprensible para cualquiera.
Y, sin embargo, determinadas organizaciones fanatizadas parecen encontrar infinitas dificultades para aplicarla cuando los criminales pertenecen a su campo ideológico.
Hay quienes descubren de pronto la necesidad de contextualizarlo todo cuando el asesinato coincide con sus simpatías políticas.
Con semejantes razonamientos, siempre encontrará el verdugo un pretexto y siempre acabarán las víctimas esperando una condena que no llega.
VI. EL ANTISEMITISMO: LA VERGÜENZA DE UNA EUROPA QUE PRESUME DE HABER APRENDIDO SU HISTORIA
El antisemitismo constituye una de las manifestaciones más infames de la degradación política y cultural europea.
Resulta particularmente vergonzoso que, después del Holocausto, tantos ciudadanos judíos continúen padeciendo amenazas, hostigamientos y agresiones.
La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea publicó en julio de 2024 una encuesta cuyos resultados deberían avergonzar a los gobernantes europeos.
El 76 % de los participantes reconoció que ocultaba ocasionalmente su identidad judía.
El 34 % evitaba acudir a determinados lugares o actos relacionados con su comunidad por motivos de seguridad.
Más de la mitad manifestó preocupación por su propia seguridad.
Conviene recordar que el trabajo de campo de aquella encuesta se realizó antes de los atentados de octubre de 2023 y de la posterior guerra de Gaza.
Es decir, la situación descrita no nació exclusivamente de los acontecimientos posteriores.
Europa lleva demasiado tiempo conviviendo con diversas manifestaciones de antisemitismo.
Proceden de sectores neonazis, de organizaciones islamistas fanatizadas y de otras corrientes políticas que transforman la crítica a Israel en hostilidad contra los judíos como colectividad.
No existe justificación aceptable para responsabilizar a una persona de las decisiones de un Gobierno por el simple hecho de compartir una religión, una tradición cultural o una ascendencia familiar.
El judío europeo no debe responder ante nadie por las decisiones del Ejecutivo israelí.
Del mismo modo que ningún musulmán debe responder por los crímenes del Dáesh si no ha participado en ellos.
Una civilización que obliga a parte de sus ciudadanos a esconder su identidad religiosa para sentirse seguros tiene un problema moral de primera magnitud.
Y cuando el miedo se normaliza, el deterioro ya ha comenzado.
VII. JOSÉ ANTONIO Y LA DEFENSA DE LO PERMANENTE
Llegamos al núcleo intelectual de la carta de mayo de 1936.
José Antonio establecía una distinción entre los conflictos políticos circunstanciales y aquello que consideraba permanente en la vida nacional.
Los partidos podían disputarse el Gobierno.
Los dirigentes podían sucederse.
Las mayorías parlamentarias podían cambiar.
Pero, a su juicio, había una realidad superior a todos ellos: la continuidad histórica de España.
Esta idea conserva un interés extraordinario.
España no pertenece al Gobierno de turno.
Tampoco pertenece al presidente que ocupa temporalmente la Moncloa, a los dirigentes de los partidos ni a las mayorías parlamentarias.
España constituye una comunidad histórica que ha recibido una herencia de generaciones anteriores y que deberá transmitirla a las venideras.
Su territorio, sus instituciones, sus tradiciones jurídicas, su patrimonio cultural y su memoria colectiva no pueden tratarse como propiedades particulares de quienes administran provisionalmente el poder.
Por eso los gobernantes tienen obligaciones que trascienden la conveniencia de sus partidos.
Entre ellas se encuentran la defensa de la integridad territorial, el cumplimiento de las leyes, la protección de las fronteras, el mantenimiento de la seguridad y la preservación de los derechos fundamentales.
Todo ello exige decisiones políticas.
Y exige responsabilidades.
No basta con pronunciar discursos patrióticos mientras se descuidan las instituciones encargadas de hacer cumplir las leyes.
Tampoco sirve invocar solemnemente el interés general para justificar decisiones adoptadas exclusivamente por conveniencia electoral.
En este punto, la reflexión joseantoniana conserva una fuerza considerable.
Lo que pertenece a todos los españoles no puede administrarse como si fuera patrimonio particular de quienes han conseguido temporalmente el poder.
Ahora bien, José Antonio extraía de esa idea otra consecuencia: reclamaba a los militares que abandonaran su neutralidad política y se dispusieran a intervenir contra el Gobierno de la República.
Era una apelación a la insubordinación en una época que desembocó en una guerra civil.
Conviene no confundir ambas cuestiones.
La permanencia de una nación exige instituciones capaces de defenderla. No exige convertir a las Fuerzas Armadas en árbitro de las disputas partidistas.
En la España actual, la defensa nacional corresponde a las instituciones y a las Fuerzas Armadas dentro del orden constitucional.
Y precisamente por ello cabe exigir a quienes ejercen el poder político que cumplan sus obligaciones, sin refugiarse en declaraciones solemnes que luego desmienten sus propias decisiones.
VIII. LA SEGURIDAD NACIONAL NO ES UN LUJO NI UNA EXCENTRICIDAD
Europa ha disfrutado durante décadas de una situación histórica excepcional.
La reconstrucción posterior a la Segunda Guerra Mundial, la cooperación económica, las instituciones europeas y el respaldo militar estadounidense contribuyeron a proporcionar estabilidad y prosperidad.
Esa relativa seguridad permitió que varias generaciones crecieran convencidas de que la paz constituía el estado natural de las sociedades europeas.
Pero la historia no concede privilegios perpetuos.
La invasión rusa de Ucrania, el terrorismo yihadista, las actividades de espionaje y sabotaje, las amenazas informáticas y los conflictos en las fronteras de Europa han demostrado que la seguridad continúa siendo una necesidad fundamental.
Las democracias no pueden sostenerse únicamente mediante buenas intenciones.
Necesitan capacidad de defensa.
Necesitan información.
Necesitan policías eficaces.
Necesitan fronteras administradas con rigor.
Necesitan recursos militares apropiados y alianzas internacionales fiables.
Y necesitan, sobre todo, gobernantes capaces de distinguir entre lo deseable y lo posible.
Un Estado no puede garantizar todos los resultados.
Pero sí tiene la obligación de preparar sus instituciones para afrontar los riesgos previsibles.
Aquí reaparece la diferencia entre la política entendida como mera propaganda y la política entendida como responsabilidad.
La primera se contenta con anunciar grandes propósitos.
La segunda establece objetivos, calcula recursos, reconoce amenazas y responde por los resultados.
José Antonio reprochaba a los gobernantes de su tiempo que confundieran la administración del poder con la defensa de la nación.
La crítica merece recuperarse, aunque las respuestas institucionales sean hoy diferentes de las que propuso.
Porque ninguna comunidad política puede subsistir indefinidamente si quienes deben garantizar su seguridad consideran esa función una molestia secundaria.
IX. «GERMÁNICOS CONTRA BEREBERES»: LA OBSESIÓN POR EL DESTINO EUROPEO DE ESPAÑA
En agosto de 1936, durante su encarcelamiento en Alicante, José Antonio redactó otro texto singular: Germánicos contra bereberes. Quince siglos de historia de España.
El ensayo intentaba interpretar la historia española a partir de un prolongado enfrentamiento entre una herencia germánica europeizadora y otra que identificaba con los pueblos bereberes y con determinadas formas de resistencia a la cultura política occidental.
Su planteamiento mezclaba elementos históricos, culturales y raciales.
Como interpretación general de quince siglos de historia española, resulta excesivamente simplificador.
La formación de España no puede explicarse mediante una oposición racial entre dos grandes corrientes.
La realidad histórica de los pueblos peninsulares, la romanización, los reinos visigodos, la presencia musulmana, las comunidades judías, la Reconquista, la expansión ultramarina y la construcción de los Estados modernos constituye un proceso mucho más complejo.
Tampoco sería defendible trasladar semejante clasificación a las poblaciones actuales.
Los bereberes —o amaziges— son pueblos con sus propias tradiciones y una historia que no puede confundirse con la de las organizaciones yihadistas contemporáneas.
Pero el ensayo joseantoniano contiene una inquietud central que merece examinarse.
José Antonio se preguntaba por la vinculación cultural de España con Europa y por la posibilidad de que esa vinculación histórica acabara debilitándose.
Y ahí encontramos una cuestión auténticamente actual.
¿Puede una civilización conservar su identidad cuando deja de enseñar su historia?
¿Puede transmitir sus valores cuando sus propias instituciones los presentan como una carga incómoda?
¿Puede integrar a quienes llegan de otras sociedades si ha perdido la voluntad de explicarles qué principios comparte y cuáles son sus reglas de convivencia?
La identidad de una nación no depende exclusivamente del origen de sus habitantes.
Depende también de su cultura, su derecho, su memoria, sus instituciones y la voluntad de continuar formando una comunidad política.
España es una nación europea cuya formación histórica resulta incomprensible sin la tradición grecorromana, el cristianismo, la herencia jurídica occidental, la Escuela de Salamanca y las sucesivas aportaciones culturales recibidas a lo largo de los siglos.
Pero esa herencia no se conserva por generación espontánea.
Necesita transmisión.
Necesita conocimiento.
Y necesita una comunidad que considere valioso preservarla.
X. LA INMIGRACIÓN Y EL PROBLEMA DE LA INTEGRACIÓN
Una de las mayores transformaciones de las sociedades europeas durante las últimas décadas ha sido el incremento de la inmigración.
Sus consecuencias son económicas, sociales, culturales y políticas.
La cuestión exige abandonar dos simplificaciones igualmente inútiles.
La primera consiste en presentar toda inmigración como una amenaza.
La segunda, en negar que una inmigración mal administrada pueda plantear dificultades reales de convivencia, integración y seguridad.
Los Estados tienen derecho a controlar sus fronteras, establecer condiciones de entrada y residencia y exigir el cumplimiento de sus leyes.
La integración tampoco puede consistir únicamente en proporcionar permisos administrativos.
Exige el conocimiento y respeto de unas normas comunes.
Entre ellas, la igualdad ante la ley, la libertad religiosa, los derechos de las mujeres, la libertad personal y el rechazo de la violencia como instrumento para imponer creencias.
Las prácticas incompatibles con estos principios no adquieren legitimidad por presentarse como tradiciones culturales.
Nadie puede justificar matrimonios forzados, mutilaciones genitales femeninas, agresiones por motivos religiosos o amenazas contra quienes abandonan una fe.
Y tampoco puede confundirse el respeto a la libertad religiosa con la aceptación de proyectos políticos que pretenden subordinar los derechos individuales a autoridades religiosas.
La integración exige reciprocidad.
El país receptor debe garantizar los derechos de quienes residen legalmente en él.
Quienes llegan deben respetar sus leyes.
No parece una exigencia revolucionaria.
Parece, sencillamente, el mínimo indispensable para una convivencia civilizada.
Lo paradójico sería que una sociedad renunciara a defender los principios que permiten la libertad individual precisamente en nombre de una interpretación equivocada de la tolerancia.
La tolerancia no consiste en permitir la intolerancia violenta. Consiste en garantizar la libertad de todos frente a quienes pretenden suprimirla.
XI. SIN JUSTICIA SOCIAL, EL PATRIOTISMO SE CONVIERTE EN UNA REPRESENTACIÓN TEATRAL
Hay un aspecto del pensamiento de José Antonio que suele quedar relegado cuando se recuerdan exclusivamente sus apelaciones a la disciplina, la nación y el Ejército.
Su preocupación por la cuestión social.
En su carta de mayo de 1936 advertía expresamente contra la posibilidad de que la bandera nacional sirviera para proteger intereses económicos mientras millones de españoles padecían hambre.
No defendía simplemente la restauración de los privilegios anteriores.
Consideraba indispensable acometer una transformación de las estructuras económicas.
Su proyecto nacionalsindicalista formaba parte de una concepción autoritaria del Estado y no puede identificarse con las instituciones democráticas actuales.
Pero la crítica que dirigía a los defensores de un orden social injusto conserva una enseñanza.
La cohesión nacional no se consigue únicamente agitando banderas.
Ni mediante grandes declaraciones sobre la patria.
Una nación también necesita que sus ciudadanos puedan trabajar, acceder a una vivienda y sostener dignamente a sus familias.
Necesita que sus jóvenes encuentren perspectivas de futuro.
Necesita servicios públicos eficaces y unas administraciones que no consuman recursos de manera irresponsable.
Necesita combatir la corrupción.
Y necesita evitar que la clase política termine constituyendo una sociedad privilegiada que vive cada vez más alejada de quienes pagan sus sueldos.
Este problema resulta especialmente importante en la España contemporánea.
La dificultad para acceder a una vivienda, el endeudamiento público, la preocupación por la sostenibilidad de las pensiones y las desigualdades entre generaciones no pueden despacharse mediante campañas propagandísticas.
Tampoco se resuelven multiplicando organismos, cargos y subvenciones sin evaluar sus resultados.
No hay verdadero proyecto nacional cuando se exige a los ciudadanos sacrificarse indefinidamente mientras quienes administran el poder se reservan todos los privilegios.
José Antonio comprendió que la cuestión nacional y la cuestión social estaban relacionadas.
La experiencia histórica posterior demuestra, además, que las políticas sociales necesitan instituciones responsables, sostenibilidad económica y mecanismos efectivos de control del poder.
De lo contrario, hasta los proyectos más grandilocuentes terminan convirtiéndose en una nueva forma de dominación.
XII. EL GRAN ENEMIGO: LA NORMALIZACIÓN DEL FANATISMO
Las organizaciones violentas y fanatizadas tienen una característica común: intentan acostumbrar a la sociedad a la intimidación.
Primero aparecen las amenazas.
Después, las justificaciones.
Más tarde, la violencia.
Finalmente, si el Estado no responde, surge la pretensión de que los ciudadanos modifiquen su comportamiento para evitar provocar a los agresores.
El profesor debe tener cuidado con lo que explica.
El periodista, con lo que publica.
El escritor, con lo que escribe.
La mujer, con su forma de vestir.
El judío, con los símbolos religiosos que exhibe.
El ciudadano, con las opiniones que expresa.
Y así, poco a poco, quienes deberían vivir protegidos por las leyes comienzan a restringir voluntariamente su libertad.
Mientras tanto, los violentos comprueban que la intimidación funciona.
Este es el verdadero triunfo del fanatismo.
No consiste exclusivamente en matar.
Consiste también en conseguir que los demás vivan pendientes de la posibilidad de ser castigados.
Una sociedad sometida a ese mecanismo acaba desarrollando una especie de censura colectiva.
Las personas dejan de decir lo que piensan.
Las instituciones evitan determinados conflictos.
Y los gobernantes comienzan a confundir la tranquilidad aparente con la convivencia auténtica.
Pero una paz basada en el miedo no es paz.
Es una capitulación.
El Estado tiene la obligación de impedir que semejante situación se consolide.
Debe hacerlo mediante la prevención policial, la investigación judicial, la aplicación proporcionada de las leyes y la protección de los derechos de las víctimas.
No mediante represalias colectivas ni restricciones arbitrarias.
Porque entonces acabaría adoptando los procedimientos de aquellos a quienes pretende combatir.
XIII. ¿QUÉ VIO JOSÉ ANTONIO QUE TANTOS GOBERNANTES CONTINÚAN SIN QUERER VER?
A estas alturas del análisis, conviene identificar aquello que concede verdadera actualidad a sus escritos.
En primer lugar, comprendió que las sociedades necesitan fundamentos culturales compartidos.
No basta con reunir a millones de personas dentro de unas fronteras administrativas.
También hace falta una conciencia de pertenencia, una memoria colectiva y unas instituciones capaces de sostener la convivencia.
En segundo lugar, advirtió de los peligros de la violencia política organizada.
Había conocido una época en que determinados movimientos revolucionarios pretendían transformar la sociedad mediante procedimientos que excedían la competencia electoral.
También Falange participó de aquella cultura de confrontación violenta, circunstancia que debe formar parte de cualquier valoración histórica de su fundador.
En tercer lugar, atribuyó una importancia esencial a la continuidad de la nación por encima de los intereses particulares de los partidos.
Su formulación permite plantear una crítica absolutamente contemporánea: cuando los gobernantes olvidan que administran una herencia colectiva, tienden a confundir el interés nacional con su supervivencia política.
En cuarto lugar, entendió que la cuestión social era inseparable de la estabilidad nacional.
Una sociedad profundamente fracturada y empobrecida ofrece un terreno favorable para las organizaciones que prometen resolver todos los conflictos mediante soluciones absolutas.
En quinto lugar, comprendió que Europa era una realidad histórica y cultural que no podía explicarse exclusivamente mediante sus instituciones políticas.
Aquella idea continúa siendo objeto de discusión, precisamente cuando las sociedades europeas debaten sobre integración, soberanía, identidad y transmisión cultural.
Pero hay una cuestión en la que su planteamiento exige una revisión fundamental.
José Antonio entendió la defensa de lo permanente desde una concepción autoritaria y revolucionaria del Estado, que rechazaba el pluralismo parlamentario y que terminó vinculándose al golpe militar de julio de 1936.
La catástrofe posterior demuestra el peligro de convertir la defensa nacional en una justificación para sustituir las instituciones civiles por la fuerza.
Esta contradicción no elimina el interés de sus análisis.
Lo convierte en un personaje históricamente más complejo y obliga a distinguir entre sus diagnósticos y sus soluciones.
Por otra parte, también merece recordarse que durante sus últimos meses propuso fórmulas de reconciliación que incluían medidas sociales defendidas por sus adversarios.
Así lo ha documentado el historiador Joan Maria Thomàs en sus investigaciones sobre José Antonio y el Frente Popular.
La trayectoria de José Antonio no cabe cómodamente en los retratos simplistas que pretenden convertirlo, alternativamente, en una figura impecable o en una caricatura sin pensamiento propio.
Fue un dirigente de notable capacidad intelectual, con una visión original de determinados problemas españoles y europeos, pero también con contradicciones políticas de consecuencias históricas muy graves.
Para examinar su actualidad hay que leerlo entero.
No basta con seleccionar unas cuantas frases y utilizarlas como munición en las disputas actuales.
XIV. EUROPA NO PUEDE DEFENDER LO QUE HA DEJADO DE CONOCER
Aquí aparece, probablemente, la cuestión más profunda.
La supervivencia cultural de Europa no depende solamente de sus ejércitos, de sus policías o de sus fronteras.
Depende también de sus escuelas, sus universidades, sus familias y sus instituciones culturales.
Una generación que desconoce su historia encuentra enormes dificultades para valorar aquello que ha recibido.
Y una sociedad que presenta sistemáticamente su pasado como una sucesión de vergüenzas difícilmente consigue despertar el deseo de conservar lo que merece ser conservado.
Europa ha conocido guerras religiosas, persecuciones, revoluciones, dictaduras, imperialismos y genocidios.
Pero también ha producido algunas de las tradiciones intelectuales e institucionales más importantes de la humanidad.
La filosofía griega.
El derecho romano.
La tradición cristiana.
Las universidades medievales.
El humanismo.
La ciencia moderna.
El pensamiento constitucional.
La separación de poderes.
La libertad de conciencia.
La formulación moderna de los derechos individuales.
Nada de ello nació de un acontecimiento aislado.
Fue el resultado de siglos de conflictos, errores, descubrimientos y transformaciones.
La civilización europea no es una realidad perfecta.
Tampoco constituye una vergüenza de la que sus habitantes deban disculparse permanentemente.
Es una herencia extraordinaria que necesita conocimiento crítico y voluntad de continuidad.
No resulta indispensable compartir todas las convicciones religiosas o filosóficas de nuestros antepasados para reconocer el valor de sus aportaciones.
Pero sí resulta necesario comprenderlas.
Quien desconoce la formación histórica de su sociedad carece de instrumentos suficientes para decidir qué debe conservar, qué debe reformar y qué debe rechazar.
La ignorancia histórica no produce ciudadanos más libres.
Produce ciudadanos más fáciles de manipular.
Y una comunidad que pierde su memoria termina siendo especialmente vulnerable frente a quienes prometen inventarle un pasado conveniente y un futuro inevitable.
XV. EL ERROR DE CONFUNDIR LA DEFENSA DE UNA CIVILIZACIÓN CON LA DEFENSA DE SUS GOBERNANTES
José Antonio desconfiaba profundamente del sistema de partidos.
Consideraba que las organizaciones políticas podían acabar anteponiendo sus rivalidades a los grandes intereses nacionales.
Su crítica participaba de la tradición antiliberal propia del fascismo europeo de entreguerras.
Pero contiene una observación que merece separarse de aquel proyecto político.
Los gobiernos pasan.
Las naciones permanecen, siempre que consigan preservar las condiciones necesarias para ello.
Por tanto, defender a España no equivale a defender al Gobierno español.
Ni criticar severamente a un presidente significa atacar a la nación.
De hecho, la libertad de criticar a los gobernantes constituye uno de los mejores instrumentos para impedir que estos se apropien de las instituciones.
Un presidente del Gobierno no encarna personalmente la patria.
Es un servidor temporal de los ciudadanos.
Y sus decisiones deben poder examinarse, discutirse y censurarse públicamente.
Conviene recordarlo especialmente cuando la propaganda política pretende presentar cualquier crítica a los dirigentes como una amenaza para la democracia.
La democracia no pertenece a quienes ganan unas elecciones.
Pertenece a los ciudadanos, que conservan el derecho a exigir responsabilidades.
Por eso la defensa de España necesita instituciones capaces de sobrevivir a los gobiernos y funcionar al margen de sus conveniencias.
Necesita tribunales independientes.
Administraciones profesionales.
Controles parlamentarios efectivos.
Fuerzas de seguridad respetadas y sujetas a la ley.
Una prensa libre.
Y una ciudadanía que no confunda la fidelidad al país con la obediencia a una organización política.
El patriotismo de los ciudadanos no puede reducirse al aplauso de las decisiones gubernamentales. También exige la libertad de denunciar sus errores y combatir sus abusos.
XVI. UNA CIVILIZACIÓN QUE NO SE DEFIENDE ACABA DEPENDIENDO DE LA VOLUNTAD DE SUS ENEMIGOS
El verdadero peligro del fanatismo violento no procede solamente de sus capacidades materiales.
Procede también de la debilidad de las instituciones que deben combatirlo.
Una organización terrorista necesita reclutas, financiación, propaganda, medios de comunicación clandestinos y oportunidades para actuar.
Un Estado eficaz puede dificultar cada uno de esos elementos.
Pero necesita voluntad política, medios materiales y servicios públicos competentes.
Necesita asimismo una legislación clara que permita distinguir entre la discrepancia legítima, la propaganda criminal, el adoctrinamiento terrorista y la preparación de atentados.
La respuesta tampoco puede limitarse a endurecer penas después de que se produzcan asesinatos.
Debe actuar preventivamente mediante la inteligencia policial, la cooperación internacional y el seguimiento judicial de las actividades delictivas.
Y, cuando se detectan procesos de radicalización, deben existir medios adecuados para intervenir antes de que desemboquen en violencia.
La eficacia de un Estado no se demuestra mediante discursos amenazadores.
Se demuestra evitando delitos, protegiendo víctimas y sometiendo a los responsables a los tribunales.
Europa posee recursos económicos, tecnológicos e institucionales muy superiores a los de numerosos grupos violentos que actúan en su territorio.
Lo que necesita es utilizarlos correctamente.
Una democracia que cumple sus leyes no está demostrando intolerancia.
Está haciendo aquello para lo que existe.
Y una sociedad que impide que sus ciudadanos sean intimidados por organizaciones fanatizadas no está reprimiendo la libertad.
La está garantizando.
XVII. EL GRAN INTERROGANTE DE NUESTRO TIEMPO
Noventa años después de la carta de José Antonio a los militares españoles, Europa continúa debatiéndose entre dos peligros.
El primero es el de las organizaciones terroristas, violentas y fanatizadas que pretenden imponer sus doctrinas mediante la intimidación y la fuerza.
El segundo es el de quienes, en nombre de la seguridad, aspiran a concentrar un poder político sin controles efectivos.
La experiencia europea del siglo XX demuestra que ambos peligros pueden terminar destruyendo las libertades.
José Antonio contempló la crisis de una España enfrentada a una violencia política creciente y llegó a la conclusión de que la continuidad de la nación exigía una ruptura revolucionaria.
Su diagnóstico sobre la gravedad de determinados problemas conserva aspectos de indudable interés.
Su solución pertenece a una época cuyas consecuencias conocemos sobradamente.
Europa dispone hoy de instrumentos distintos para afrontar las amenazas.
Puede proteger sus fronteras.
Puede perseguir a los terroristas.
Puede combatir a las organizaciones criminales.
Puede exigir la integración dentro de un marco legal común.
Puede defender su patrimonio histórico y cultural.
Puede renovar sus instituciones y exigir responsabilidades a sus dirigentes.
Puede hacerlo todo sin entregar el poder a quienes consideran prescindibles las libertades individuales.
El verdadero desafío consiste en demostrar que esos instrumentos funcionan.
Porque una civilización no se mantiene viva gracias a la solemnidad de sus declaraciones.
Se mantiene cuando sus ciudadanos conocen su historia, sus instituciones cumplen sus obligaciones y sus gobernantes responden por las decisiones que adoptan.
XVIII. EPÍLOGO: JOSÉ ANTONIO, LA HISTORIA Y UNA ADVERTENCIA QUE NO CONVIENE DESPRECIAR
José Antonio Primo de Rivera fue fusilado en Alicante el 20 de noviembre de 1936.
Tenía treinta y tres años.
No llegó a conocer el desenlace de la Guerra Civil, el régimen franquista, la Segunda Guerra Mundial, la integración europea ni las transformaciones sociales que han conducido a nuestro presente.
Sin embargo, algunas de sus reflexiones sobre la continuidad nacional, la violencia revolucionaria, las crisis de civilización y el deber de los gobernantes continúan proporcionando materia para el debate.
En su célebre carta de mayo de 1936, José Antonio se preguntaba si España estaba ante una simple disputa partidista o ante algo mucho más profundo.
Noventa años después, Europa debería formularse una pregunta semejante, aunque desde unas circunstancias históricas completamente diferentes.
¿Estamos ante episodios aislados de violencia o ante una degradación más amplia de la convivencia, la autoridad institucional y la confianza colectiva?
Los informes policiales no autorizan a hablar de una conspiración única destinada a destruir Europa.
Pero sí describen amenazas reales procedentes del terrorismo yihadista, de organizaciones violentas de inspiración revolucionaria y de otras corrientes fanatizadas.
A ello se suman problemas sociales, culturales y políticos que no pueden resolverse mediante medidas policiales exclusivamente.
Es legítimo discutir la magnitud de cada peligro y las políticas más eficaces para combatirlo.
Lo que resulta difícilmente defendible es fingir que ninguno de ellos existe.
También conviene evitar una confusión frecuente.
El peligro no procede de quienes mantienen convicciones religiosas intensas, de quienes defienden ideas políticas muy alejadas de las mayoritarias ni de quienes participan pacíficamente en movimientos de protesta.
Procede de quienes consideran legítimo recurrir a la violencia para imponerlas.
Una sociedad libre debe garantizar el derecho a la discrepancia.
Pero no puede permitir que ese derecho se convierta en una coartada para perseguir a quienes discrepan.
La lección histórica es exigente.
No basta con denunciar la barbarie ajena mientras se justifican las brutalidades de los propios.
No basta con invocar la patria mientras se tolera la corrupción.
No basta con exigir orden mientras se desprecia la justicia.
No basta con proclamar los derechos humanos mientras se encuentran disculpas para los asesinos.
Y no basta con hablar incesantemente de Europa mientras se desconoce la historia de la civilización europea.
José Antonio comprendió la importancia de una comunidad histórica que se reconoce a sí misma y desea continuar existiendo.
Sus errores políticos no invalidan automáticamente esa preocupación.
Pero las tragedias de su tiempo obligan a reconocer que ninguna causa nacional queda ennoblecida por recurrir a procedimientos que destruyen la dignidad de sus propios ciudadanos.
El futuro europeo dependerá de que nuestras sociedades sean capaces de proteger simultáneamente su seguridad, su libertad y su continuidad cultural.
No es una empresa sencilla.
Pero tampoco estamos condenados a elegir entre la claudicación y la tiranía.
Europa necesita recuperar la confianza en sus principios, la eficacia de sus instituciones y la responsabilidad de sus gobernantes.
Y, sobre todo, necesita comprender que la defensa de una civilización no consiste en odiar indiscriminadamente a quienes proceden de otras.
Consiste en conocer, apreciar y proteger aquello que la hace merecedora de continuar existiendo.
Una civilización que desconoce su propia historia corre el peligro de perder su identidad. Una civilización que no protege a sus ciudadanos renuncia a una de sus obligaciones esenciales. Y una civilización que acepta el asesinato como método político está comenzando a destruirse desde dentro.
He ahí una reflexión que José Antonio Primo de Rivera habría reconocido sin dificultad.
Noventa años después, la cuestión continúa abierta.
¿Será Europa capaz de defender lo mejor de su herencia, o terminará por entregar a las generaciones venideras una sociedad que ha renunciado a conocerse, gobernarse y protegerse?
La respuesta no está escrita.
Y dependerá, sobre todo, de lo que hagamos los europeos.
20 de octubre de 2026
Fuentes documentales
- José Antonio Primo de Rivera, Carta a los militares de España, 4 de mayo de 1936.
- José Antonio Primo de Rivera, España y la barbarie, conferencia de Valladolid, 3 de marzo de 1935.
- José Antonio Primo de Rivera, Germánicos contra bereberes. Quince siglos de historia de España, agosto de 1936.
- Europol, EU Terrorism Situation and Trend Report 2026, julio de 2026.
- Departamento de Seguridad Nacional, Gobierno de España, resumen del informe de Europol, 22 de julio de 2026.
- Bundeskriminalamt, estadísticas alemanas de delincuencia política correspondientes a 2025, publicadas el 9 de junio de 2026.
- Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, Jewish People’s Experiences and Perceptions of Antisemitism, julio de 2024.
- Joan Maria Thomàs, José Antonio Primo de Rivera y el Frente Popular, revista Historia y Política, 2019.
- Informaciones de Deutsche Welle, Europa Press, RTVE y Associated Press sobre los disturbios franceses de octubre de 2026.
