ESPAÑA SIN CUNA, SIN PUEBLOS Y CON FRONTERAS DE PLASTILINA
Casi cincuenta millones de habitantes, una natalidad desplomada y el 84 % del territorio rural ocupado por apenas el 15,5 % de la población. La España que se vacía mientras las grandes ciudades se desbordan.
20 de octubre de 2026
CARLOS AURELIO CALDITO AUNIÓN.
España está a punto de alcanzar los cincuenta millones de habitantes. Es una cifra que los sucesivos gobiernos presentan como un signo de vitalidad, dinamismo económico y prosperidad.
Pero hay un pequeño inconveniente: mientras aumenta la población total, nacen poquísimos niños, mueren muchas más personas de las que vienen al mundo y extensísimas comarcas de nuestro país envejecen y se despueblan.
Y, por si fuera poco, la concentración demográfica se acentúa en las grandes áreas metropolitanas, determinadas zonas del litoral y algunos corredores económicos, mientras miles de municipios del interior luchan por conservar algo tan elemental como una escuela, un consultorio médico, una farmacia, una oficina bancaria o una línea regular de transporte.
Tenemos cada vez más habitantes, pero buena parte de España dispone de cada vez menos recursos humanos para garantizar su continuidad.
Una paradoja verdaderamente colosal.
El Observatorio Demográfico del CEU-CEFAS publicó el 22 de julio de 2026 el informe número 24, titulado «Demografía de Canarias, Ceuta y Melilla: la porosa frontera sur de España», dirigido por Joaquín Leguina Herrán y coordinado por Alejandro Macarrón Larumbe, responsable de Estudios y Análisis Social de CEU-CEFAS, director de la Fundación Renacimiento Demográfico y autor de varios libros acerca del declive demográfico español y occidental.
Macarrón lleva años advirtiendo de un fenómeno que, por su gravedad, debería ocupar un lugar preferente en las preocupaciones de nuestros gobernantes: la incapacidad de una sociedad para asegurar su continuidad generacional.
Su estudio se centra en Canarias, Ceuta y Melilla. Pero sus datos y conclusiones permiten abordar una cuestión mucho más amplia: el progresivo desequilibrio demográfico, territorial y económico del conjunto de España.
Y cuando ampliamos el campo de observación, aparecen realidades todavía más preocupantes.
Porque no solamente estamos dejando de tener hijos.
Estamos dejando extensas partes de nuestra nación sin población suficiente para sostener su actividad económica, sus servicios y su vida comunitaria.
I. La España vacía: el 83,8 % del territorio y apenas el 15,5 % de los habitantes
Hay cifras que deberían provocar la convocatoria inmediata de un Consejo de Ministros extraordinario.
Esta es una de ellas.
Según el Informe Anual de Indicadores correspondiente a 2024, publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en octubre de 2025, los municipios rurales españoles ocupaban el 83,8 % de nuestro territorio y reunían únicamente al 15,5 % de la población.
Dicho en román paladino: aproximadamente cinco sextas partes de España son rurales, pero en ellas vive menos de uno de cada seis españoles.
Y si nos fijamos exclusivamente en los municipios rurales de menos de 5.000 habitantes, la desproporción resulta todavía más estremecedora.
Estos municipios ocupaban el 69,4 % del territorio nacional, pero albergaban solamente el 9,2 % de la población.
Casi siete de cada diez kilómetros cuadrados de España, habitados por menos de uno de cada diez residentes.
¿Se comprende ahora lo que significa realmente la expresión «España vacía»?
No estamos hablando de cuatro aldeas perdidas entre montañas, ni de unos cuantos caseríos abandonados.
Estamos hablando de una parte enorme del territorio nacional.
De una España que produce alimentos, conserva bosques, abastece de agua a las ciudades, alberga infraestructuras energéticas y mantiene una parte esencial de nuestro patrimonio histórico y cultural.
Una España que existe en los mapas, en los discursos institucionales y en los programas electorales, pero cuya existencia cotidiana se vuelve cada vez más difícil.
Y todavía hay quien pretende convencernos de que el problema se resuelve colocando placas conmemorativas, celebrando jornadas sobre el llamado reto demográfico y repartiendo subvenciones ocasionales.
II. Más de cuatro mil novecientos municipios con menos de mil habitantes
El último censo municipal completo publicado por el Instituto Nacional de Estadística ofrece otra fotografía verdaderamente reveladora.
De los 8.132 municipios existentes en España a comienzos de 2025, 4.975 tenían menos de mil habitantes.
Representaban aproximadamente el 61 % de todos los municipios españoles.
Y en ellos residía alrededor del 3 % de la población nacional.
Por el contrario, el 40,9 % de los habitantes de España vivía en apenas 68 municipios de más de 100.000 habitantes.
Repitamos el contraste.
Casi cinco mil municipios acogen a una pequeñísima fracción de nuestra población, mientras unas pocas decenas de grandes municipios concentran a más de cuatro de cada diez habitantes.
Naturalmente, una elevada proporción de municipios pequeños no significa que todos estén condenados a desaparecer. Hay localidades prósperas, pueblos turísticos, municipios agrícolas productivos y comunidades que han sabido conservar o recuperar población.
Pero la distribución territorial revela un desequilibrio extraordinario.
Uno puede recorrer decenas de kilómetros por determinadas zonas de Soria, Teruel, Cuenca, Guadalajara, Zamora, Salamanca, Burgos, Palencia, Ávila, Cáceres o Aragón sin encontrar un núcleo de población de cierta entidad.
En muchas comarcas, además, la población residente ha envejecido hasta el extremo de que apenas quedan mujeres en edad fértil, jóvenes dispuestos a establecerse y niños suficientes para mantener abiertas las escuelas.
Cuando el último colegio cierra, cuando desaparece la farmacia, cuando el médico solamente acude determinados días y cuando el autobús deja de pasar, el pueblo entra en un círculo extraordinariamente difícil de romper.
Las familias jóvenes no se establecen porque faltan servicios.
Y los servicios desaparecen porque faltan familias jóvenes.
Es el pez demográfico que se muerde la cola.
III. Cincuenta millones de residentes, pero cada vez menos nacidos en España
El 1 de julio de 2026, según el INE, España alcanzó los 49.801.559 habitantes, la cifra más alta de su historia.
Durante los doce meses anteriores había aumentado su población en aproximadamente 444.000 personas.
Sin embargo, ese crecimiento no se explica por un aumento natural de los habitantes.
Todo lo contrario.
El INE advierte expresamente de que el crecimiento poblacional se debe al aumento de las personas nacidas en el extranjero, mientras disminuye el número de residentes nacidos en España.
En julio de 2026 vivían en nuestro país 10.291.807 personas nacidas fuera de nuestras fronteras.
Representaban aproximadamente el 20,7 % de la población total.
No deben confundirse estas personas con los extranjeros en sentido jurídico, pues muchos nacidos fuera de España tienen nacionalidad española y otros son hijos o nietos de españoles emigrados.
Lo significativo desde el punto de vista demográfico es otra cosa: el incremento de población procede fundamentalmente de la inmigración, no de que las familias residentes en España tengan suficientes hijos.
Y mientras tanto, el número de nacimientos continúa instalado en niveles históricamente bajísimos.
Según las estimaciones provisionales del INE, durante 2025 nacieron unos 321.000 niños, frente a cerca de 447.000 fallecimientos.
El saldo vegetativo fue negativo en más de 120.000 personas.
Es decir, incluso con el ligero repunte registrado en los nacimientos de 2025, la población continúa sin reproducirse por sí misma.
En 2024, el número medio de hijos por mujer fue de solamente 1,10, mientras que entre las mujeres de nacionalidad española descendió a 1,07.
El nivel aproximado de reemplazo generacional es de 2,1 hijos por mujer.
Estamos muy lejos.
Una sociedad que mantiene durante décadas una fecundidad próxima a un hijo por mujer no garantiza su continuidad generacional.
Y eso no se soluciona anunciando que el padrón ha crecido medio millón de personas.
IV. Asturias, Galicia, Castilla y León y Extremadura: el envejecimiento como horizonte
Si queremos comprobar las consecuencias de esta evolución, basta observar algunas de nuestras comunidades autónomas.
Según los indicadores sanitarios y demográficos de 2025, el porcentaje de habitantes de 65 o más años era aproximadamente el siguiente:
- Asturias: 28,55 %.
- Castilla y León: 27,44 %.
- Galicia: 27,03 %.
- Extremadura: 23,22 %.
- Media española: 20,88 %.
En Asturias, más de uno de cada cuatro habitantes ha cumplido los 65 años.
Y Castilla y León y Galicia presentan proporciones apenas inferiores.
El problema no reside en que vivamos muchos años, naturalmente.
¡Bendita longevidad!
El problema aparece cuando las generaciones jóvenes son demasiado pequeñas para reemplazar a las que desaparecen y cuando el territorio pierde una parte importante de su población en edad de trabajar.
Los datos de 2025 sobre nacimientos y defunciones ilustran perfectamente esta situación.
Galicia registró casi 20.000 defunciones más que nacimientos.
Castilla y León perdió por saldo natural más de 16.000 habitantes.
Asturias tuvo un saldo vegetativo negativo superior a 8.600 personas.
En Extremadura hubo aproximadamente 5.200 fallecimientos más que nacimientos, y en Aragón la diferencia negativa superó las 5.100 personas.
Lo verdaderamente preocupante es que no hablamos de episodios aislados.
Son manifestaciones de un proceso acumulado durante décadas.
Y, además, el envejecimiento y la despoblación no afectan por igual a todo el territorio de esas comunidades.
Una capital puede crecer mientras numerosas localidades de su provincia siguen perdiendo habitantes.
Una provincia puede presentar un saldo migratorio positivo y, simultáneamente, ver cómo algunas de sus comarcas pierden escuelas, empresas y explotaciones agrarias.
Por eso resulta engañoso utilizar exclusivamente las cifras regionales o provinciales para evaluar el estado de la España rural.
La despoblación no se mide solamente por cuántas personas viven en una provincia, sino también por dónde viven, cuántos años tienen y qué posibilidades existen de que permanezcan allí las próximas generaciones.
V. La España abandonada tampoco tiene suficientes mujeres jóvenes
Existe otro factor demográfico que suele recibir mucha menos atención de la que merece.
La despoblación rural está acompañada, en numerosos territorios, de un marcado desequilibrio entre hombres y mujeres.
El Ministerio de Agricultura señaló que, en 2024, mientras en el conjunto de España había aproximadamente 96 hombres por cada cien mujeres, en los municipios rurales pequeños la proporción alcanzaba los 106,4 hombres por cada cien mujeres.
La diferencia no es anecdótica.
En muchos pueblos, durante décadas, las mujeres jóvenes han emigrado hacia las ciudades en busca de estudios, trabajo y oportunidades.
Numerosos hombres también lo han hecho, por supuesto, pero el resultado ha sido una masculinización apreciable de determinadas áreas rurales.
Y eso tiene consecuencias sobre la formación de familias, la natalidad y la continuidad de las comunidades locales.
No basta con disponer de viviendas, terrenos agrícolas o explotaciones ganaderas.
Para que nazcan niños hace falta que existan personas jóvenes dispuestas a formar familias y condiciones adecuadas para criarlos.
Lo que desaparece con cada generación no es solamente una cantidad de habitantes.
Desaparecen matrimonios y parejas que no llegan a formarse, hijos que no llegan a nacer, negocios que no encuentran sucesores y conocimientos profesionales que nadie hereda.
También desaparecen tradiciones, oficios, formas de convivencia y vínculos familiares establecidos durante siglos.
La pérdida demográfica produce, inevitablemente, una pérdida cultural.
VI. La gran emigración interior: del pueblo a la ciudad, de la ciudad pequeña a la metrópoli
Durante buena parte del siglo XX, España experimentó una transformación económica y social extraordinaria.
La mecanización del campo redujo las necesidades de mano de obra agrícola.
La industrialización atrajo trabajadores hacia Madrid, Barcelona, el País Vasco y otras áreas industriales.
Posteriormente, el desarrollo de los servicios, el turismo y determinadas actividades de mayor productividad reforzó la concentración urbana y litoral.
Aquellos movimientos permitieron mejorar las condiciones de vida de millones de españoles.
Pero también contribuyeron al vaciamiento progresivo de numerosas comarcas.
El proceso no se corrigió suficientemente mediante una política capaz de distribuir de forma más equilibrada las oportunidades económicas, las infraestructuras y los servicios públicos.
Y ahora sufrimos sus consecuencias.
Muchos jóvenes estudian fuera de sus pueblos y ya no regresan.
Otros encuentran trabajo en ciudades donde los alquileres absorben una parte desmesurada de sus salarios.
Quienes permanecen en el medio rural deben afrontar dificultades para acceder a determinados empleos, servicios médicos especializados, educación superior y transporte público.
La gran ironía española es que tenemos pueblos con viviendas vacías y ciudades donde encontrar una vivienda asequible se ha convertido en una auténtica odisea.
En unos lugares sobran casas y faltan habitantes.
En otros sobran aspirantes a encontrar vivienda y faltan casas a precios razonables.
Y entretanto, las Administraciones públicas multiplican planes, estrategias, organismos y conferencias.
Muchos más despachos no garantizan, por sí solos, muchos más vecinos.
VII. La desaparición de los servicios: cuando el pueblo deja de ser habitable
No hace falta viajar a los confines del mundo para comprobar lo que significa la desaparición de servicios esenciales.
Basta acercarse a determinadas comarcas de Castilla y León, Aragón, Galicia, Extremadura o Castilla-La Mancha.
El Banco de España publicó en mayo de 2026 su Informe de Inclusión Financiera 2025.
Según sus datos, al cierre de 2024 había 2.638 municipios españoles sin acceso presencial a servicios bancarios.
Representaban el 32,4 % de todos los municipios.
El 96 % de esas localidades tenía menos de 500 habitantes.
Es cierto que la implantación de oficinas móviles y otros sistemas de atención ha mejorado parcialmente la situación.
Pero el dato demuestra la extraordinaria fragilidad de los servicios en una parte del territorio.
Y la banca es solamente un ejemplo.
Pensemos en una pareja joven que desea establecerse en un pueblo.
Antes de trasladarse necesita saber si encontrará trabajo, si podrá conectarse a Internet, si sus hijos tendrán colegio, si habrá transporte escolar, si dispondrá de asistencia sanitaria y si podrá desplazarse razonablemente a otros municipios.
En una encuesta publicada por Fotocasa en agosto de 2026, el 76 % de las personas interesadas en trasladarse a zonas rurales consideraba imprescindible la proximidad de centros sanitarios, hospitales o colegios.
Es decir, los españoles pueden sentirse atraídos por la tranquilidad del campo, los precios de las viviendas o la calidad de vida.
Pero no están dispuestos, razonablemente, a renunciar a servicios esenciales.
Por eso fracasan tantas iniciativas de repoblación basadas casi exclusivamente en ofrecer viviendas baratas o ayudas económicas temporales.
Una familia no se establece donde solamente encuentra una casa.
Se establece donde puede desarrollar un proyecto de vida.
VIII. No toda la España rural está condenada: algunos pueblos vuelven a crecer
Hay un dato reciente que conviene destacar porque permite comprender mejor el problema.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico informó en diciembre de 2025 de que los municipios de menos de 5.000 habitantes habían ganado aproximadamente 22.000 residentes durante 2024.
Desde 2018, el aumento acumulado en esos municipios alcanzaba unas 163.000 personas.
Es una noticia positiva.
Demuestra que los pueblos pueden atraer residentes y que el vaciamiento no constituye una fatalidad inevitable.
Pero hay que examinar también dónde se produce ese crecimiento y qué circunstancias lo explican.
La recuperación ha sido desigual.
El propio Ministerio reconocía que Galicia, Asturias, Extremadura y Castilla y León seguían perdiendo habitantes en el conjunto de sus municipios pequeños.
Además, una parte del crecimiento rural responde a movimientos migratorios interiores y exteriores, mientras el saldo natural continúa siendo negativo.
No es lo mismo recuperar población gracias al establecimiento de familias jóvenes y trabajadores que aumentar temporalmente el padrón mediante movimientos residenciales de personas de edad avanzada.
Ambas situaciones incrementan el número de habitantes, pero tienen consecuencias demográficas muy distintas.
Y no es lo mismo un municipio próximo a Madrid, Guadalajara o Toledo, favorecido por la expansión metropolitana, que una pequeña localidad alejada de las principales vías de comunicación.
El informe del Observatorio Social de la Fundación «la Caixa», publicado en 2024, identificó 2.858 municipios especialmente vulnerables por la combinación de despoblación, debilidad económica y exposición a riesgos ambientales.
Se concentran principalmente en Castilla y León y determinadas zonas de Aragón, y representan aproximadamente el 21 % del territorio español.
He aquí una realidad que exige políticas distintas para situaciones distintas.
No se puede gobernar de la misma manera una localidad convertida en área residencial de una capital y un pueblo de montaña situado a ochenta kilómetros del hospital más cercano.
IX. Canarias: el anticipo de un desastre demográfico
Regresemos al trabajo de Alejandro Macarrón.
Canarias representa un ejemplo extremo de lo que ocurre cuando la fecundidad se desploma y el crecimiento de la población depende fundamentalmente de las migraciones.
En 1975, la fecundidad canaria alcanzaba los 3,18 hijos por mujer, claramente por encima de la media española.
En 2024 había descendido a 0,82 hijos por mujer y a solamente 0,78 entre las mujeres españolas autóctonas, según los cálculos del informe.
La transformación es extraordinaria.
Canarias ha pasado de figurar entre las regiones españolas con mayor fecundidad a encabezar la clasificación europea de menor natalidad.
Y, sin embargo, su población ha seguido aumentando.
En 1976 tenía aproximadamente 1,25 millones de habitantes.
A comienzos de 2026 superaba los 2,27 millones.
El crecimiento demográfico del archipiélago no significa que se haya corregido su problema reproductivo.
Significa, principalmente, que los movimientos migratorios han compensado el déficit de nacimientos de las últimas décadas.
Y el fenómeno tiene una dimensión nacional.
Las poblaciones pueden seguir creciendo durante años mediante la inmigración mientras su estructura por edades continúa envejeciendo.
Pero el crecimiento numérico no garantiza automáticamente el equilibrio demográfico, la prosperidad económica ni la sostenibilidad de las pensiones.
El problema de fondo sigue siendo el mismo.
España necesita recuperar unas condiciones económicas y sociales que faciliten la formación de familias y la natalidad.
Y necesita hacerlo sin convertir la llegada continua de población extranjera en la única respuesta a sus desequilibrios demográficos.
X. Ceuta y Melilla: dos ciudades españolas sometidas a una presión singular
El informe coordinado por Macarrón dedica una atención especial a Ceuta y Melilla.
Ambas ciudades presentan características demográficas muy diferentes de las del conjunto de España.
Son las poblaciones más jóvenes del país y han mantenido históricamente tasas de fecundidad superiores a la media nacional, especialmente entre la población de raíces familiares marroquíes.
A comienzos de 2025, la edad media de sus habitantes era de 39,26 años en Ceuta y de 37,66 en Melilla, frente a los 44,55 años del conjunto de España.
Según el estudio, más del 86 % de los residentes nacidos en el extranjero en ambas ciudades procedía de Marruecos.
Los autores también examinan, mediante estadísticas sobre nombres y apellidos, la transformación de su composición demográfica y cultural.
Es necesario distinguir entre origen familiar, religión y nacionalidad. La ascendencia marroquí no determina por sí misma las convicciones ni la lealtad política de un ciudadano español.
Pero tampoco cabe ignorar que las transformaciones demográficas se desarrollan en un contexto geopolítico singular.
Marruecos mantiene reivindicaciones territoriales sobre Ceuta y Melilla.
Y eso obliga a España a extremar la atención sobre la seguridad, las relaciones bilaterales, el desarrollo económico y la cohesión social de ambas ciudades.
No hablamos de territorios secundarios o prescindibles.
Hablamos de España.
Ceuta pertenece a la Monarquía española desde hace siglos, tras su etapa portuguesa iniciada en 1415, y Melilla quedó incorporada a Castilla en 1497.
Su soberanía no debe depender de la buena voluntad de Rabat.
Ni de la interpretación que haga Marruecos de nuestras relaciones de vecindad.
XI. Julio de 2026: la crisis de Ceuta confirmó las advertencias
Cuando el CEU-CEFAS publicó su informe, todavía no se habían producido los acontecimientos de los días 30 y 31 de julio de 2026.
Aquella crisis provocó una entrada masiva e irregular de personas en Ceuta que el Gobierno español cifró en 72.000.
La magnitud del episodio resulta difícil de exagerar.
Una ciudad de aproximadamente ochenta mil habitantes sufrió, en apenas dos jornadas, la entrada de un número de personas casi equivalente al de su población habitual.
Los informes conocidos posteriormente sobre las advertencias de los servicios de inteligencia plantean cuestiones gravísimas acerca de la anticipación y la actuación de las autoridades.
Según las informaciones publicadas el 16 de octubre, el CNI advirtió con antelación a sus homólogos marroquíes sobre el riesgo de una entrada masiva.
El informe atribuye a las autoridades marroquíes conocimiento previo del peligro y una reacción insuficiente, aunque no concluye que Marruecos organizara directamente los acontecimientos.
Esta distinción no reduce la gravedad política del episodio.
Una cosa es no haber organizado una crisis y otra muy distinta no haber adoptado las medidas necesarias para impedirla cuando se conocía su posible magnitud.
El 20 de octubre, el Gobierno español comunicó que desde el 10 de agosto habían regresado a Marruecos 12.705 inmigrantes, principalmente mediante retornos voluntarios.
También informó de 3.331 menores identificados y de 7.477 plazas de acogida temporal habilitadas en Ceuta.
Estas cifras deben distinguirse de los regresos producidos inmediatamente después de las entradas masivas, pero ilustran el esfuerzo posterior que ha exigido la crisis.
La pregunta es inevitable.
¿Podía haberse evitado semejante situación mediante una política preventiva más eficaz?
¿Existían medios suficientes?
¿Se tomaron en consideración todas las advertencias recibidas?
¿Qué compromisos de cooperación fronteriza asumió Marruecos y cómo se supervisó su cumplimiento?
¿Quién debe responder políticamente por las deficiencias que se hayan producido?
Porque la seguridad de una frontera no se garantiza mediante discursos posteriores a su vulneración.
Se garantiza antes.
XII. La despoblación interior y las fronteras exteriores: dos obligaciones del mismo Estado
A primera vista, la despoblación de Soria, Teruel, Zamora o Cáceres puede parecer un problema completamente distinto de la presión migratoria sobre Ceuta, Melilla o Canarias.
Pero ambos asuntos comparten una dimensión fundamental.
La capacidad del Estado para garantizar la continuidad, la seguridad y la prosperidad de su territorio.
Un Estado no cumple sus obligaciones simplemente porque conserve oficialmente las fronteras dibujadas en los mapas.
También debe procurar condiciones que permitan vivir dignamente dentro de ellas.
No se trata de mantener artificialmente población en cualquier localidad, con independencia de sus posibilidades económicas.
Se trata de evitar que una parte considerable del territorio quede excluida de las oportunidades que ofrece el país.
La despoblación extrema perjudica la gestión forestal, la actividad agraria, el mantenimiento de caminos, la conservación del patrimonio y la prevención de riesgos ambientales.
También dificulta el funcionamiento de los servicios de emergencia y encarece la prestación de determinados servicios públicos.
Y un territorio cuya población disminuye constantemente pierde parte de su capacidad de generar riqueza, actividad empresarial e iniciativa social.
España necesita ciudades dinámicas, desde luego.
Pero también necesita una red de pueblos vivos, ciudades intermedias y cabeceras comarcales capaces de articular el territorio.
El equilibrio territorial no significa repartir a los habitantes uniformemente sobre un mapa.
Significa permitir que los ciudadanos puedan elegir dónde vivir sin que esa decisión implique renunciar a derechos y oportunidades esenciales.
XIII. La gran cuestión pendiente: ¿quién pagará las pensiones?
La evolución demográfica afecta directamente al futuro del sistema público de pensiones.
España dispone de un sistema de reparto.
Esto significa que las pensiones actuales se financian fundamentalmente mediante las cotizaciones de los trabajadores en activo, complementadas con las aportaciones que correspondan de los presupuestos públicos.
Cuando la población envejece y disminuye proporcionalmente el número de personas en edad de trabajar, la financiación del sistema soporta una presión creciente.
El INE publicó en junio de 2026 sus proyecciones de población para el período 2026-2076.
Los resultados resultan particularmente expresivos.
En el escenario central, la población de 65 años o más, que representa actualmente alrededor del 21,1 % del total, podría alcanzar el 30,9 % en 2076.
Al mismo tiempo, la población de entre 20 y 64 años reduciría su peso desde el 60,9 % actual hasta aproximadamente el 54,5 %.
No se trata de una profecía infalible, sino de una simulación basada en determinadas hipótesis demográficas.
Pero constituye una advertencia de enorme trascendencia.
Dentro de unas décadas, España podría tener proporcionalmente muchos más pensionistas y menos personas en edad laboral.
La productividad, el empleo, los salarios, la edad efectiva de jubilación y la financiación presupuestaria serán factores decisivos.
La inmigración puede contribuir al sostenimiento del sistema si aumenta el empleo productivo y las cotizaciones.
Pero tampoco representa una solución milagrosa.
Los inmigrantes envejecen y adquieren derechos de pensión igual que los demás trabajadores.
Por tanto, lo indispensable es disponer de una economía productiva, una población suficientemente activa y un sistema de pensiones financieramente sostenible.
Lo contrario consiste en trasladar las dificultades a generaciones futuras, que no han participado en las decisiones actuales.
XIV. La España de 2076: el futuro que anticipan las estadísticas
Las proyecciones del INE ofrecen una imagen especialmente reveladora de los desequilibrios territoriales.
Durante los próximos quince años, si se mantienen las tendencias actuales, comunidades como la Valenciana, Baleares o Madrid podrían experimentar incrementos importantes de población.
Por el contrario, Extremadura perdería alrededor del 4,5 % de sus habitantes; Asturias, el 1,6 %, y Castilla y León, aproximadamente el 1 %.
Son estimaciones sujetas a variaciones, pero muestran que el futuro demográfico español no será uniforme.
Unas regiones crecerán mucho.
Otras se estancarán.
Y algunas continuarán perdiendo población, especialmente en sus municipios más envejecidos.
La misma proyección ofrece otro resultado significativo.
Si durante los próximos cincuenta años el saldo migratorio neto fuera nulo y se mantuvieran las demás hipótesis consideradas, España terminaría el período con aproximadamente 31,7 millones de habitantes.
Este escenario no predice que tal cosa vaya a suceder.
Sirve para mostrar hasta qué punto las tendencias reproductivas actuales hacen depender el crecimiento de población de las migraciones.
Y ahí reside una de las conclusiones más importantes de todo este análisis.
España no está resolviendo su crisis demográfica. Está compensando estadísticamente una parte de sus consecuencias mediante la inmigración.
Pero los problemas de natalidad, envejecimiento, despoblación y desequilibrio territorial siguen presentes.
XV. El verdadero programa nacional que nadie parece dispuesto a acometer
Frente a este panorama, lo que España necesita no es otra colección de anuncios propagandísticos.
Necesita una política demográfica, económica y territorial de largo alcance.
Una política que no dependa de los caprichos electorales de cada legislatura.
El primer objetivo debe consistir en facilitar que las familias que desean tener hijos puedan hacerlo.
Eso exige salarios suficientes, empleos estables, viviendas asequibles, servicios de apoyo a la maternidad y la paternidad y una fiscalidad que tenga en cuenta las cargas familiares.
El segundo objetivo debe ser recuperar la vitalidad económica de las comarcas rurales con posibilidades reales de desarrollo.
No mediante subvenciones indiscriminadas, sino favoreciendo la actividad productiva, la agricultura, la ganadería, la industria agroalimentaria, las pequeñas empresas, el trabajo a distancia y las actividades que aprovechen las características de cada territorio.
El tercero debe consistir en garantizar una red razonable de servicios esenciales y comunicaciones.
Una conexión digital excelente sirve de poco si el médico está a una hora de distancia, no hay transporte y los hijos necesitan recorrer diariamente decenas de kilómetros para acudir a clase.
El cuarto objetivo debe ser fortalecer las ciudades pequeñas e intermedias y las cabeceras comarcales.
Son esenciales para evitar que millones de ciudadanos dependan exclusivamente de unas pocas grandes áreas metropolitanas.
El quinto debe ser corregir los obstáculos burocráticos y económicos que dificultan el establecimiento de empresas y profesionales en municipios pequeños.
Y el sexto debe consistir en desarrollar una política migratoria ordenada, legal, verificable y vinculada a la capacidad de acogida, las necesidades económicas y la efectiva integración social y laboral.
Defender las fronteras no es incompatible con admitir inmigración legal.
Lo incompatible con una política seria es renunciar al control efectivo de los movimientos de entrada y permanencia.
Por último, debe existir un compromiso nacional inequívoco con la seguridad, la soberanía y el desarrollo económico de Ceuta, Melilla y Canarias.
Porque la política territorial española comienza en nuestras fronteras, pero no termina en ellas.
XVI. ¿Y qué responsabilidad tienen nuestros gobernantes?
Llegados a este punto, conviene formular una pregunta incómoda.
¿Cómo ha podido España acumular semejantes desequilibrios durante décadas sin que su corrección se convirtiera en una prioridad nacional?
La respuesta no puede atribuirse exclusivamente a un gobierno.
La despoblación interior viene de lejos.
El descenso de la fecundidad comenzó hace décadas.
El envejecimiento de la población se conoce desde hace muchísimo tiempo.
Y las deficiencias de nuestra política territorial tampoco aparecieron ayer.
Gobiernos de distinto signo han dispuesto de estudios, estadísticas, advertencias y recursos públicos.
Pero las políticas aplicadas no han conseguido revertir de manera suficiente estas tendencias.
Algunas actuaciones han producido resultados favorables, especialmente en determinados municipios que han logrado recuperar población.
Sin embargo, el balance nacional continúa siendo profundamente desequilibrado.
Y el problema se agrava cuando la discusión política se reduce a utilizar la inmigración, las pensiones o las subvenciones rurales como argumentos electorales.
El futuro de una nación no debería depender de que un ministro encuentre una cifra favorable para la próxima rueda de prensa.
Ni de que otro consiga inaugurar un edificio público antes de unas elecciones.
Tampoco de que un presidente anuncie una nueva estrategia cuya eficacia nadie examinará seriamente hasta varios años después.
Gobernar consiste en diagnosticar, decidir, presupuestar, ejecutar, evaluar y responder de los resultados.
Todo lo demás es publicidad institucional.
EPÍLOGO. LA NACIÓN QUE ABANDONA SUS PUEBLOS COMPROMETE SU FUTURO
Alejandro Macarrón lleva años advirtiendo de las consecuencias del derrumbe de la fecundidad.
Su informe sobre Canarias, Ceuta y Melilla ofrece una aportación valiosa a esa discusión.
Pero cuando extendemos la mirada al conjunto de España, el panorama adquiere dimensiones todavía mayores.
Casi cincuenta millones de habitantes.
Más de diez millones nacidos en el extranjero.
Un número medio de hijos por mujer próximo a uno.
Más defunciones que nacimientos.
Miles de municipios diminutos.
Amplias comarcas envejecidas.
Un 83,8 % del territorio rural en el que vive solamente el 15,5 % de la población.
Ciudades cada vez más congestionadas y localidades que encuentran enormes dificultades para conservar una escuela, un médico o un comercio.
Y un futuro en el que la proporción de personas mayores seguirá aumentando.
Todo ello sucede mientras nuestros gobernantes continúan discutiendo asuntos que, con demasiada frecuencia, tienen bastante más que ver con la conservación de sus cargos que con el porvenir de los españoles.
La despoblación no es simplemente una curiosidad estadística.
Es la desaparición paulatina de una parte de nuestra vida colectiva.
Cada pueblo que pierde a sus últimos vecinos deja de ser una comunidad viva.
Cada escuela que cierra constituye una señal de alarma.
Cada explotación agraria sin sucesor representa una actividad económica que puede desaparecer.
Cada joven que abandona su comarca porque no encuentra oportunidades es una posibilidad de futuro que el territorio pierde.
Y cada familia que renuncia a tener los hijos que desea por dificultades económicas o laborales refleja un fracaso que debería preocupar profundamente a nuestros gobernantes.
España no puede limitarse a contar habitantes.
Debe preguntarse dónde viven, qué edades tienen, cómo trabajan, qué oportunidades encuentran y qué posibilidades existen de que sus hijos permanezcan en el país y en las comarcas donde han nacido.
Y debe preguntarse, también, qué instituciones y políticas garantizarán la continuidad de su soberanía, la prosperidad de sus habitantes y la seguridad de sus fronteras.
Porque una nación no se sostiene exclusivamente mediante leyes, impuestos, funcionarios y discursos.
Se sostiene sobre personas, familias, trabajo, comunidades, instituciones y un territorio que sus habitantes consideran propio.
Una España con cincuenta millones de residentes, pero incapaz de conservar la vida de miles de sus pueblos, no puede felicitarse sin más por su éxito demográfico.
Puede tener más población y, al mismo tiempo, arrastrar problemas estructurales gravísimos.
Puede tener grandes ciudades repletas de gente y extensas comarcas al borde del abandono.
Puede presumir de crecimiento económico mientras generaciones enteras encuentran enormes dificultades para independizarse y tener hijos.
Y puede mantener intacto el dibujo de sus fronteras mientras demuestra una preocupante incapacidad para protegerlas en determinadas circunstancias.
La pregunta no es solamente cuántos españoles y residentes habrá dentro de cincuenta años.
La pregunta es qué España les estaremos dejando.
Una nación de ciudades desbordadas, pueblos abandonados y pensionistas preocupados por la sostenibilidad de sus prestaciones.
O una nación equilibrada, productiva, con familias capaces de prosperar, pueblos que puedan seguir vivos y unas fronteras cuya seguridad esté garantizada.
La elección exige decisiones políticas, recursos y voluntad de continuidad.
Y, sobre todo, exige abandonar de una vez por todas la costumbre nacional de aplazar hasta mañana los problemas que conocemos desde ayer.
PORQUE UNA ESPAÑA SIN HIJOS SE QUEDA SIN FUTURO.
UNA ESPAÑA SIN PUEBLOS PIERDE SUS RAÍCES.
Y UNA ESPAÑA QUE NO DEFIENDE SUS FRONTERAS COMPROMETE SU SOBERANÍA.
Referencia principal: Alejandro Macarrón Larumbe, coordinador del informe Demografía de Canarias, Ceuta y Melilla: la porosa frontera sur de España, dirigido por Joaquín Leguina Herrán. Observatorio Demográfico CEU-CEFAS, informe número 24, julio de 2026.
Ampliación y actualización: estadísticas del INE publicadas hasta octubre de 2026; Informe Anual de Indicadores del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; estadísticas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; informe del Banco de España sobre inclusión financiera; proyecciones demográficas 2026-2076 del INE; estudios del Observatorio Social de la Fundación «la Caixa» e informaciones oficiales sobre la crisis de Ceuta.
