LA MARQUESA DE GALAPAGAR VUELVE A LA CARGA: DEL CHALÉ REVOLUCIONARIO A LA LEY QUE BENEFICIÓ A LOS AGRESORES SEXUALES.
Ramiro Grau Morancho y Carlos Aurelio Caldito Aunión.
Irene Montero, consorte política de Pablo Iglesias, aspira a presidir el Gobierno. La hemeroteca conserva sus declaraciones sobre sexualidad infantil, las consecuencias de su ley del «solo sí es sí», sus promesas contra los privilegios y su particular ascenso a la política profesional.
19 de octubre de 2026
Hay revolucionarios que empiezan queriendo acabar con las clases sociales y terminan descubriendo que lo verdaderamente importante es ascender de clase.
Otros llegan a la política anunciando que van a combatir los privilegios, suprimir los abusos de los poderosos y terminar con la llamada casta. Después consiguen un escaño, un ministerio, un buen sueldo y una vivienda que buena parte de sus votantes no podrá permitirse jamás.
Entonces se produce una transformación extraordinaria.
Los privilegios dejan de ser privilegios.
Los sueldos públicos dejan de representar una carga para los contribuyentes.
Y vivir considerablemente mejor que la mayoría de los trabajadores a los que dicen representar se convierte en una conquista de la revolución.
Nuestra protagonista es Irene Montero, popularmente rebautizada como la marquesa de Galapagar, que después de haber sido diputada, portavoz parlamentaria, ministra de Igualdad y eurodiputada pretende ahora convertirse en presidenta del Gobierno de España.
No está mal para alguien que llegó a la política de la mano de un movimiento que prometía acabar con las costumbres de los políticos profesionales.
Pero, como se aproximan las elecciones generales del 29 de noviembre, conviene abrir la hemeroteca.
Porque la memoria de determinados dirigentes resulta extraordinariamente selectiva.
Recuerdan perfectamente los agravios que dicen haber sufrido, pero parecen olvidar los disparates que han pronunciado, las leyes que impulsaron y las consecuencias de sus decisiones.
Y en el caso de Irene Montero hay dos episodios que merecen ocupar un lugar destacado: las rebajas de condenas y excarcelaciones provocadas por la aplicación inicial de la ley del «solo sí es sí», y sus polémicas declaraciones parlamentarias sobre los menores, las relaciones sexuales y el consentimiento.
Empecemos por el principio.
I. DE LA LUCHA CONTRA LA CASTA AL CHALÉ DE GALAPAGAR
Podemos nació en 2014 proclamando que España necesitaba una regeneración política de arriba abajo.
Sus dirigentes se presentaban como representantes de los indignados, de los trabajadores maltratados por la crisis, de los jóvenes sin futuro y de quienes contemplaban con indignación los privilegios de la clase política tradicional.
Entre sus principales figuras apareció Pablo Iglesias, profesor universitario, tertuliano y aspirante a revolucionario profesional.
A su lado fue adquiriendo protagonismo Irene Montero, licenciada en Psicología, antigua empleada de una tienda de electrodomésticos y dirigente de Podemos.
Su carrera resultó fulgurante.
Diputada, portavoz parlamentaria y, finalmente, ministra.
En mayo de 2018, Iglesias y Montero protagonizaron uno de los episodios más reveladores de la historia de Podemos.
Compraron un chalé en Galapagar por aproximadamente 615.000 euros, financiado parcialmente mediante una hipoteca de 540.000 euros.
Una vivienda amplia, con piscina y una considerable parcela.
Nada hay de ilegítimo en comprar una casa semejante con dinero obtenido lícitamente.
Lo verdaderamente divertido es que Pablo Iglesias había criticado anteriormente al entonces ministro Luis de Guindos por adquirir un ático de unos 600.000 euros.
En aquel momento, Iglesias relacionaba semejante adquisición con el distanciamiento de las élites respecto del ciudadano corriente.
Pero cuando él e Irene Montero compraron su vivienda, la operación pasó a representar el ejercicio perfectamente legítimo de un derecho individual.
¡Milagro!
El capitalismo inmobiliario había dejado de ser una amenaza para convertirse en una oportunidad.
La vivienda unifamiliar con piscina, que hasta entonces parecía un símbolo de los privilegios de la casta, se transformó en un espacio perfectamente compatible con las convicciones revolucionarias.
Y así nació el marquesado de Galapagar.
Sin concesión de título nobiliario por parte del rey.
Pero con todas las comodidades que la pareja consideró oportunas para su vida familiar.
II. EL REFERÉNDUM DEL CHALÉ
La polémica fue tan grande que Iglesias y Montero decidieron someter su continuidad política a una consulta entre los inscritos en Podemos.
Participaron 188.176 personas.
El 68,42 % respaldó que continuaran en sus cargos.
Y así se dio por resuelto el asunto.
Una consulta para determinar si quienes habían denunciado los privilegios podían continuar dirigiendo el partido después de protagonizar una operación inmobiliaria difícilmente conciliable con algunos de sus discursos anteriores.
La respuesta favorable de la militancia permitió a ambos conservar sus puestos.
Desde entonces, el chalé de Galapagar se convirtió en un símbolo de las contradicciones de Podemos.
Porque el problema nunca fue que dos ciudadanos compraran una vivienda.
El problema fue que dos dirigentes políticos que habían utilizado el patrimonio y el modo de vida de sus adversarios como armas propagandísticas pretendieran que sus propias decisiones quedaran libres de idéntico escrutinio.
La propiedad privada es respetable.
También lo es la libertad para mejorar de posición económica.
Lo que resulta bastante menos respetable es la doble vara de medir.
Y, en eso, el caso de Galapagar constituye una lección que debería explicarse en todas las escuelas de formación política.
III. EL MINISTERIO DE IGUALDAD: MÁS PRESUPUESTO, MÁS PODER Y MÁS RESPONSABILIDAD
En enero de 2020, Irene Montero fue nombrada ministra de Igualdad.
Por fin tenía en sus manos algo más eficaz que una pancarta: un ministerio.
Con competencias, presupuesto, altos cargos, funcionarios, asesores y capacidad para impulsar reformas legislativas.
Durante su etapa ministerial, el presupuesto de Igualdad experimentó un crecimiento muy considerable.
Según las cifras publicadas por el propio Gobierno, pasó de 181 millones de euros en 2019 a 573 millones previstos para 2023.
Un incremento del 217 %.
No todo ese dinero se destinaba al mantenimiento de la estructura ministerial. La mayor parte correspondía a transferencias y programas públicos.
Pero precisamente por eso resulta fundamental preguntar cuáles fueron sus resultados.
Porque un ministerio no debe medirse por cuánto dinero consigue gastar.
Debe medirse por lo que consigue mejorar.
¿Cuántas mujeres disfrutaron de mayor seguridad?
¿Qué medidas demostraron ser eficaces?
¿Cuáles fracasaron?
¿Qué programas merecían continuar y cuáles debían modificarse o desaparecer?
Éstas son las preguntas que cualquier ciudadano tiene derecho a formular.
Y también las que deberían contestar quienes se presentan como grandes transformadores de la sociedad.
Pero la gestión ministerial de Irene Montero quedó inevitablemente marcada por una reforma cuyas consecuencias fueron mucho más allá de las consignas.
IV. EL «SOLO SÍ ES SÍ»: LA LEY QUE REBAJÓ LAS PENAS A CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES
La Ley Orgánica 10/2022, conocida como ley del «solo sí es sí», entró en vigor el 7 de octubre de 2022.
Fue impulsada desde el Ministerio de Igualdad y presentada como una conquista histórica del feminismo.
Su propósito declarado era reforzar la protección de la libertad sexual y situar el consentimiento en el centro de la legislación penal.
Pero la reforma modificó también los márgenes de las penas.
Y ahí comenzó el desastre.
Los tribunales tuvieron que aplicar el principio de retroactividad de la legislación penal más favorable al condenado.
La consecuencia fue que numerosas personas condenadas por delitos sexuales solicitaron y obtuvieron revisiones de sus penas.
Entre los beneficiados figuraban condenados por agresiones sexuales, violaciones y delitos sexuales contra menores.
Las cifras son suficientemente elocuentes.
El Consejo General del Poder Judicial comunicó el 24 de noviembre de 2023 que los tribunales habían acordado al menos 1.233 reducciones de condena y 126 excarcelaciones como consecuencia de la aplicación de aquella ley.
Mil doscientas treinta y tres reducciones.
Ciento veintiséis excarcelaciones.
Y el propio CGPJ advertía de que sus estadísticas no incluían todas las posibles revisiones tramitadas por determinados juzgados.
No estamos ante una invención de la oposición.
No son cifras fabricadas en una tertulia.
Son datos del órgano de gobierno de los jueces.
La reforma que había sido presentada como un instrumento destinado a proteger mejor a las víctimas terminó produciendo beneficios penales para numerosos condenados por delitos sexuales.
Un resultado que exigía una explicación política de primer orden.
Porque legislar no consiste solamente en proclamar intenciones.
Consiste también en anticipar las consecuencias de las normas.
Y si una modificación del Código Penal permite reducir las condenas a quienes han cometido delitos sexuales, quienes la impulsaron deben explicar por qué no se previeron adecuadamente esos efectos.
V. CUANDO LA CULPA RESULTÓ SER DE LOS JUECES
Pero lo verdaderamente significativo fue la reacción política ante las primeras revisiones de condenas.
En lugar de reconocer inmediatamente los problemas derivados de la modificación de las penas, Irene Montero atribuyó parte de lo sucedido a interpretaciones judiciales que calificó de machistas.
Una respuesta que provocó protestas entre organizaciones de jueces y magistrados.
Resulta una manera muy cómoda de ejercer el poder.
El Gobierno promueve una modificación legislativa.
Los tribunales aplican las consecuencias derivadas de esa modificación.
Y los dirigentes responsables de la reforma señalan a los jueces como culpables del resultado.
Pero una ley penal no puede redactarse como un manifiesto político.
Sus palabras tienen consecuencias.
Sus escalas de penas tienen consecuencias.
Y su aplicación está sometida a principios jurídicos que los legisladores deberían conocer antes de votar.
Finalmente, en abril de 2023, el Congreso aprobó una reforma de la ley del «solo sí es sí» con el apoyo del PSOE y del PP, y la oposición de Podemos.
Se modificó así una de las principales leyes impulsadas por el Ministerio de Igualdad.
La rectificación llegó después de meses de controversia y numerosas revisiones de penas.
Lo sucedido plantea una pregunta que no debería perderse entre discursos: ¿qué responsabilidad política corresponde asumir a quienes promovieron y defendieron aquella reforma?
No basta con explicar que perseguían una finalidad legítima.
También deben responder por los resultados.
VI. SEPTIEMBRE DE 2022: LAS DECLARACIONES QUE DESATARON LA ACUSACIÓN DE APOLOGÍA DE LA PEDERASTIA
Y llegamos a otro episodio que la hemeroteca conserva con absoluta precisión.
El 21 de septiembre de 2022, durante una comparecencia ante la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, Irene Montero pronunció unas palabras que provocaron un verdadero escándalo.
Hablando sobre educación sexual y derechos de los menores, afirmó que los niños tenían derecho a conocer su propio cuerpo y a saber que ningún adulto podía tocarlos contra su voluntad.
A continuación, sostuvo que podían conocer que tenían derecho a amar o mantener relaciones sexuales con quien quisieran, siempre que estuvieran basadas en el consentimiento.
La frase quedó registrada en sede parlamentaria.
No fue inventada.
No salió de una grabación clandestina.
No es una ocurrencia atribuida a la ministra por sus adversarios.
Está documentada.
Y su formulación provocó una reacción inmediata.
El 22 de septiembre, diputados de Vox registraron una proposición no de ley que apareció publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del 30 de septiembre de 2022.
La iniciativa solicitaba la reprobación y destitución de Montero, a quien sus promotores acusaban expresamente de hacer apología de las agresiones sexuales contra menores de dieciséis años.
También Ciudadanos reclamó su dimisión o cese por aquellas declaraciones.
Conviene comprender la gravedad del debate.
En España, la edad general de consentimiento sexual es de dieciséis años, con las excepciones establecidas legalmente.
Los menores de esa edad reciben una protección penal especial precisamente porque no puede considerarse que cualquier aparente consentimiento permita legitimar relaciones sexuales con adultos.
Ésa es la cuestión fundamental.
La intervención de Montero se produjo dentro de un debate sobre educación sexual y derechos reproductivos, y posteriormente se refirió a jóvenes de dieciséis y diecisiete años. No formuló expresamente una propuesta para legalizar relaciones sexuales entre adultos y niños.
Pero sus palabras sobre «todos los niños» y las relaciones sexuales, pronunciadas sin establecer inmediatamente las distinciones de edad correspondientes, abrieron una controversia perfectamente documentada.
Y el desacierto verbal adquiere especial relevancia cuando procede de quien ostenta la máxima responsabilidad gubernamental en materia de igualdad y libertad sexual.
Una ministra tiene la obligación de hablar con absoluta precisión cuando se refiere a la infancia, al consentimiento y a la protección frente a los abusos sexuales.
No puede dejar esas distinciones a merced de interpretaciones posteriores.
La discusión sobre si sus palabras constituían apología fue una controversia política; la acusación quedó registrada oficialmente. La frase y las críticas que recibió forman parte indiscutible de su trayectoria pública.
Y, cuatro años después, siguen siendo un asunto legítimo de escrutinio.
VII. DANIEL COHN-BENDIT: CUANDO LA LIBERACIÓN SEXUAL SE CONVIRTIÓ EN UNA COARTADA PARA EL DISPARATE
La controversia sobre la sexualidad infantil no nació con Irene Montero.
La historia de determinados movimientos surgidos de la revolución cultural de los años sesenta y setenta contiene episodios que merecen ser recordados.
Uno de los más conocidos tiene como protagonista a Daniel Cohn-Bendit, popularmente llamado Dany el Rojo, figura destacada del Mayo francés de 1968.
Cohn-Bendit procedía de la izquierda libertaria y antiautoritaria, no de la disciplina del comunismo soviético. Más tarde desarrolló una larga trayectoria en la política ecologista europea.
En 1975 publicó un libro titulado Le Grand Bazar.
En aquellas páginas narraba experiencias relacionadas con su trabajo en una guardería alternativa de Fráncfort.
Y escribió pasajes de contenido sexual referentes a niños pequeños, incluyendo una descripción de supuestas caricias.
Aquellas palabras fueron auténticas y desencadenaron una polémica que lo acompañó durante décadas.
Pero hay más.
En 1982, durante una intervención televisiva en el programa francés Apostrophes, hizo otra afirmación escandalosa sobre el comportamiento de una niña de cinco años y medio que supuestamente comenzaba a desvestirlo.
No hablamos de rumores posteriores.
Existen referencias documentales al libro y a aquella aparición televisiva.
Cohn-Bendit sostuvo años después que sus textos respondían a una voluntad de provocación y que no describían comportamientos que hubiera llevado a cabo…
En 2001 reconoció que lamentaba haber escrito aquellos pasajes. En una entrevista publicada por Le Monde en marzo de 2025 volvió a calificarlos de provocación intolerable.
Sus explicaciones posteriores no convierten en imaginarias las palabras que publicó.
Y tampoco permiten presentar como demostrados que realizara abusos a menores…
Lo que sí demuestran es que, durante determinados años, algunos ambientes intelectuales presentaron bajo la etiqueta de liberación sexual ideas sobre la infancia que hoy resultan profundamente inaceptables.
La supuesta emancipación de todos los tabúes terminó alcanzando terrenos en los que la primera obligación de una sociedad civilizada debería ser proteger a los menores.
La libertad sexual de los adultos no puede utilizarse para cuestionar la protección especial que necesitan los niños.
El consentimiento de un niño no puede tratarse como si tuviera el mismo significado jurídico y psicológico que el de una persona adulta.
Y ninguna teoría política, filosófica o pedagógica debería servir para borrar esa diferencia.
Las palabras de Cohn-Bendit y las de Montero pertenecen a contextos distintos y no sostienen idénticas afirmaciones. Pero ambas controversias recuerdan la necesidad de exigir una precisión rigurosa cuando se habla de sexualidad infantil.
Los experimentos ideológicos no pueden convertir a los menores en sujetos de prueba.
VIII. «LES NIÑES»: CUANDO LA REVOLUCIÓN EMPIEZA POR LA GRAMÁTICA
La intervención parlamentaria de Montero dejó también para la posteridad una de las expresiones más representativas de cierta izquierda contemporánea.
Los niños, las niñas y «les niñes».
Parece que el idioma español, después de tantos siglos de desarrollo, necesitaba urgentemente la intervención de una ministra para completar su evolución.
Naturalmente, cada ciudadano puede utilizar las expresiones que considere oportunas.
Pero convertir determinadas fórmulas lingüísticas en signos de superioridad moral resulta bastante discutible.
Porque la protección de la infancia no depende de multiplicar las terminaciones de las palabras.
Depende de garantizar que los menores estén protegidos frente a los abusos, reciban una educación adecuada, dispongan de familias y entornos seguros y encuentren respuestas eficaces cuando son víctimas de violencia.
Lo demás corre el riesgo de convertirse en una representación ideológica.
Mucho lenguaje novedoso.
Muchas consignas.
Mucha proclamación de derechos.
Y, mientras tanto, problemas reales que continúan necesitando soluciones concretas.
IX. DE GALAPAGAR A BRUSELAS: LA REVOLUCIÓN COMO PROFESIÓN
Irene Montero dejó el Ministerio de Igualdad en noviembre de 2023.
Su etapa gubernamental había quedado marcada por numerosas controversias, especialmente por la reforma de los delitos sexuales.
Pero su carrera política continuó.
En junio de 2024 encabezó la candidatura de Podemos al Parlamento Europeo y consiguió un escaño.
De esta manera, después de haber sido diputada y ministra, pasó a desempeñar responsabilidades como eurodiputada.
Una trayectoria plenamente legítima, pero reveladora de una cuestión que Podemos había denunciado insistentemente en sus orígenes: la profesionalización de la política.
Porque una cosa es que los ciudadanos elijan a sus representantes y otra que los partidos acaben convirtiéndose en estructuras dedicadas a proporcionar carreras institucionales prolongadas a sus dirigentes.
Y este problema no pertenece exclusivamente a Podemos.
Afecta a buena parte de la política española.
Dirigentes que pasan del Ayuntamiento al Parlamento autonómico, del Parlamento autonómico al Congreso, del Congreso al Gobierno y del Gobierno a alguna institución internacional.
A veces parecen conocer mejor las posibilidades de promoción dentro de las instituciones que los problemas del mercado laboral ordinario.
Por eso convendría exigir a todos los partidos una explicación sobre sus compromisos de austeridad, sus mecanismos de renovación y sus procedimientos de selección de cargos.
Especialmente a quienes llegaron proclamando que iban a combatir los privilegios de la vieja política.
X. LAS PRIMARIAS DE OCTUBRE DE 2026: GANAR SIN RIVALES
El 16 de octubre de 2026, Podemos proclamó a Irene Montero candidata a la Presidencia del Gobierno para las elecciones generales del 29 de noviembre.
La dirigente obtuvo 24.136 votos favorables, equivalentes aproximadamente al 90,7 % de los sufragios emitidos.
Participaron 26.590 personas.
Hubo 2.453 votos en blanco.
Y un detalle merece especial atención.
Irene Montero era la única aspirante a candidata a la Presidencia del Gobierno en aquellas primarias.
Es decir, ganó unas elecciones internas en las que no tenía contrincantes.
La participación, además, fue muy inferior a la registrada en anteriores procedimientos.
No cabe duda de que semejante sistema ofrece algunas ventajas a quien pretende conservar el liderazgo.
El candidato puede concentrar todas sus energías en convencer a los electores de que deben elegirlo a él.
Porque no hay ningún otro aspirante al puesto.
Y así, la organización que llegó a la política prometiendo abrir las instituciones a la participación ciudadana termina proclamando a su candidata presidencial mediante una votación sin competencia entre aspirantes.
Cada partido es libre de organizar sus procedimientos internos dentro de las reglas que le correspondan.
Pero resulta legítimo preguntar si las primarias sin rivales responden al ideal de democracia participativa que Podemos proclamaba en sus comienzos.
XI. LA NUEVA CAMPAÑA: «PAZ, CASA Y TRABAJO»
La campaña electoral de Podemos ha incorporado otra novedad significativa.
El partido ha decidido dar protagonismo a la figura personal de Irene Montero y reducir la presencia de sus propias siglas.
La candidata pasa a ocupar el centro de la identidad electoral.
El proyecto colectivo queda subordinado visualmente a una personalidad política.
Una estrategia que resulta curiosa en una formación que nació criticando los personalismos de los partidos tradicionales.
Y el lema principal tampoco tiene desperdicio:
«Paz, casa y trabajo».
Tres palabras que parecen resumir todas las aspiraciones de la humanidad.
Pero después de haber participado en el Gobierno de España entre 2020 y 2023, Podemos debería explicar qué resultados consiguió entonces en esas materias.
La vivienda ya era un problema.
El empleo y los salarios también.
Y las dificultades de numerosos jóvenes para emanciparse no aparecieron ayer.
Por eso, antes de volver a prometer casa y trabajo, Irene Montero debería explicar qué medidas propone ahora, cuánto costarán, cómo se financiarán y por qué considera que van a resultar más eficaces que las aplicadas durante su etapa gubernamental.
Porque un eslogan electoral no es un programa de gobierno.
Y la vivienda no se abarata por escribir la palabra «casa» en un cartel.
Los empleos tampoco aparecen por pronunciar la palabra «trabajo».
Para resolver problemas económicos hacen falta decisiones concretas, recursos, plazos y mecanismos de evaluación.
La política tiene que responder por sus resultados, no por la belleza de sus consignas.
XII. EL GRAN PROBLEMA: LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA
Llegados a este punto, conviene regresar al asunto más importante.
Irene Montero ha sido ministra de Igualdad.
Promovió una reforma penal cuyas consecuencias incluyeron más de mil reducciones de condena y al menos 126 excarcelaciones registradas por el CGPJ hasta noviembre de 2023.
Pronunció una intervención parlamentaria sobre menores y relaciones sexuales que desencadenó acusaciones expresas de apología de los delitos sexuales contra niños, formuladas por diputados de la oposición.
Defendió políticas que provocaron intensas controversias dentro y fuera del propio movimiento feminista.
Participó en un Gobierno que tuvo que corregir una de sus principales reformas legislativas.
Y ahora vuelve a pedir la confianza de los españoles para aspirar a la Presidencia del Gobierno.
Pues bien.
Antes de solicitar nuevos poderes debería presentar un balance completo de su gestión.
No un discurso sobre sus intenciones.
No una colección de consignas.
No una interminable relación de agravios supuestamente sufridos.
Un balance.
Con cifras.
Con resultados.
Con reconocimiento de los errores.
Y con compromisos verificables.
Porque la democracia no consiste únicamente en celebrar elecciones.
Consiste también en que los gobernantes respondan por lo que hicieron cuando disponían del poder.
XIII. DIEZ PREGUNTAS PARA LA MARQUESA DE GALAPAGAR
Antes del 29 de noviembre, Irene Montero debería contestar públicamente a las siguientes preguntas:
- ¿Qué responsabilidad política asume por las rebajas de penas y excarcelaciones derivadas de la aplicación inicial de la ley del «solo sí es sí»?
- ¿Por qué atribuyó a determinados jueces interpretaciones machistas cuando las revisiones de condenas respondían a consecuencias jurídicas de la reforma legislativa?
- ¿Qué errores reconoce hoy en la redacción y tramitación de aquella ley?
- ¿Qué quiso expresar exactamente en su intervención parlamentaria del 21 de septiembre de 2022 sobre los menores y las relaciones sexuales? ¿Considera que sus palabras fueron suficientemente precisas?
- ¿Qué resultados concretos justifican el incremento del presupuesto del Ministerio de Igualdad durante su gestión?
- ¿Qué organismos, estructuras o gastos políticos considera prescindibles?
- ¿Qué medidas específicas propone para facilitar el acceso a una vivienda y cuánto costarán?
- ¿Qué mecanismos de evaluación incorporará a las políticas públicas que pretende impulsar?
- ¿Qué diferencias fundamentales existen entre su programa electoral de 2026 y las promesas que Podemos formuló antes de acceder al Gobierno en 2020?
- ¿Qué consecuencias políticas aceptará personalmente si sus compromisos vuelven a incumplirse?
No son preguntas extraordinarias.
Son las que deberían contestar todos los aspirantes a gobernar España.
Especialmente quienes ya han ocupado cargos importantes y conocen las dificultades de transformar las promesas electorales en decisiones eficaces.
XIV. POR LA BOCA MUERE EL PEZ… Y POR LA HEMEROTECA, LOS POLÍTICOS
Irene Montero ha construido una carrera política en torno a la defensa de la igualdad, la crítica a las desigualdades sociales y la reivindicación de una profunda transformación de las instituciones.
Ha alcanzado responsabilidades públicas de primer orden.
Ha participado en decisiones legislativas importantes.
Y ha protagonizado episodios que forman parte de la historia política reciente de España.
Los ciudadanos tienen derecho a examinar esa trayectoria sin limitarse a los discursos que la propia interesada prefiera recordar.
Porque la hemeroteca conserva las promesas de Podemos contra los privilegios.
Conserva las declaraciones de Pablo Iglesias sobre las viviendas de los políticos.
Conserva la compra del chalé de Galapagar.
Conserva las intervenciones parlamentarias de Irene Montero.
Conserva la acusación política de apología de los delitos sexuales contra menores que llegó al Boletín Oficial de las Cortes Generales.
Conserva las cifras oficiales de reducciones de condenas y excarcelaciones.
Conserva también la posterior reforma de la ley del «solo sí es sí».
Y conserva las promesas que los dirigentes de Podemos formularon antes de ocupar responsabilidades gubernamentales.
La responsabilidad política no desaparece cuando termina el mandato de un ministro.
Tampoco se extingue al obtener un escaño en Bruselas.
Ni vuelve a empezar de cero cuando se convocan nuevas elecciones.
Quien pretende gobernar debe responder por su trayectoria completa.
Por sus aciertos.
Por sus errores.
Por sus palabras.
Y por las consecuencias de sus decisiones.
La marquesa de Galapagar tiene perfecto derecho a presentarse a las elecciones.
También tiene derecho a disfrutar de una buena vivienda y de los ingresos que legalmente obtenga.
Pero ningún cargo público adquiere con su nombramiento el derecho a quedar libre de crítica.
Y ningún dirigente puede reclamar que sus promesas se juzguen con benevolencia mientras sus decisiones quedan al margen del examen público.
Podemos nació prometiendo cambiar la política española.
Sus principales dirigentes llegaron al Gobierno.
Algunos terminaron enfrentados entre sí.
Otros abandonaron la organización.
Y algunos continúan aspirando a nuevas responsabilidades.
La pregunta fundamental permanece intacta:
¿Qué consiguieron cambiar en beneficio de los ciudadanos y cuánto costaron las decisiones que adoptaron?
Quizá Irene Montero escriba algún día sus memorias.
Podría titularlas:
«DE LA CASTA AL CHALÉ: HISTORIA DE UNA REVOLUCIÓN INMOBILIARIA».
O tal vez:
«EL PODER ERA MALO HASTA QUE LLEGAMOS NOSOTROS».
Aunque, a juzgar por su actual campaña electoral, acaso resulte más adecuado otro título:
«PAZ, CASA Y TRABAJO: PROMESAS DE UNA REVOLUCIÓN QUE TODAVÍA BUSCA SUS RESULTADOS».
Porque en política es muy fácil repartir lecciones.
Lo verdaderamente difícil es rendir cuentas.
Y la hemeroteca, por fortuna, sigue abierta.
DOCUMENTACIÓN PARA CONTRASTAR LOS HECHOS
- Consejo General del Poder Judicial: 1.233 reducciones de pena y al menos 126 excarcelaciones, 24 de noviembre de 2023.
- Boletín Oficial de las Cortes Generales, número 507, 30 de septiembre de 2022: iniciativa parlamentaria contra Irene Montero.
- Verificación y contexto de las declaraciones de Montero del 21 de septiembre de 2022.
- Ministerio de Igualdad: presupuesto de 573 millones de euros para 2023.
- Agencia EFE: aprobación de la reforma del «solo sí es sí» con los votos del PSOE y el PP, 20 de abril de 2023.
- Le Monde: los escritos de Daniel Cohn-Bendit de 1975 y sus explicaciones posteriores.
- Agencia EFE: candidatura de Irene Montero y resultados de las primarias de octubre de 2026.
