LAS ÚLTIMAS «BOQUEÁS» DE SÁNCHEZ
Carlos Aurelio Caldito Aunión.
El toro malherido, la violencia callejera y la generosidad con dinero ajeno: España se acerca a las elecciones del 29 de noviembre entre disturbios, decretos sociales y una preocupante confusión entre el Gobierno y el partido.
En Extremadura, cuando alguien está agonizando, se dice, con esa sabiduría popular que no necesita pasar por ninguna universidad, que «está dando las últimas boqueás».
Es una expresión tan gráfica como contundente. Describe a quien parece encontrarse más cerca del otro barrio que de seguir disfrutando de las alegrías de este mundo.
Pero los extremeños, muchos de ellos buenos conocedores de la tauromaquia, saben también otra cosa: los toros malheridos pueden ser extraordinariamente peligrosos.
Un animal que parece vencido, que apenas se sostiene sobre las patas, todavía puede revolverse, arrancarse de improviso y dar una cornada terrible al matador, al banderillero o al incauto que se acerque creyendo que todo ha terminado.
Porque una cosa es estar herido y otra muy distinta haber perdido la capacidad de hacer daño.
Y esta imagen viene al pelo para describir la interpretación que hacen muchos adversarios de Pedro Sánchez acerca de su comportamiento político en las semanas que preceden a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
No sabemos cuántas boqueás electorales le quedan al presidente. Eso lo decidirán los españoles cuando voten. Pero sí conocemos algunos de los movimientos de su Gobierno, la creciente tensión política y los incidentes violentos que están acompañando esta precampaña.
Y la combinación merece atención.
Cuando las piedras sustituyen a los argumentos
Lo ocurrido el 21 de octubre en A Coruña, durante un acto de Santiago Abascal, constituye un buen ejemplo de hasta dónde puede llegar la degradación de la convivencia política.
Miles de manifestantes se congregaron para protestar contra la presencia del dirigente de Vox. La protesta acabó en enfrentamientos, lanzamiento de objetos, cargas policiales, dos detenidos, doce agentes lesionados, numerosos manifestantes heridos y dos periodistas alcanzados.
Algunos participantes lanzaron piedras, sillas, petardos y otros objetos contra el dispositivo policial. Los organizadores denunciaron, a su vez, una intervención desproporcionada de los antidisturbios.
Abascal responsabilizó políticamente a Sánchez de aquel clima de hostilidad.
Naturalmente, protestar contra un partido político es un derecho. Como también lo es acudir a escuchar a sus representantes. Lo que resulta incompatible con la libertad es pretender impedir por la fuerza que otros ejerzan ese derecho.
¿Desde cuándo una piedra constituye un argumento político? ¿En qué momento una silla arrojada contra un policía se convierte en una contribución al debate democrático? ¿Qué misteriosa superioridad moral concede el derecho a agredir a quienes piensan de otra manera?
Ninguna.
Y conviene subrayar algo elemental: quien pretende combatir el supuesto autoritarismo de sus adversarios mediante la intimidación y la violencia termina practicando aquello que dice combatir.
La paradoja es formidable.
Algunos se proclaman defensores de la tolerancia mientras reservan su tolerancia exclusivamente para quienes comparten sus ideas. Los demás, por lo visto, deben resignarse a soportar gritos, amenazas o agresiones.
Curiosa concepción del pluralismo. Una democracia en la que todos pueden hablar, siempre que digan lo mismo.
No hay que atribuir al Gobierno la organización de cada disturbio para exigirle una responsabilidad política perfectamente definida: garantizar que todos los partidos puedan realizar sus actividades sin violencia y condenar cualquier intento de impedirlas, venga de donde venga.
Los responsables de las agresiones deben responder por sus actos. Los excesos policiales denunciados también deben investigarse. Una cosa no excusa la otra.
Porque la libertad política empieza precisamente por reconocer a nuestros adversarios los mismos derechos que reclamamos para nosotros.
El palo, la zanahoria y el bolsillo del contribuyente
Mientras las calles registran episodios de creciente tensión, el Gobierno ha iniciado una sucesión de anuncios y disposiciones sociales que sus adversarios interpretan como una operación para recuperar apoyos electorales.
Los denominados «martes sociales» han adquirido particular protagonismo.
Nuevas prestaciones, modificaciones de ayudas, medidas sobre pensiones, vivienda y protección social, entre otras iniciativas, se suceden a pocas semanas de la cita con las urnas.
El 6 de octubre, al día siguiente de anunciar la convocatoria electoral, Sánchez volvió a aprobar dos decretos de vivienda que acababan de ser rechazados por el Congreso.
El Ejecutivo defendió un paquete de veintiuna medidas, entre ellas desgravaciones, incentivos fiscales y una línea de financiación de 10.000 millones de euros destinada a facilitar la compra de la primera vivienda.
El 20 de octubre llegaron nuevas medidas sociales y una dotación de 45 millones de euros para alojamiento universitario.
Todas estas actuaciones pueden discutirse por su contenido, por su eficacia, por sus destinatarios y por su financiación. Pero su concentración durante la precampaña plantea una pregunta inevitable:
¿Estamos contemplando la continuación ordinaria de una política social o una exhibición de generosidad cuidadosamente sincronizada con el calendario electoral?
El Gobierno sostiene lo primero. Sus adversarios denuncian lo segundo.
La manera de despejar la incógnita consiste en examinar cada medida: cuándo se preparó, cuánto cuesta, de dónde sale el dinero y qué resultados cabe esperar.
Porque la generosidad pública tiene una característica verdaderamente maravillosa: quien la anuncia disfruta de los aplausos, mientras quienes la financian no siempre aparecen en la fotografía.
Los contribuyentes, esos personajes tan discretos a los que ningún ministro suele invitar cuando corta una cinta inaugural, vuelven a desempeñar su habitual papel de paganos de la fiesta.
Y no olvidemos que las ayudas públicas pueden ser necesarias, legítimas y beneficiosas. Precisamente por eso merecen algo mejor que convertirse en instrumentos de propaganda.
El Estado no es una organización benéfica particular del presidente. Y los ciudadanos no son clientes obligados a agradecer personalmente a un gobernante lo que reciben conforme a las leyes y con cargo a los presupuestos públicos.
La Moncloa no es la sede electoral del PSOE
Aquí llegamos a uno de los aspectos más reveladores del momento político.
El 15 de octubre, la Junta Electoral Central acordó abrir un nuevo expediente sancionador a Pedro Sánchez por su comparecencia del día 6 en el Palacio de la Moncloa.
El organismo apreció indicios de vulneración de la neutralidad institucional exigida por la legislación electoral, después de que el presidente combinara la información sobre medidas gubernamentales con críticas a la oposición y referencias a la conveniencia de obtener una nueva mayoría parlamentaria.
La Junta ordenó retirar determinadas manifestaciones de los canales institucionales y recordó al presidente su obligación de respetar la neutralidad de los poderes públicos durante el proceso electoral.
El expediente todavía debe seguir su procedimiento. Pero el reproche institucional ya resulta significativo.
Más aún porque Sánchez ha recibido anteriormente diversas sanciones por incumplimientos de las normas de neutralidad electoral.
La distinción debería resultar sencilla hasta para nuestros políticos profesionales.
La Moncloa es la sede de la Presidencia del Gobierno de España, no una sucursal del PSOE.
Los medios institucionales pertenecen al Estado, no al partido que ocupa temporalmente el poder.
Y una rueda de prensa del presidente no debe confundirse con un mitin electoral financiado por todos los contribuyentes.
No se trata de impedir que el Gobierno explique sus decisiones. Se trata de evitar que la superioridad material de quien controla la Administración se convierta en una ventaja partidista obtenida a costa de los ciudadanos.
La igualdad ante las urnas comienza mucho antes de depositar la papeleta.
El problema de quienes confunden gobernar con permanecer
Hay una tentación particularmente antigua entre quienes disfrutan del poder: terminar creyendo que las instituciones les pertenecen.
El gobernante deja de contemplar su cargo como una responsabilidad temporal y comienza a tratarlo como una propiedad amenazada.
A partir de ese momento, las críticas parecen ataques personales, las derrotas parlamentarias se interpretan como agresiones contra el país y los adversarios pasan a convertirse en enemigos de todo lo bueno, verdadero y hermoso.
El viejo principio de que el poder pertenece a los ciudadanos se transforma, casi sin que nadie lo advierta, en otro bastante menos democrático: los ciudadanos están para conservar a quien manda.
Y aquí es donde vuelve a aparecer nuestro toro malherido.
La metáfora no demuestra que Sánchez esté políticamente acabado. Tampoco permite atribuirle intenciones secretas ni responsabilizarlo automáticamente de las acciones violentas de terceros.
Lo que sí permite es formular una advertencia sobre una actitud que puede afectar a cualquier gobernante: cuanto más identifica su propia supervivencia con el bienestar colectivo, mayor es la tentación de utilizar todos los resortes disponibles para prolongarla.
La propaganda sustituye a la explicación.
El adversario sustituye al problema que debería resolverse.
Y la confrontación permanente termina eclipsando las cuestiones que deberían centrar una campaña electoral: la economía, el empleo, las pensiones, la vivienda, los servicios públicos, la seguridad, la inmigración y la calidad de nuestras instituciones.
Lo que debiera ser una discusión sobre decisiones concretas acaba pareciéndose a una pelea de taberna.
Con una diferencia: en esta taberna, además de romperse los vasos, pueden acabar pagando la cuenta cincuenta millones de españoles.
Ni el miedo ni los regalos deberían sustituir a las explicaciones
Hay algo profundamente preocupante en una sociedad donde los enfrentamientos políticos se transforman en espectáculos de intimidación y donde las ayudas públicas terminan presentándose como favores personales.
Son fenómenos diferentes, con responsables y causas que deben examinarse por separado. Pero ambos pueden perjudicar la libertad de los ciudadanos cuando sustituyen la deliberación por la presión o por el agradecimiento interesado.
El miedo pretende condicionar la conducta de las personas.
La propaganda pretende orientar su interpretación de los hechos.
Y el uso partidista de las instituciones puede alterar las condiciones en las que compiten quienes aspiran a gobernar.
Frente a todo ello, una democracia necesita ciudadanos capaces de exigir explicaciones, revisar las cuentas y distinguir entre lo que un político promete, lo que efectivamente hace y lo que intenta que creamos que ha hecho.
En lugar de interminables insultos, programas verificables.
En lugar de agresiones callejeras, libertad de reunión y de expresión.
En lugar de favores gubernamentales con envoltorio electoral, políticas públicas sometidas a control.
Y en lugar de la acostumbrada amnesia que parece apoderarse de algunos gobernantes después de las elecciones, compromisos que puedan contrastarse durante toda la legislatura.
No parece una exigencia desmesurada. Aunque, a juzgar por determinadas costumbres de nuestra clase política, casi constituye una revolución.
Las últimas boqueás
Regresemos, para terminar, a nuestra Extremadura y a sus expresiones populares.
Cuando un viejo extremeño dice que alguien está dando las últimas boqueás, nadie necesita que se lo traduzcan.
Pero cuando trasladamos esa expresión a la política conviene recordar que los gobernantes no son inmortales, ni imprescindibles, ni propietarios del Estado.
Pedro Sánchez ha convocado elecciones para el 29 de noviembre. Sus adversarios denuncian una estrategia de confrontación y utilización electoral de los recursos públicos. El presidente, por su parte, defiende su gestión y reivindica la continuidad de sus políticas sociales.
Los ciudadanos disponen de algo mucho más importante que las bravatas de unos y los discursos de otros: la facultad de decidir quién debe gobernarlos.
Y esa decisión debe tomarse sin pedradas, sin intimidaciones y sin confundir el dinero de todos con la munificencia de quien ocupa la Presidencia.
Un Gobierno no adquiere derechos de propiedad sobre España por haber ganado unas elecciones. Tampoco pierde su legitimidad antes de que las urnas y los procedimientos constitucionales determinen su relevo.
El poder se recibe, se ejerce, se fiscaliza y, llegado el momento, se entrega.
No hay más misterio.
De manera que el 29 de noviembre sabremos si Sánchez estaba dando sus últimas boqueás políticas o si la expresión resultaba prematura.
Entretanto, conviene que nadie confunda el ruido de una precampaña con la voluntad de todos los españoles.
Porque España no es una plaza de toros, los ciudadanos no somos la cuadrilla de ningún presidente y el dinero público no constituye su patrimonio particular.
Y, sobre todo, porque cuando un gobernante abandona el cargo, el país debe continuar.
España no puede convertirse en rehén de nadie que se resista a abandonar el poder.
22 de octubre de 2026.
